[Colombia] 19 de Agosto, paro agrario y popular, ¿un nuevo punto de inflexión en la lucha de clases?

Mañana, 19 de Agosto, comenzará el paro agrario y popular en Colombia, que marca un nuevo paso en la escalada de la conflictividad social que vemos en ascenso desde el 2008. En la lucha se encontrarán campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo.

Este paro no es causa de la “agitación subversiva” que el gobierno denuncia cada vez que un pobre dice “basta”. No, este paro es consecuencia directa de la situación calamitosa en que vive la mayoría de la población, con la militarización de los territorios, la locomotora minero energética y la agroindustria, con los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los capitales extranjeros y a unos cuantos cacaos que están asociados a estos.

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19 de Agosto: paro agrario y popular, ¿un nuevo punto de inflexión en la lucha de clases?

Mañana, 19 de Agosto, comenzará el paro agrario y popular en Colombia, que marca un nuevo paso en la escalada de la conflictividad social que vemos en ascenso desde el 2008. En la lucha se encontrarán campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Este paro no es causa de la “agitación subversiva” que el gobierno denuncia cada vez que un pobre dice “basta”. No, este paro es consecuencia directa de la situación calamitosa en que vive la mayoría de la población, con la militarización de los territorios, la locomotora minero energética y la agroindustria, con los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los capitales extranjeros y a unos cuantos cacaos que están asociados a estos.

Este paro es un hecho de gran importancia pues plantea un escenario crucial de coordinación para el movimiento popular, que va forjando acuerdos unitarios y superando, en la lucha, históricas diferencias. También es un hito importante pues representa una respuesta contundente por parte del pueblo a un gobierno oligárquico que profundiza un modelo neoliberal rentista-dependiente, mientras refuerza un aparato represivo mediante la agudización del militarismo y la criminalización de la protesta social. Las movilizaciones recientes de mineros y de campesinos del Catatumbo han despejado toda sombra de duda de que la única respuesta que el pueblo puede esperar a sus demandas por parte del Estado, es plomo y represión. El régimen de Santos se ha dotado de dos instrumentos legales, totalmente ilegítimos, para fortalecer la represión y la violencia contra la protesta social: por una parte, está el fuero militar, que garantiza la impunidad de los soldados que asesinen, violen y torturen, y por otra parte, está la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que ya está siendo utilizada para amedrentar la protesta social. El gobierno amenaza a quienes ocupen las calles con penas de cárcel y da poderes extraordinarios a gobernadores y alcaldes para que repriman a los manifestantes [1]. Ya vamos entendiendo cómo le gusta dialogar a este gobierno violento y autista.

Cada cual tendrá su lugar en esta lucha. Los campesinos, que saldrán a las rutas a visibilizar sus miserias. Los trabajadores que se declaren en paro. Los estudiantes que salgan a unir su joven sangre con los descamisados. Los indígenas que se unan a sus hermanos trabajadores, campesinos y afrocolombianos demostrando que somos un mismo pueblo en lucha. La izquierda que trate de romper el cerco mediático con sus acciones solidarias. El movimiento solidario internacional que tendrá como tarea, poner desde el primer momento los ojos del mundo en Colombia, pues sabemos que la represión no se hará esperar.

Este paro es indicativo de que hay algo nuevo que está naciendo en Colombia. Todavía no tenemos un panorama acabado de este fenómeno social que se empezó a vislumbrar con las protestas de los corteros del Valle y la minga indígena y popular en el segundo semestre del 2008; que se siguió dibujado con las movilizaciones estudiantiles del 2011 que llevaron a la conformación de la MANE; que se insinuó en el Encuentro La Paz es la Ruta de Barrancabermeja el 2011; que comenzó a levantar cabeza en las movilizaciones campesinas-indígenas en el Cauca en Mayo-Junio del 2012; que ha tenido un eco resonante en la negociación política insurgencia-gobierno en La Habana; que se ha ido perfilando más y más con la gran movilización cafetera-cacaotera y con la rebelión del Catatumbo este año. El movimiento popular adquiere un carácter verdaderamente telúrico. Pero aunque no podemos apreciar en toda su magnitud este nuevo fenómeno que crece fundamentalmente en los campos de Colombia, sí hay una serie de constataciones que podemos hacer, que nos pueden servir de brújula para el actual momento.

Una primera constatación es que hoy, el sector que lidera de manera indiscutible las luchas populares en Colombia, es el campesinado. Lo que comenzó como un paro agrario, en el fragor de la movilización de los campesinos del Catatumbo, terminó jalando a algunos sectores urbanos y terminó por convertirse en un paro popular que está comenzando a sacudir al adormecido (y violentado) movimiento sindical. El campo colombiano es hoy el escenario principal de la confrontación entre el campo popular y el modelo económico y político oligárquico. Esto no es casual: tiene que ver con el carácter oligárquico del Estado y la naturaleza del bloque en el poder; tiene que ver también con el dinamismo que han adquirido, en los últimos quince años, la agroindustria y el sector extractivista; y por último, tiene que ver con un acumulado de resistencia de varias décadas del campesinado.

Una segunda constatación es que avanza un proceso de unidad y convergencia. En este escenario, la unidad se da orgánicamente (no espontáneamente) desde las luchas populares, desde abajo, no desde pactos equívocos electoreros, escenario predilecto de una cierta tradición socialbacana que, con el pueblo siempre a flor de labios, termina cooptando procesos organizativos populares, dividiéndolos, utilizándolos para fines mezquinos y alienando a sectores sociales. Ya la coyuntura electoral no es la que domina los discursos de unidad, sino que las organizaciones populares están pensando en proceso a largo plazo. No es de menor importancia que al calor de este proceso de lucha se plantee la realización, el día 31 de Agosto, del 2º Encuentro Nacional de Unidad Popular. Ni tampoco es menor el hecho de que se plantee la creación de una coordinadora de las jornadas de protesta a nivel nacional y departamental.

Una tercera constatación es que la lucha de clases está adquiriendo una dinámica que está comenzando a superar los vicios caudillistas y burocráticos de algunos sectores sociales, así como a desbordar los estrechos canales institucionales de domesticación de la protesta –por eso la violencia con que se la reprime. Esto no significa que los vicios caudillistas sean cosa del pasado, sino que la dinámica de lucha está dando señales de que, aunque aún pesen, ya no son paralizantes. Si ciertas dirigencias, bien sea por comodidad o conveniencia, optan por no apoyar la protesta social, sus bases sí que se movilizan. Esto es crucial, pues uno de los objetivos principales de la llamada “unidad nacional” del santismo fue cooptar y domesticar importantes sectores sociales (socialbacanería, indígenas y sindicales), en una especie de perversa inclusión por arriba, hecha mediante el agasajo a los caudillos, excluyendo a las masas. La CGT puede ser que no apoye el paro, pero muchas de sus filiales sí se sumarán. Si los caciques y su burocracia indígena no apoyan, sí lo harán los comuneros en la base que unirán sus manos con negritudes y campesinos. Hay que avanzar en la unidad desde abajo y en la lucha con estos sectores, más allá de acuerdos superestructurales.

Se han generado algunas plataformas reivindicativas para la lucha, siendo quizás la de mayor profundidad, claridad y convocatoria, la desarrollada por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA Nacional). Pero también las hay regionales y nacionales. Cada sector que participa y protesta tendrá sus propias demandas particulares. Un desafío para el movimiento popular será superar lo local, lo parroquial, lo particular, y poner por delante aquellos elementos comunes que engloben la lucha de la mayoría de los sectores organizados. Porque las demandas más sentidas del pueblo solamente podrán ser ganadas mediante una movilización de masas nacional. Ningún sector aislado podrá imponer su agenda a largo plazo y, no lo olvidemos, la negociación parcial de agendas locales o sectoriales es una eficaz manera de desactivación del conflicto social por parte de la oligarquía, sin que cambie nada. Tarea nada fácil esta de la convergencia; por ello es que ya hay sectores que, más allá de este paro indefinido, creen pertinente comenzar a organizar el Paro Cívico Nacional, que requiere niveles de coordinación y unidad cualitativamente superiores.

El pueblo no puede volver a creer en una oligarquía mentirosa, que no conoce la palabra honor y que se ha burlado sistemáticamente, por siglos, de ellos. Cafeteros, cacaoteros, paperos, transportistas, estudiantes, se movilizan porque no se les ha cumplido. Ninguna región, ningún sector, por separado, tendrá sus demandas satisfechas. Cada vez está más claro que los problemas que afectan a las mayorías requieren de soluciones de fondo, radicales, de una transformación desde las profundidades del país. Tarea que necesariamente es de masas. Y esta es, precisamente, la constatación más significativa que hacemos del actual proceso de convergencia hacia el paro: que las masas han vuelto a ser las protagonistas en la construcción de su propio destino. ¡Viva el Paro Agrario y Popular!

José Antonio Gutiérrez D.
18 de Agosto, 2013

[1] http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-...40449

Ver abajo:
Apéndice I: Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares: Paro Nacional Agrario y Popular, 19 de Agosto de 2013 (MIA)
Apéndice II: Lunes 19 de agosto: Jornada nacional de protesta y paros indefinidos (Varias organizaciones sociales y políticas)
Apéndice III: Pliego Nacional Unificado de la Alianza Nacional de la Salud -ANSA-
Apéndice IV: La CUT reafirma convocatoria y apoyo irrestricto al paro de los trabajadores de la salud
Apéndice V: La CUT participa de las movilizaciones nacionales del 19 y 20 de agosto y apoya los paros agrarios, de la salud, transportadores y trabajadores en conflicto
Apéndice VI: El 19 de Agosto todos a la Movilización Nacional Cafetera y Agropecuaria (Movimientos Dignidad arrocera, cafetera, papera, cacaotera, etc.)
Apéndice VII: FECODE Apoya la Justa Lucha Social en el País
Apéndice VIII: Sinaltrainal Apoya el Paro Nacional
Apéndice IX: Pliego Departamental (Valle del Cauca) de Peticiones Agropecuarias v Populares, Paro Nacional Agrario y Popular -19 de Agosto de 2013
Apéndice X: Asociación Colombiana de Camioneros ACC, Inmovilización por Incumplimiento del Gobierno Nacional, Agosto 19 de 2013

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Apéndice I.

Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares: Paro Nacional Agrario y Popular, 19 de Agosto de 2013

Las organizaciones agrarias y populares en la búsqueda de la Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con Justicia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la reivindicación y la búsqueda de una solución política al Conflicto social y armado que por décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la tierra.

La Constitución Política de Colombia alega como derecho fundamental que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.

Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para saldar la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que va en contra de los intereses del pueblo y favorecen los intereses del capital nacional e internacional.

El índice de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) según DANE (2005), indicador que refleja el nivel de pobreza y miseria en las poblaciones urbanas y rurales, evidencia que en los municipios de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de las viviendas, en el acceso y disponibilidad de servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleo dignos y permanentes, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, según el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones.

No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto asciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.

Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto para enfrentar estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en acceso, consumo y disponibilidad de alimentos que se ha prolongado por décadas en las poblaciones rurales y urbanas.

Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.

Frente a este panorama, se requiere una política pública agraria coherente con las necesidades del pueblo colombiano, la cual debe ser construida, con la participación directa y decisiva del movimiento agrario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afrocolombiana e indígena, que reconozca la significativa participación que hoy día tiene la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional y la fortalezca.

La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, Minas y Energía; y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan los pobladores rurales y urbanos.

Amparados en la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al gobierno el cumplimiento de 6 obligaciones políticas y legales básicas:

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.

2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.

3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.

4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.

5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.

6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Las organizaciones y comunidades agrarias y populares presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.

Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.

1. Exigimos Implementación de Medidas y Acciones Frente a la Crisis de la Producción Agropecuaria

Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios en el mercado nacional e internacional, con los cuales garantizar una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios, asegurando el acceso a los mercados en las ciudades.

1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.

1.3. Control de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios. De igual forma, promoción efectiva de la producción limpia y agroecológica.

1.4. Exigimos la derogatoria de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.

1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos campesinos, incluyendo lo relativo a la despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, creando un fondo nacional para su financiación y garantías efectivas para el acceso a los mercados.

1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspender y revisar, en conjunto con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás países.

1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de subsidios para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.

1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero.

1.9. Diseño concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina basada en el reconocimiento de las ventajas sociales, económicas, y ambientales que ésta provee para seguridad alimentaria del país, la protección de los medios de vida campesinos y la sostenibilidad ambiental.

2. Exigimos Acceso a la Propiedad de la Tierra

Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER celeridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la adjudicación y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías que ocupan los campesinos, soportada en programas de asistencia técnica y social, inversión, tecnología, y mercadeo que garanticen el despliegue de la economía campesina, así como el de la pequeña y mediana producción.

La inmediata aplicación del decreto 1277/2013 de dotación de tierras por el INCODER, y la ampliación de su capacidad financiera para garantizar mayor cobertura y la adjudicación colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas. De igual manera, el reconocimiento de la autonomía de las comunidades sobre los territorios ya adjudicados.

Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido el acaparamiento por capital extranjero; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.

Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras concentradas y ociosas, de las que campesinos vienen siendo poseedores, para luego adjudicarlas a éstos.

Garantizar el estricto cumplimiento de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en todos los procesos de adjudicación de tierras, la reversión de las adjudicaciones practicadas con exceso o defecto de la misma, así como la generación de las condiciones que garanticen el nivel de ingresos y de sostenibilidad de la economía campesina que esta figura promueve.

3. Exigimos Reconocimiento a la Territorialidad Campesina, de Afrodescendientes e Indígenas

La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias públicas de las ZRC.

Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.

La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.

Conformación tanto del Sistema Nacional como el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

Respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.

Celeridad en el trámite de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes, reconociendo sus derechos ancestrales, y en concertación con las comunidades campesinas en los casos de coexistencia intercultural en los territorios. Para ello, se deberá promover la constitución de territorios interétnicos que garanticen la sostenibilidad y convivencia pacífica de las diversas identidades culturales y territorialidades.

4. Exigimos la Participacion Efectiva de las Comunidades y los Mineros Tradicionales y Pequeños en la Formulación de la Política de Explotación Minera y Energética

Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

Respeto irrestricto a las consultas populares sobre explotación minera ya realizadas.

Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.

Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.

Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.

Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos de megaminería en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

Sujeción del desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.

Suspender la construcción de hidroeléctricas que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.

5. Exigimos se Adopten Medidas y se Cumplan Garantías Reales para el Ejercicio de los Derechos Políticos de la Población Rural

Reconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos, plasmados en la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU, mediante la incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación interna y en las políticas públicas.

Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.

Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.

Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros.

6. Exigimos Inversión Social en la Población Rural y Urbana en Educación, Salud, Vivienda, Servicios Públicos y Vías

Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.

Exigimos la derogatoria de la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley que reconozca la educación como derecho fundamental y bien común, y con enfoque diferencial.

Exigimos el nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.

Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.

Exigimos la definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.

Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.

Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.

Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.

Devolución de las micro-centrales hidroeléctricas a las comunidades.

Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.

Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.

Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural. Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.

MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO

-MIA NACIONAL-

¡Por la vida y contra el desarraigo!

¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!

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Apéndice II.

Lunes 19 de agosto: Jornada nacional de protesta y paros indefinidos

Con la aprobación de la agenda legislativa en el Congreso de la República, el actual gobierno ha posicionado políticas antiobreras y antipopulares, que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones, entregan nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales, promueven la extranjerización de la tierra, acaban con la producción nacional a través de los tratados de libre comercio, encarecen los precios de la canasta familiar, elevan los precios de combustibles, profundizando así la actual crisis económica, social, ambiental y política que ellos mismos no reconocen.

Dicho escenario desesperanzador ha generado una respuesta directa del movimiento social y popular con jornadas de movilización, paros sectoriales y acciones de resistencia como ascenso de la lucha política en el país.

Colombia también ha estado signada por la prolongación de la guerra y el escalonamiento de la confrontación armada por parte de las elites políticas y económicas tradicionales, como estrategia de conservación del poder; por tanto, la lucha política nacional también se manifiesta en la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado en procura de la paz con justicia social. De allí que se haga imperativo avanzar en el actual proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y desde la apertura de diálogos con las insurgencias del ELN y el EPL en la superación de las causas estructurales que dieron origen al conflicto social y armado colombiano.

Es sumamente lamentable que, ante la respuesta de descontento social, el Gobierno Nacional haya intensificado acciones de represión y estigmatización de la protesta social, sin reflexión alguna sobre la calidad de vida y el bienestar de todos los colombianos, que es el propósito común de nuestras luchas. Por tanto, se nos ha impuesto un sistema que nos excluye cada vez más de la posibilidad de construir una nación distinta.

Ante dicho panorama hemos decidido avanzar en espacios de coordinación de las diferentes iniciativas de la protesta social. Desde diversas organizaciones y procesos sociales y políticos, acordamos las siguientes tareas:

1. Convocar a partir del 19 de agosto a la jornada nacional de protesta y paros indefinidos de los sectores agropecuarios, salud y transporte con la participación y acompañamiento de las centrales obreras, organizaciones indígenas y de desplazados, de estudiantes, maestros, pensionados, trabajadores de la pequeña minería y artesanal y demás sectores en conflicto. Estas acciones se conciben como un proceso de acumulación que se complementa con escenarios de movilización proyectados para los meses de septiembre y octubre en la perspectiva de una acción unitaria de masas contundente.

2. Constituir el coordinador nacional de la jornada de protesta y paros indefinidos con delegados y representantes de los sectores en conflicto, conformando la comisión política, de derechos humanos y solidaridad y de comunicaciones.

3. Convocar asambleas de organizaciones sindicales, sociales y populares con el fin de proyectar y ampliar la solidaridad popular y la participación en la jornada; avanzando en la conformación de coordinadoras departamentales.

4. Convocar movilizaciones nacionales, departamentales y locales el próximo martes 20 de agosto en apoyo y respaldo a los paros indefinidos impulsados por los sectores en conflicto. En la ciudad de Bogotá la movilización será a las nueve de la mañana desde la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) ha convocado movilización nacional para el 28 y 29 de agosto y ha enviado un mensaje de alerta para preparar jornadas de movilización que se desarrollarían en un contexto de paro ante el incumplimiento de los acuerdos de 2011 con el Gobierno Nacional en materia de educación superior.

5. Avanzar en la socialización de los pliegos de peticiones presentados por los sectores en conflicto con el fin de ubicar puntos de coincidencia que fortalezcan las dinámicas de la movilización y la protesta. Perfilar la construcción de un pliego único nacional de cara al II Encuentro Nacional de Unidad Popular.

6. Convocar el II Encuentro Nacional de Unidad Popular a realizarse el 31 de agosto y 1 de septiembre en Bogotá.

En tal sentido, hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a las organizaciones y procesos sociales y políticos para que participen y respalden decididamente esta jornada de lucha porque en ella nos la jugamos todos y todas como pueblo. Y como pueblo estamos colocando al centro una nueva agenda de país donde las propuestas y reivindicaciones de los sectores sociales y populares se convierten en la ruta para construir un escenario de real democracia y poder popular.

Firman:

Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas, Alianza Nacional por la Salud (ANSA), Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc), Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Asociación Distrital de Educadores (ADE), Asociación de Mujeres por la Erradicación del Paseo de la Muerte, Cámara Nacional del Transporte, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), Coalición de Movimientos Sociales (Comosoc), Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario, Corporación Integros, Marcha Patriótica, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), Mesa Ecuménica por la Paz, Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, Organización Colombiana de Pensionados, Partido Comunista Colombiano (PCC), Poder y Unidad Popular (PUP), Polo Democrático Alternativo (PDA), Proceso Nacional Identidad Estudiantil, Ruta Social Común para la Paz, Sindicato Estudiantil, siguen firmas…

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Apéndice III.

Pliego Nacional Unificado de la Alianza Nacional de la Salud -ANSA-

Los siguientes son los puntos del Pliego Unificado que la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA) presenta al gobierno nacional para que se garantice el derecho humanos y fundamental a la salud de toda la población colombiana, con énfasis en la inclusión de las poblaciones marginadas de las zonas urbanas y rurales, indígenas y afrodescendientes, en la erradicación del enfoque de mercado del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en la garantía de condiciones dignas de empleo y trabajo de todos los trabajadores de la salud de Colombia.

Capítulo Primero: Garantía del Derecho

Que se Erradique el Paseo de la Muerte

1. El estado colombiano garantizará plenamente el derecho fundamental a la salud de manera autónoma sin condicionarlo a la capacidad de pago ni restringirlo a un plan de beneficios, para tal fin se tendrán en cuenta los siguientes elementos.

a) No más SISBEN ni clasificaciones socioeconómicas para acceder al servicio.

b) Garantizar cobertura universal del sistema de salud, acceso a los servicios de acuerdo a la necesidad y atención con calidad, integral, y sin barreras de acceso administrativas, geográficas, económicas o culturales (no más negación de servicios, ni copagos ni pagos moderadores).

c) Participación ciudadana y comunitaria en las decisiones que afectan la salud de los colombianos.

2. Eliminar la sostenibilidad fiscal como criterio para delimitar y garantizar el derecho a la salud.

3. Desarrollar un sistema público de salud fundamentado en los valores y principios de la Atención Primaria en Salud, el derecho fundamental a la salud y la seguridad social como derechos ciudadanos.

4. Eliminar toda barrera que impida el acceso a la Acción de Tutela como mecanismo constitucional para garantizar la exigibilidad y el cumplimiento del Derecho a la Salud.

5. Establecer topes y controles a los precios de los medicamentos y garantizar la participación ciudadana autónoma en la comisión nacional de control de medicamentos.

6. Eliminar las empresas intermediadoras en la prestación del servicio de salud. (EPS o Gestores).

7. Garantizar que los recursos de la seguridad social sean administrados por entidades públicas, con destinación específica para la salud, pensiones y riesgos profesionales, manteniendo siempre su carácter de recursos fiscales y parafiscales.

8. El Estado debe garantizar el acceso a la alimentación, el agua potable, el saneamiento básico, al trabajo, a la vivienda y al transporte, así como a un ambiente saludable, como condiciones básicas que determinan la salud y el buen vivir de los pueblos que integran la nación colombiana.

9. El gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República una reforma tributaria progresiva que permita al Estado colombiano disponer de los recursos necesarios para garantizar el derecho humano fundamental a la salud.

10. El gobierno se compromete a garantizar el uso equitativo y eficiente de los recursos de la salud con base en las necesidades de las poblaciones y de los territorios, y a reasignar los recursos hoy gastados por el estado en función de la guerra al sistema de salud y a los otros sectores que contribuyen a la salud de las poblaciones.

Capítulo Segundo: Defensa de la Red Pública Hospitalaria

11. Pago inmediato de la deuda contraída con los hospitales públicos y privados por parte de las EPS y las entidades territoriales.

12. Fortalecimiento científico, tecnológico, organizacional y de la infraestructura de la red pública hospitalaria financiada por el Estado.

13. Que el valor de las nóminas y de las plantas de personal de la red pública de hospitales sean asumidas directamente por el Gobierno Nacional.

14. El Estado garantiza cobertura universal y atención en salud accesible, integral, de calidad y con enfoque intercultural y diferencial a todo el pueblo colombiano y, en especial, a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.

Capítulo Tercero: Protección del Trabajo Digno y Formal

15. Garantizar la autonomía de la práctica del personal sanitario en su ejercicio profesional.

16. Garantizar el vínculo laboral para el sector público y privado con estabilidad y demás garantías de negociación y contratación colectiva y libertades sindicales, en igualdad de condiciones y con aplicación de los principios del artículo 53 de la Constitución Política.

17. Garantizar condiciones de trabajo dignas para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud.

18. Garantizar acceso de la población, sin diferencias por condiciones socioeconómicas, territoriales o culturales, a los centros e instituciones de formación y entrenamiento en las profesiones y oficios de salud y actividades relacionadas y garantizar la educación continua en todas las profesiones y oficios a cargo del sistema de salud y que sean los territorios de salud los que definen las necesidades de educación y formación en salud.

19. Integrar con plenas garantías laborales al sector público y privado, a la mujer y al personal civil de las fuerzas militares.

Capítulo Cuarto: Definiciones Estratégicas

20. Se conformará una Mesa Nacional Permanente entre el Gobierno Nacional, las organizaciones sociales, sindicales, asociaciones de pacientes y de usuarios que tendrá la misión de formular el contenido de las políticas a ser incluidas en una nueva ley de salud que recoja los elementos acordados ene este Pliego Unificado y trabajar en su reglamentación futura.

COMISIÓN POLITICA DE LA ALIANZA NACIONAL POR LA SALUD

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Apéndice IV.

La CUT reafirma convocatoria y apoyo irrestricto al paro de los trabajadores de la salud

LEY ESTATUTARIA DE SALUD - Desconoce Derechos de los Pacientes y Empleados

La Ley Estatutaria NO resuelve el problema financiero de los hospitales.

La Ley Estatutaria aprobada NO termina con la intermediación, únicamente la maquilla y fortalece al asignarle la función de controlar el gasto (negar los servicios) a las gestoras.

Formalmente el derecho a la salud se considera fundamental, pero dependerá de las determinaciones de la junta médica y del presupuesto existente (Ley de ajuste fiscal).

Se continúa con las barreras de acceso al servicio en el sistema de salud, dividiendo el sistema en una red primaria y una complementaria, acabando con el espíritu de la integralidad en el servicio de salud.

La Ley Estatutaria hace más complejo ejercer el derecho a la tutela y la aplicación de la sentencia dependerá de los recursos económicos (Ley ajuste fiscal).

Continúan los copagos

Esta norma que tiene vicios de trámite también afecta los derechos de los empleados de la salud, entre los cuales destacamos:

Cambia la denominación de los empleos, a “servidor de la salud”, generando inestabilidad en empleados y trabajadores oficiales, los cuales desaparecen de la planta de personal.

Flexibiliza las plantas de personal, es decir, sólo se contratará personal de acuerdo al número de pacientes por turno y servicio.

Los recargos dominicales no serán del 300% sino del 100%.

Limita el derecho de asociación sindical, al poner un tope a los fueros sindicales.

No dice nada esta norma sobre el cumplimiento de parte de los hospitales, de las Sentencias C-614/09 y C-701/12 de la Honorable Corte Constitucional.

Por las anteriores razones, la CUT reafirma la convocatoria al Paro Nacional de los Trabajadores de la Salud, en defensa de la salud como un derecho fundamental y el trabajo decente.

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA B.
Presidente

TARSICIO RIVERA MUÑOZ
Secretario General

MARIA DORIS GONZALEZ
Directora Dpto de Seguridad Social

FRANCISCO MALTES TELLO
Director Dpto de Investigación y P.

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Apéndice V.

La CUT participa de las movilizaciones nacionales del 19 y 20 de agosto y apoya los paros agrarios, de la salud, transportadores y trabajadores en conflicto

La CUT, al igual que la gran mayoría de colombianos condena la situación en la que el gobierno de Juan M. Santos ha sumido al país como consecuencia de la imposición de sus nefastas , antisindicales y antipopulares políticas que en todos los órdenes no hace más que aplicar el recetario neoliberal imperialista. La reacción de los afectados es recurrir a la unidad y lucha que se expresa en levantamientos de productores agrarios, campesinos, ganaderos; pequeños y medianos empresarios de autopartes, el calzado y los textiles; pequeños y medianos mineros atropellados por el Estado y la gran minería transnacional; de trabajadores despedidos- como los perjudicados en Coca-Cola Femsa, recientemente en Medellín, y desde hace varios años, en la General Motors-, Centrales Obreras y sindicatos atropellados por patronos que desconocen los mínimos derechos laborales y por las multinacionales que actúan como repúblicas independientes con la complicidad del gobierno; de sectores sociales y partidos políticos de la oposición que son víctimas de amenazas, represión y negación de las más elementales libertades ciudadanas y de seguridad.

Igual actitud de rechazo contra el gobierno, asumen los estudiantes agrupados en la MANE, opuestos la privatización de la educación, su baja calidad y escasa cobertura que reiniciarán sus movilizaciones el 28 y 29 de agosto; los gremios, la academia y las organizaciones de pacientes y usuarios de la salud aglutinados en ANSA animados en contra de la nefasta Ley 100 que pugnan por un servicio de salud basado en éste como un derecho y no como una mercancía, y el magisterio colombiano ante los reiterados incumplimientos del gobierno a los acuerdos celebrados con FECODE.

A lo anterior, se suman las crecientes expresiones de inconformidad y luchas de importantes sectores de la producción unidos en repudio generalizado a los tratados de libre comercio, firmados y por firmar; tratados ruinosos para el país, y causa de cierre de empresas, despidos de trabajadores y quiebra total de nuestra economía. Se agrega a este oscuro panorama la política de combustibles, convertida en uno de los más descarados atracos a la población en general, con gravísimas consecuencias para el sector transportador y para los productores nacionales por los elevados precios. Somos el país productor de petróleo con los precios más altos del mundo.

Desde la CUT, estamos llamando a todas nuestras subdirectivas, sindicatos nacionales, y al resto de organizaciones sociales a participar masivamente en las jornadas de 19 y 20 de agosto – convertidas en categórica expresión de unidad y lucha, para exigir del gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos, la solución a los pliego de peticiones presentados y la concesión de garantías democráticas para el ejercicio de la oposición y la movilización social y política.

La CUT, respalda la huelga adelantada por Sintramienergética por la solución de su pliego de peticiones presentado a la multinacional Drummond y declara su apoyo a los asalariados de Claro en conflicto laboral ; se solidariza con la comunidad educativa del Sena en la defensa del carácter público de la institución y cobija las exigencias de los trabajadores del ICBF, hogares infantiles y madres comunitarias , mientras extiende su voz de aliento a todos los colombianos víctimas de la política económica oficial. La Central se sumará a las futuras jornadas de FECODE para hacerle cumplir a la ministra de educación, María Fernanda Campos, lo establecido en la negociación pasada y, sin vacilación alguna, acompañará la nueva épica de la Mane en el logro de una educación superior verdaderamente nacional, financiada por el Estado y científica. En la defensa del mercado interno, estaremos igualmente al lado de los productores nacionales en la recuperación de nuestra autonomía alimentaria e industrial.

Para avanzar en la coordinación de acciones con el fin de centralizar la movilización contra las antinacionales políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, la CUT asistirá a los diferentes eventos que para el efecto se convoquen, entre estos el II Encuentro Nacional de Unidad Popular a realizarse el 31 de agosto y 1 de Septiembre en la ciudad de Bogotá que está convocado por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, que también están ayudando a conducir y desarrollar de manera exitosa las luchas del 19 y 20 de agosto.

Bogotá, 13 de agosto de 2013

COMITE EJECUTIVO NACIONAL CUT

LUIS ALEJANDO PEDRAZA BECERRA
Presidente

TARSICIO RIVERA MUÑOZ
Secretario General

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Apéndice VI.

El 19 de Agosto todos a la Movilización Nacional Cafetera y Agropecuaria

Delegados de diversas organizaciones agropecuarias se reunieron en Bogotá y acordaron un pliego único de peticiones, una Movilización Nacional Agropecuaria a partir del 19 de agosto y la conformación de la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria.

Estas decisiones son el resultado de los incumplimientos -del gobierno nacional- a las diferentes negociaciones que ha adelantado. No ha cumplido con los subsidios al precio de venta de los productos, café, cacao, papa, cebolla, arroz y maíz, como tampoco con los otros puntos acordados; en particular con el alto costo de los insumos y las importaciones.

En cuanto a los cafeteros, las violaciones a lo acordado se relacionan con el NO pago a más de 220 mil caficultores del subsidio, Protección al Ingreso del Caficultor, PIC; con la negación del pago del PIC a los caficultores que, según lo está definiendo arbitrariamente la Federación de Cafeteros, llegaron al “tope” de producción. Igualmente, no hay claridad de que los recursos para los subsidios alcancen hasta el 31 de diciembre de este año y la incertidumbre sobre su continuidad para 2014. La caída en picada de los precios demanda la inclusión, en el presupuesto del año entrante, de la financiación del PIC.
Además, a los caficultores no les han cumplido con la reprogramación de las deudas bancarias; ni con soluciones para los créditos con la banca privada; ni con ninguno de los otros cuatro puntos acordados con el gobierno nacional. Igual situación se presenta con los otros gremios agropecuarios.

Por lo anterior, la Mesa de Unidad Agropecuaria Nacional, anuncia una Movilización Nacional Agropecuaria a partir del 19 de agosto, tal como lo dice el comunicado que se transcribe a continuación.

MOVILIZACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA, POR LA PRODUCCIÓN COLOMBIANA

Comunicado Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria

Las organizaciones que componemos la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria declaramos a la opinión nacional:

1) Que los acuerdos suscritos por los distintos sectores productivos con el gobierno, no se han cumplido.

2) Que, pese a los anuncios oficiales y a los compromisos adquiridos, todavía no se concreta el pago de subsidios al momento de la venta de los productos. Igualmente, persisten procesos jurídicos y deudas insolubles y continúan sin fórmula de arreglo las obligaciones contraídas con la banca privada.

3) Tampoco el gobierno ha reunido las mesas que había prometido con relación al precio de los fertilizantes, agroinsumos, combustibles e importaciones. Tampoco se conocen disposiciones oficiales al respecto que disminuyan las secuelas que estos factores causan al agro nacional.

4) Que con el ingreso del TLC con la Unión Europea, que se suma a otros como el de Estados Unidos, Mercosur y la Alianza Pacífico, se da un golpe de gracia definitivo a las actividades agropecuarias con lo cual cobra mayor importancia atender sin dilaciones ni trabas los apoyos convenidos.

5) Así mismo, rechazamos el decreto que pone en subasta las centrales de abastos y otras entidades del sector.

6) En consecuencia, ratificamos la decisión de realizar una Movilización Nacional Agropecuaria a partir del día 19 de agosto de 2013. Lo anterior no implica cerrar las conversaciones con el gobierno antes de esa fecha.

Bogotá, agosto 1 de 2013.

Dignidad Arrocera- Dignidad Cacaotera- Dignidad Papera- Dignidad Cafetera- Acopaneleros- Movimiento por la Salvación del Agro de Córdoba y la Mojana- Movimiento Nacional por la Defensa de la Ganadería

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Apéndice VII.

FECODE Apoya la Justa Lucha Social en el País

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación confirma su respaldo a las jornadas de movilización de los trasportadores, mineros, de los sectores agrícolas y salud, que inician este lunes 19 de agosto.

Las luchas de estos sectores son más que justas porque son reclamos frente a las nefastas consecuencias que la implementación de las políticas neoliberales han causado en la economía nacional; acentuadas por la arbitraria aplicación de los Tratados de Libre Comercio, que desconocen la realidad económica y social del país.

Políticas que también están dirigidas a la privatización a ultranza de la educación, coartando este derecho fundamental de los colombianos y colombianas. Por ello, el próximo 23 de agosto, FECODE realizará su Junta Nacional, donde tomará la decisión acerca del Paro Nacional del Magisterio, debido al incumplimiento de los acuerdos pactados entre FECODE y el Gobierno Nacional.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación invita al Gobierno Nacional a escuchar las peticiones de trasportadores, mineros, de los sectores agrícolas y salud a lo largo y ancho del territorio nacional. Es un llamado ante la ignominia a la que han estado sometidos por un Estado que privilegia los intereses de las multinacionales sobre las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, llama al Presidente Juan Manuel Santos a cumplir cabalmente con los acuerdos que ha firmado con los diferentes sectores, en especial, con el magisterio colombiano.

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Apéndice VIII.

Sinaltrainal Apoya el Paro Nacional

Apoyamos el Paro Nacional convocado por las organizaciones agrarias, las centrales sindicales, organizaciones políticas y sociales e invitamos a todos nuestros afiliados, familiares, amigos y población en general, a respaldar esta justa lucha y exigirle al estado solución inmediata a la grave crisis que enfrenta el sector agroalimentario, los mineros artesanales y demás sectores sociales en conflicto en Colombia.

Con la política neoliberal, la globalización, los tratados de libre comercio, la denominada locomotora de la agricultura, se impone un modelo agroindustrial en función de producir materias primas y otorgar plenos beneficios para las multinacionales y conglomerados nacionales, aumentando el saqueo de nuestros recursos naturales, destruyendo la producción nacional, generando pobreza, hambre, miseria y desempleo.

La política del estado colombiano ha representado para los campesinos, indígenas, afrodescendientes, despojo, concentración de la tierra en pocos propietarios, desconocimiento de los territorios, la falta de una política estatal en inversión social, educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos, ausencia de una política democrática de soberanía y seguridad agroalimentaria y minera, beneficiando a las multinacionales en perjuicio de las comunidades.

El paro es motivado por la desigualdad e injusticia social, que empobrece a la tercera parte de la población rural, por el hambre que tiene en graves problemas de desnutrición al 58,3% de este sector; por la inseguridad alimentaria que castiga a la población colombiana, por la violencia y criminalización de la protesta social.

Sinaltrainal apoya el pliego de peticiones aprobado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA- y exige del gobierno de Juan Manuel Santos su solución, implementando medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, acceso a la tierra, reconocimiento a la territorialidad campesina, participación efectiva de las comunidades y los pequeños mineros tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera, adopción de medidas y el cumplimiento de las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población, inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Ante el grave problema que atraviesa el Sistema Nacional Agroalimentario SNAL, Sinaltrainal ha trabajado y luchando para que se adopte en Colombia una política de reforma agraria integral, acceso al crédito agrícola, manejo autónomo de nuestra política alimentaria, autosuficiencia en la producción de bienes básicos, construcción de reservas alimentarias estratégicas, subsidio y protección frente a los beneficios otorgados a los productores en los países industrializados, impulso a la industrialización agroalimentaria, uso racional de los recursos naturales, protección al medio ambiente, solución a los problemas de los pequeños productores de alimentos rurales y urbanos, valorización del producto agrícola y adecuada remuneración de su trabajo, seguridad social, construcción por parte del estado de la infraestructura necesaria para la producción, comercialización y distribución agroalimentaria, fomentar la investigación, la ciencia, la tecnología, desarrollo de un plan nacional de nutrición, integración internacional independiente y solidaria, garantías de todos los derechos sociales y políticos de la población a través del pleno ejercicio de la democracia, pleno respeto de los derechos humanos, construcción de la economía social del trabajo, eliminación del monopolio y concretar la paz.

Eliminar las causas económicas, sociales y políticas que generan el desastre del SNAL, implica parar el Modelo Neoliberal, construyendo un modelo de desarrollo democrático, con un nuevo gobierno de Unidad y reconstrucción nacional, un congreso democrático de todo el pueblo, una junta de unidad y reconstrucción nacional y trabajar por el desarrollo de un programa mínimo, que nos permita alcanzar la soberanía, la democracia, la paz y el bienestar de nuestras gentes y avanzar en la integración de los pueblos de nuestra América.

Sinaltrainal Presente

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Apéndice IX.

Pliego Departamental de Peticiones Agropecuarias v Populares, Paro Nacional Agrario y Popular -19 de Agosto de 2013
Santiago de Cali, Agosto 15 de 2013

Si bien la Constitución Política de Colombia, reconoce como sujetos de derechos a las comunidades indígenas y afrocolombianas, a la fecha al campesinado no se le ha reconocido como sujeto de derechos sociales, políticos y económicos, en efecto, como parte del sector agrario ha sido marginado históricamente de las decisiones fundamentales que le atañen; sin embargo el Estado ha impuesto una política agraria fundamentada en el modelo de desarrollo agroexportador, cuyo carácter extractivista ha re-primarizado la economía del sector, ésta, favorece la importación de los elementos más importantes de la canasta familiar y simultáneamente, ha negado de facto al productor nacional colocar sus productos en el mercado interno, creando las condiciones para la dependencia alimentaria y de otros bienes, situación que se viene agudizando con los TLCs dada la imposición de la desregulación del mercado nacional y la laxitud asumida en el intercambio comercial, de hecho, el aumento de la importación de alimentos fue calculada en 700% entre 1991 y 2009 , fenómeno derivado de la implementación de esta política.

La re-primirazación de la economía agraria, ha conllevado a que solo las grandes empresas agroindustriales y especialmente las relacionadas a la producción de banano, azúcar, agrocombustibles y parcialmente el café, tengan la posibilidad de transformar sus productos y competir en el mercado nacional e internacional, sacrificando la oferta nacional de alimentos y la absorción de mano de obra en el campo. Sin embargo, el “éxito” de una política agraria fundamentada en la re- primarización de la economía ha dependido además de la concentración del mercado y la concentración de poder sobre: la propiedad de la tierra, del capital y, de la transferencia investigación y tecnología.

En el Valle, el sector rural está compuesto por campesinos pequeños propietarios, medianos y grandes propietarios. Los pequeños productores se definen como aquellos que tienen 2 (o menos) Unidades Agrícolas Familiares (UAF), a su vez una UAF, se define como la unidad productiva agropecuaria con la capacidad de producir 3 salarios mínimos de ingreso mensual. Los medianos poseen entre 2 y 10 UAFs y los grandes propietarios más de 10 UAFs . La Tabla 1, describe la distribución porcentual del área de la propiedad controlada de acuerdo a los tres tipos de propietarios existentes en el Valle del Cauca.

Tabla 1: Distribución porcentual de propietarios del sector rural en relación al porcentaje del área productiva controlada en el Valle del Cauca.

PROPIETARIO % DE PROPIETARIOS DEL SECTOR % DE PROPIEDAD DEL AREA PRODUCTIVA ÁREA (Ha)

Campesinos 89,89 17,36 286.966
Medianos productores 10,57 26,13 432.054
Grandes productores 2,54 56,51 934.250

Fuente: Equipo Técnico CCVC basado en información de Machado (1998)

El modelo adoptado por grandes productores para el Valle del Cauca, tiene un carácter rentístico extractivista asociado a la producción de caña para elaboración de azúcar y alcohol carburante en la zona plana, ganadería de ceba en la zona media baja y ganadería de leche en la zona alta; dichas actividades agropecuarias limitan la capacidad de aumentar la absorción de mano de obra en el marco de una demanda creciente de la misma.

La pequeña propiedad rural demuestra ser significativamente más productiva que la gran propiedad, la tendencia del uso del suelo es preferentemente a labores agrícolas asociados a la producción alimentaria y al abastecimiento del mercado local y nacional, de hecho Fajardo (2002) demuestra que las fincas campesinas con tamaños inferiores a 5 Has destinan en promedio el 38,6% de su área a labores agrícolas, mientras que fincas con tamaños superiores a 200 Has destinan en promedio 72,3% del área a la producción de pastos para ganado[1]. En donde los minifundios (con menos de 0,5 UAF) son 40 veces más productivos que los predios asociados a grandes extensiones(con más de 10 UAF)[2].

La ausencia de propiedad sobre la tierra deriva en la existencia de jornaleros cuyos ingresos son bajos, altamente dependientes de trabajos, sin existencia de los mínimos requisitos de seguridad social y sin estabilidad laboral, generándose migración intra e intermunicipal.

La capitalización rural y los proyectos de investigación y transferencia de tecnología, se han destinado casi que exclusivamente a desarrollar los procesos agropecuarios y agroindustriales de los grandes propietarios, la tramitología deriva en que al campesinado se le dificulte acceder a dichos programas; por otra parte, las oportunidades de beneficiarse de los incentivos de capitalización rural, dependen en proporción directa, de la magnitud de la contrapartida, la que en últimas varía de acuerdo al tamaño de la propiedad de la tierra. El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) ejecutado en el gobierno del ex presidente Uribe es una muestra de ese desequilibrio, en efecto, AIS presentó un índice GINI de 0,79, es decir altamente concentrado por emporios agroindustriales[3].

Las organizaciones y comunidades agrarias y populares del Valle del Cauca presentamos ante el Gobernador Ubeimar Delgado Blandón nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos, demandas que se encuentran enmarcadas en el Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares (documento adjunto). De parte nuestra ya están los voceros departamentales y nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.

1. Exigimos Implementación de Medidas y Acciones Frente a la Crisis de la Producción Agrícola

Exigimos el cumplimiento en la implementación de las leyes pesqueras en beneficio de pescadores artesanales del departamento debido a la vulnerabilidad de ese sector frente al creciente caudal de importaciones.

Exigimos la implementación de programas fortalecimiento a la producción y comercialización de renglones agropecuarios departamentales sensibles como son el café y la leche. Además la toma de medidas para controlar el contrabando de leche que ingresa al departamento.

Exigimos la veeduría y acompañamiento del gobierno departamental explotación maderera que garantice la sostenibilidad de este recurso y la permanencia de pequeños madereros que derivan su sustento de esa actividad.

2. Exigimos Acceso a la Propiedad de la Tierra

Exigimos que la administración departamental y las alcaldías municipales, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, conjuguen esfuerzos para la adquisición de tierras para los campesinos, Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios que no la posean o la posean de manera insuficiente.

Exigimos el apoyo logístico y presupuestal en la legalización de tierras para los campesinos, indígenas y afrocolombianos que no hayan saneado sus títulos de posesión así como la solución de conflictos relacionados a la titulación individual de predios, a campesinos beneficiarios de proyectos del INCORA en las décadas de los años 80s y 90s.

Exigimos la redistribución entre campesinos con problemas de acceso a la propiedad, de las tierras incautadas a la mafia y que en la actualidad son administradas por el Estado.

Exigimos el saneamiento de conflictos relacionados al uso del suelo en territorios altamente intervenidos considerados por la normatividad estatal como Zonas de Reserva Forestal (ZRF) o de otras figuras de ordenamiento territorial que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP.

3. Exigimos Reconocimiento a la Territorialidad Campesina, de Afrodescendientes e Indígenas

Exigimos la constitución de Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) en: Florida, Pradera, Palmira, Ginebra, Guacarí, Buga y Tuluá como la mejor forma de ordenamiento social de la propiedad rural y del territorio, para ello la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías municipales en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, el MADR e INCODER, dispondrán los recursos para que las organizaciones campesinas formulen los Planes de Desarrollo Sostenible en cada municipio, por su parte, las instituciones apoyarán y desarrollarán los mecanismos de gestión institucional para la constitución de las ZRC.

Exigimos constituir los Resguardos Indígenas de Ginebra en la zona alta del municipio para la etnia Lili, la constitución de un resguardo indígena en Tuluá y tres en Sevilla para la comunidad Embera Chamí.

Los entes Estatales, serán medio y generará programas de interlocución con las demás instituciones de orden departamental y nacional, para viabilizar la constitución de ZRC Se promoverá a la creación de instancias de concertación con la CVC.

Exigimos la titulación colectiva inmediata del Consejo Comunitario de la cuenca del Naya.

Exigimos que las administraciones departamentales y municipales reconozcan la autonomía de las comunidades campesinas en el ordenamiento territorial del departamento y municipio, rechazando los megaproyectos y las transnacionales que planteen invertir capital en el territorio y afecten a las comunidades

Exigimos las comunidades agrarias accedan a los recursos de regalías departamentales y municipales, éstos se invertirán en programas que generen desarrollo y sostenibilidad en las comunidades, dichos programas deben ser formuladas con participación directa del campesinado y sus organizaciones representativas en la mesa departamental de interlocución con organizaciones campesinas.

Apoyo en la financiación de proyectos productivos, para consolidar el desarrollo agropecuario de la región y estabilizar la propiedad de los campesinos, afrodescendientes e indígenas.

Exigimos respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.

4. Exigimos la Participación Efectiva de las Comunidades y los Mineros Pequeños y Tradicionales en la Formulación y Desarrollo de la Política Minera

Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo del Plan de Desarrollo Minero – Energético del Departamento.

Exigimos detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

Exigimos el apoyo y reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana y apoyo para la reconversión tecnológica hacia modelos de producción minera más limpios y de bajo uso de contaminantes, en coordinación con la Coorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el Ministerio de Minas y Energía y el MADS.

Apoyo desde las instancias de gobierno del departamento, los municipios y la CVC, para que las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, participen en la redefinición concertada de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Así mismo, exigimos que se apoye la participación de las comunidades en la construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.

Exigimos la promoción por parte de la gobernación del valle del cauca, la CVC y las alcaldías municipales de la sujeción del desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, los Planes de Vida de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.

Exigimos el apoyo por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la CVC y los municipios de Palmira, Tuluá, Buga, San Pedro y Bugalagrande para que las comunidades campesinas e indígenas afectadas por la construcción de las centrales hidroeléctricas Amaime y Tuluá, participen en la decisión de la inversión de los recursos captados por las instituciones por concepto de la venta de energía hidroeléctrica. Así mismo, exigimos un aumento del aporte por concepto de regalías del 6 – 10% de las utilidades de las Centrales Hidroeléctricas. El 4% será manejado directamente por las comunidades para el desarrollo de programas y proyectos de conservación ambiental de las cuencas, la producción agropecuaria sostenible, vivienda, infraestructura, saneamiento básico, fortalecimiento organizativo y protección de derechos humanos.

5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.

Exigimos dar cumplimiento a la acción de consulta previa para las comunidades afro e indígenas en proyectos o normativa que afectan los derechos de estos pueblos.

Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.

6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y demás.

Exigimos dotar adecuadamente los centros hospitalarios y de salud tanto en el sector urbano como rural del departamento, así como la vinculación suficiente y cualificada de personal de salud.

Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.

Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. Y en donde no se cuente con ellos promover su constitución.

Exigimos la construcción de vivienda digna financiada por el Estado tanto en áreas rurales como urbanas, que sean concertadas con los beneficiarios.

Exigimos la creación de programas de acompañamiento y veeduría desde la administración departamental y las administraciones municipales a las familias en procesos de desalojo, garantizando vivienda digna durante tal proceso.

Exigimos el pago del cargo básico en la tarifa de servicios públicos en los estratos 0 y 2.

Exigimos la excepción del Impuesto predial para estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Cali y municipios aledaños

MESA AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO

-MIA NACIONAL-

¡Por la vida y contra el desarraigo!

¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!

[1] FAJARDO, D. (2002). Tierra, poder político y reformas agraria y rural. En: Cuadernos tierra y Justicia. Bogotá D.C: Ediciones Antropos.

[2] PERFETTI et al. Políticas para el desarrollo de la agricultura Colombiana. FEDESARROLLO. Bogotá, Abril 2013
[3] Eduardo Sarmiento Palacio. La apertura profundizó el deterioro del sector: El fracaso agrícola. El Espectador. Bogotá D.C. Noviembre 22 de 2009.

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Apéndice X.

Asociación Colombiana de Camioneros ACC, Inmovilización por Incumplimiento del Gobierno Nacional, Agosto 19 de 2013

1. El gobierno Santos ha firmado con los camioneros 2 acuerdos en tres años y nunca cumplió con lo que firmó, ahora tiene una política de reprimir para no cumplir (cafeteros, mineros, estudiantes, paperos, arroceros, trabajadores de la salud, justicia).

2. COMBUSTIBLES: Colombianos no más alzas cuando se les viene en gana, la calidad es la peor del continente y los precios son de los más costosos del mundo, deben rebajar gasolina $1960 y diesel $2000.

¿Para qué nos sirve a los colombianos ser un país exportador de crudo, si no recibimos beneficios? Siempre hay una mentira para subir el precio.

3. El Min. Transporte se inventó un documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) con el cual nos pretende imponer vida útil de 20 años obligatoria, (modelos 94 hacia atrás, para la caneca), expropiación de camione de carga, y rebajarán 25% cada año el reconocimiento económico que se paga cuando se chatarriza, así que en 4 años su camión nuevo o viejo perderá este precio. El único objetivo es desplazarnos, sacarnos por la puerta de atrás y lo peor, con nuestro propio dinero, cuando se incumplió totalmente el compromiso de líneas de crédito, esto lo hacen para apoderarse de nuestro sector así como ya lo hicieron con el urbano.

4. FINANCIACIÓN: el gobierno Santos firmó dos acuerdos en los cuales se comprometió a crear líneas de crédito para salvamento y renovación de equipos para el pequeño camionero y nunca cumplió, para podernos sacar.

5. DIGNIFICACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL COMPLETA: Los Camioneros exigimos poder acceder a la seguridad social completa ya que hoy las empresas que brindan las afiliaciones ponen miles de trabas y no nos brindan atención a nivel nacional, el trato de las multinacionales -ejemplo en CAMPO RUBIALES- es indigna y se parece a un campo de concentración donde somos humillados. Los famosos bonos y pagos de Stand By son tomados (robados) por algunos dueños de las empresas intermediarias que los descuentan de planillas o salarios, sin que autoridad alguna intervenga.

6. ABOLICIÓN INMEDIATA DE LA PÓLIZA Y MATRICULA UNO A UNO: El Ministerio de Transporte ya admitió públicamente el perjuicio de la sobre oferta generada por la póliza y por ello debe cumplir con lo expresado al país. “No más póliza ya que demostró ser dañina para el país".

7. VIVIENDA Y EDUCACIÓN: El Min Transporte se comprometió y no ha cumplido en desarrollar planes de vivienda y educación para las familias camioneras.

8. FLETES: El gobierno nacional en cabeza del Min Transporte se comprometió en intervenir rutas y tarifas para garantizar fletes justos y ya manifestó descaradamente que no lo van a hacer, firman para no cumplir.

¿Usted reeligiría un gobierno que con mentiras y represión atiende a su pueblo?
Apoya activamente la inmovilización del 19 de Agosto