El pasado 18 de octubre, una treintena de internos en el CIE de Aluche (Madrid) ocuparon la terraza del centro como protesta pacífica. Algunos de ellos estaban enfermos y, según denunciaron, no habían recibido atención adecuada. Trataron de que les recibiera el director del Centro utilizando el buzón habilitado para ello, sin obtener respuesta. Sumada a las pésimas condiciones de su internamiento, esta situación los empujó a organizarse para reclamar sus derechos. Pasaron la noche a la intemperie. Reclamaron su libertad y nos regalaron su ejemplo de resistencia, solidaridad y dignidad.
Esa noche los internos realizaron varios intentos de negociación con la dirección del Centro, quien les aseguró que no sufrirían represalias por la protesta y que sus demandas serían atendidas. Tanto durante las 10 horas de protesta como al día siguiente, las autoridades del CIE impidieron la entrada a cualquier visitante: ni familiares o amigos, ni las asociaciones acreditadas para visitar a internos, ni diputados del Congreso, ni concejales del Ayuntamiento de Madrid pudieron acceder al recinto.
A pesar de las promesas iniciales, según denuncian los internos, mientras estuvieron incomunicados fueron víctimas de agresiones por parte de la policía, lo que finalmente les llevó a declararse en huelga de hambre desde el pasado viernes 21 de octubre hasta el sábado 22.
La dignidad no puede ser encerrada ni sometida dentro de un CIE, tampoco deportada en un barco o un avión, por esta razón apoyamos la reivindicación de libertad y trato digno como expresión de protesta tan importante como legítima ante las políticas migratorias de la Unión Europea .
La investigación de este tipo de sucesos suele quedar truncada por la rápida deportación de las personas involucradas, lo que entorpece la acción de la justicia y crea un contexto de impunidad que es un caldo de cultivo para futuros malos tratos, torturas y vulneraciones de derechos. Desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE manifestamos nuestra preocupación por la posible deportación de las personas que protestaron, que a día 28 de octubre continúan internas, y por el trato que seguirán recibiendo los futuros internos.
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Los Centros de Internamiento de Extranjeros son herramientas del entramado de políticas racistas a las que están sometidas las personas extranjeras más vulnerables. Personas a las que, por estar en situación administrativa irregular, se les encierra en contra de su voluntad, a la espera de que les deporten por no cumplir una función deseable en el sistema neoliberal.
Por otra parte, las lamentables condiciones del CIE no son un problema puntual ni específico del CIE de Aluche, sino que es un problema estructural que afecta a todos los centros de este tipo. El CIE de Zapadores (Valencia) se encuentra cerrado temporalmente debido a una plaga de chinches a la que no se acaba de poner solución y somete a los internos a una tortura cotidiana. El CIE de Barcelona ha reabierto en medio de una fuerte polémica por no cumplir las mínimas condiciones humanitarias. Del CIE de Murcia se han fugado cerca de 70 internos la semana pasada. Hace unos meses las trabajadoras sociales solicitaron de nuevo el cierre del CIE de Barranco Seco en Canarias ante las deficientes infraestructuras. Incluso el propio Ministerio del Interior ha reconocido ante un juez que no puede garantizar las mínimas condiciones y que eso podría llevar al cierre de los CIE por imperativo legal, como ya denunció la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE.
Quien termina encerrada en un CIE, privada de libertad en contra de su voluntad por una falta administrativa, lo hace para esperar su deportación de la forma más angustiosa posible y sometida a vigilancia policial y rutinas de control continuas, con restricción de horarios y comunicación con el exterior y con atención sanitaria insuficiente. Esa persona puede pasar dos meses interna, consciente cada día de que en cualquier momento puede recibir la notificación de su expulsión con sólo 12 horas de antelación.
Arrancada de su entorno social y de su trabajo de la forma más brusca, la persona interna pierde el control sobre su propia vida. Sufre la falta de garantías jurídicas propiciada por la brevedad del procedimiento, la frecuente vulneración del derecho al asilo, y es desconocedora del futuro que le espera. Está completamente desprotegida. Los CIE no son centros de acogida: son las inhumanas antesalas de la deportación. Los CIE rompen las vidas de nuestros vecinos y vecinas migrantes. Y cuando las personas internas consiguen ser puestas en libertad tras su internamiento en el CIE, lo hacen en unas condiciones de vulnerabilidad y desprotección extremas.
Estas personas soportan una cadena de abusos y malos tratos perpetrada por el Estado, ese mismo que, en lugar de proteger sus derechos, pretende criminalizarlos. Pero no lo van a conseguir. No vamos a permitir que perdure el racismo institucional que hoy impunemente se impone en nombre de la seguridad. Porque somos muchas las que hoy cuestionamos esa idea deformada de la seguridad, y exigimos seguridad para nuestras vecinas y vecinos de origen extranjero. Estas personas no son peligrosas: están en peligro. Y ese peligro viene de todos los organismos, públicos y privados, que imponen el racismo institucional.
El entramado migratorio es hoy un cúmulo de medidas de estigmatización, exclusión y criminalización, un proceso represivo que recae por completo en manos de la Policía Nacional y que conduce a la trilogía que posibilita malos tratos y la tortura: la arbitrariedad, la opacidad y la impunidad policial. Es una cadena que cuenta con el beneplácito y la complicidad de la Unión Europea.
No queremos que sigan endureciendo las vías de entrada a Europa, ni más devoluciones en caliente, ni más redadas racistas, ni Centros de Internamiento de Extranjeros, ni expulsiones exprés, ni más vuelos de la vergüenza, gracias a los cuales Air Europa y Swift Air se lucran realizando deportaciones con contratos de 12 millones para año y medio. No queremos que se sigan endureciendo los procesos de regularización de papeles, ni que se les ponga obstáculos a las personas más vulnerables para obtener un amparo institucional que es suyo por derecho. Basta de discursos xenófobos, basta de azuzar el miedo a nuestras vecinas migrantes, basta de sacrificar la dignidad de las personas para servir a intereses políticos y económicos.
Ante esta situación, exigimos:
Una investigación en profundidad y el esclarecimiento de todos los hechos enumerados aquí.
Que la investigación de los hechos acontecidos en el CIE de Aluche se lleve a cabo hasta el final para así romper la cadena de impunidad que rodea estos centros.
Que, para ello, se interrumpan las deportaciones de las personas internas maltratadas en el CIE, asegurando sus Derechos Humanos, dándoles todas las garantías jurídicas y poniendo a su disposición la atención sanitaria adecuada.
Al Ministerio de Interior: el cierre inmediato del CIE de Aluche de los CIE, y de todos los demás CIE del Estado español, pues su mera existencia es, en sí misma, una vulneración de derechos
Y hacemos un llamamiento a todas las personas del Estado español para exigir estos reclamos, apelando a la solidaridad y movilización de la ciudadanía para que tomen parte en las campañas difundidas a través de los lemas #CIEsNO #StopDeportación y #QueLosDeportenAEllos
Por el cierre de todos los CIE, centros infames, opacos, injustos e intolerables.
Por el fin de las políticas racistas, represivas y criminalizadoras.
Por una apuesta hacia políticas que respeten los Derechos Humanos, que reconozcan la plena ciudadanía de las personas migrantes y que promuevan la convivencia. No vamos a parar.
Campaña Estatal por el cierre de los CIEs, 28 de octubre de 2016
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