El día
13/03/2015 las Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen inician
el proceso de Recuperación al territorio usurpado a sus familias por la
Multinacional Benetton.
El dia 17/03/2015 el Canal 4 ETC de la ciudad de Bolsón, se acercan a la Recuperación a tomar registro de estas imagenes:
CHUBUT (Argentina).- Un violento desalojo en terrenos hoy en manos
del magnate Benetton en Chubut provocó la solidaridad de la asamblea
antiminera. La Justicia intentó aplicar la ley antiterrorista contra
familias Mapuche. Una disputa que incluye a agentes de inteligencia y
papeles flojos en las transacciones.
Ni los que viven en la
Patagonia ni los que habitan las grandes metrópolis desconocen que las
maravillosas extensiones del sur son un patrimonio natural único en el
mundo. Sin embargo, la historia oficial nunca pudo ocultar el saqueo a
los pueblos originarios ni la entrega, propiciada por el entonces
genocida Julio Argentino Roca a partir de la llamada Conquista del
Desierto, que preparó el escenario político para que millones de
hectáreas pasaran a ser propiedad de empresas extranjeras.
En
Chubut, las consecuencias del arrebato cultural, político y social
contra las comunidades Mapuche y Tehuelche –entre otras– que habitaron
antes que nadie esta porción del territorio se padecen a diario. El
pasado 27 de mayo, efectivos policiales, de Gendarmería y del Grupo
Especial de Operaciones Policiales (GEOP) iniciaron un violento desalojo
contra los integrantes del lof (comunidad) mapuche del Departamento de
Cushamen. Comunidad que desde el 13 de marzo de 2015 propició la
reconquista de sus tierras ancestrales en una de las estancias que la
multinacional textil Benetton, propiedad del magnate Luciano Benetton,
tiene en el paraje de Leleque, en la zona conocida como Vuelta del Río, a
la vera de la ruta 40 y a 100 kilómetros de Esquel.
El desalojo,
durante el cual llevaron a mujeres y niños a la rastra, esconde vicios
judiciales. En el marco de la demanda del grupo Benetton contra la
comunidad, la fiscal Camila Banfi imputó por usurpación y abigeato a los
detenidos y pidió seis meses de prisión preventiva para uno de los
líderes, Facundo Jones Huala –sobre quien pesaba un pedido de captura
internacional por una causa en Chile–. El juez provincial Martín
Zacchino redujo la condena a 60 días.
Luego de la recuperación de
estas tierras en el 2015, el Ministerio Público Fiscal de Chubut
inició acciones judiciales contra el Lof en Resistencia Mapuche e
intentó aplicar, por primera vez en la Argentina, la ley antiterrorista
para perseguir a los mapuches: la justicia federal rechazó los
argumentos. El intento de aplicar esa polémica ley desnudó una oscura
trama de espionaje sobre distintos actores e integrantes de la sociedad
de Esquel, que derivó en una denuncia de un grupo de vecinos espiados
contra la fiscalía local en el Consejo de la Magistratura. El escándalo
no impidió que Luciano Benetton –a través de la Compañía Tierras del Sur
SA– se sumara al reclamo contra la comunidad para exigir la restitución
del predio hoy ocupado.
“Dos mujeres y cuatro niños, uno lactante,
fueron obligados a estar más de 20 horas a la intemperie, con los
gendarmes ocupando sus casas”, contó la abogada.
“Son muchas
personas, varios jóvenes, todos pertenecientes a comunidades de pueblos
originarios de distintos puntos los que han confluido en la recuperación
de ese territorio”, cuenta a Veintitrés Pablo Quintana, periodista de
Esquel. “Están liderados por el lonco (cacique) Facundo Jones Huala,
sobrino de Martiniano Jones Huala. Único imputado por la recuperación en
la causa que abrió la fiscalía el año pasado. Días atrás, en el propio
territorio recuperado nació una bebé”.
Respecto del desalojo,
Sonia Ivanoff, defensora de Facundo, resaltó que “había una orden de
allanamiento para ingresar e identificar a los presentes sin vulnerar la
integridad y dignidad física y moral de esas personas… (pero) hubo
situaciones de vulneración, en especial en el caso de dos mujeres y
cuatro niños, uno lactante, obligados a permanecer más de 20 horas a la
intemperie mientras los gendarmes ocupaban sus casas”.
“Igual que
ocurrió en la Conquista del Desierto y en la última dictadura, ahora
nos quieren echar de nuestras tierras ancestrales”, dijo la madre del
único detenido tras el desalojo.
El proceso de investigación de
la fiscalía sobre la ocupación caducó el 5 de junio pasado. “Ahora están
pidiendo una extensión de cuatro meses –agrega Quintana–. El año pasado
en el marco de esa causa hubo un pedido de aplicar la ley
antiterrorista. Pero el fuero federal, con asiento en Esquel, a cargo de
Guido Otranto, rechazó la aplicación de la normativa y ahí se produjo
un litigio que llega hasta hoy. Hacen el allanamiento en el territorio
para dar con Facundo Jones Huala. A posteriori, la Justicia dice que
encontró animales muertos y la presencia de un arma calibre 38 y
detienen a siete personas”, señaló el periodista de FM Kalewche.
“Igual que en la Conquista del Desierto y en la dictadura, nos quieren
echar de nuestras tierras”, dijo la madre del único detenido tras el
desalojo.
La detención y la violencia del desalojo despertaron el
reclamo de gran parte de la sociedad vecina de Esquel, nucleados en la
histórica Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina –que en
marzo de 2003, a través del primer plebiscito antiminero del país,
alcanzó un 81 por ciento de votantes en rechazo a la explotación de una
mina de oro y plata en las afueras de la ciudad–. Los manifestantes
protestaron frente a los tribunales locales. “No fue un desalojo –acusa
Humberto Kadomoto, integrante de la asamblea–. La orden que pesaba era
un pedido de captura internacional. Ellos, amparándose en ese pedido,
dicen que vieron cueros de animales. La fiscal ordena a la policía que
desalojen a la gente y no la dejen entrar hasta hacer una inspección
ocular. Los dejaron en el medio del campo, con temperaturas bajo 0,
mientras la fiscal se encontraba en Comodoro Rivadavia, a 600 kilómetros
de Esquel. Lo que pretendía era que la gente se cansara y se fuera,
pero lo que logró es una comunión de las localidades de la zona para
apoyar a los mapuches”, explicó Kadomoto.
Según un comunicado
oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra
Patricia Bullrich, “Jones Huala fue aprehendido en las inmediaciones de
la estancia Benetton, en Vuelta del Río, donde ocupaba, de manera
ilegal, tierras de una empresa multinacional”.
“A las personas
detenidas en Vuelta del Río se las liberó porque no hay herramientas
para una prisión preventiva por causa de usurpación”, agrega Quintana.
“El dictamen de la detención de Jones Huala no coincide con lo que
sostuvo el juez, quien dictó medidas de alguna manera favorables para el
lof de resistencia. No solo liberó a los detenidos sino que además les
permitió retornar al predio recuperado y fijar domicilio en el propio
territorio”, destacó el periodista, que a su vez es uno de los tantos
vecinos espiados por la Agencia Federal de Inteligencia.
Históricamente, los Benetton se dedican a la cría de ganado ovino. En el
último tiempo se han abocado a la forestación, a través de subsidios
otorgados por el gobierno de Chubut. “La asamblea de vecinos –agrega
Quintana– acompañó esta recuperación y defiende cada uno de los procesos
de recuperación fundamentalmente debido a que el objetivo de fondo es
la defensa de todo el territorio frente al avance extractivo
minero-petrolero. En el último tiempo, la multinacional Benetton ha
manifestado tener intereses en explotaciones mineras”.
Los
Benetton cuentan con casi un millón de hectáreas repartidas en la
Patagonia. Leleque era un viejo paraje que contaba con una serie de
servicios públicos. Allí, la textil italiana fue el principal sponsor
del Museo Leleque, donde invirtió 800 mil dólares para exhibir una
colección arqueológica de 14.000 piezas en plena estepa patagónica. El
museo realiza su propio relato de la historia.
“Tanta tierra en
tan pocas manos debería tener algún tipo de resolución –dice Kadomoto–.
Los mapuches quieren recuperar su tierra para vivir. El río Chubut, el
más importante de la provincia, tiene un recorrido de 700 kilómetros, de
los cuales más de 200 están dentro de su propiedad. Ahí no acceden ni
los mapuches ni los no mapuches. Se han desviado rutas y trazas
completas de las rutas por presión de los Benetton. El pueblo de Maitén
no puede crecer porque su ejido urbano está limitado por las tierras de
la compañía italiana –sentencia el vecino–. Para Benetton, esto es como
que una hormiga haga un hormiguero en su casa. La ocupación es
irrisoria. Con las tierras que tiene le alcanza para darle dos hectáreas
a cada habitante de la provincia de Chubut para que produzca, en una
provincia de 450.000 habitantes”.
Desde hace tiempo, la empresa
viene planteando el desalojo de estas comunidades, que fue impedido,
entre otras cosas, por un convenio de la Organización Internacional del
Trabajo que prohíbe los desalojos.
“Hay derechos preexistentes
de estas comunidades –cierra Kadomoto–. Además, hay varios conflictos
respecto de las documentaciones que usaron los Benetton al comprar esas
tierras. Hay varias irregularidades de dominios, títulos de propiedad de
grandes extensiones y otras que ni siquiera tienen títulos ni registros
formales. De todas formas, las comunidades no plantean ni se fijan en
quién es el que tiene el título. Esas tierras han sido siempre de
ellos”.
El magnate Luciano Benetton, dueño de la compañía UNITED COLORS OF
BENETTON (entre otras compañías) junto con sus hermanos Giuliana, Carlo y
Gilberto Benetton adquirió en la década de 1990, con negociados
dudosos, aproximadamente un millón de hectáreas, tamaño mayor a muchos
países de Europa, en el territorio que actualmente se encuentra dentro
de la patagonia Argentina (extremo sur de Argentina). Tierras habitadas
ancestralmente por los pueblos originarios de la zona (MAPUCHE, TEHUELCHE). 
