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Captura de pantalla de http://www.trumptowersbaja.com/
Cuando Donald Trump aún era candidato a la presidencia de Estados Unidos, el ex diputado Jaime Martínez Veloz interpuso una demanda federal contra él por fraude y defraudación fiscal.
En ella se señala que el ahora presidente de EU pasó por alto las leyes municipales, estatales y nacionales en materia de inversión y construcción en el Trump Ocean Resort Baja México, que fue un proyecto de lujosos condominios en Punta Bandera, en Playas de Tijuana.
Esta denuncia será ampliada hoy --alrededor de las 14 horas-- por Martínez Veloz ante la Procuraduría por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por violación a las leyes migratorias y de inversión extranjera en México, señaló en una entrevista con Aristegui Online.
"Luego que empieza la precampaña, Trump empieza a agarrar a México como cliente para descalificarlo, es ahí cuando empecé a revisar el caso, pedí información por escrito al gobierno del Estado, el gobierno de Rosarito y el de Tijuana, quienes me contestaron por escrito y en ninguna de esas dependencias aparece algún permiso de construcción ni de uso de suelo para este desarrollo", manifestó.
En su denuncia, Martínez Veloz señala que se incurrió en "fraude fiscal contra la norma mexicana". Por ello, también envió una misiva al presidente municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán, para solicitarle su intervención y que aclare si Trump se apegó a la norma, y en caso de no haber ocurrido así, identifique, localice y cite a declarar a los responsables del probable fraude.
"Al no pagar nada, vimos que ahí había una acción de fraude fiscal y pusimos, en ese momento, una denuncia por defraudación fiscal a la nación por parte de Donald Trump.
"Entonces pusimos esa denuncia, el 29 de octubre del año pasado en Tijuana por defraudación fiscal, para que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, realicen las investigaciones correspondientes y, a su vez, la traslade a la PGR para ver si procede o no", explicó.
Sobre la ampliación de la denuncia ante la PGR, el ex diputado federal explicó que ésta va contra Trump y quien resulte responsable.
"En la Constitución se establece, en el Artículo 27, que ningún extranjero puede comprar o vender tierra en una franja de 100 kms. adentro después de la frontera o de 50 kms después de las costas (...) Hay una salvedad que se los permite, que debe tramitarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a través de una solicitud de información supimos que no hicieron tal trámite ante Relaciones Exteriores", abundó.
La denuncia advierte además que la empresa de Trump colocó un anuncio espectacular con la imagen del magnate en el sitio de la presunta construcción, generando altas expectativas en el complejo cuyos condominios oscilaban entre 350 mil y 900 mil dólares.
En 2009, el diario El Universal señalaba que la cancelación del proyecto obligó a autoridades y empresarios de Baja California y Estados Unidos a instalar un despacho jurídico para asesorar a cerca de 200 personas que habían pagado un enganche por su condominio.
A finales del 2006, la compañía estadounidense Irongate anunció la construcción de más de 520 condominios de lujo bajo la marca de Donald Trump e inició la promoción.
"Tres años después, la gente pagó y no vio absolutamente nada, no se construyó nada, sólo está la cimentación", dijo Martínez.
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