Derrotado por 19a vez el proyecto de privatización de ETB
por Equipo Colombia de la Federación Sindical Mundial
Los trabajadores de la ETB, los estudiantes, los sindicatos, las organizaciones de usuarios de servicios públicos, concejales y militantes del partido Polo y la población bogotana en acción unitaria derrotaron en la calle la agenda impuesta por Santos y su ex alcaldesa ad hoc María Cristina Plazas a los capitalinos. Y adentro, la plenaria del Concejo de Bogotá hundía ese domingo el proyecto de acuerdo, debido a tres ponencias negativas, con el cual se buscaba vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). (más…)
Feliz día de la patria boba > 20 de julio 2011.
Feliz día de la patria boba.
Marco Sánchez. Creative commons 2.5 By.
20 de Julio de 2011; a 201 años del altercado en la casa de Llorente, Bogotá.
Altercado entre Morales y Llorente
Aunque no me sorprende que los gobiernos de turno se hayan esforzado en sobresalir año tras año con un riachuelo de personas vestidas color verde exhibiendo sus armas por la séptima; sigue siendo para mí un interrogante el por qué se celebra el 20 de julio de cada año el día de la independencia de Colombia.
La pregunta me sobresalta porque desde los libros oficiales autorizados por el ICFES en los que empezamos a leer sobre la historia de la independencia frente a España, hasta en los documentos elaboradísimos de los y las grandes historiadoras del proceso independentista, el episodio del florero prestado que desató las furias entre los chapetones y los criollos nada tiene que ver con la independencia frente al virreinato.
Después de un par de puñetazos, y de la consigna (por cierto bastante españolista) proclamada por Camilo Torres Tenorio, poco se logró en el camino a la independencia. ¡Es que mejor honor hace a su nombre la patria boba que inició entonces!
Sólo hasta 1816 cuando los españoles retoman el control del virreinato que se consideró el fin de la patria boba (por la reconquista española del territorio), los guerrilleros libertarios comandados por Bolívar comenzaron la campaña independentista frente a la colonización española. Hicieron falta diez años más de batallas para lograr el control territorial total de la Gran Colombia, batallas que tuvieron como ícono emblemático la del puente de Boyacá del 7 de agosto de 1819 , a la que escasamente se reconoce como “día de las fuerzas militares” en Colombia.
Mientras que la gran batalla de independencia de Colombia queda relegada a una parca celebración en los cantones militares de un ejército nada bolivariano, el 20 de julio se ha tomado como día de exaltación y orgullo patriótico. ¿Cómo es posible que un país celebre como su fecha fundacional, el día en que se enfrentaron el servilismo contra el derrotismo y resultó victorioso el primero?
La tarea que nos corresponde es reconstruir una conciencia histórica nacional que enfrente al servilismo militarista y que retome dignas figuras de exaltación como los héroes de la patria grande. Recuperar la historia de las gestas multitudinarias de independencia, de las batallas comandadas por Bolívar y Sucre y sus incansables milicianos, y reescritas con el nombre de hombres y mujeres patriotas que han construido con su constante e incansable trabajo los pilares para la reconstrucción de la patria grande por la que peleó el libertador.
Nuestra tarea nada fácil, corresponde a la construcción de una nueva sociedad en nuestro país, que sea el soporte de una Colombia nueva. Parece imposible, pero como dijo Bolívar “lo imposible es lo que tenemos nosotros que hacer, porque de lo posible se encargan los demás todos los días”.
Martes 26 de julio: Conmemoración 58 Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada
Los estamos invitando el próximo 26 de julio a compartir, con el movimiento de solidaridad de Colombia con Cuba, esta fecha histórica y significativa para este pueblo; contaremos con la presencia del embajador y el consejo diplomático, además los militantes, simpatizantes, amigos de la causa cubana y de este movimiento en la ciudad de Bogotá.
Equipo Federación Sindical Mundial – FSM-Colombia
28 y 29 de julio en Bogotá: Seminario Nacional Sindical Clasista
Mediante la presente comunicación les estamos convocando a participar activamente en el Seminario Nacional Sindical Clasista programado por el Equipo Colombia de la Federación Sindical Mundial (FSM), a efectuarse en la ciudad de Bogotá los días 28 y 29 de julio de 2011, con el objeto de debatir y elaborar colectivamente un plan de acción que permita a las organizaciones sindicales repeler la ofensiva reaccionaria que adelanta el gran capital nacional y transnacional, en alianza con los sectores reformistas del sindicalismo, en contra de los derechos laborales, las libertades sindicales y el patrimonio de nuestra nación. (más…)
Santos no debe estimular destrucción de bienes civiles
Ante las declaraciones emitidas el día 10 de julio del año 2011, por el presidente Juan Manuel Santos al finalizar el Consejo de Seguridad en Popayán, luego de las acciones militares de las FARC-EP en los municipios de Corinto, Toribío, Caldono (Siberia) y Santander de Quilichao (Mondomo), difundidas por los medios de comunicación nacional y en especial en la página web de la Presidencia de la República [1], En donde el jefe del estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa [2] manifiesta que “hemos tomando la medida que de aquí en adelante la Fuerza Pública va a destruir cualquier casa que sea utilizada por los terroristas para atacar a la Fuerza Pública o a la población civil”.
Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado consideramos:
Que las declaraciones del Dr. Santos Calderón, a pesar del intento de ser disminuido su alcance por parte del ministro de Defensa, son un claro mensaje a los integrantes de la Fuerza Pública por parte de su comandante y jefe para transgredir los derechos fundamentales de los habitantes en zonas de conflicto. Declaraciones que además de ser un despropósito jurídico son un despropósito político que se aleja de los límites y deberes que tiene el poder público tanto con los nacionales como con la comunidad internacional.
Esta manifestación, en un conflicto interno armado con las particularidades del colombiano, va en contravía de los pilares del estado social y democrático de derecho, afecta el debido proceso y la buena fe de los ciudadanos (artículos 29 y 83 constitucionales), puesto que pretende legitimar y avalar acciones militares ilegales de fuerzas armadas estatales, por el hecho que el oponente en desarrollo de una acción militar ilegal utilice un bien civil para atacarlo.
Esta acción no tomaría en consideración el carácter de bien protegido de ese bien, de los derechos de los propietarios y de los habitantes u ocupantes del lugar, con lo cual se desconoce la presunción de inocencia y echan por la borda las acciones judiciales que pueden declarar a los ciudadanos culpables o inocentes y por ende el derecho a la defensa; fundamental y eventualmente se pone en grave riesgo la vida, la integridad personal o la propiedad de los civiles que habitan dichos lugares.
Además, de acuerdo a la teoría de la responsabilidad objetiva o del riesgo, se generaría para el Estado en los términos del artículo 90 constitucional una responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes.
En los términos del artículo 93 constitucional, desconoce los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos, en particular el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 que fueron adoptados mediante la Ley 5ª de 1960 y el Protocolo Adicional II de 1977, que fue ratificado mediante la ley 171 de 1994.
Además ser una afrenta directa a los principios rectores del Derecho Internacional Humanitario, tales como el de humanidad: Que ordena dar prioridad al respeto de la persona sobre las necesidades militares; el de necesidad militar: Que señala que los combatientes deben recurrir a las medidas de fuerza militar que no estén prohibidas por el derecho internacional y que sean necesarias y proporcionadas para asegurar el sometimiento del enemigo con el menor costo en recursos humanos y económicos; el de distinción: Que de acuerdo al artículo 13 del Protocolo II, señala “… las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares”; el de inmunidad civil: Que señala que las personas civiles deben gozar de protección contra los peligros de las operaciones militares (artículo 13 del Protocolo II).
No podemos obviar que si existe alguna duda sobre la condición de la persona se debe presumir que es un civil, excepto que haya pruebas claras de que la persona cumple los criterios necesarios para ser considerada un combatiente y que el principio de proporcionalidad prohíbe efectuar todo ataque del cual pueda esperarse que incidentalmente produzca la muerte de civiles, lesiones a civiles, daño a bienes civiles o una combinación de ellas y que sería excesiva con relación a la ventaja militar concreta y directa prevista.
Así mismo las restricciones que se desprenden de lo contenido en la ley 1180 de 2007 y el decreto 1172 de 2009, en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, en especial los artículos 7 (sobre crímenes de lesa humanidad) y 8 (sobre crímenes de guerra).
Por otro lado el que se manifieste que “hemos decidido con el señor gobernador (del Cauca, Guillermo Alberto González) la construcción de un batallón de alta montaña en Tacueyó”, mantiene la tendencia del Gobierno Nacional por la vía militar al conflicto social y armado, la militarización de la vida civil, pese a que la estrategia de recuperación social del territorio y la militarización del norte del Cauca lejos de dar tranquilidad a los pobladores, generar progreso o bienestar social en la región, ha incrementado las violaciones e infracciones a los derechos humanos en la zona y los índices de miseria y de desprotección social en el territorio.
El decir que personalmente “vio las filmaciones de cómo estos bandidos utilizaban las casas de estas poblaciones para disparar desde esas casas, ¿con qué ánimo?, con el ánimo de no recibir ninguna respuesta porque la Fuerza Pública no puede atacar esas casas, por la supuesta presencia de la población civil”. Puede ser un argumento débil que pretende justificar lo injustificable, en la lógica perversa de legitimar actos ilegales por la acción ilegal del oponente.
Si esa lógica guerrerista fuera legitimable, acción similar podría esgrimir la insurgencia para justificar sus actos, teniendo en cuenta la ubicación de estaciones de policía en zonas pobladas, o la ocupación de bienes civiles y bienes culturales por parte de militares y policías del estado en desarrollo de enfrentamientos armados en zonas pobladas que tantas perdidas en vidas, afectaciones en la integridad física y en los bienes se han presentado, y que los pobladores de la región han tenido que padecer con las acciones ilegales y arbitrarias de militares y policías en desarrollo del conflicto.
La decisión del Gobierno y de la Fuerza Pública de responder esos ataques con toda la contundencia, sin importarle si afecta o no a la población civil, lejos de brindar tranquilidad a los pobladores podría considerarse como nefasta y evidenciar la debilidad y el desespero del estado por el fracaso de sus estrategias y de su accionar cotidiano.
Tras décadas de persistencia del conflicto social y armado colombiano, con preocupación percibimos que nos alejamos de gestos que indiquen que estamos a puertas de su solución. La posibilidad de una solución política es cercenada a diario por el estado, y más allá de las valoraciones que se hagan sobre su estado actual, impregnadas en buena medida por un excesivo triunfalismo frente a la posibilidad de una solución militar, lo cierto es que la tendencia de la confrontación armada con la insurgencia no sólo se mantiene, sino que viene adquiriendo nuevas modalidades y expresiones.
Por lo tanto al igual que organizaciones populares, sociales y políticas, hacemos un llamamiento al pueblo colombiano y la comunidad internacional a que trabajemos por una solución construida desde la sociedad civil de manera participativa que obligue al abrir caminos hacia una solución política negociada al conflicto social y armado que nos aqueja.
Exigimos
1. Que se investiguen por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante, los actos administrativos que ha proferido el señor Presidente de la República, por constituir graves afectaciones a los derechos contenidos en la Carta y su bloque de constitucionalidad.
2. A la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos a pronunciarse e investigar respecto al cumplimiento de las normas mínimas del Derecho Internacional Humanitario por parte del estado colombiano.
3. Consultar con las comunidades indígenas y campesinas de la región la instalación de batallones de alta montaña, los cuales pueden aumentar los niveles de confrontación militar, poner en riesgo las tradiciones culturales, el derecho al territorio y además aumentar los desplazamientos masivos como ha ocurrido en varias zonas del país.
4. Se garantice el derecho a la vida y la integridad física de la población civil que habita en las zonas en conflicto, por parte del estado colombiano y la Fuerza Pública.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
Federacion Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro)
Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”
Bogotá, 11 de julio del 2011
Notas:
[1] http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Julio/Paginas/20110710_04.aspx y http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Julio/Paginas/20110710_03.aspx
[2] Art. 115 C. Política
El potro del poder fue remplazado por un pajarito
Por Vladdo, tomado de http://havladdorias.blogspot.com/
Jueves, 26 de Mayo de 2011
DESDE el pasado 7 de agosto, Álvaro Uribe, en retiro obliguntario, se niega rabiosamente a pasar a la historia, pues quiere seguir siendo el presente del país, para moldear nuestra conducta con su ética relativa, su lenguaje seudomontañero, plagado de diminutivos y su pregonada religiosidad.
El potro del poder que jineteó durante ocho años fue reemplazado por un pajarito y las cabalgatas por trinos cantaletosos por Twitter, tribuna que usa básicamente para defender su cada vez más desprestigiado gobierno y sabotear a su sucesor.
Su patética situación me inspiró para crear esta nueva versión, politizada claro, de La pobre viejecita. (Al igual que la de Rafael Pombo, esta composición está basada en los cuentos de Mother Goose).
Érase un presidentico
Sin nadita que temer,
Sino chuzadas, desaparecidos,
Corrupción y carrusel.
Insultaba periodistas,
Calumniaba por doquier
Y el pobre no encontraba
Más maneras de joder.
Y este hombrecito no tenía
Ni un ranchito en qué vivir
Nada más un latifundio
Con su huerta y su jardín.
Nadie, nadie lo cuidaba
Sino el DAS y la UIAF
Pues ministros y asesores
Lo solían engañar.
Nunca tuvo en qué sentarse
Sino sillas de montar
Con sombrero y pocillito
De tintico al cabalgar.
Nunca tuvo culpa grande
Ni declaraciones que ocultar,
Aparte de las cuentas
De su entorno familiar.
Y este pobre hombrecito
Cada año, hasta su fin,
Controlaba casi todo,
Pero no pa’ delinquir.
Y al mirarse en el espejo
Lo espantaba siempre allí
Una vieja de gran toga,
De iniciales CPI.
Y este pobre hombrecito
No tenía que desmentir
Sino escándalos de muertes
Desplazados mil y mil.
Y a no ser por sus muchachos,
Tom y Jerry, gran delfín,
Solitico por el Twitter
Anduviera el infeliz.
Apetito nunca tuvo,
Enseñado a trabajar,
Si no gozó salud completa
Fue por culpa de LAFAR.
Se jubiló de malas pulgas,
En una casa policial,
Y jamás volvió a quejarse
Pues tenía seguridá.
Y este pobre hombrecito
Al partir no dejó más
Que expedientes y demandas,
Y desprestigio orbital.
Vaya en paz, y Dios permita
Que logremos comprobar
La inocencia de este pobre
Sin vivir así de mal.
