Argentina: El decreto de inmigración de Macri trae de vuelta la política de la dictadura de Videla

por Rafael Azul
20 febrero 2017

El 30 de enero de 2017, el presidente argentino Mauricio Macri hizo oficial una orden ejecutiva "de necesidad y urgencia” (DNU 70/2017) que modifica la Ley de Inmigración de 2003, devolviendo la política de inmigración a lo que fue durante los días de la dictadura de Videla (1976-1983). La junta de Videla fue un régimen de represión masiva de la clase obrera y de la juventud argentinas, responsable de la muerte y desaparición de unos 30.000 obreros, izquierdistas, militantes sindicales y estudiantes.

La orden ejecutiva de Macri es nada menos que un repudio a la democracia y a la Constitución argentinas. Organizaciones de derechos humanos y de inmigrantes la han condenado, entre ellas, el Centro Argentino de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional. El DNU 70/2017 restringe el acceso en los cruces fronterizos, requiere un examen del pasado del inmigrante potencial y acelera el proceso de deportación de trabajadores extranjeros.

Bajo los términos de la infame “Ley Videla” de 1981, los inmigrantes empobrecidos provenientes de los países que rodean a Argentina fueron considerados una amenaza para la seguridad nacional. La entrada de trabajadores inmigrantes indocumentados de esas regiones a Argentina fue categorizada como delito, al igual que en los Estados Unidos de hoy. A los inmigrantes indocumentados y a sus familias se les negó la salud, la educación y otros servicios sociales. Los empleados del gobierno estaban obligados a entregarlos a la policía. A falta de derechos, los inmigrantes de países empobrecidos, como Paraguay y Bolivia, estaban sujetos a la super-explotación por las agroindustrias y las fábricas urbanas.

En defensa del DNU 70/2017, la Ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich revivió la línea de la dictadura de Videla con afirmaciones exageradas—carentes de prueba alguna—de la participación de peruanos, paraguayos y bolivianos en el tráfico de drogas, haciendo reclamaciones que fueron denunciadas y corregidas por el Consulado de Bolivia y el CELS.

El decreto Macri es una violación directa de la Constitución argentina—como la Ley Videla. El artículo 4 de la Constitución declara: “El derecho a inmigrar es un derecho personal que es esencial e inalienable, que la República Argentina garantiza, sobre la base de la igualdad y la universalidad”.

La nueva directiva no se limita a los posibles delitos cometidos en Argentina. También pide un examen de las infracciones posiblemente cometidas por los inmigrantes en otros países. Una fuerte protesta del Consulado de Bolivia el pasado 31 de enero señaló que si esta regla hubiera estado vigente en el pasado, al propio padre inmigrante de Macri se le habría sido prohibido ingresar a la Argentina por contrabandista. La condena boliviana, utilizando a los amigos corruptos de Macri como ejemplos, señala acertadamente el hecho de que el DNU 70/2017 no hará nada para impedir el movimiento de los inmigrantes ricos, no importa cuál sea su historia criminal, pero sí está dirigido a los pobres.

A aquellos que son deportados se les impediría volver a entrar en esta nación sudamericana hasta por ocho años. Tras un año de creciente desempleo y miseria para vastos sectores de la clase obrera argentina, un propósito más siniestro es apelar a la xenofobia dentro de los sectores políticamente más atrasados de los trabajadores argentinos y de la clase media, sobre la base de estereotipos (el carterista chileno, el contrabandista brasileño o uruguayo, el narcotraficante boliviano, etc.), culpándolos de la crisis social que atraviesa la Argentina.

Las opiniones xenófobas de Macri son bien conocidas. En 2010, por ejemplo, culpó a la ocupación de las tierras públicas por los trabajadores que exigían hogares decentes a la “migración incontrolada” de Bolivia. Esto está en línea con el desdén con el cual las clases superiores más europeas de la Argentina Oriental han visto a nativos americanos y gente de etnia mixta en el noroeste argentino y naciones andinas como Bolivia y Perú que están fuertemente representadas en la clase obrera de Buenos Aires.

Sin proporcionar ninguna evidencia que vincule la inmigración al crimen (un estudio reciente indica que solamente el 6 por ciento de la población carcelaria Argentina ha nacido fuera del país), el DNU 70/17 hace la afirmación absurda que el público es muy consciente de “actos recientes de crimen organizado” por personas de “nacionalidad extranjera” y que la ley actual hace difícil expulsarlos del país, como resultado de un proceso complejo, que podría tomar siete años. En otras palabras, antes de que se emitiera el DNU, los extranjeros acusados de delitos tenían el mismo derecho a un juicio en los tribunales argentinos que los nacidos en Argentina.

La orden de Macri declara explícitamente que una sentencia de culpabilidad ya no es necesaria para expulsar a un inmigrante o para impedir que regrese a la Argentina. Por el contrario, la ley de 2003 reconoció la inmigración como un derecho democrático, abolió el “inmigrante ilegal” como una categoría delictiva y proporcionó formas en las que los inmigrantes podían establecer residencia, incluso aquellos que se habían trasladado a Argentina bajo la Ley Videla. Las restricciones impuestas por la dictadura habían creado una enorme población de trabajadores indocumentados, todos ellos considerados ilegales en virtud de esa ley, que vivían una vida de inseguridad económica y social.

Se necesitarían 20 años después de la caída de la dictadura militar-fascista para abolir la Ley Videla. Las administraciones sucesivas se aferraron a las afirmaciones fraudulentas que culparon a los inmigrantes por el desempleo, el cólera, las ocupaciones de tierras y hogares, la dependencia de programas gubernamentales y la delincuencia. Las luchas sociales generalizadas de 2001 y 2002 que resultaron de la crisis de la deuda nacional y de la corrupción generalizada, permitieron acabar con gran parte de lo que quedaba de la dictadura, incluida la represiva y anti obrera Ley Videla.

La Ley de Inmigración de 2003, junto con nuevas regulaciones del mercado común MERCOSUR, hizo que el movimiento de personas fuera algo rutinario en Suramérica. El censo de Argentina en 2010—contabilizó 1.245.054 inmigrantes de aquellas naciones que comparten una frontera con Argentina (Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile), más 157.514 inmigrantes de Perú—estos dos grupos representan el 77 por ciento de la población inmigrante reciente, la mayoría de la cual pertenece a la clase trabajadora. El saldo restante proviene de Europa 300.000, de los países restantes del continente Americano, 68.000, de Asia 31.000 y 3.000 de África.

A pesar de la ley de 2003, las condiciones para los inmigrantes, en particular para los de Bolivia, continuaron siendo sobre-explotadoras. En 2006, un incendio en una fábrica clandestina de prendas de vestir, mató a seis inmigrantes y reveló la existencia de una capa de obreros inmigrantes que trabajaban bajo condiciones de esclavitud, principalmente en la industria de la confección. La tragedia creó un escándalo nacional que estimuló la legalización de inmigrantes indocumentados y una campaña para el cierre de fábricas ilícitas.

La orden ejecutiva de Macri obliga a los trabajadores inmigrantes a volver a esas condiciones.

El DNU 70/2017 codifica una transformación que ya estaba teniendo lugar desde diciembre de 2015. Primero, a la policía se le dio el derecho de detener y pedir documentos de identidad a cualquier persona en cualquier momento. A mediados de 2016, se establecieron prisiones para inmigrantes, como parte de una campaña contra las “irregularidades migratorias”.

Estos cambios se produjeron paralelamente con la supresión de los programas de ayuda y asesoramiento jurídico a los nuevos inmigrantes que aún no han establecido la residencia y con un aumento sustancial de las redadas policiales contra trabajadores indocumentados en estaciones de autobuses, edificios de apartamentos y lugares de trabajo. En efecto, la administración de Macri ha dado la vuelta al principio de ley “inocente hasta que se probara su culpabilidad”, antes del DNU 70/2017.

En un contexto más amplio, y en línea con un cambio de lenguaje y de políticas propios de la dictadura de Videla, Macri y su gobierno llevan a cabo una campaña consistente para revisar la memoria histórica y minimizar el impacto de ese período salvajemente violento. Con este espíritu, Macri ha devuelto a las fuerzas armadas la autonomía que habían perdido después de 1983, ha prometido aumentar el presupuesto militar para armas, aviones de combate y otras compras, con el pretexto de combatir el terrorismo y ha reducido el alcance de los juicios contra los miembros de la Junta de Videla por crímenes de lesa humanidad, favoreciéndolos en muchos casos, al convertir las penas de prisión en arresto domiciliario.

La masiva oposición popular obligó a Macri a retirar su propuesta de transformar el 24 de marzo, el Día del Recuerdo para la Verdad y la Justicia, la solemne conmemoración del golpe de Estado de Videla (24 de marzo de 1976) en una fiesta intrascendente. Revisando la historia, el gobierno Macri ha reducido el número de víctimas y el impacto de las políticas genocidas y fascistas de Videla.

El DNU 70/2017 de Macri está siendo comparado con la reciente Orden Ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que prohíbe el ingreso de refugiados sirios e inmigrantes provenientes de siete naciones de mayoría musulmana. La comparación es apropiada, pues en ambos casos, el encubrimiento tras la cuestión de la inmigración es una política deliberada para atacar, dividir y desarmar a la clase trabajadora para beneficiar los intereses de ganancia de la oligarquía financiera y el imperialismo estadounidense. Ya antes de que Trump asumiera el poder, Macri había comenzado a discutir los vínculos militares más estrechos con Estados Unidos, incluyendo el establecimiento de bases militares en la frontera con Brasil y Paraguay y en el extremo sur de la Argentina.

Tardaron 20 años, entre la restauración de la democracia en 1983 y la promulgación de la ley de inmigración de 2003, para abolir la Ley antidemocrática, inconstitucional y represiva de Videla. Macri tardó un poco más de un año para restaurar formalmente todas sus características—con la colaboración de los sindicatos y los partidos peronistas.

El poderoso movimiento de la clase obrera de diciembre de 2001, el Argentinazo, en respuesta a la implosión que resultó de la crisis de la deuda Argentina, llevó a una serie de concesiones de los gobiernos Nacionalista-Peronista de Néstor Kirchner y su viuda Cristina Fernández. Entre ellos, la abolición de la Ley Videla y la renovación y persecución más agresiva de antiguos miembros y colaboradores de la Junta.

Sin embargo, a falta de un liderazgo socialista internacionalista, la rebelión obrera de 2001, con toda su militancia y combatividad, no pudo romper con el Peronismo, que en 2015 cedió el poder a Macri, sucesor de Videla y representante de Wall Street. Se dice que los líderes peronistas del Congreso Nacional están apoyando la orden ejecutiva de Macri.