Piedad Córdoba habría recibido más de un millón de dólares en coimas por mediar entre empresarios y el gobierno de Venezuela

En medio de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia salieron a la luz detalles del presunto enriquecimiento ilícito de la congresista del Pacto Histórico

Por: Luis Ortiz

FUENTE: INFOBAE

Avanzan las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia contra la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, que se ha negado en reiteradas ocasiones a atender los llamados del tribunal para que declare sobre sus presuntos vínculos con la dictadura venezolana y la recepción de millonarias coimas por mediar en contratos con empresarios colombianos.

En un nuevo episodio de ese caso, la revista Semana conoció parte del expediente de las investigaciones, en el que se expone que la parlamentaria de izquierda habría recibido más de un millón de dólares, tenía a disposición exorbitantes lujos y sus familiares también recibían millonarias consignaciones.

En el documento obtenido por el medio citado se establece: “Durante los años 2009 y 2010 (el empresario venezolano Carlo Balilla Battistini) financió eventos, sufragó gastos publicitarios, pagó tiquetes aéreos y vuelos chárter para la congresista Córdoba Ruiz, su familia y terceros (…) en razón de la intermediación de aquella en el vecino país, lo que condujo a que tanto su patrimonio, como el de sus familiares más cercanos, se acrecentara sin justificación”.

La Corte Suprema no solo investiga a la congresista, también están bajo la lupa de la justicia 13 familiares suyos que, según la investigación, hicieron más de 80 transacciones con la senadora por casi 3.000 millones de pesos.

“Se tiene que los informes de policía judicial números 29875-177 y 29875-278, del 1 de junio y 13 de agosto de 2021, respectivamente, contentivos del estudio patrimonial de la investigada y de su núcleo familiar extendido, arrojaron como resultado ingresos por justificar de sus familiares cercanos, quienes no tenían actividad económica identificada, en particular por la suma de 2.867.136.672 pesos”, cita la alta Corte en el expediente de la investigación.

Una empresa de papel y un poderoso narco venezolano detrás de los millonarios movimientos

Uno de los ejes centrales del expediente revelado por Semana es el empresario venezolano Carlo Balilla Battistini, el dueño de la empresa Led Media Colombia, que por medio de terceros habría facilitado el pago de las coimas a Córdoba.

De acuerdo con la Corte, la empresa Led Media Colombia existía solo en el papel y era usada de fachada por Battistini y Nilton Polanco Lasso, director de la empresa, para legalizar el dinero que se le entregaba a la hoy senadora del Pacto Histórico.

“(Led Media Colombia) fue creada, al parecer, con el único fin de ser el vehículo para que Córdoba dispusiera de ellos en favor suyo, en particular a través de gastos en desplazamientos de quienes ella determinara, en la realización de eventos públicos, pago de vuelos privados dentro y fuera de Colombia, o para ser entregados en efectivo a ella directamente o por medio de sus asesores”, indicó la Corte Suprema de Justicia y preció que entre 2009 y 2010 la empresa no reportó gastos y no tuvo operación.

Adicionalmente, el mismo Nilton Polanco Lasso sostuvo que Piedad Córdoba recibió un millón de dólares de su jefe por una serie de compromisos para que intercediera por algunos empresarios ante el Gobierno de Hugo Chávez a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).

“Los compromisos económicos que adquiría Battistini con la senadora Córdoba para que esta, a su vez, prestara sus servicios ante el Gobierno de Venezuela (…) y el acuerdo con el empresario era que entregaría un millón de dólares, los que se invertirían conforme a las necesidades de la aforada”, indicó Polanco.

Lo anterior lo reafirma el narcotraficante venezolano Walid Makled García, alias el Turco, que declaró en contra de la congresista y dijo que cobraba millonarias cantidades por organizar reuniones entre empresarios y el gobierno de Venezuela.

“Ella captaba empresarios colombianos y ella (Córdoba) se los presentaba a Hugo Chávez; por esa presentación cobraba 600 millones de bolívares. Si de esa reunión después el empresario que había sido presentado lograba un contrato, el 10 por ciento era para ellos (...) Ella era la que llevaba empresarios tanto colombianos como venezolanos, estos últimos recomendados por Battistini, y les hacía la cita con el presidente, ella era amiga del presidente Hugo Chávez”, dijo el narcotraficante venezolano.

El cartel de Paraguaná: narcotráfico y poder político en Venezuela

Fuente: InsightCrime

Chiche Smith

El 3 de abril de 2021, la policía del estado de Anzoátegui, al este de Venezuela, respondió a un aviso para interceptar un Toyota Corolla plateado. Interrogaron a la conductora, una mujer de mediana edad acompañada de un pariente joven. Bajo la presión de las autoridades, la mujer los llevó a un edificio residencial donde vivía su padre, un hombre corpulento, de pelo ralo, cerca de sus setenta años.

El hombre afirmó que era un ciudadano ordinario; presentó un documento de identidad con el nombre de Ramón Guillermo Valera. Pero después de un interrogatorio, admitió que el documento era falso. Su verdadero nombre era Emilio Enrique Martínez, más conocido como “Chiche Smith”, uno de los narcos más notorios de la costa Caribe de Venezuela.

La captura de Martínez conmocionó al país entero. Su arresto marcó la caída de uno de los narcotraficantes más veteranos de Venezuela, cuyas conexiones con actores poderosos dentro del Estado parecían ponerlo fuera el alcance de la justicia.

La historia del Cartel de Paraguaná de Martínez es el ejemplo perfecto de la profunda sinergia entre la política y el narcotráfico en Venezuela. Su ascenso es un caso de estudio sobre cómo las conexiones entre narcotraficantes y políticos locales, así como las fuerzas de seguridad y personajes de influencia nacional, pueden formar la base de sistemas enteros de gobernanza criminal. Su caída permite entender cómo las diferencias entre facciones en los más altos niveles del Estado venezolano pueden ocasionar el desmoronamiento de esos imperios criminales.

Un feudo criminal en el Caribe

Martínez ha sido una figura legendaria en Paraguaná, la península que sobresale en el mar Caribe desde el estado costero de Falcón. Hijo de un traficante local, comenzó su carrera como miembro de una de las muchas mafias que trasegaban mercancías de contrabando desde Falcón a las islas cercanas del Caribe Neerlandés en la década de 1990.

Fue a prisión en 1998, pero recuperó su libertad seis años después. Para ese momento, tenía la mira puesta en productos más lucrativos. En 2010, “Chiche Smith” fue nombrado en expedientes judiciales como el dueño de 600 kilos de cocaína incautados de una lancha frente a la costa de Falcón.

Según periodistas y líderes políticos locales, entre sus compradores se encontraba el Cartel de Sinaloa de México y entre sus socios comerciales se contaba Walid Makled, quien era uno de los intermediarios de drogas más conocidos y bien conectados de Venezuela. Sin embargo, Martínez prefería mantenerse a la sombra.

En 2017, Víctor Clark fue elegido gobernador de Falcón y todo cambió. Joven y ambicioso, Clark fue catalogado por los analistas políticos como el acólito del presidente Nicolás Maduro, pero su campaña también contó con el respaldo personal de Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, quien muchas veces ha competido con Maduro por el poder dentro del chavismo.

Clark celebró su victoria electoral con un fastuoso concierto en la ciudad costera de Cabo San Román, en la punta de la península de Paraguaná. Los habitantes locales relataron a InSight Crime que no se escatimó en gastos, con camiones llenos de cerveza y pirotecnia espectacular. Pero eso no fue lo único que llamó la atención.

“Toda la familia de Chiche Smith estaba allí como invitados de honor y protegidos por soldados”, le comentó a InSight Crime una periodista local, con reserva de su identidad para cuidar su seguridad. Otros residentes confirmaron su versión.

Poco después de la fiesta, se fotografió a Clark con parientes de Martínez en eventos públicos. Chiche Smith se había convertido en figura pública.

Martínez no tardó en volverse un personaje querido en Paraguaná. Los locales relatan cómo empezó a comprar propiedades en el municipio de Carirubana, pagando generosamente en efectivo por chozas en la playa, con la promesa de construir un resort turístico.

También invirtió dinero a manos llenas en la zona por medio de su Fundación Carmen Virginia Martínez, que llevaba el nombre de su difunta madre. La fundación distribuía alimentos y juguetes entre familias de bajos recursos, organizaba obras públicas, como limpieza de calles, ofrecía empleos bien pagos y renovaba la infraestructura local, algunas veces en cooperación abierta con el alcalde de Carirubana, Alcides Goitía.

Sin embargo, según numerosos residentes, periodistas, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad del lugar, que hablaron con InSight Crime, las comunidades de Paraguaná no fueron los únicos beneficiarios de la generosidad de Martínez.

“Víctor Clark permitió que los narcotraficantes hicieran mejoras y modificaciones [en la zona] y luego el gobierno regional las inauguraba como si fueran obras públicas”, señaló un oficial del ejército local, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

“Los comandos [del ejército] también recibieron provisiones, teléfonos, logística para actividades deportivas [de Martínez]”, agregó.

No obstante, la colaboración de Chiche Smith con Clark tuvo dos caras.

“El Cartel de Paraguaná sabe todo sobre todos, así que uno presta atención cuando ellos aconsejan no votar contra Víctor Clark o hablar mal de él, porque ellos saben dónde vives”, le explicó a InSight Crime un residente que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.

A cambio, Martínez esperaba una cosa: carta blanca para el trasiego de narcóticos por el territorio de Falcón.

Para hacerlo, requería la complicidad de las fuerzas de seguridad.

“[Chiche Smith] y su familia se reúnen con todos los comandantes [del ejército]”, relató un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien habló con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato. “Cuando entra un nuevo comandante, se reúne con esa gente y empiezan a trabajar juntos”.

Esas relaciones se ven facilitadas por el gobernador, según afirmó otro oficial del ejército en intercambio con InSight Crime, quien también pidió que se mantuviera su anonimato.

“Como cabeza del estado, [Víctor Clark] es el intermediario”, comentó. “Él no participa, pero permite que todo pase”.

Varias fuentes también sostuvieron que la política influye en la designación de la cabeza de los puestos de mando del ejército en la región y que Clark lleva años moviendo hilos para influir en ese proceso.

“Los cambios de mandos militares, sobre todo a nivel estatal, son acciones políticas”, señaló el oficial de la GNB. “Las personas en esos cargos son más políticos que militares, y para llegar a ese nivel hay que estar bien conectado”.

Narcotráfico y política local

La estrecha red de conexiones entre Martínez y el gobierno local, el ejército y la población de Falcón crearon una forma de gobernanza criminal muy singular, un feudo narco donde políticos y fuerzas de seguridad se aliaron con actores criminales para usar las ganancias ilícitas, no solo para su enriquecimiento personal, sino también para mantenerse en el poder.

Con el deterioro progresivo de la situación económica, política y social de Venezuela, esos acuerdos han proliferado por todo el país y juegan un rol crucial tanto en el respaldo al Estado venezolano como para garantizar que se mantenga el flujo de drogas.

“El crimen trabaja con la política; toma control de las gobernaciones”, comentó un exagente antinarcóticos venezolano, quien habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera reserva de su identidad por razones de seguridad. “Y convierte esas gobernaciones en centros del crimen organizado”.

En el nivel más básico, la relación entre la política y el narcotráfico en Venezuela se basa en la mediación de la relación entre las fuerzas de seguridad y algunos criminales protegidos. Los gobernadores y alcaldes tienen cierto control sobre las actividades y determinan el liderazgo de los entes de policía estatales y municipales, ejercen influencia en los nombramientos del ejército regional y coordinan con las fuerzas armadas los temas de seguridad.

Mediante el ejercicio de estas facultades para instalar y manipular a agentes de seguridad corruptos, los políticos locales no solo pueden garantizar la impunidad para ciertos traficantes que gozan de su favor, sino que también garantizan la lealtad de las fuerzas de seguridad permitiéndoles lucrarse del flujo de narcóticos.

Los mismos políticos pueden ser beneficiarios de esos dineros corruptos, aunque es muy difícil rastrear los pagos directos. Sin embargo, la sinergia entre la política local y el crimen organizado en Venezuela va más allá de las simples coimas.

Como lo demuestra el caso del Cartel del Paraguaná, los políticos estatales y municipales pueden llegar a depender de los narcotraficantes para obtener respaldo político, mediante la financiación de campañas, sus votos, o los servicios públicos que los gobiernos locales, casi en bancarrota, no pueden suministrar.

Un gran número de fuentes, desde fiscales hasta líderes políticos locales, todos declararon en condición de anonimato, y describieron a InSight Crime los numerosos servicios que los políticos locales proveen a los narcotraficantes. Entre ellos se contaba usar su influencia sobre las fuerzas de seguridad para dirigir operativos contra rivales criminales y hacer lobby con las instituciones judiciales para blindarlos contra la judicialización. También pueden incluir el uso de sus facultades administrativas para facilitar el tráfico de drogas, como la emisión de licencias y autorizaciones de transporte o el otorgamiento de concesiones que permitan el acceso a infraestructura de transporte, como los puertos.

En las docenas de entrevistas que se realizaron en el marco de esta investigación, InSight Crime escuchó denuncias que implicaban a los gobernadores actuales o recientes en más de la mitad de los 23 estados venezolanos, así como a alcaldes municipales, diputados de la Asamblea Nacional y otros servidores públicos. Aunque la mayoría de las acusaciones siguen sin verificar y varias fueron poco más que rumores, existe evidencia más que suficiente que muestra que las acusaciones por narcotráfico no son obstáculo para hacer una carrera política en Venezuela.

Entre las denuncias más persistentes se contaron las instauradas contra Ramón Carrizales, ex vicepresidente y ministro de defensa, quien fue gobernador del estado venezolano de Apure, en la frontera con Colombia, por más de diez años hasta que perdió su cargo antes de las elecciones locales en noviembre de 2021.

Varias figuras del chavismo han señalado al hijo de Carrizales de trabajar para el narcotraficante Walid Makled, al igual que su esposa, quien trabajó en la empresa Almacenadoras, de Makled, mientras fungía como ministra de ambiente. En Apure, por otro lado, numerosas fuentes, incluidos expertos en drogas, periodistas, residentes y políticos locales de ambos extremos del espectro político, acusaron a Carrizales de presidir una “zona franca” para el narcotráfico a favor de grupos guerrilleros aliados y sus clientes, los carteles.

Otros gobernadores y exgobernadores han sido señalados de proteger a grupos guerrilleros que trafican narcóticos en Venezuela. Las autoridades estadounidenses han sancionado a los exgobernadores Henry Rangel Silva, exgobernador del estado Trujillo, y a Ramón Rodríguez Chacín, exgobernador de Guárico, así como al actual gobernador de Táchira Freddy Bernal por esas denuncias.

Además, varios gobernadores han sido investigados por autoridades internacionales por denuncias de narcotráfico, incluido el exgobernador de Barinas, Adán Chávez, y la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, a quienes la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, les ha abierto investigaciones, según reportes de prensa.

Varios casos recientes también han puesto en evidencia la participación de alcaldes municipales y diputados de la Asamblea Nacional. A comienzos de 2022, un alcalde de Zulia, un diputado por Falcón y otro por Táchira fueron capturados en posesión de cocaína, al parecer de una célula traficante que según las fuentes tenía nexos con el Cartel de Paraguaná.

Un agente de las fuerzas de seguridad conocedor del caso, y quien habló con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato, señaló que la red traficante pagó a los políticos para transportar narcóticos pensando que era improbable que detuvieran vehículos oficiales.

Sin embargo, a pesar de la proliferación de relaciones entre las autoridades locales y el narco, estas conexiones políticas también son frágiles y mutables, como lo descubriría Chiche Smith.

La caída de Chiche Smith

El 15 de abril de 2020, comandos de la GNB y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) allanaron varias propiedades vinculadas a Emilio Martínez en Falcón y el vecino estado de Carabobo. En 20 allanamientos durante los siguientes cuatro días, incautaron seis propiedades y once vehículos, e hicieron al menos 20 capturas.

Los indignados residentes de Paraguaná salieron a las calles a protestar.

“Entraron a la fundación y se robaron todo”, informó un manifestante a Primer Informe. “Queremos una explicación”.

Las semanas siguientes traerían algunas explicaciones, pero también más preguntas. En junio, la ONA presentó acusaciones por narcotráfico contra Martínez y siete de sus cómplices, por lavado de ganancias del narcotráfico por medio de la Fundación Carmen Virginia Martínez.

De repente hubo un intenso escrutinio no solo sobre Chiche Smith, sino también sobre sus conexiones con el estado. Y estas iban más allá de Víctor Clark.

Entre los detenidos se contaron dos agentes de policía del estado de Carabobo —Raúl Roberto de Gallego Salas y Orlando José Silva Moreno— a quienes se acusó de colaborar con el despacho de cargamentos de cocaína del Cartel de Paraguaná desde Puerto Cabello, en Carabobo.

Fuentes de la policía y fotografías dan cuenta de que ambos tenían vínculos cercanos con el gobernador de Carabobo Rafael Lacava y su jefe de seguridad José Domínguez, y que habían asistido a eventos con altos mandos de la política venezolana, como el fiscal general Tarek William Saab, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Douglas Rico, y el alcalde del municipio de Miranda, Pablo Acosta.

Tanto Rico como Lacava negaron cualquier delito, pero el exjefe de la policía de Carabobo Salvatore Luchesse declaró lo contrario.

“El cargamento que salió de Puerto Cabello fue autorizado por Rafael Lacava y supervisado personalmente por ‘El Portu’ José Domínguez”, escribió en Twitter. Tanto Domínguez como el director de la policía de Carabobo se vieron obligados a presentar su renuncia a raíz del escándalo.

Luchesse también alegó que las operaciones contra el Cartel se desataron por una agudización de las tensiones entre las facciones políticas divergentes en el chavismo que surgieron desde la muerte, en 2013, de la figura unificadora que fue el presidente Hugo Chávez.

“Lo que viene ocurriendo en Valencia [capital de Carabobo] en los últimos tres días es una guerra por el poder entre las bandas de Rafael Lacava y Diosdado Cabello”, sostuvo en otro tuit.

Las declaraciones de varios residentes, periodistas, miembros de las fuerzas de seguridad locales y antiguos empleados de la familia Martínez, apuntaron a la misma situación. En diálogo con InSight Crime todos insistieron en que las medidas tomadas contra Martínez respondieron a un intento del presidente Nicolás Maduro para mantener las operaciones de Martínez, que habían sido fuente de conflictos entre las facciones políticas locales, bajo control.

Asimismo, declararon que las fuerzas de seguridad le habían permitido a Martínez huir, y que este regresaría una vez se hubieran calmado las cosas. Sin embargo, en ese punto, estaban equivocados. Un año después, Martínez fue arrestado en Anzoátegui.

En Paraguaná, las redadas y la posterior captura de Martínez trastocaron lo que parecía ser un orden bien establecido.

“Es como un triángulo: Maduro le ordena al ejército que obedezca las órdenes del gobierno regional y el gobierno regional nos ordena que protejamos y cuidemos a esas personas [del Cartel de Paraguaná]”, le comentó un agente antinarcóticos local a InSight Crime, hablando bajo la condición de anonimato. “Entonces cuando nos dijeron que los capturáramos, nos sentimos mal, porque esas personas nos permitieron dejar de pasar necesidades”.

Las razones del repentino revés de fortuna de Martínez siguen siendo un misterio.

Una teoría es que Martínez fue perseguido para impedir que se sometiera a la DEA y entregara información comprometedora contra funcionarios del gobierno venezolano.

"Si Chiche fuera capturado por la DEA, rodarían muchas cabezas por narcotráfico, desde soldados hasta alcaldes y gobernadores”, comentó un agente de la policía de Falcón a InSight Crime, bajo la condición de anonimato por motivos de seguridad. “Detenido en Venezuela, el gobierno puede dar rodeos con el caso hasta que la gente se olvide de él”.

Otras fuentes creen que la detención estuvo relacionada con el decomiso de un cargamento de cinco toneladas de cocaína en un barco frente a la costa de Aruba, lo que daño aún más la imagen del gobierno frente a la comunidad internacional y atrajo atención no deseada hacia la salida de droga desde Paraguaná.

“El gobierno de Maduro dio la orden de arrestarlo para mostrar que en el país se combate el narcotráfico”, dijo otro agente de la GNB, quien también solicitó que no se divulgara su nombre.

Drogas y el balance del poder

Aunque las fuentes consultadas tenían distintas teorías sobre la captura de Martínez, todos coincidían en que la decisión debía haber venido de los más altos niveles del Estado venezolano. Chiche Smith se había convertido en un peón en un juego que se extendía mucho más allá de Paraguaná, en el que se usa el acceso a las ganancias del narcotráfico para comprar, balancear y romper las lealtades políticas en un Estado sumido en pugnas internas.

La principal fractura del chavismo está entre el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes han competido por influencia en el partido desde que ambos reclamaron el derecho a suceder a Hugo Chávez en la presidencia, y formaron polos de poder rivales. Otros pesos pesados chavistas también mantienen pequeñas facciones, como el ex vicepresidente y actual ministro de hidrocarburos Tareck El Aissami, mientras que otros, como el gobernador Lacava en Carabobo actúan como agentes libres sin bando.

“[Estas facciones] evolucionan, se conectan o chocan entre sí”, como le explicó a InSight Crime un analista político venezolano, quien tampoco quiso que se divulgara su nombre, por razones de seguridad.

Varios analistas y antiguos políticos chavistas describieron a InSight Crime cómo la fuerza de estas facciones en gran medida está determinada por su capacidad de canalizar recursos para los partidarios del régimen y mantenerlos en cargos estratégicos en el ejército y la política.

Dentro del Estado venezolano el tráfico transnacional de cocaína es una de las pocas fuentes de efectivo que quedan para impedir la quiebra. Así pues, para esas facciones el control de las zonas claves para el narcotráfico se traduce en poder político.

En 2021, con las elecciones regionales de noviembre, el mapa del poder político en estas zonas se redibujó, y el principal ganador fue el presidente Maduro.

Los aliados de Diosdado Cabello perdieron la gobernación de Apure frente a un partidario de Maduro, y la gobernación del estado de Zulia, en la frontera con Colombia, fue para la oposición, lo que cierra un año en el que la influencia de Cabello ha sufrido una serie de golpes en los campos político y militar.

Las elecciones también dieron una serie de victorias a los partidarios de Maduro, dejando a esta facción al mando de muchos de los estados importantes para el narcotráfico en Venezuela.

“Maduro sigue controlando la situación, al menos por ahora, y creo que con las elecciones ganó mayor control sobre el proceso”, declaró a InSight Crime un politólogo, que solicitó reserva de su identidad. “Pero el gobierno tiene un interés en mantenerse en el poder; pueden pasar por alto sus diferencias internas si esas diferencias amenazan su permanencia en el poder”.

Entre los ganadores de las elecciones de noviembre de 2021 está Víctor Clark, cuya trayectoria política no se vio afectada por el escándalo de Chiche Smith.

Y, al menos por el momento, gobierna un estado donde el Cartel de Paraguaná sigue traficando narcóticos, aunque Chiche Smith esté en prisión.

“La gente [de Chiche] sigue moviendo de todo y los euros siguen llegando”, comentó un pescador de Paraguaná, que también teme por su seguridad si se revela su nombre.

Independientemente de que la red de Chiche Smith siga operando con autorización de Clark o no, conserva su capacidad para corromper a las autoridades.

“Aún hay muchos [políticos y miembros de las fuerzas de seguridad] que colaboran con esas personas”, dijo uno de los agentes de la GNB.

“Por supuesto que hay interés en trabajar con ellos”, añadió. “¿De dónde más sacaría dinero un soldado para tener haciendas, camionetas, casas, negocios y todo lo demás?”

PDVSA dirigida por narcos

Por: Alek Boyd

Fuente: INFODIO

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Slimen Gregorio El Safadi Al Safadi (DOB 26/09/1985, ... venezolana, ...) y hermano gemelo Selmen Jose El Safadi Al Safadi plazo algo llamado Soluciones CA . , una empresa naviera venezolana que surgió de la nada para atender la mayoría de las necesidades comerciales de PDVSA. Slimen tiene el 89% de la empresa. Pero luego, está Solutions Shipping Agency LLC , una compañía registrada en Florida que opera desde la unidad 116 en 9551 Fontaineblue Blvd en Miami vinculada a El Safadi . Fundamentalmente, el caparazón de Florida tiene un Omar Dalal listado como agente. Ahora...: "Omar Dalal" Makled.

Este sitio se dio cuenta de Soluciones CA en los últimos meses, ya que parecía que cada vez más empresas falsas que existen solo en el mundo inferior de PDVSA lo utilizan para sus "necesidades de envío" en Venezuela. Cuando decimos empresas falsas nos referimos en el sentido literal: Kalinin, Shamrium, Yogtang Fung, Retino Maritime, Xiamen Logistic, Ztianjin Business Trade, Olympia Stly Trading ... Todos estos "clientes" inexistentes de PDVSA, que reemplazaron a Rosneft , ENI, Repsol, Tipco y Reliance, que han levantado decenas de millones de barriles de crudo venezolano, tienen algo en común: todos utilizan a Soluciones .

Puede deberse al hecho de que, al momento de escribir este artículo, el capo de la droga Tareck el Aissami es quien toma las decisiones en PDVSA. El benefactor de Tipco, Asdrúbal Chávez, ya no tiene el poder que alguna vez le otorgó su omnipotente y ahora muerto hermano. Omar Dalal, también conocido como Haissam Omar Dalal Burgos , es un general del ejército que, según el narco Walid Makled , estaba en su nómina junto a gente como Hugo Carvajal y el propio hermano de el Aissami, Feras . Dalal está destinado a ser también el ahijado del padre de el Aissami. Dalal pasó por alto el envío de toneladas de cocaína por parte del cartel de Makled .

No es de extrañar entonces que haya un vínculo entre la administración de PDVSA, su agente de transporte local favorito, la evasión de sanciones y los narcos. La última información de envío que tenemos es que la ofuscación se ha llevado a un nivel completamente nuevo ( ¿narco? ). Los nombres de los barcos se cambian, una vez en aguas territoriales. Algunos de los buques cisterna utilizados parecen estar destinados a la chatarra. A veces se levantan cargas y no se registra ningún registro en los libros. Se emiten BL falsos y varios para la misma carga para ocultar verdaderos clientes / partes. Los StS de puerto cercano son una ocurrencia regular ahora, no es necesario esconderse. Se envía información falsa al SAP de PDVSA y a la línea de envío a propósito para confundir aún más la situación, y un teniente (Manuel Parra Ramírez) con antecedentes penales (ejemplo, asesinato) amenaza a todos los involucrados.

Esta camarilla de descendientes venezolanos de clanes iraníes / libaneses está dirigida por el Aissami y ha tomado el control absoluto de PDVSA y su comercio. Salar Bandari y Ahmad Reza se han hecho cargo de los petroleros Antares Shine y Almada , mientras que Slimen El Sabadi / Dalal se han convertido en EL agente local de la dudosa red que reemplazó a las empresas establecidas por las de Alex Saab . El Aissami y sus ejecutores controlan tanto las operaciones oficiales como las extraoficiales, es decir, levantamientos, permisos, salidas, etc.

Es casi seguro que el tráfico de drogas y el comercio de petróleo se han unido. Teniendo en cuenta los involucrados, PDVSA ya no puede ser visto como otra cosa que un vehículo para la Jihad chavista.

Lea aquí

Quién es Luis Acosta Carlez, candidato de Soluciones en Carabobo

Por: Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez

Fuente: Efecto Cocuyo

Acosta Carlez con el narcotraficante Walid Makled

El general de brigada retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Luis Felipe Acosta Carlez, es recordado en el estado Carabobo por su polémica conducta.

Al frente del antiguo Comando Regional Número 2 de la GNB en la entidad central del país, se encargó de entrar a la fuerza a los galpones de la empresa Polar en el sector La Guacamaya.

Lo hizo justo en medio del paro petrolero en Venezuela, cuando el país se paralizó y la escasez de alimentos por la falta de gasolina trastocó la cotidianidad de los venezolanos entre diciembre de 2002 y enero de 2003.

También en los depósitos de Coca Cola, donde emitió su tan famoso y condenado eructo frente a las cámaras de televisión de los principales canales del país.

Cuando una periodista de Globovisión le hacía una pregunta, Acosta Carles sacó una malta, se tomó la bebida y eructó ante las periodistas allí presentes.

En ese momento entró a los galpones para decomisar la mercancía y trasladarla al Core-2 para después distribuirla a la población, al acusar a la empresa de no querer sacarla.

Pero Acosta Carlez no es solo famoso por su eructo. Sus amenazas contra los periodistas eran comunes mientras fue jefe de la Guardia Nacional en Carabobo.

Pese a esto, en las elecciones regionales de 2004 fue electo como gobernador del estado Carabobo y se mantuvo en el cargo por un solo periodo. El chavismo le quitó el respaldo y vinieron sus desavenencias con el mismo Hugo Chávez Frías, quien prefirió entonces postular al conductor de La Hojilla, Mario Silva, a la gobernación. Este último perdió con Henrique Salas Feo los comicios.

Sobre Acosta Carlez, Hugo Chávez dijo en Campo Carabobo, el 24 de junio de 2008: “El gobernador de este estado es otro triste ejemplo, triste mal ejemplo, le quedó grande la responsabilidad y lo digo con mucho dolor”.

Incluso mencionó que ordenó el cierre de un casino que tenía el apoyo de Acosta Carlez. “Va a salir por la puerta de atrás porque él lo escogió así, lamentablemente”.

Lo acusó de “perder el rumbo… perdió toda capacidad de reflexión y recapacitación y digo que lo perdimos para la revolución“.}

Arrebató hegemonía a los Salas

Como gobernador sus logros fueron exiguos, pero fue el primero en arrebatarle la hegemonía a los Salas en la entidad carabobeña.

Este miércoles, 26 de agosto, se conoció que fue postulado por el partido Soluciones como candidato a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Lo inscribieron por el circuito 5 que agrupa al municipio Libertador y las parroquias Miguel Peña, Santa Rosa, Rafael Urdaneta, Negro Primero del municipio Valencia.

Al conocerse la noticia, en redes sociales comenzaron a llover las críticas contra la organización de Claudio Fermín, quien intentó responder a ellas a través de un hilo en Twitter.

Aunque en sus justificaciones no aclara si van a retirar su candidatura, Fermín dijo que desconocían sus actuaciones en el pasado, pero lo inscribieron porque Acosta Carlez se acercó a Soluciones.

No obstante, el diario Tal Cual asegura lo contrario. Al entrevistar al subsecretario general de Soluciones, Alfredo Catalán, este les dijo que fueron ellos quienes se acercaron al general retirado.

Pese a esto, el presidente del partido sostuvo que “en Soluciones no conocíamos las graves denuncias que recibimos hoy a través de ciudadanos preocupados en las redes sociales y que agradecemos a la colectividad. Hace minutos nos han mostrado, en particular, las vallas que instaló el general cuando fue gobernador de Carabobo”.

En esas polémicas vallas instaladas en diversos lugares de Carabobo, Acosta Carlez criticaba la publicación de fotografías de mujeres en trajes de baño en periódicos nacionales y regionales.

El mensaje era el siguiente: “Incitar al sexo genera violaciones”.

Los nexos con los Makled

Además, en el año 2010 fue acusado por el empresario de origen árabe, Walid Makled de recibir dinero de sus negocios con el narcotráfico.

Los Makled escalaron en Carabobo y uno de ellos, Abdala Makled quiso ser candidato a la Alcaldía de Valencia en 2008. Este último fue detenido en una hacienda del municipio Libertador ese mismo año junto a otras personas cuando Tareck El Aissami era ministro de Interior y Justicia de Chávez.

El funcionario acusó a Makled de “estrechas relaciones” con Acosta Carlez, quien siempre ha desmentido sus nexos con la familia.

Walid Makled fue detenido en Colombia en 2009 y después extraditado a Venezuela en el año 2011. En Colombia declaró que tenía nexos con altos cargos militares de Chávez, entre ellos Luis Motta Domínguez, el hermano de El Aissami, así como con Hugo Carvajal, Néstor Reverol y Henry Rangel Silva.

Ninguno de los señalados fue investigado en el país y muchos continuaron o se mantienen en cargos del Ejecutivo con Nicolás Maduro.

Pero los Makled, con Acosta Carlez en la Gobernación de Carabobo, tenían concesiones en el puerto de Puerto Cabello, el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia y llegaron a adquirir la línea aérea Aeropostal, que después expropió Chávez.

Al igual, en el asesinato del periodista Orel Sambrano y el ganadero Francisco Larrazábal, ocurridos ambos en enero de 2009, fueron implicados los Makled, debido a las denuncias de Sambrano y Larrazábal sobre las actividades ilícitas de las familias.

Hezbolá en Venezuela: las amenazas del régimen de Maduro a la seguridad hemisférica

Por: Maibort Petit}

Fuente: Semanario Libertad

¿Está comprobado que Venezuela, junto a otros países latinoamericanos, es uno de los principales impulsores del terrorismo en la región? El asunto ha alcanzado en los últimos meses una gran relevancia a tal nivel, que representa un punto clave en los cambios de las estrategias geopolíticas de Estados Unidos y sus aliados en una zona que, anteriormente, se caracterizaba por relaciones interestatales de otra índole y el terrorismo no había aparecido como una preocupación para los gobiernos del área.

La narrativa según la cual, Irán y Hezbolá operan en América Latina desde hace muchos años y que su presencia, financiamiento y operatividad se han incrementado y fortalecido desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, intensificándose durante la gestión de Nicolás Maduro, ha reforzado la tesis de que Venezuela es un estado patrocinador del terrorismo (islámico), lo cual plantea, entre otras interrogantes, la posibilidad de tantear la variable del uso de la fuerza para derrocar al régimen venezolano, y así neutralizar a estos grupos radicales en la región.

¿El derrocamiento del régimen chavista conlleva a la neutralización de las células terroristas en la región? ¿Hay capacidad y voluntad política en el hemisferio para acabar con la presencia de Hezbolá y sus aliados en suelo latinoamericano? ¿Hasta qué punto es probable que un nuevo gobierno de diferente cuño en Venezuela desarticule las redes de estas organizaciones criminales en el continente? En esta historia, tratamos de dar respuestas a estas interrogantes citando testimonios de expertos en contraterrorismo.

Aunque la presencia de Hezbolá en la región se denuncia desde principios del siglo XXI, esta se circunscribía a la triple frontera de Paraguay, Uruguay y Argentina, donde miembros y simpatizantes del movimiento se entre mezclaron con los inmigrantes sirio-libaneses hasta consolidar un fuerte ecosistema en el que les hacía posible el financiamiento de las actividades del brazo armado de la Revolución Islámica iraní. Fue conformándose un grupo de empresas a través de las cuales se lava el dinero proveniente de actividades ilícitas para enviarlo a Irán y destinar recursos para el pago de las operaciones del grupo armado. En Venezuela y Bolivia también estaban presentes pero actuaban con muy bajo perfil y pasaron casi desapercibidos.

Fue a raíz de la llegada al poder de Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), cuando las relaciones con Venezuela, para esa época gobernada por Hugo Chávez, que se fue afianzando el vínculo y afinidad con el régimen iraní. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) promovida por el mandatario venezolano, sirvió como canal para facilitar un mayor ingreso y presencia de Irán y de Hezbolá en la región, la cual se fue fortaleciéndose hasta convertir a Venezuela en un punto estratégico para el régimen islámico y la agrupación terrorista. Así, como parte del eje iraní, Venezuela se constituye en una amenaza para la seguridad hemisférica, tal como lo advirtió el secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la III Cumbre contra el Terrorismo que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en enero de 2020. «El régimen de Irán, con su brazo armado Hezbolá, está en Venezuela», sentenció el alto funcionario norteamericano, al tiempo que formuló un llamado a los países de la región para intercambiar información acerca de las organizaciones terroristas.

Los aliados bolivarianos descalifican la tesis

La izquierda radical y los gobiernos que le hacen coro, descalifican las denuncias que en este sentido se hacen y niegan rotundamente que el venezolano sea un régimen que patrocine el terrorismo y, mucho menos, que el territorio de Venezuela sirva de asiento a células de Hezbolá. Alegan que todas las afirmaciones en este sentido están dirigidas a impulsar el derrocamiento de Nicolás Maduro para instaurar un “gobierno títere” de los Estados Unidos que sustituya al incómodo gobierno socialista.

Humire: Hezbolá si opera en Venezuela

Tal tesis es desmentida enfáticamente por Joseph Humire, experto en seguridad hemisférica y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura con sede en Washington DC, a quien consultamos acerca de si la presencia de Hezbolá en Venezuela es un hecho verificado, a lo cual respondió que, definitivamente, este grupo armado opera desde territorio venezolano. Señaló que esto se evidencia con testimonios de actores involucrados y circunstanciales, documentos, fotos y videos que prueban la penetración en la región latinoamericana de las células del grupo terrorista, el cual es considerado como un agente (proxy) de la revolución islámica iraní.

Consultado acerca de si la tesis de la presencia de Hezbolá en Venezuela es parte de la estrategia para justificar el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos y sus aliados, Humire asegura que si bien EE. UU. tiene muchos acuerdos con el gobierno de Colombia para usar bases de ese país y hay militares estadounidenses en suelo colombiano, y que existen posibilidades de usar el terreno y mar, así como el uso de la fuerza, el experto estima que tal posibilidad no parece estar planteada. “¿Si es una estrategia? No necesariamente, no descarto que [Juan] Guaidó y gente de su equipo esté hablando de estas opciones con el gobierno de Estados Unidos y algunos aliados en Europa. Pienso que los europeos son más escépticos frente a una propuesta de esta naturaleza porque el uso de la fuerza no es fácil en Venezuela, para ello se requieren muchas cosas entre ellas tiempo. Hay capacidades que se tienen y hay unas que hay que construir.

Considera que la relación de Hezbolá y el régimen agregan a la narrativa el elemento de que el gobierno venezolano siempre ha sido un estado criminal, una dictadura orientada a la criminalidad. Esto, refiere, es una narrativa que los venezolanos y el público general comprenden bien. Sin embargo, Joseph Humire advierte que una de las limitaciones que tiene esta narrativa es que la criminalidad no necesariamente representa amenazas inminentes, mientras que sobre el terrorismo hay la percepción de que lo es, de que se trata de algo urgente y global, como también ocurre con el narcotráfico. Tal situación —estima— puede empujar la evaluación hacia el terrorismo, otorgando más urgencia a la situación de Venezuela, «no creo que esto vaya hacia el uso de la fuerza, pero sí representa una escalada porque aumenta la preocupación de lo que está pasando en Venezuela, y a la larga eso podría conllevar a un posible uso de la fuerza, aunque ahora eso no está planteado».

Las evidencias

«La presencia de Hezbolá en Venezuela está comprobada y de ello existen evidencias sólidas», sostiene Humire, quien asegura que hay diferentes tipos de pruebas. “Yo no puedo decir que el equipo de Guaidó las tiene todas o el gobierno de EE. UU. las tiene todas, pero yo he visto algunas y sé que existen, sí hay pruebas, documentación”.

Dice que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) es utilizado para facilitar documentos de identificación a personas sospechosas de mantener vínculos con Hezbolá, o que son miembros de dicho grupo, “porque más allá de los altos líderes que se conocen públicamente como sus integrantes [de Hezbolá], hay otros que son parte de la organización que no se conocen y otros que no son miembros, pero son muy importantes porque trabajan en apoyo logístico. No sé exactamente quiénes tienen documentos, pero de los nombres que he visto hay muchos simpatizantes y, en algunos casos, facilitadores y financistas. En otros casos, más limitados, son miembros operadores de Hezbolá. Yo sé que existen pruebas y están en manos de las autoridades, y son conocidas por los gobiernos de muchos países de la Latinoamérica desde hace algún tiempo”.

Agrega la existencia de testimonios que dan fe de la presencia de Hezbolá en Venezuela, de aquellos que aseguran que los han visto, como es el caso de Walid Makled, quien declaró sobre ello y sostuvo que Hezbollah está en Venezuela. Laboran, hacen dinero que envían al Medio Oriente.

— Aunque yo no creo que su palabra vale mucho, los criminales mentirosos de cierta forma dicen la verdad, una buena mentira puede tener un 90 por ciento de la verdad que habló, para su propósito. Hay otras personas que los han visto, y [aseguran que miembros de Hezbolá] han estado [en Venezuela], personas de la isla de Margarita que los han visto (…) Hay documentación, testimonios, y sé que hay audios y videos, de miembros de Hezbolá operando en Venezuela, pero no he tenido acceso a ellos hasta este momento.

Joseph Humire alerta que, aunque no se logrado identificar a todos los actores de Hezbolá en Venezuela, hay personas claves en el país cuya responsabilidad en la organización criminal está evidenciada. Entre estas piezas claves se encuentra Ghazi Nasr al Din, quien ha fungido como diplomático de Nicolás Maduro, ministro asesor de Venezuela en Siria. Este sujeto forma parte de un poderoso clan familiar con negocios en varias ciudades de Venezuela. En 2008, Nasr al Din fue sancionado por Estados Unidos por facilitar la conexión del gobierno venezolano con Hezbolá y en 2015 fue descrito como una persona de interés para el FBI.

Los registros muestran que Nasr llegó a Venezuela en los años ’90, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue diplomático y fue enviado como Ministro Consejero a Siria. En la nación del Medio Oriente estableció nexos con entes influyentes en Damasco, ostentando un alto poder de decisión en la embajada venezolana por esos años, donde se conectó con las redes subversivas que operan en Siria, Líbano y Venezuela.

Humire advierte que Nasr es uno de los principales actores que conecta al régimen de Venezuela con Hezbolá. La relación de este hombre con Nicolás Maduro se habría profundizado cuando el actual mandatario fungía como Canciller del gobierno de Hugo Chávez. En ese entonces actuó en coordinación con el exvicepresidente venezolano y actual ministro del área económica, Tareck El Aissami, para desarrollar sus actividades en el Medio Oriente.

Según el experto, el clan familiar de Ghazi Nasr al Din está asentado en Margarita, Barquisimeto y La Guaira. Específica que en la isla operan negocios de envite y azar, centros comerciales, hoteles, tiendas y otro tipo de negocios. Según testimonios, refiere, contribuyeron financieramente para que Hugo Chávez ganara la presidencia en 1998.

Agrega que «desde Venezuela, Nasr al Din opera activamente, se ha movido a Colombia, República Dominicana y México. A pesar de las sanciones de la OFAC, y de la alerta del FBI, no se la inmutado y trabaja activamente en la causa. Estuvo a cargo del diseño del sistema de inmigración que Venezuela utilizó para proporcionar pasaportes a Hezbolá». Precisa que, durante la administración del fallecido Hugo Chávez, se activó un plan de inmigración ilegal, (trata de personas) y consiguió entregar unos 10.000 pasaportes venezolanos y documentos de identidad a ciudadanos sirios, iraníes, libaneses y de otros países del Medio Oriente.

Cabe destacar que, en 2015, la revista brasileña Veja publicó que, supuestamente, Nasr al Din encabezaba una red de fabricación y distribución de pasaportes venezolanos auténticos que eran utilizados para ocultar la verdadera identidad de terroristas.

Humire sostiene que Tareck El Aissami es, sí, el vínculo clave entre el régimen de Nicolás Maduro, Irán y Hezbolá.

Sin embargo, no es el único puesto que trabajos de inteligencia apuntan también en dirección al general Aref Richany Jiménez, quien ha estado al frente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), fue jefe de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (Darfa); y sirvió como director externo de Petróleos de Venezuela S.A.

— ¿El cambio de régimen de Nicolás Maduro equivaldría al fin de Hezbollah en Venezuela y Latinoamérica?

— No. Nicolás Maduro no es el único que está involucrado con estas alianzas, ni siquiera diría que es la figura más importante. Él es una figura política, no operacional, creo que es un títere y cambiando su figura no creo que cambie mucho, pero si hablamos del régimen como tal, que incluye a todas sus figuras que son los que tienen nexos, figuras como Tareck El Aissami, por ejemplo, eso limitaría un poco, pero no eliminaría las actividades de Hezbolá en Venezuela y Latinoamérica, pero obviamente no lo va a limitar permanentemente ni lo va hacer desaparecer, porque Hezbolá está en Venezuela antes de Chávez y Maduro. Ellos tienen tiempo, de hecho, Irán estaba antes del chavismo, pero con el régimen bolivariano se ampliaron las operaciones y se establecieron en la esfera política. Yo diría que no. Creo que para un cambio de régimen libere a Venezuela y Latinoamérica de Hezbolá, se requiere de cambio profundo en el régimen. ¿Cuáles cambios? Unos que les haga retroceder en el tiempo.

Joseph Humire advierte que Hezbolá está presente en otros países de la región donde están operando fuerte, “no sólo es Venezuela, o Colombia, hay otros países”.

— Existe realmente la capacidad (la voluntad parece que sí existe por parte de Washington DC) para contrarrestar a Hezbolá y a Irán y neutralizarlos en la región?

— Sí existe por parte de Washington DC, del presidente Trump, la voluntad política para contrarrestarlo, se ha demostrado ya con tres conferencias ministeriales, y esas conversaciones que se han sostenido han sido contra el terrorismo islámico que no se había manejado con tanto detalle en Latinoamérica. La primera conferencia fue en diciembre de 2018, en DC había 13 países que participaron y en ese momento no se definió directamente a Hezbolá como el punto principal de la conversación, pero 7 meses después en 2019, se logró la primera designación en Argentina de Hezbolá como organización terrorista. En ese periodo se trabajó mucho, con el gobierno de Mauricio Macri, y se logró no solamente la designación como grupo terrorista, sino que además han impuesto sanciones, se han congelado bienes, sacado nombres de miembros libaneses que apoyan a Hezbolá y han ampliado por 6 meses la designación.

Comenta como positivo el incremento de participantes que se han sumado a cada conferencia, al tiempo que advierte que algunos países, por su naturaleza, no se van a incorporar, tal es el caso de Cuba y Venezuela.

Los avances

Al referirse a la capacidad real de Latinoamérica para enfrentar a Hezbolá, Joseph Humire alerta que aún es necesario mucho trabajo para consolidar una auténtica y efectiva lucha contra el terrorismo y, particularmente, contra el grupo islámico, en Latinoamérica.

Refiere que el gobierno de EE. UU. ha trabajado arduamente para contrarrestar el lavado de dinero, contra el terrorismo y para mejorar sus capacidades y la de sus aliados. “Hay mucha educación e investigaciones de cómo se opera”.

Cita que justo antes de la cumbre antiterrorista, se llevó a cabo un taller en Europa manejado por el Departamento del Tesoro acerca de cómo Hezbolá financia sus actividades ilícitas en el que participaron varios miembros de la seguridad de Latinoamérica con el objeto de conocer su nivel operacional. “Se están judicializando casos, revisando expedientes,contrarestando información, es un gran esfuerzo, hay mucho trabajo por hacer y siento que este asunto está tomando el nivel que se necesita. Antes no faltaba la voluntad en la policía de Brasil, por ejemplo, o en Perú, que tenían preocupación, pero no llegaba a nivel político, no había voluntad política en América Latina”.

Tal circunstancia se debía —a su parecer— a que los propios aliados de Estados Unidos no veían el asunto como una prioridad. Del mismo modo recordó que para el gobierno de Barack Obama el tema no representó un problema que ameritara su atención en la medida en que el tema lo requiere. “Todo cambió con el presidente Donald Trump que lo elevó a un alto rango. El Departamento de Defensa trabaja desde el nivel académico hasta operacional; el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones muy fuertes. Se ha sancionado a muchos financistas de Hezbolá a nivel de inteligencia financiera. En el Departamento de Estado hay muchos esfuerzos que antes nunca se habían visto”.

Por otra parte, Humire refiere que la relación de Hezbolá se complejiza porque estos grupos se han mimetizado con otros grupos terroristas y organizaciones delictivas transnacionales en América Latina para proporcionarles servicios de inteligencia, tráfico de drogas y lavado de dinero. En tal sentido, recordó que Hezbolá es un grupo terrorista, declarado como tal por más de cincuenta países en el mundo. “Cometieron actos de terrorismo en América Latina, los más famosos fueron hace 25 años con la AMIA en Argentina, y uno en Panamá en 1994; pero más allá de simplemente ejecutar ataques, también se involucran con otros grupos terroristas en la región y grupos criminales como las FARC y el ELN. Hezbolá tiene una enorme red internacional de lavado de dinero y ofrece sus servicios a los carteles de la droga”.

Subraya que el trabajo que Hezbolá desarrolla en Venezuela lo lleva a cabo de manera clandestina y cuenta con personal de «un nivel muy alto con mucha capacidad».

El especialista va más allá en sus apreciaciones y refiere que al poseer Venezuela un sistema de inmigración completamente oscuro, es posible que miembros del propio gobierno venezolano —particularmente dentro de la policía o las fuerzas militares— también sean miembros de Hezbollah y posean una identidad completamente falsa.

«Debe recordarse que cuando Tareck El Aissami estaba en el cargo de ministro del Interior con una misión bolivariana que se llamaba Misión Identidad, al mismo tiempo también estaba a cargo de la misión de Seguridad con la que transformó el sistema de investigaciones criminales. Entonces sería lógico imaginar que podría haber usado estas dos misiones para combinar una plataforma para que Hezbolá ingrese al país y pase desapercibido. Bajo esta estrategia, Irán penetró la región, aumentando de manera preocupante su presencia económica, militar e ideológica en la región, principalmente en Venezuela y Bolivia”.

Al final de su conversación, Joseph Humire destaca que la presencia militar de Irán no ocurrió de manera convencional con las tropas, sino con ingenieros, técnicos, personas que forman parte de la industria militar iraní. Para estas organizaciones el aspecto geopolítico es muy importante, la proximidad a los Estados Unidos es clave. A nivel estratégico se ha observado que Irán entiende que la única forma de avanzar en su revolución es anular la influencia de Estados Unidos y con ese objetivo ha dado pasos importantes.

Douglas Farah: Venezuela es una amenaza para el continente

El Consultor de Seguridad Nacional de IBI Consultants y especialista en narcotráfico, crimen organizado, financiación del terrorismo y fundamentalismo islámico, Douglas Farah ha sostenido en varias testificaciones ante el Congreso de los Estados Unidos que Venezuela se ha constituido en una amenaza significativa para la seguridad de EE. UU. y del continente.

Según Farah, en torno al gobierno de Venezuela, primero a cargo de Hugo Chávez y luego en manos de Nicolás Maduro, giran las relaciones y vínculos que Irán y Hezbolá mantienen con otros países y líderes latinoamericanos.

Farah citó en su testimonio en el parlamento en 2015 que el fiscal argentino Alberto Nisman, asesinado aparentemente en razón de sus investigaciones sobre el bombardeo con presunto respaldo iraní al centro judío AMIA en Buenos Aires en 1994, habría documentado las acciones emprendidas por los gobiernos de Irán y Venezuela en todo el hemisferio occidental.

De hecho, un informe de Nisman recogía datos acerca de la política de Irán sustentada en el terror y el asesinato en la que Venezuela le servía como un importante medio de consecución de sus objetivos.

Se ha advertido que, presuntamente, el régimen de Irán se valía de instituciones bancarias de Venezuela y Ecuador para evadir las sanciones que le ha impuesto la comunidad internacional.

El informe de Nisman aseguraba que las actividades de inteligencia de Irán en Latinoamérica las realizaban directamente funcionarios de esa nación o a través de Hezbolá.

Farah ha alertado que Hezbolá está involucrada en el comercio de cocaína mediante alianza con Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros lugares. «La presencia de Hezbolá en América Latina está creciendo y la organización sigue siendo la principal organización terrorista en el mundo», advirtió ante el Congreso estadounidense.

Gran arraigo difícil de combatir

Las advertencias del secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la presencia de células activas de Hezbolá en Venezuela y de que «los iraníes están impactando al pueblo de Venezuela», requiere de acciones concretas y contundentes.

En Venezuela el grupo terrorista islámico habría establecido una vasta infraestructura en materia de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando, especialmente en la isla de Margarita. Una relación que afecta no solamente a esa nación, sino al resto de Latinoamérica.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se ha hecho eco de las advertencias sobre el peligro que la presencia de Irán y Hezbolá representan, no solamente para Venezuela, sino para toda la región. “Irán y Hezbolá tienen una base sólida de operaciones en América del Sur en alianza con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Si fracasamos en Venezuela, representa una victoria para el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y el antisemitismo”, alertó y el Grupo de Lima se ha sumado a la advertencia.

¿Un cambio de régimen en Venezuela lograría neutralizar la presencia de Hezbolá en el país?. Todo va a depender de la naturaleza del nuevo gobierno, de la capacidad para establecer alianzas con otros países para combatirlo y, obviamente, de la voluntad política de los gobiernos de la región y del mundo para establecer una alianza que permita enfrentarse a la fuerza y complejidades del grupo terrorista islámico que ha penetrado de manera silenciosa la región sin que hasta ahora haya encontrado obstáculos para lograr sus objetivos.

Narcotráfico en el régimen venezolano: El “Cartel de los Soles”

Por: Unidad Investigativa de Venezuela

Fuente: INSIGHT CRIME

En Latinoamérica, es tradición que empresarios criminales en la forma de carteles se dediquen al narcotráfico. En Venezuela este se maneja desde el interior del gobierno, y si Nicolás Maduro gana otra vez las elecciones presidenciales, Venezuela afianzará su posición en el negocio global de cocaína.

Por largo tiempo, los narcotraficantes han buscado penetrar el Estado, para facilitar su actividad y, de ser posible, poner recursos del estado a su disposición. Pero en ocasiones actores estatales corruptos deciden que no basta hacer la vista gorda a cambio de sobornos, y quieren que se les garantice participación directa. Eso fue lo que sucedió en Venezuela; a esos elementos del narcotráfico en el régimen venezolano se les llama el “Cartel de los Soles”.

El término “Cartel de los Soles” responde a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevan en sus charreteras. El término se usó por vez primera en 1993 cuando dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado.

Durante los últimos tres años, InSight Crime ha estado haciendo acopio de información sobre altos oficiales, activos o retirados, que han estado implicados en tráfico de cocaína. Tenemos 123 archivos. Sin embargo, por motivos legales no publicaremos la lista completa. En lugar de eso adjuntamos aquí algunos datos de aquellos contra quienes creemos tener evidencia muy sólida.

El presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos, quizás calculando que si el régimen cae ellos serán los que más tengan que perder y por consiguiente harán lo máximo posible para preservar al régimen, y a su cabeza.

Las figuras más influyentes del régimen bolivariano llevan ahora el estigma del narcotráfico en diversos grados:

Diosdado Cabello se proclama ya como la segunda figura más influyente del régimen en Venezuela, ya como el titiritero, el poder detrás de Maduro. De cualquier forma, con su influencia en la designación de funcionarios en posiciones claves, en especial dentro del ejército, no es posible que no tenga conocimiento de la dinámica del narcotráfico en el país. Fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos hablaron sobre Cabello con InSight Crime bajo condición de anonimato.

“Mire, este tipo está metido hasta el cuello en todo tipo de actividades ilegales en Venezuela y estamos armando un caso contra él. Pero sabe cómo protegerse y mantener distancia del trabajo sucio”, señaló la fuente.

En mayo de 2015, el Wall Street Journal reveló que se estaba investigando a Cabello por narcotráfico y por ser jefe del cartel de los Soles. De eso han entregado evidencia, entre otros, Leasmy Salazar, quien trabajó como jefe de seguridad para Cabello. Él ha atestiguado que Cabello tiene un rol importante en el paso de narcóticos por Venezuela.Salazar con Cabello y el expresidente Chávez

Cabello de inmediato demandó al Wall Street Journal por difamación, pero su pretensión fue rechazada por un juzgado estadounidense en abril de este año. También se nombraba en el artículo a su hermano José David Cabello.

Sobre el papel, el segundo hombre más importante del gobierno es el vicepresidente Tareck El Aissami. A él también se lo ha acusado de actividades ilegales, incluyendo narcotráfico. Antes de ser vicepresidente, fue gobernador del estado de Aragua. InSight Crime estuvo recogiendo testimonios de sus nexos con el crimen organizado en esta estratégica provincia de la costa Caribe.

Unos de los cargos más importantes en términos de seguridad son los de Ministro de Relaciones Interiores y comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Ambos cargos los ha ocupado el Mayor General Néstor Reverol, quien ha sido imputado por narcotráfico en Estados Unidos. El pliego de cargos en su contra afirma que Reverol alertó a narcotraficantes de operativos contra ellos, obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcos arrestados y se aseguró de que se devolviera narcóticos incautados a los traficantes.

Cilia Flores, esposa del presidente Maduro y por tanto la Primera Dama, también se ha visto implicada en narcotráfico por asociación. No fue solo la condena de sus sobrinos por tráfico de cocaína en Estados Unidos; también su hijo, Walter Jacob Gavidia, juez del área metropolitana de Caracas, tiene una investigación en su contra. También ha resultado vinculada al caso del capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, piloto venezolano extraditado desde Colombia a Estados Unidos para responder por cargos de drogas. Este fue acusado de participar en más de cien narcovuelos del estado venezolano de Apure al Caribe durante la última década.

El desarrollo del Cartel de los Soles

Las estructuras narcotraficantes en el estado venezolano no son un cartel, sino una serie de redes muchas veces antagónicas enquistadas dentro del régimen chavista, con nexos que se remontan a casi dos décadas.

Venezuela siempre iba a tener un papel en el tráfico de drogas, dada su ubicación junto al principal productor mundial de cocaína, Colombia. Sin embargo, en un inicio eran los narcos colombianos quienes llevaban el negocio en Venezuela, y pagaban a oficiales del ejército en la frontera para que ignoraran el paso de cocaína por la frontera. Luego, lo inevitable: la corrupción se ahondó. En lugar de simplemente mirar hacia otro lado, narcos colombianos pidieron a elementos de la GNB que protegieran e incluso que transportaran cargamentos. Su función en la protección de fronteras, aeropuertos y puertos los hacían aliados perfectos para los traficantes.

Pero Colombia no estaba contenta con la sola exportación de cocaína a Venezuela. Para la década de 1990 también exportaba su conflicto civil; los ejércitos insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estableciéndose en los estados fronterizos de Venezuela. Ambos grupos llevan mucho tiempo implicados en el negocio de la droga y han desarrollado estrechos vínculos con funcionarios del gobierno venezolano, muchas veces con la venia del presidente Hugo Chávez. Archivos encontrados en el campamento del comandante de las FARC Luis Édgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, abatido en un bombardeo aéreo en Ecuador en marzo de 2008, revelaron los nombres de varios altos funcionarios del gobierno venezolano. Algunos de ellos se han visto implicados en actividades de narcotráfico; entre ellos están:

-Ramón Rodríguez Chacín, quien fue ministro del interior y de justicia en 2008, se reunió muchas veces con miembros de las FARC, quienes lo llamaban por el alias de “El Cojo”.

-Hugo Armando Carvajal Barrios (director de inteligencia militar) y Henry Rangel Silva (director de Servicios de Inteligencia y Prevención de la Policía, o DISIP) tenía contactos con el ejército insurgente. Ambos fueron sancionados posteriormente por “ayuda material en las actividades de tráfico de narcóticos de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), una organización narcoterrorista”.

-Freddy Bernal, exalcalde; Cliver Acalá Cordones, General de la Guardia Bolivariana, y Ramón Madriz Moreno, importante oficial de inteligencia; todos ellos se reunieron con jefes de las FARC y ayudaron a coordinar su seguridad cuando se encontraran en suelo venezolano. Bernal y su mano derecha, Amílcar de Jesús Figueroa, supuestamente ayudaron a coordinar con las FARC un adiestramiento para los Colectivos Bolivarianos en guerra urbana y explosivos.

Los nexos entre el cartel de los Soles y las FARC fueron decisivos en el desarrollo del narcotráfico en Venezuela. Aunque las FARC se desmovilizaron en 2017 después de la firma de un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, aún hay un creciente número de elementos disidentes en Venezuela, muy implicados en el tráfico de drogas. Se cree que estos elementos siguen trabajando con miembros del Cartel de los Soles.

Un momento clave en el fortalecimiento del narcotráfico en Venezuela se dio con la expulsión de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en 2005, después de que Chávez declarara que estaba “usando como máscara la lucha contra las drogas para, incluso, apoyar el narcotráfico y hacer inteligencia contra el gobierno [de Venezuela]”. Esto, combinado con la suspensión del acuerdo de sobrevuelo para monitoreo de narcovuelos, implicaba que Venezuela de pronto se convirtió en un hoyo negro para el acopio de inteligencia estadounidense en la lucha antinarcóticos. El crimen organizado estuvo presto a aprovechar esto, y las organizaciones narcotraficantes (ODT) incrementaron el uso de territorio venezolano.

También en 2005, la aprobación de una nueva ley (la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias) decretó que las investigaciones y operaciones antinarcóticos ya no serían competencia exclusiva de la Guardia Nacional Bolivariana, sino que incluirían a todas las demás ramas de las fuerzas armadas: el ejército, la marina y la fuerza aérea. El cartel de los Soles se extendió de pronto de la GNB a todas las ramas del ejército. Mildred Camero, zar antinarcóticos de Chávez en esa época, declaró a InSight Crime que fue en ese momento que los militares pasaron de ser facilitadores a participantes activos en el tráfico de drogas. Antes de la aprobación de la ley, el narcotráfico se limitaba en mucha medida a la Guardia Nacional, pero una vez se dio jurisdicción a todas las ramas del ejército “se desató una guerra”, según Camero. El Ejército y la Guardia Nacional comenzaron a competir entre ellos por las rutas y comenzaron a negociar directamente con las FARC en lugar de hacerlo con los narcotraficantes civiles colombianos.

Esto, junto con la presión internacional, llevó a la detención de varios grandes narcos colombianos en Venezuela durante 2011 y 2012. Estos arrestos profundizaron aún más la participación del cartel de los Soles en el negocio de las drogas. Entre los detenidos estaban Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, jefe de la organización criminal la “Oficina de Envigado”, capturado en noviembre de 2011; Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”, comandante paramilitar, quien durante mucho tiempo pasó narcóticos por los llanos orientales de Colombia hacia Venezuela, arrestado en febrero de 2012; Diego Pérez Henao, alias “Diego Rastrojo”, jefe militar de la ODT Los Rastrojos, capturado en junio de 2012; y luego Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco”, uno de los más prolíficos traficantes colombianos de cocaína, detenido en septiembre de 2012. Estos traficantes habían tenido protección de altos funcionarios venezolanos. Luego de sus capturas, el cartel de los Soles tomó el control de muchas de las rutas que los colombianos habían manejado, con lo cual pasaron de proteger los cargamentos a comprar y vender, y negociar directamente con compradores internacionales, entre los que se destacaban los carteles mexicanos.

Casos emblemáticos del cartel

La primera persona que habló con conocimiento desde dentro de la penetración del narcotráfico en el gobierno venezolano fue Walid Makled.

A finales de los noventa, Makled era uno de los narcotraficantes más poderosos de Venezuela. Su poder se derivaba de sus estrechos nexos con miembros del ejército venezolano, y su imperio criminal creció de manera exponencial durante los primeros años del gobierno de Chávez. Él controlaba el negocio del narcotráfico en el estado de Carabobo, que alberga el principal puerto venezolano, Puerto Cabello. Según la DEA, más del 70 por ciento de los narcóticos que se enviaban desde Colombia por medio de Venezuela se despachaban desde Puerto Cabello. Makled estaba conectado con el exgeneral de la Guardia Nacional, y por ese tiempo gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles. El general Alexis Maniero, quien era el jefe del 7o Comando Regional del Ejército en el estado de Sucre, expidió credenciales oficiales para Makled, quien lo consideraba un aliado valioso, según la zar antinarcóticos Mildred Camero.

En 2004, Makled perdió momentáneamente cuatro toneladas de cocaína en manos de la policía local de Valencia. Las drogas le fueron devueltas por Jesús Itriago, entonces jefe de la unidad antinarcóticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), luego de que Makled le pagara un millón de dólares, según documentos de la DEA a los que tuvo acceso El Nuevo Herald. Más adelante se abortó una investigación oficial en la legislatura del estado de Carabobo, cuando, según se dice, Makled también pagó a políticos claves para que abandonaran la indagación. Posteriormente Itriago fue promovido a jefe de la división antinarcóticos del CICPC.

En abril de 2006, se vinculó a Makled con 5,5 toneladas de cocaína halladas en 128 maletas de un avión que aterrizó en el sur de México (Ciudad del Carmen), tras despegar del aeropuerto de Maiquetia (actualmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) en las afueras de Caracas. El piloto del vuelo que quedó preso mencionó que la Guardia Nacional supervisó la carga y la salida del avión.

Los vínculos entre Makled, las FARC y el gobierno de Chávez se hicieron más evidentes luego de la detención de Makled en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, en agosto de 2010. En ese momento, Makled era probablemente el narcotraficante venezolano más poderoso de su país —su nombre se agregó a la Lista Clinton en 2009—. Su posición como operador entre las FARC y elementos corruptos de las fuerzas armadas venezolanas, entre otras, implicaba que probablemente sabía más de la mecánica de la corrupción y el narcotráfico en Venezuela que cualquier otra persona. En entrevistas con los medios luego de su arresto, Makled alegó “todos mis socios comerciales son generales”, y que había pagado hasta a 40 generales venezolanos como parte de sus actividades en el tráfico de drogas.

Los miembros de la milicia, en servicio o retirados, nombrados por Makled incluyeron al general del ejército Henry Rangel Silva (quien posteriormente fue nombrado ministro de defensa), el exdirector de Inteligencia del Ejército Hugo Carvajal, el general de la Guardia Nacional Bolivariana Dalal Burgos, y el excapitán Ramón Rodríguez Chacín, quien era en ese momento ministro del interior y de justicia. Makled declaró que solía pagar US$50.000 semanales a Carvajal por su ayuda y cooperación. Silva, Carvajal y Rodríguez ya habían sido sancionados por el Tesoro estadounidense por su implicación con las FARC y el narcotráfico.

Makled declaró que cada día salían hasta seis narcovuelos del estado fronterizo de Apure, con cocaína hacia Honduras, desde donde se embarcaba hacia México y se introducía a Estados Unidos. Insistía en que había laboratorios de drogas en Apure y Maracaibo, y que estaban “vigilados por el gobierno”. Aunque Makled admitió que no había tratado directamente con Chávez, dijo que sí había hablado con “parientes suyos muy cercanos” (se cree que se refería a Adán, hermano de Chávez), y también alegaba que había financiado una de las campañas de Chávez a la presidencia a cambio de concesiones en Puerto Cabello.

Actualmente, Makled permanece en los calabozos de la policía política (Sebin), al igual que muchos de los secretos sucios del régimen.

En septiembre de 2013, Francia realizó una de las mayores redadas de su historia a una operación de cocaína, y halló 1,3 toneladas de cocaína, empacadas en 31 maletas, a bordo de un avión de Air France que aterrizó en París. El vuelo había salido del aeropuerto de Caracas, fuertemente controlado por la Guardia Nacional. El escándalo internacional obligó a actuar al gobierno venezolano. Se realizaron 28 arrestos, entre ellos el de un teniente coronel y otros miembros de la Guardia Nacional. Con estas capturas, el gobierno venezolano interrumpió las investigaciones y no se hicieron intentos por seguir líneas de investigación que llevaran a figuras de mayor jerarquía.

En noviembre de 2016, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa de Maduro y primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron condenados por un tribunal de Nueva York por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a ese país.

Los sobrinos planeaban sacar la cocaína, suministrada por las FARC, del aeropuerto internacional de Caracas usando sus privilegios como miembros de la élite venezolana y su relación con el ejército. Volaron a Haití en noviembre de 2015, donde planeaban cerrar el negocio de drogas, pero fueron arrestados por la DEA. El avión lo pilotaban Pablo Urbano Pérez, oficial del Ejército, y Pedro Miguel Rodríguez, teniente coronel de la Fuerza Aérea Venezolana.

La evidencia de que uno de los sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores, planeaba poner algo de las ganancias del negocio con las drogas en la campaña política de su tía a la dirección de la Asamblea Nacional, indica que la Primera Dama no era ajena a las actividades de sus sobrinos y adónde llevaban su dinero.

El cartel hoy

El cartel de los Soles es hoy una red dispar de traficantes, que incluye actores estatales y no estatales, pero que operan en su totalidad con la venia y la protección de importantes figuras del gobierno venezolano. Sin esa fachada política clave, y el pago a las personas correctas, se detienen las operaciones de contrabando.

Con el país al borde de la bancarrota, la cleptocracia y el saqueo sistemático del erario público se han reducido. Simplemente no hay más dinero que robar del presupuesto gubernamental. Pero hay que mantener aceitadas las ruedas de la corrupción, especialmente dentro del ejército, que es el puntal que sostiene el gobierno de Maduro y que será quien corone al nuevo gobernante en cualquier cambio de régimen. InSight Crime cree que el narcotráfico es uno de los lubricantes principales de la corrupción en Venezuela actualmente, y que este atribulado país andino se está convirtiendo en uno de los principales centros del tráfico de cocaína en el mundo.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí