En los últimos años, en Guatemala se ha producido un incremento de acciones colectivas vinculadas a disputas por la ausencia de servicios básicos, descontento con autoridades gubernamentales, reclamos territoriales y rechazo a proyectos que afectan el medio ambiente, entre otras. Algunas de ellas han traído como consecuencia desalojos, ocupaciones, bloqueos, detenciones arbitrarias, persecuciones judiciales e incluso muertes violentas, mientras que otras han estado relacionadas con la caída de las autoridades de gobierno. A lo largo de este informe se muestra que esa conflictividad es la parte visible de complejos procesos de contienda política, frecuentemente de larga data histórica, en el marco de procesos nacionales democratizadores y des-democratizadores.

Se examina la historia reciente del proceso democratizador en Guatemala, que comienza con la Constitución de 1985 y se acelera con el proceso de paz que culmina con la firma de los Acuerdos en 1996. El periodo estuvo marcado por una contradicción: la democratización se impulsó en paralelo a políticas que condujeron al debilitamiento del Estado, haciéndolo permeable a la cooptación, corrupción, influencias sectoriales y a la mercantilización, degradándose la función pública y produciendo efectos des-democratizadores. En ese marco, el informe aborda la conflictividad social desde la mirada del desarrollo humano, y el reconocimiento de la capacidad de agencia colectiva de quienes se organizan y luchan por su bienestar. Se propone generar un debate integrado sobre qué tipo de desarrollo puede impulsarse, en armonía con el planeta y la diversidad social, que posibilite más y mejores capacidades humanas, y que eleve la productividad responsable de sus habitantes.

El informe concluye que más que contener la conflictividad, ésta debe ser entendida y atendida de manera integral, para canalizarla como oportunidad de construcción de una democracia fuerte, base política del bienestar común.