Una de las pediatras que atendió a niños inmigrantes describe un patrón de brechas en la atención médica proporcionada en los albergues

En un hogar grupal deteriorado y pintado de verde, en el sur de Nueva Jersey, Yosary se debilitaba cada vez más. Se sentía cansada todo el tiempo, y, a veces, al levantarse por las mañanas, se mareaba tanto que tenía que volverse a acostar. Luego le comenzaron a salir moretones por todo el cuerpo. Se le antojaba el hielo, el cual se comía a mordidas cada vez que lograba obtener un vaso lleno de cubitos.

Durante meses esta chica delgada de 15 años de edad que había huido de Honduras con su pequeño de dos años, informaba al personal del albergue acerca de sus síntomas. Pero ellos no tomaron en serio sus súplicas de ayuda, diciéndole que se mareaba por haberse puesto de pie rápidamente. ¿Y los moretones? Probablemente se había golpeado con algo y no se acordaba. Masticar hielo era un mal hábito que tendría que romper.

Cuando por la llevaron a una de las pediatras del albergue el pasado verano, Yosary estaba en un estado tan grave que tuvieron que internarla en un hospital de la localidad y conectarle infusiones intravenosas. La pediatra, Elana Levites-Agababa, reconoció los signos obvios de una anemia grave que podría haberle provocado hasta insuficiencia cardíaca y daños a otros órganos, si no se hubiese tratado. El personal debería haber sabido lo que estaba sucediendo, ya que los antecedentes de anemia de la adolescente estaban documentados en el expediente del albergue.

“Me sentí devastada por la atención que recibió”, comentó Levites-Agababa. “Es muy probable que se hubiera podido prevenir su hospitalización si la hubieran traído cuando comenzó a indicar que necesitaba ver a un médico”.

Levites-Agababa, pediatra de CAMcare, consideró que ese fue otro lapso alarmante. Durante meses ella había notado la actitud de descuido en cuanto a las necesidades médicas de los niños de los albergues para menores inmigrantes sufragados por el gobierno federal y administrados por el Centro para Servicios Familiares (Center for Family Services - CFS), organización sin fines de lucro basada en Camden, Nueva Jersey. Fue por eso que decidió revisar los expedientes de los noventa pacientes del CFS que habían sido atendidos en el centro de salud comunitaria.

Comentó, por ejemplo, que los menores, que incluyeron bebés, habían acudido al mismo hasta diez semanas tarde para ser vacunados, lo cual aumentó sus riesgos de contraer enfermedades infecciosas. Hubo una serie inusual de faltas a consultas y cancelaciones, aunque casi todas clínicas del centro de salud se encuentran a menos de media hora de los albergues. Y comenzó a ser rutina que estos no programaran las consultas de seguimiento ordenadas después de una visita a la sala de emergencias, hospitalización o admisión a instituciones psiquiátricas.

La doctora informó sus hallazgos a CAMcare, organización contratada por CFS para brindar atención médica a menores inmigrantes, muchos de ellos en Estados Unidos por haber cruzado la frontera con México para pedir asilo. Sin embargo, y conforme pasaron los meses sin que mejorara la situación, Levites-Agababa comenzó a inquietarse aún más y presentó quejas a principios de este año ante la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados y las autoridades de Nueva Jersey, ambas entidades encargadas de reglamentar por separado los albergues de ese estado.

Mientras que esperaba respuesta, Levites-Agababa dijo que el consultorio médico recibió una solicitud nueva y preocupante: CFS quería autorización médica para restringir físicamente a los menores bajo su cuidado.

“No se sienten obligados a proporcionar atención adecuada para estos niños ni a seguir ninguna recomendación dictada por un proveedor de atención médica”, dijo Levites-Agababa, quien ha trabajado en CAMcare desde 2015. “Y eso lo han demostrado una y otra vez al grado de que es algo que interfiere con nuestra capacidad para practicar la medicina”.

CFS negó haber hecho nada mal, además de rehusarse a contestar preguntas específicas.

“El objetivo principal del programa es la seguridad y el bienestar de todos los niños bajo nuestro cuidado”, dijo por correo electrónico Eileen Henderson, Directora de Operaciones. “CFS sigue trabajando con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y nuestros proveedores de atención médica, con el fin de asegurar que los niños reciban el tratamiento médico adecuado de acuerdo con las instrucciones que recibimos de la misma (ORR).”

El cuidado de los menores inmigrantes custodiados por los EE. UU. durante el año pasado, ha sido escudriñado intensamente en vista de los miles de alegatos de abuso sexual y los reportajes sobre el enriquecimiento de algunas instituciones sin fines de lucro; cosas que han ventilado dudas acerca de la capacidad del gobierno federal para monitorear su red de aproximadamente cien albergues.

Ahora, una nueva oleada de familias y menores no acompañados en la frontera está retando al sistema de manera nunca vista. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. ya tenía dificultades para encontrar lugares nuevos donde hospedar a niños inmigrantes cuando las políticas de la administración del Presidente Donald Trump hicieron que hubiera más niños detenidos por más tiempo. Con el despido reciente de los funcionarios principales de inmigración del Presidente, se espera que Trump establezca políticas aún más severas y hasta un esfuerzo más activo para separar a menores de sus familias.

A finales de febrero había 13,500 niños en albergues, cinco y pico veces más que hace dos años. El pasado miércoles Trump solicitó fondos adicionales del Congreso para casi duplicar el cupo de camas.

La atención médica de estos recién llegados se convirtió en punto de enfoque el pasado diciembre, cuando dos pequeños enfermos murieron estando bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerca de la frontera. Sin embargo, y a diferencia de esos niños, Yosary (quien pidió que solo se usara su primer nombre), fue desarrollando sus síntomas mucho después de haber cruzado al país. Ella y otros menores revisados por Levites-Agababa se encontraban en un lugar supuestamente seguro, bajo el cuidado de personal capacitado para atender a menores y a reconocer síntomas de salud bajo supervisión de agencias federales y estatales a cargo de servicios médicos y sociales.

La ORR declinó nuestra solicitud para entrevistar a su personal médico. La agencia dijo que, después de investigar la queja presentada por Levites-Agababa, había suspendido provisionalmente la recepción de niños de parte del CFS hasta que se abordaran los problemas. No mencionaron cuándo entró en efecto la suspensión, cuánto tiempo duró, o lo que CFS hizo para resolver las problemáticas.

La ORR tampoco mencionó cuántas quejas había recibido relacionadas con la atención médica, aunque sí dijo que “los médicos y las enfermeras que tienen inquietudes relativas a la salud, a menudo se comunican” con su personal para plantearlas y resolverlas.

Los lapsos documentados por Levites-Agababa plantean preguntas críticas acerca del rompecabezas de reglamentos estatales de los cuales depende la ORR para monitorear los albergues, mismos que van desde hogares colectivos pequeños, hasta instalaciones con dos mil camas ubicadas en poblados pequeños y localidades remotas. El pasado martes un chico de 16 años murió poco después de llegar a un albergue de la ORR en Texas.

Las preocupaciones de Levites-Agababa fueron substanciadas recientemente por las autoridades regentes de Nueva Jersey quienes encontraron fallas numerosas en la atención de niños inmigrantes proporcionada por CFS. Aun con las faltas de cumplimiento, la agencia estatal no tiene capacidad para imponerle multas al operador del albergue ni para retirarle a los menores bajo su cuidado.

Levites-Agababa comentó que teme que podría ser despedida por hablar del tema, pero que aceptó hacerlo públicamente con la esperanza de enfocar algo de atención hacia el cuidado de estos menores en los albergues.

CAMcare no devolvió nuestras llamadas con las que pedimos comentarios.

En virtud de que queda estrictamente limitado obtener expedientes médicos de estos menores, también resulta difícil saber si los problemas que informó Levites-Agababa son únicos o más bien emblemáticos de problemáticas más extensas. En una evaluación hecha el año pasado acerca del Centro de Detención Juvenil del Condado de Yolo en California, se encontraron problemas similares con el acceso a atención médica de parte de los adolescentes inmigrantes, los cuales incluyeron “falta de seguimiento de lesiones graves” y largas esperas para atender urgencias médicas.

La inquietud relacionada con estos lapsos ha hecho que el Inspector General del HHS lleve a cabo una revisión nacional de la atención médica y de salud mental que se está proporcionando en los albergues de menores.

La Academia Americana de Pediatría declaró una seria preocupación acerca de las consecuencias de salud mental relacionadas con detener a menores, resaltando que aun los periodos cortos pueden ocasionar traumas psicológicos y grabar consecuencias de por vida. La AAP no considera que los albergues sean un tipo de detención y el enunciado sobre sus políticas no plantea el impacto de una estadía de largo plazo en albergues de la ORR. Los albergues fueron diseñados como alternativas basadas en la comunidad en lugar de reclusorios, aunque actualmente los menores permanecen en estos durante más tiempo.

Levites-Agababa dijo que su experiencia ha hecho que crea que los pediatras deben adoptar una postura más firme, comparándolos con la época en la que los médicos se rehusaron a dar inyecciones letales cuando decidieron que su papel para aliviar el sufrimiento tenía más peso que el daño ocasionado por asistir en la ejecución de un reo. Levites-Agababa agregó que también considera que brindar atención médica a menores inmigrantes no sobrepasa los efectos traumáticos de estar detenido en un albergue.

“Nos están utilizando como sello oficial médico para justificar el mantenerlos detenidos”, dijo. “Y, cuando participamos sin objetar, permitimos que continúe la detención de miles y miles de niños y niñas”.

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Los encargados de monitorear el cuidado de menores inmigrantes en los albergues, y la eficacia de esa supervisión, dependen mucho de los lugares donde terminen estos niños.

Todos los albergues deben seguir las reglas de la ORR, pero la agencia depende bastante de los estados cuando se trata de otorgar licencias a las instituciones y garantizar la seguridad de los menores. Por ende existe un conjunto desorganizado de normas.

En Texas, los albergues se consideran centros residenciales de cuidado de menores y deben seguir reglamentos estrictos establecidos por funcionarios de bienestar infantil. En Arizona, los albergues se consideran instituciones de salud mental, con un conjunto más limitado de reglas que obstruyen las inspecciones del estado.

En Nueva Jersey, los funcionarios de bienestar infantil que normalmente supervisan instalaciones con niños, están impedidos por la ley para inspeccionar los albergues de menores inmigrantes en virtud de que estos no son sufragados por el estado, dijo Tammori Petty, vocera del Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey.

En su lugar, las instalaciones de la ORR tienen licencia para operar como albergues de emergencia para indigentes y son inspeccionados por la Oficina de Normas de Alojamiento Provisional del Departamento. Las reglas permiten que los niños vivan en los albergues siempre y cuando sean parte de una familia. En el caso de los niños inmigrantes, dijo Petty, el departamento decidió que la ORR calificó debido a que ofrece cuidado bajo custodia para menores.

La restricción burocrática presenta una yuxtaposición interesante. Los albergues del CFS para menores inmigrantes, los cuales no pueden ser supervisados por funcionarios de bienestar infantil, se conocen como el Programa “Juntos”, así en español. Para contrastar, el programa del centro para atender crisis de adolescentes estadounidenses, llamado simplemente albergue Together (juntos en inglés), queda reglamentado por la agencia estatal de bienestar infantil.

“Me preocupa la falta de supervisión estatal; el hecho de que estos albergues no reciban licencia de cualquier organismo estatal dedicado a supervisar el cuidado infantil”, dijo Farrin Anello, abogado principal de la American Civil Liberties Union (Unión Americana de los Derechos Civiles) de Nueva Jersey.

De conformidad con un acuerdo emitido por un tribunal federal, los albergues tienen el requisito de proporcionar atención médica de rutina y servicios de emergencia que incluyan chequeos médicos, vacunas y pruebas de detección de enfermedades infecciosas dentro de un periodo de 48 horas posteriores a la admisión.

Las normas de la ORR también exigen que el personal de los mismos observe a los niños para detectar señales de enfermedad y que reaccionen a peticiones de atención médica regulares (no de emergencia) dentro de 24 a 48 horas. Los albergues deben notificar a la ORR acerca de una visita a la sala de emergencias dentro de las siguientes cuatro horas, además de revisar las instrucciones de dada de alta y seguir las recomendaciones de tratamiento giradas por los médicos.

No obstante, y aunque la ORR tenga poder para retirar a los menores de los albergues y recortar fondos, también carece desesperadamente de plazas y cualquier reducción de cupo crearía una crisis. Quienes abogan por los niños han dicho que estas prioridades conflictivas son el motivo por el cual es importante la supervisión.

La atención que se brinda en los albergues se ha hecho cada vez más crítica conforme evoluciona su función. Originalmente, estos se vieron como estaciones provisionales donde se alojarían los menores mientras el gobierno ubicara y verificara a los familiares que los cuidarían mientras se evaluaran sus casos de asilo. Sin embargo, el otoño pasado ya durante la administración de Trump, el promedio de la estadía subió a tres meses.

Los albergues de Nueva Jersey habían existido casi sin conocerse aun cuando la crisis de separación de familias del verano pasado enfocó la atención del público en la red de instalaciones gubernamentales que ha recibido $5 miles de millones de dólares desde que comenzó a aumentar la cantidad de niñas y niños no acompañados que entraron al país a partir de 2014.

CFS, dedicado a proporcionar servicios sociales en Camden y el sur de Nueva Jersey durante casi cien años, abrió su primer albergue para menores no acompañados en 2017. Desde esa fecha ha recibido casi $11 millones de dólares en fondos federales. Un hogar grupal en la parte trasera de una iglesia en Burlington acoge a veinte menores de 13 a 17 años de edad. Otro en Woodbury fue asignado para un grupo de hasta diez madres adolescentes que cruzaron la frontera con sus hijos. El programa recibió autorización reciente para abrir un tercer albergue cerca de Atlantic City este año.

Una evaluación de los archivos de inspecciones muestra que antes de la queja presentada por Levites-Agababa, la Oficina de Normas de Alojamiento y Vivienda Provisional había emitido infracciones por faltas menores de cumplimiento en los albergues; cosas como un inodoro suelto, una ducha que necesitaba compostura, recordatorios para llevar a cabo ensayos mensuales de evacuación para casos de emergencias. En una ocasión durante el otoño, también emitió una infracción para el CFS por operar su albergue en Burlington con una licencia y un certificado de incendios vencidos. Sin embargo, el Departamento de Asuntos Comunitarios mencionó posteriormente que, básicamente, la oficina no había enviado la licencia a tiempo para la inspección.

Las reglas de Nueva Jersey que rigen los albergues de emergencia para indigentes contienen poco en relación con el bienestar infantil. Los albergues deben ofrecer tres comidas diarias, expedir recomendaciones para atención médica de los residentes, informar acerca del abuso de menores al Departamento de Menores y Familias, y contar con una “cantidad suficiente” pero no identificada “de personal competente” en las instalaciones, para supervisarlas.

Los informes de policía obtenidos por ProPublica muestran pocos incidentes que atraerían el escrutinio típico de los encargados del cumplimiento. En noviembre, un chico de 16 años huyó del albergue de Burlington. Y, el pasado abril, la policía acudió a revisar un informe relacionado con un varón del personal que había hecho comentarios indebidos y tocado a una chica durante una evaluación realizada a puerta cerrada.

En otros estados, incidentes similares han dado lugar a infracciones por no supervisar bien a los menores y no mantener límites adecuados. Pero los informes de las inspecciones en Nueva Jersey no mencionan ninguno de este tipo de incidentes ni tampoco los problemas médicos. Los funcionarios del Departamento de Asuntos Comunitarios insisten que nunca recibieron la queja de la Dra. Levites-Agababa. Pero, después de que el Departamento de Menores y Familias emitiera una recomendación por negligencia médica sobre la cual ella misma había presentado una queja, además de varias llamadas de ProPublica, un inspector finalmente visitó el albergue a finales de marzo, para encontrar una cantidad de faltas.

CFS no había cumplido con garantizar que el personal recibiera capacitación adecuada para monitorear cambios de conducta entre los residentes, concluyó el inspector. Tampoco había cuidado que el personal entendiera cómo tratar las emergencias. Falló en tramitar atención médica cuando uno de los residentes desarrolló un padecimiento que requería atención. No investigó ni llevó archivos relacionados con casos en los que menores fueron puestos en peligro. Ni tampoco informó a la agencia estatal de bienestar infantil acerca de abuso y maltrato de menores.

El informe indicó que las “instalaciones deben tener cuidado al manejar y documentar las emergencias, lo cual incluye enviar a los residentes a obtener atención médica u otro servicio de emergencia y documentar archivos acerca de necesidades médicas especiales o padecimientos, los regímenes recetados que habría que seguir, y los números telefónicos de los médicos a contactar” en casos de emergencia.

El Departamento de Asuntos Comunitarios dijo posteriormente que, en efecto, CFS había presentado el informe del abuso del menor y que atribuyó la falta de seguimiento a una confusión con el papeleo en la oficina.

Aun así, mientras que la oficina autorizara el plan de CFS para componer las faltas de cumplimiento, no cuenta con muchas opciones adicionales. La única herramienta que tiene a su disposición para hacerlas cumplir es revocar la licencia de los albergues, cosa que no planea hacer.

¿Cuál es la consecuencia de eso? De conformidad con las leyes de Nueva Jersey, en vez de estar reglamentados como albergues para indigentes, las instalaciones serían regidas como hoteles. Las leyes estatales para hoteles no tienen reglas relacionadas con el cuidado de menores.

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Después de entrar al Hospital de Cooper University en Camden, Yosary recibió la primera de lo que serían varias infusiones de hierro. Encamada en el hospital, separada de su bebé y lejos de otros familiares que también huyeron de Honduras, Yosary pensaba en su madre quien murió de cáncer cuando ella era muy pequeña.

“Tenía mucho miedo”, recuerda. “Pensé que no me quería morir”.

Yosary se vino a los Estados Unidos el pasado marzo buscando asilo. En Honduras, dijo que la habían violado cuando tenía doce años, quedando embarazada de su hijo. Cuando su familia denunció el ataque, agregó, comenzaron a recibir una serie de amenazas. En su ciudad, las líneas entre la pandilla local, la policía y las fuerzas militares se borraban cada vez más.

Conforme crecía su niño, Yosary dijo que su atacante comenzó a merodear por su casa y ella temió que fuera a secuestrarlo.

Fue entonces que Yosary decidió huir con varios miembros de su familia, marchando a pie con su bebé a cuestas, luego en camión y, finalmente en una lancha inflable con la cual atravesó el Río Bravo. Cuando encontró a los agentes de la Patrulla Fronteriza la llevaron a un puesto de procesamiento donde la separaron del resto de su familia para ser enviada con su hijo al hogar de madres y bebés del CFS de Nueva Jersey.

Dijo que los primeros meses se sintió bien, pero que a finales de la primavera comenzó a sentirse mareada y somnolienta todo el tiempo y a notar que le salían moretones en los brazos y las piernas.

“Les dije varias veces”, comentó. “Pero no me tomaron en serio”.

Yosary comenzó a sentirse atrapada en el albergue, donde sólo había tres otras chicas junto con sus bebés, dijo. Era raro que les permitieran salir del lugar, ni siquiera a respirar aire fresco. Su única conexión con el mundo exterior eran dos llamadas breves semanales con miembros de su familia que se encontraban en la misma situación precaria de inmigración.

Por fin, en algún se llevó a cabo una junta en el hogar que incluyó personal de fuera. Yosary les comentó acerca de los moretones, pero aun en el consultorio médico y en el hospital, agregó, CFS no le permitió hablar con la doctora a solas. “Siempre había alguien allí conmigo” dijo.

Levites-Agababa dijo que ese era un problema recurrente con los pacientes del programa, y que le preocupaba que hiciera que los niños temieran hablar acerca del cuidado que recibían en el albergue.

“Cuando insistí que los chaperones salieran del consultorio para que yo hablara con los niños a solas, se rehusaban a salir e insistieron que esa era la política”, mencionó.

Yosary fue dada de alta varios días después con instrucciones de que obtuviera otro tratamiento intravenoso. Pero CFS no informó a CAMcare acerca del mismo, según la queja de Levites-Agababa.

Levites-Agababa añadió que comenzó a ser rutina que no se programaran consultas de seguimiento, ni se siguieran las recomendaciones de ir a un especialista u obtener radiografías o análisis de laboratorio. La doctora también indagó con CFS acerca de estos lapsos.

Dijo que al principio el personal le informaba que la ORR no aprobaría los tratamientos, pero que luego se enteró que CFS ni siquiera había presentado las órdenes médicas.

Una enfermera de CAMcare, quien pidió que no se identificara su nombre, repitió las inquietudes de Levites-Agababa. “Hubo muchas consultas que negaron, o a las que faltaron”, mencionó. Otro médico de CAMcare dijo que sabía acerca de los problemas pero que no tenía suficiente información para hablar de ellos.

En algunos casos, agregó Levites-Agababa, las madres de los bebés traían los registros de vacunas de sus países de origen, pero que el personal de los albergues no llevaron los documentos al examen médico inicial.

“Esta pobre madre adolescente viajó atravesando varios países con todo tipo de peligros y contratiempos, y protegió el documento de las vacunas al igual que a su niño”, dijo, “¿y ni siquiera lo traen a la consulta?”

Yosary, ya instalada en Alabama con su hermana mayor, dijo que no podía olvidar los cinco meses que pasó en el albergue y que quería levantar su voz para ayudar a las demás chicas en ese lugar.

“Espero que no les pase como a mí” dijo con el pequeño de cabello rizado en su regazo, “porque fue horrible estar encerrada en ese lugar”.

Agregó que incluso hasta ahora recuerda la falta de interés por su bienestar. De acuerdo con las reglas de la ORR, cuando se da de alta a una menor no acompañada los albergues deben entregarles una copia de su historial médico.

La hermana de Yosary, quien no quiso que se usara su nombre para proteger a su familia, sacó un sobre grande de papel manila con los registros de Yosary y su niño. Aunque hay páginas bien impresas, una tras otra resulta ilegible.

“Me dijeron que estos son los papeles de la escuela, del hospital, de todo”, dijo Yosary. Pero aparentemente la impresora se quedó sin tinta. “Ni siquiera se puede leer”, agregó. “Uno de los papeles hasta está en blanco”.

En Nueva Jersey, Levites-Agababa dijo que se preocupa de lo “que está sucediendo sistemáticamente en este y en un sinfín de hogares en todo Estados Unidos” y se pregunta si otros médicos serán lo suficientemente atrevidos para quejarse. “Realmente no se quien más podría sacar a relucir esta inquietud ante el público o la ORR”.

Yosary y su hermana dijeron estar contentas de que Levites-Agababa decidiera alzar su voz.

“Nadie del albergue va a denunciar nada”, dijo la hermana de Yosary, quien también estuvo en un albergue federal para menores cuando llegó.

“Yo no lo hubiera hecho porque yo aquí soy inmigrante”, dijo Yosary.

“Y”, añadió su hermana, “ella no conoce las reglas o las leyes”.