Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)
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Motivos, Condiciones Y Posibilidades Para Una Lucha Social Anticarcelaria
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
¡Leonard Peltier aún sigue preso! ¡46 años en la cárcel!
Comité de solidaridad con Leonard Peltier: https://cslpbarcelona.wordpress.com/
Hace ya algunos años (2014, 2015)hicimos un llamamiento a la solidaridad de la gente sensible para que que se pudiera reunir a un niño de 8 años que estaba en un centro de menores bajo la tutela de la Junta de Castilla León con sus padres que ambos estaban en prisión.El llamamiento era en especial para con su madre si como era humano se lo concedía la libertad condicional. Esa información la puedes encontrar AQUÍ
Años más tarde la trituradora que es la cárcel ha hecho el daño suficiente en el cuerpo del padre, Alberto Romero Varela, que se encuentra muy grave y sin tratamiento alguno y que incluso el cuerpo médico de esta prisión ha pedido su excarcelación. Nos hacemos eco del llamamiento a la solidaridad con él y tal cual lo reproducimos.
Alberto Romero Varela de 56 años de Cubillos del Sil, EI Bierzo (León), actualmente preso en el centro penitenciario de Teixeiro, se encuentra gravemente enfermo. El propio médico de esta cárcel de Teixeiro ha pedido la excarcelación de Alberto y supuestamente debería de estar en la Junta de tratamiento.
Alberto Romero Varela padece de Neoplasia de unión rectosigmoidea de carácter estenosante y tumor sincrónico (CE) de región orofaríngea (amigdalar) izquierda con metástasis ganglionar ipsilateral.
Tiene tres citas pendientes para consulta externa o prueba diagnostica en el hospital clínico universitario para las fechas 27/6/2022 a las 09:40, 1/07/2022 a las 11:00 y 13/07/2022 a las 17:35 y de las cuales nadie sabe nada en prisión.
Según las leyes penales (artículo 91 CP) y penitenciaria (artículos 104.4 y 196 RP), debería ser clasificado en tercer grado y puesto en libertad condicional, por tratarse de un «paciente muy grave con enfermedades incurables».
Considerando, al mismo tiempo, que la deficiente sanidad penitenciaria no posibilita que reciba un tratamiento médico-sanitario equivalente al que tendría derecho en la calle cualquier ciudadano o ciudadana, no llegaría a cumplir su condena que finalizaría en el 2024, falleciendo dentro de prisión.
Reclamamos su liberación para que pueda recibir tratamiento oncológico y unos cuidados médicos adecuados y, si tiene que morir, sea dignamente y rodeado de su familia.
Este fin de semana, los días 17, 18 y 19 de junio se llevará a cabo el Tattoo Circus Euskal Herria en el barrio libre de Errekaleor en Gasteiz. Unas jornadas en apoyo a las personas presas, con una posición anticarcelaria. En el programa de Hala Bedi Suelta La Olla, hablan con gente de la organización de esta edición de 2022 para saber más acerca del Tattoo Circus y de la programación de este fin de semana. A continuación, la entrevista y la programación.
¿POR QUÉ MUERE NUESTRA GENTE EN LAS CÁRCELES?
¿No será por la suma de tratos crueles, inhumanos y degradantes de todo tipo que se le hace sufrir en ellas cotidianamente?
Porque allí son habituales las torturas y malos tratos. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a sus víctimas. Se traslada arbitrariamente a la gente, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con la calle, imponiendo despóticamente su intervención y todo tipo de restricciones. El acceso a la cultura casi no existe. Se censuran las publicaciones «por motivos de seguridad». No existe libertad de expresión ni de asociación. La explotación laboral es enorme. Las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres.
La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmaceúticas iguales a las de cualquier ciudadano. Se abandona a los enfermos sin proporcionarles la medicación y los tratamientos que podrían salvarles. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos graves con padecimientos incurables más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide, yendo a parar muchos de ellos, por el contrario, al régimen de castigo, de donde han salido muertos unos cuantos. En las cárceles no existe psiquiatría ni psicoterapia que valga. Y no es que pensemos que la actividad corriente de los «profesonales de la salud mental» sea ninguna panacea, pero siempre será mejor que el aislamiento, las porras de goma, el gas pimienta o las sujecciones mecánicas.
No es extraño que casi la mitad de los puestos de trabajo médico-sanitario permanezcan vacantes: ¿quién va a querer trabajar en condiciones tan indignas? De los que tienen estómago suficiente, muchos médicos suelen hacerse cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resultantes. El tráfico de drogas ilegales está consentido, pero, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Se suministra metadona sin necesidad y con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, administradas por los mismos servicios médicos carcelarios. La mortalidad ‒muchas veces por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita»‒ es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y abundan los fallecimentos en circunstancias extrañas y dudosas, que nunca se aclaran, ya que no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de los presos, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.
Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Muchas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Hacemos un llamamiento a unirse a nosotras a todas las familias, amistades y vecindario de personas presas, y a toda persona sensible y respetuosa de la dignidad humana.
¡BASTA DE ABANDONO MÉDICO EN LAS PRISIONES!
¡NI UN MALTRATO, NI UNA MUERTE MÁS!
El primer fin de semana de junio (3, 4 y 5) tendrá lugar el 1º TATU CIRCUS VALÈNCIA en el CSOA l’Horta (c/Diógenes López Mechó, s/n). Charla, espectáculos, rifas, comidas, piercings, tatus y más… todo organitzado para financiar la lucha anticarcerlaia y para a imaginar más fácilmente un mundo sin cárceles, sin estado y sin ningún tipo de autoridat o dominación. El sábado, 4 de junio, por la mañana, la actividad consistirá en una caravana dirigida a la concentración frente a la cárcel de Picassent convocada por Familias Frente A La Crueldad Carcelaria y por la familia de Luis Acedo Sáez en el sexto aniversario de su muerte. ¡LA CÁRCEL MATA! ¡MUERTE A LA CÁRCEL!
MANIFIESTO
El Tattoo Circus nació en el año 2007 en Roma con la colaboración de diversos espacios ocupados que trabajan temas anticarcelarios.
Pensaron que sería interesante unir a personas que tatuaran, anillaran, tocaran música o hicieran circo para a través de estas actividades apoyar de alguna manera a las personas presas y a la vez apoyar la crítica radical a las prisiones y al sistema que las sostiene.
A lo largo de los años se ha repetido esta experiencia tanto en Italia como en otras ciudades europeas y latinoamericanas, llegando el primero Tatu Circus a Valencia este año.
El Tattoo Circus es un encuentro anual enfocado en la obtención de dinero para el apoyo a las personas presas o a proyectos antidrepresivos mediante la realización de tatuajes, piercings, escarificaciones, peluquería, uñas o cualquier otra forma de modificación corporal, así como charlas, comedores veganos, conciertos, exposiciones y talleres que acompañen de un contenido político esta actividad. Todo el dinero siempre va íntegramente a la lucha pro-preses, tanto en financiación de proyectos de este tipo, apoyo a compañeras encarceladas y fugadas, multas provenientes de luchas, etc. Toda la organización del Tattoo Circus es asamblearia y horizontal. Nadie recibe ningún tipo de remuneración por nada. Se apela a la solidaridad y a la colaboración de quien se decida a implicarse. El sentido del encuentro no gira en torno al tatuaje ni a los piercings. Su base es la lucha contra la cárcel y contra la represión. No gira en torno a la estética, sino que su motor y finalidad es ser una actividad en pro de la solidaridad revolucionaria.
Todos los beneficios del Tatu Circus València irán destinados a la lucha contra la cárcel: ya sea pagar abogades, para tema antirrepresitvo o directamente a las personas presas. Queremos un mundo sin cárceles y sin justicia punitivista; por tanto, queremos destruir todas las condiciones estructurales y específicas que hacen necesaria esta forma industrial de control social que es la cárcel. Muerte al estado y a toda forma de opresión.
Organizamos este evento sin la venta de alcohol porque queremos poner una línea roja a la forma de hacer en general nuestra militancia y concretamente de cómo queremos financiar la lucha anticarcelaria. En un contexto en el que la mayor parte de la gente encarcelada lo está por cuestiones que tienen que ver con la droga, no vemos ningún sentido a sacar beneficios de la venta de alcohol, además de otros motivos como que el consumo de alcohol sirva de pretexto para generar comportamientos abusivos y de mierda en general, o que el horario del evento no sea el más nocturno para la venta masiva de estas bebidas, y finalmente para evidenciar que estamos en un espacio político en el que necesitamos de toda nuestra capacidad física y mental para afrontar las opresiones de nuestra vida diaria. Como oferta alternativa, ofrecemos una buena carta de infusiones y zumos para el disfrute de la gente.
Finalmente, en este espacio queremos remarcar la necesidad de generar un espacio más seguro, sin comportamientos machistas y de odio a las personas trans, a las putas y a la gente LGTBI. Sabemos que aunque digamos que son nuestros espacios, muchas veces predomina la presencia masculina en los espacios y roles de poder, con dinámicas propias del cisheteropatriarcado, bastante difíciles de romper. Necesitamos espacios públicos donde las compañeras, mujeres, trans, no binarias, putas, maricas y bolleras puedan tener voz y ser también protagonistas políticas en la vida diaria y en la lucha contra la dominación.
Jean-Marc Rouillan, fue miembro en los años 70 primero del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación) [1], después de los GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internaconalista) [2] y más tarde de otros grupos autónomos. Estuvo preso en total más de 28 años, los últimos veinticinco por acciones realizadas como miembro de Action Directe, organización que hizo su aparición reivindicando el ametrallamiento de la sede central de la patronal francesa el 1 de mayo de 1979 y que se había formado al decidir algunos individuos y grupos autónomos participantes en las luchas del proletariado salvaje durante la década anterior coordinarse bajo unas siglas permanentes en una estrategia común a largo plazo. Mediante acciones armadas simbólicas, intentaron enfrentarse a la reestructuración capitalista que se iniciaba entonces, señalar sus puntos neurálgicos, poner de manifiesto sus principales líneas de fuerza, atacando, por ejemplo, en momentos clave, las sedes patronales, los ministerios de trabajo, comercio o sanidad, las oficinas de extranjería, del paro o de gestión urbanística, los bancos y empresas de armamento, inmobiliarias o de trabajo temporal, los bancos de datos informáticos, los comercios de artículos de lujo, las sedes del FMI o del Banco Mundial, de la UE, de INTERPOL o de la OTAN, atentando contra confidentes y policías, militares traficantes de armas, un dirigente empresarial responsable de miles de despidos…
En una primera etapa, actuaron casi siempre en estrecho contacto con luchas sociales concretas. A principios del 81, al iniciarse la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas a las que se presentaba una coalición de la izquierda liderada por François Mitterrrand, el número de presos de AD había crecido mucho. Durante la campaña y en la primera etapa de mandato de aquél, la gente de AD decidió abandonar temporalmente las acciones armadas limitándose a apoyar las luchas de los presos por su libertad, las cuales se resolvieron con una amnistía del gobierno. A partir de ahí, actuaron durante un tiempo a la luz del día, participando abiertamente en las luchas sociales. Incluso mantenían una sede pública en una casa ocupada del barrio de Barbès. Muchos de sus integrantes decidieron abandonar el proyecto por no considerarlo ya necesario en la nueva situación. Entre los que quisieron seguir hubo varias escisiones. Aunque se mantuvieron las siglas, la organización resultó bastante disminuida numéricamente. Cuando el Estado volvió a declararla ilegal, y a medida que se iban debilitando las luchas sociales, la línea de acción fue cambiando cada vez más en una dirección «antiimperialista», y de especialización en la lucha armada. Finalmente se aliaron con la RAF alemana y otras «organizaciones de guerrilla» de corte leninista y los atentados se dirigieron mayoritariamente contra el «complejo militar-industrial» occidental, aunque sin olvidar la denuncia de la reestructuración capitalista. La última acción fue la muerte del director general de la Renault, un especialista en «reestructuraciones de plantilla», responsable de unos 50.000 despidos, en noviembre del 86.
Jean-Marc tiene ahora 70 años y vive exclusivame de la pensión mínima de vejez. Fue preso en febrero de 1987 por las acciones de AD y le condenaron a dos cadenas perpetuas, que estuvo cumpliendo en duras condiciones de encierro durante veinte años, hasta que en diciembre de 2007 le pusieron en régimen de semilibertad, una especie de tercer grado, sometido a condiciones como la de “abstenerse de cualquier intervención pública relativa a la infracción cometida”. Pero el Estado francés o sus poderes judicial y policial se han empeñado en ensañarse con él, intentando una y otra vez devolverle a lo más profundo de la cárcel. El 2 de octubre de 2008, le fue retirada la semilibertad por insinuar en una entrevista de prensa que no estaba arrepentido de sus acciones Durante el año 2009, estuvo ingresado en un hospital y se le diagnosticó una rara enfermedad autoinmune que no se podía tratar en prisión. Sus abogados solicitaron su libertad condicional y el juez antiterrorista encargado se pronunció a favor, el 16 de febrero de 2011, de ponerle en semilibertad desde el 7 de marzo, pero ese mismo día el ministerio fiscal recurrió en apelación, oponiéndose.
Finalmente, cuando ya llevaba más de 24 años en la cárcel y no sin que la fiscalía se opusiera una vez más, el tribunal de aplicación de penas de París acordó nuevamente su semilibertad a partir del 19 de mayo de 2011, trabajando y durmiendo en la calle, controlado por pulsera electrónica. Pasado un año en esta situación sin ningún incidente o incumplimiento de las condiciones impuestas tendría derecho a la condicional. Un año después, el viernes 18 de mayo de 2012 por la mañana, Jean Marc Rouillan logró la libertad condicional. El martes había sido rechazada la apelación de la fiscalía contra la decisión correspondiente del Tribunal de aplicación de penas de París. Llevaba un año en régimen de semilibertad, en la calle, pero sin poder moverse de Marsella donde trabajaba en la editorial Agone, controlado con una pulsera electrónica. Ahora tendría que someterse todavía durante seis años a numerosas medidas de control: no prodría, por ejemplo, salir del departamento de Bouches-du-Rhône, ni decir o publicar nada sobre los hechos que le llevaron a la cárcel; se vería obligado, además, a trabajar y tendría que entregar una parte de su salario mensual a las familias de Georges Besse y del general Audran por cuyas muertes fue condenado.
Entre 2016 y 2018, el Tribunal de Apelación de París lo condenó a 18 meses de prisión por «apología del terrorismo», por unas declaraciones en una entrevista concedida a Le Ravi el 23 de febrero del 2016, donde habló del valor de los autores de los atentados de París contra Charlie Hebdo y el Hyper Cacher: “Lucharon valientemente. Lucharon en las calles de París, sabían que había 2.000 o 3.000 policías. A menudo ni siquiera preparan sus salidas porque piensan que serán asesinados antes de que terminen la operación. Los hermanos Kouachi, cuando estaban en la imprenta, lucharon hasta la última bala. Podemos decir que estamos en contra de sus ideas reaccionarias, que podemos hablar de muchas cosas en su contra, diciendo que fue una tontería hacerlo, pero no podemos decir que son niñxs o cobardes». Fue juzgado el 24 de junio de 2016 y condenado el 7 de septiembre a ocho meses de prisión. Pero la fiscalía apeló una vez más y en mayo de 2017 el veredicto del tribunal fué aún más severo que en primera instancia: 18 meses de prisión condicional, junto con una multa de 1.000 euros para la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo (AFVT) y la prohibición de comentar el caso en público.
Habiendo estado primero varios meses en arresto domiciliario y después unos cuantos más en estricta libertad condicional, el final del cumplimiento de esa condena estaba previsto para el 2 de junio próximo. Pero, hace seis días, la oficina de la libertad condicional les anunció a él y a sus abogados que había sido juzgado en septiembre de 2017, sin notificárselo, sin su presencia y sin la de su defensa. Fue condenado a pagar 18.000 euros a las «víctimas» de sus manifestaciones. Tampoco se dignaron advertirle de su condena. Ni siquiera el propio agente de libertad condicional, con el que está obligado a reunirse cada mes, estaba al corriente. Así que hace cinco días se le conminó a pagar 18.000 euros antes del 2 de junio. La fiscal antiterrorista ya ha solicitado su encarcelamiento. Esta «sorpresa» judicial es la última maniobra del Estado francés y de su justicia antiterrorista para ejercer su venganza perpetua. En noviembre de 2020, la fiscal que pide hoy su encarcelamiento, le dijo: «Te enviaremos de regreso allí de donde nunca debiste haber salido». O sea, otra vuelta de tuerca en el ensañamiento judicial que sufre Jean-Marc Rouillan desde su condena en 1987, víctima de un Estado dispuesto a hacerle volver a la cárcel con cualquier pretexto. Lo que el Estado le hace pagar es no haber renegado nunca de sus ideas revolucionarias, así como de su actividad literaria y política, que no ha abandonado a pesar de años de «tortura blanca» tras las rejas.
Notas:
[1] El MIL fue el producto efímero (de enero del 71 a agosto del 73) del acuerdo de personas y grupos de diferentes procedencias en apoyar los intentos de autoorganización del proletariado contra la manipulación dirigista de los burócratas cristianos, leninistas y demócratas que luchaban por el poder dentro de las Comisiones Obreras de entonces, que habían surgido unos años antes, como espontáneos comités de huelga, extendiéndose rápidamente por todo el territorio industrial, y cayendo finalmente bajo la hegemonía del PCE. Los estalinistas propugnaban ya la «Reconciliación Nacional» con el régimen franquista, la colaboración con sus estructuras sindicales, con vistas a su posible democratización, y la negociación con los sectores liberales de la burguesía necesitada, para sus proyectos de modernización económica y social, de «fuerzas políticas y sindicales progresistas» que integraran en ellos a la clase obrera. La línea del resto de las organizaciones izquierdistas sólo se diferenciaba en que soñaban con sustituir al PCE en la dirección mientras le seguían el juego. Frente a todo eso, los Grupos Autónomos de Combate, que utilizaron a veces la sigla MIL, o 1000, se propusieron contribuir al fortalecimiento de una corriente obrera autónoma y anticapitalista difundiendo textos antiguos y actuales en defensa de una concepción de la revolución comunista como insurrección general del proletariado autoorganizado. Y también por medio de la agitación armada (consistente, en su caso, principalmente en expropiaciones de dinero y de material de impresión), que había de servir «como expresión de ira por la cotidianidad humillada del proletariado»; para autofinanciarse y apoyar económicamente las luchas autónomas y la agitación teórica en su defensa; y para demostrar que «el nivel de violencia con el que se puede, y por lo tanto se debe, responder a la violencia capitalista es mucho mayor de lo que comúnmente se cree». Quisieron practicar, contra todo militarismo o vanguardismo, «el terrorismo mediante la palabra y el acto contra el capital y sus fieles guardianes, sean de derechas o de izquierdas». Para ellos la democracia era, como la dictadura, una forma de la dominación capitalista y los partidos llamados obreros y sus sindicatos, «la izquierda del programa político del Capital». Cuando, poco después de su autodisolución, cayeron presos la mayor parte de los miembros –entre los que estaba Salvador Puig Antich, posteriormente condenado a muerte por el régimen franquista–, fueron abandonados por los mismos «demócratas» que ahora quieren ensuciar su memoria dándoles el mismo título de «antifranquistas» que, fanfarroneando, se dan a sí mismos.
[2] La verdadera solidaridad con los presos, fue practicada, sobre todo en forma de atentados, manifestaciones violentas y alguna huelga salvaje, por algunos incontrolados, los cuales, a raíz de la condena a muerte y posterior asesinato de Salvador, respondieron al llamamiento lanzado un poco antes por el GAC Septiembre 73, que agrupaba a los antiguos miembros del autodisuelto MIL ahora presos, en el sentido de que «la intensificación de la lucha por la destrucción del sistema que engendra la represión es la mejor manera de desarrollar la solidaridad revolucionaria con los represaliados». Hasta que cayeron presos algunos de los participantes, sólo se supo de ellos por sus actos, pues nunca utilizaron unas siglas fijas ni se pudo percibir ninguna estructura permanente en su manera de organizarse: se coordinaban sencillamente en y por la práctica. Y, de hecho, la mayor parte de sus acciones no las reivindicó nadie: se entendían por sí mismas y por el contexto. Todo lo cual recuerda también otra propuesta del MIL: «la organización es la organización de tareas». La policía y la prensa, íntegramente adicta al régimen de dominación, más o menos como hoy en día, llamaron OLLA (Organització de LLuita Armada) a algunos detenidos, en un intento de aparentar que se había desarticulado una organización, supuestamente responsable de una parte de esas acciones. Además de en el territorio del Estado español, hubo acciones de ese tipo en Francia (donde, por ejemplo, fueron volados con explosivos varios puentes y otras vías de comunicación con España), en Suiza, Bélgica y otros países. Posteriormente, una coordinación de grupos autónomos utilizó las siglas GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista) para reivindicar una serie de acciones realizadas en territorio francés y belga entre mayo y agosto del 74, en solidaridad con los presos del MIL. Por ejemplo: secuestro del director del Banco de Bilbao en París, atentado contra los autobuses de los peregrinos españoles a Lourdes, sabotajes contra el tour de Francia, atentados contra representaciones diplomáticas españolas, contra oficinas de Iberia, trenes y autobuses con destino a España, puestos fronterizos, etc. Otros grupos autónomos continuaron realizando después con parecido estilo acciones de solidaridad a ambos lados de los Pirineos.
Luis Manuel Acedo Sáenz llevaba dos años cumpliendo condena en la cárcel de Picassent. Trabajaba en talleres para mantener a su hijo y hacía deporte, intentando llevar una vida activa y positiva que le permitiera salir de la cárcel con la mayor integridad posible. Pero un mal día empezó a sentirse demasiado cansado para mantener el ritmo de vida que había decidido adoptar. Poco después, le salieron unos bultos de los que en la enfermería de la cárcel no supieron decirle qué eran ni darle ningún remedio eficaz. Enseguida empezaron los dolores en el abdomen; “me duele por dentro”, decía. Iba a la enfermería todas la semanas, pero el médico carcelero ni sabía lo que tenía ni se dignó enviarle al hospital de la calle para que le hicieran ningún tipo de prueba. Se limitó a dar palos de ciego con diversos analgésicos y antiinflamatorios, que no paliaron ni poco ni mucho ni nada los terribles dolores que estaba sufriendo Luis.
En poco tiempo, debido al dolor y al cansancio, fue bajando el ritmo en el gimnasio hasta que tuvo que dejarlo definitivamente. Pronto tuvo que dejar también el trabajo. Le dieron una baja de cuatro días y, después, sin más, lo echaron al patio definitivamente. Iba perdiendo peso, mientras el dolor se hacía cada día más fuerte y continuo. Y así pasó dos meses, tirado en el patio, bajo la mirada indiferente o despectiva de los responsables, sin diagnóstico ni tratamiento adecuados para el cáncer de páncreas con metástasis en el hígado que padecía. Seguía visitando la enfermería y pidiendo inútilmente ayuda a quienes estaban legalmente obligados a cuidarle. Mandó dos cartas a los responsables rogando por su vida, a las que ellos no hicieron ningún caso.
Cuando, bajo la presión de la madre de Luis, alarmada por el estado en que veía a su hijo, decidieron sacarle al hospital para hacerle las pruebas correspondientes, ya era demasiado tarde. Aún tuvo que aguantar algún tiempo en la situación miserable que hemos descrito, hasta que, una vez fue seguro que no tenía salvación, siguiendo la inhumana política al respecto de la SGIP, decidieron excarcelarle para que muriera fuera. Eso sucedió a mediados de agosto de 2016, después de un corto tratamiento que solamente alcanzó a paliar un poco los terribles dolores, pues ya no se podía hacer nada más. No le habían dejado ninguna otra opción que el abandono, el dolor y la muerte.
De eso va a hacer seis años, durante los cuales no ha mejorado la situación en las cárceles nI en el aspecto médico-sanitario ni en nigún otro, y la gente presa sigue muriendo, algunxs por enfermedad, ya que no excarcelan a lxs enfermxs graves y ancianos como sería legal; otrxs por supuesta sobredosis, pues el tráfico de drogas ilegales está consentido en las cárceles y se reparten sin control médico las drogas legales y la metadona como si fueran golosinas; otrxs suicidados, ya que la existencia en prisión quita las ganas de vivir de múltiples maneras, la salud mental es difícil de mantener y a quienes la pierden o entraron ya sin ella se les castiga en lugar de cuidarlos; otrxs mueren en extrañas circunstancias en medio de la impunidad de la que gozan los carceleros torturadores o en el régimen destructivo de aislamiento y privación de todo vigente. Los familiares de la gente fallecida continúan siendo maltratados por las administraciones judicial y penitenciaria que les ocultan información y dificultan enormente la investigación de las circunstancias que se debería realizar de oficio y se sustituye por rutina burocrática y oscurantismo.
Lo que aprenden en carne propia las familias de la gente presa, si no lo sabían ya, es que las cárceles no deberían existir y que, mientras sus seres queridos estén en poder del sistema punitivo, peligra su vida y su integridad, por eso la familia de Luis, con sus compañeras de la asociación de familiares y amigxs de gente presa Familias Frente A la Crueldad Carcelaria, se mantiene en lucha contra ellas y por la defensa de la gente presa y convocan por sexto año una concentración frente a la horrible macrocárcel de Picassent (Valencia).
MÁS INFORMACIÓN EN TOKATA:
Dejamos la intervención de Libertad Francés (Salhaketa Nafarroa) sobre salud y sanidad penitenciaria dentro de una mesa redonda titulada «Salud: acceso y cobertura universal ¿para todas?» organizada por Red Navarra de Lucha contra la Pobreza Y Exclusión Social. La charla se divide en dos partes. La primera toca los aspectos más genéricos de la falta de acceso a la sanidad y la segunda está más centrada en la cárcel de Pamplona ya que Navarra ya tiene asumidas las competencias en materia de sanidad en el ámbito penitenciario.