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J.A. Vilasó Pardavila, que continua en régimen de aislamiento encubierto en la cárcel de Mansilla de las Mulas a pesar de  las numerosas protestas que provocó su situación, es víctima de numerosas represalias, entre ellas la supresión del translado en ambulancia en las salidas al hospital, lo cual repercute negativamente en su estado de salud, ya muy grave.

Vilasó Pardavila, que, después de ser recluido en la llamada Zona Cero de la enfermaria en represalia por haber dado un par de besos a una conocida con que topó en la cárcel, había emprendido una huelga de hambre a pesar de la grave enfermedad que padece (VIH y cáncer linfático) en defensa de sus derechos tuvo de abandonar la protesta y aceptar recibir medicación debido a los dolores insoportablis que sufre.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas que suman 25 años y medio de cárcel a un funcionario de prisiones que abusó sexualmente de varias presas en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

El acusado ha sido sentenciado por un delito de violación, dos delitos de agresión sexual, un delito de abuso sexual y un delito continuado de abuso en el ejercicio de su función.

El tribunal ha impuesto también al condenado el pago de indemnizaciones que suman 23.000 euros a las víctimas y declara a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias responsable civil subsidiario.

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Los recortes en la sanidad penitenciaria han llegado a uno de los medicamentos más empleados para tratar a los presos con trastornos mentales, cuya prevalencia entre la población reclusa supera el 40%. Desde finales de marzo, los médicos de las cárceles no pueden recetar sin visado la pregabalina (más conocida como Lyrica-nota de Tokata), un fármaco de uso común para tratar los trastornos de ansiedad y los generados, por ejemplo, por drogodependencia. Los facultativos envían la solicitud por escrito a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias pero, según denuncia la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, se está rechazando “el 90% de las peticiones”.

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El Defensor del Pueblo está investigando los cupos impuestos por el Ministerio del Interior para acceder a la triple terapia contra la hepatitis C, un tratamiento que duplica las opciones de curación para la forma más habitual del virus que afecta a casi el 25% de la población reclusa. Fuentes de la oficina que dirige Soledad Becerril han confirmado que se ha abierto la investigación de oficio por las restricciones implantadas por Interior.

En las últimas semanas, Prisiones ha aceptado inscribir a varios reclusos en lista de espera de este fármaco pero con la condición de que se trasladen a una prisión de Madrid para ser tratados en el hospital Gregorio Marañón, donde ha centralizado el tratamiento. “Es una traba más que solo persigue demorar los tratamientos”, denuncia el presidente de la Sociedad Española de Medicina Penitenciaria. “Saben que los presos no quieren trasladarse y no hay razón que lo justifique porque es un fármaco que el paciente toma en su casa o, en el caso de presos, en la cárcel”, explica le médico.

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Tras observar el tipo de acciones en que se ha venido plasmando la protesta social, la reforma da una nueva redacción a los artículos en que se regulan los delitos de atentado, desórdenes públicos y ocupación de sedes para poder castigar todas ellas, incluso las pacíficas y meramente reivindicativas. Por ejemplo: ocupación de sedes de bancos o centros de salud de manera totalmente pacífica, parar el metro.

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