Congreso busca aprobar en 'fast track' ley para militarizar la seguridad pública

El Congreso busca aprobar en febrero próximo, de manera exprés, una nueva ley de Seguridad Interior que daría facultades al Ejército y la Marina para realizar labores de seguridad pública, pese a que las fuerzas armadas han reconocido no estar preparadas para ello, lo cual ha generado una serie de abusos y violaciones contra los derechos humanos que no fueron tomados en cuenta para la elaboración de dicha ley.

De este modo, diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM señalaron que las coincidencias entre los cuatro proyectos de ley que se discutirán en el Congreso (uno del PRI, uno del PRD y dos del PAN), hacen viable que la nueva ley de Seguridad Interior que se discutirá inicialmente en la Cámara de Diputados pueda ser votada en febrero próximo. Así lo reconoció Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado y legislador por el PVEM, quien negó que se trate de un albazo legislativo a pesar de que la Ley de Seguridad Interior podría quedar lista y aprobada en tan sólo un mes.

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"A mí me gustaría que tuviéramos el dictamen, que estuviera votado esto en 30 días. No veo condiciones para que esté ahorita en un periodo extraordinario, pero me parece en 30 días, después de lo que hemos escuchado, después de las coincidencias que hay en la iniciativa que ha presentado el PRI, en la iniciativa que ha presentado el PAN y en lo que nos ha dado a conocer el senador Miguel Barbosa del PRD, nos parece que hay muchas coincidencias. Es un tema que se ha discutido, que se conoce a la perfección, no es ningún fast track", apuntó Escudero.

Senado

Durante la presentación de los cuatro proyectos para la Ley de Seguridad Interior, los legisladores contarán con la participación de un representante del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante la elaboración de la ley, que según el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, cuenta ya con algunos consensos.

"El análisis de estas cuatro iniciativas, se pueden advertir ciertas coincidencias: los supuestos de afectación a la seguridad interior, los procedimientos para la declaración de afectación para la seguridad interior, la regulación de las fuerzas armadas en el ejercicio de esta función de seguridad interior y en la coordinación con estados y municipios para intervenir en esta función que constitucionalmente es originaria del Ejecutivo federal en términos del artículo 89 fracción sexta con relación al artículo 119 de la Constitución", dijo Humberto Castillejos Cervantes, consejero Jurídico de la Presidencia de la República.

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Fue así que durante una reunión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz; el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa; el senador Roberto Gil Zuarth y el diputado Jorge Ramos, ambos por el PAN, expusieron algunos de los principales puntos de sus respectivas propuestas de Seguridad Interior.

Sin embargo, durante la exposición de las mismas, ningún legislador hizo siquiera mención alguna de la grave crisis humanitaria que ha generado en México la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, ya que desde 2006 se han documentado de manera sistemática violaciones graves de derechos humanos por parte de militares y marinos que han reconocido no estar capacitados para desempeñar dichas funciones, tal como reconoció el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en diciembre pasado.

PRI: "NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"

Durante la exposición de su proyecto de Ley de Seguridad Interior, el diputado César Camacho Quiroz señaló que "no son suficientes las reglas pertinentes a la seguridad nacional, sino tenemos que focalizar la atención normativa a los retos de la seguridad interior", lo cual incluye los actos violentos que atenten contra los bienes jurídicos, escenarios por desastres naturales "y cualquier otro hecho que ponga en peligro la estabilidad, la seguridad o la paz pública".

Una definición que de acuerdo a algunos expertos en materia constitucional, resulta demasiado ambigua y puede ser utilizada para justificar que las fuerzas armadas puedan intervenir para contener la protesta social, por ejemplo.

"No es un cheque en blanco. En un Estado democrático, empezando por las autoridades, tenemos que estar ceñidos a la norma jurídica", añadió el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro.

Cuartoscuro

El HuffPost México preguntó a Camacho Quiroz por qué no se ha hablado acerca de las violaciones de derechos humanos que ha habido por parte de los militares.

El legislador priista respondió que lo que se discute es una ley, no es la discusión de los hechos. "Lo que eventualmente se tendrá que hacer es considerar estos acontecimientos para que los criterios de los legisladores se enriquezcan y la regulación de esta delicada materia sea la correcta.

Sobre si esto no se trata de militarizar al país, Camacho agregó que se podría ver de modo alguno, pero "es darle certeza jurídica no solo al ejército sino a los ciudadanos".

Sobre qué garantías tiene la gente de que la aprobación de esta delicada ley no vaya a salir igual de mal que ha salido la reforma energética hasta ahora, el coordinador priista dijo al HuffPost México que la reforma energética ha sido una gran reforma, "cuya aplicación plena y resultados se verán en el mediano y largo plazo. Y esta tendrá que ser también una muy buena reforma construida en un clima de pluralidad y apego a la Constitución.

Al respecto de la discusión de esta ley en el marco de las protestas por el alza de la gasolina, añadió que "hoy más que nunca necesitamos discutir y tener una ley democrática profundamente respetuosa de los derechos humanos que le dé seguridad jurídica a las fuerzas armadas y los ciudadanos".

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PAN: CON PEÑA SE DUPLICÓ LA PRESENCIA DE MILITARES EN EL PAÍS

Al defender su iniciativa de ley, el panista Gil Zuarth señaló que es necesario reglamentar la función de militares y marinos luego de que "el despliegue de fuerzas armadas en el país se ha incrementado en los últmos años", lo cual ha provocado que de 2012 a 2016 se haya incrementado el número de efectivos militares que desempeñan labores de seguridad pública.

En 2012 había 75 Bases Militares Mixtas en auxilio de Seguridad Pública con aproximadamente 1,680 efectivos militares desplegados de manera permanente. Para 2016, son 142 Bases Mixtas con 3,386 elementos permanentes. "Es decir, que en cuatro años el despliegue militar permanente prácticamente se ha duplicado", dijo Gil Zuarth.

Aunque su proyecto de ley señala que "queda excluida de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo" y faculta a las fuerzas armadas para "recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito", negó tajante que dicho proyecto busque militarizar al país, impedir la rendición de cuentas u otorgarle facultades de investigación de delitos a las fuerzas armadas.

Cuartoscuro

Sin embargo, Gil Zuarth tampoco hizo mención alguna sobre los casos de violaciones graves de derechos humanos por parte de militares y marinos.

El HuffPost México preguntó al panista la omisión a las violaciones sistemáticas del ejército en materia de derechos humanos en estas iniciativas. "Porque no es su propósito, la ley no regula violaciones. La ley regula los márgenes de actuación de las instituciones. Las violaciones se castigan en los tribunales", respondió Gil Zuarth.

—¿No se debería de tomar en cuenta el contexto, dada la situación por la que atraviesa el país?

—No es materia legislativa. ¿Cuál es la regla en relación con la violación de los derechos humanos? No tiene nada que ver esta ley ni ninguna ley con las violaciones a los derechos humanos, que son delitos, y los delitos se castigan en los tribunales— concluyó el senador blanquiazul.

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La otra iniciativa del PAN, presentada por el diputado Jorge Ramos en 2015, busca definir y acotar el concepto de Seguridad Interior y acotar la actuación del Ejecutivo federal a la hora de emitir una declaratoria de afectación.

STRINGER Mexico / Reuters

PRD: LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA CREAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD

La iniciativa del PRD, que será presentada este miércoles 11 de enero por el coordinador del sol azteca en el Senado, Miguel Barbosa, busca que la Ley de Seguridad Interior sea de carácter "verdaderamente excepcional", pueda ser acotada en una región y un periodo de tiempo específico y cuente con suficientes controles parlamentarios.

Esto, luego de que "a cuatro años de haber iniciado este gobierno, ha sido incapaz de construir una política de Estado en materia de seguridad; por el contrario, lo que existe es un conjunto de decisiones inconexas que muestran improvisación".

STRINGER Mexico / Reuters

UN PELIGRO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Luego de la sesión de la Comisión Permanente, organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por la manera en que la aprobación fast track de la Ley de Seguridad Interior podría recrudecer aún más la grave crisis humanitaria que enfrenta México.

Estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho".Organizaciones civiles

En este sentido, advirtieron que "la reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los que hoy se allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución".

"Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció", señalaron las organizaciones.

ONG y expertos preocupados ante posible imposición #LeyGolpista vs #derechoshumanos | @cataperezcorreahttps://t.co/ioJmBKhp3W pic.twitter.com/omXI5ohde9

— Centro Prodh (@CentroProdh) 10 de enero de 2017

A través de un comunicado conjunto firmado por 80 organizaciones que incluyen al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Instituto de Justicia Procesal Penal y México Unido contra la Delincuencia, entre otras, los defensores de derechos humanos señalaron que la adopción de una ley a partir de este concepto de seguridad interior "incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar".

"Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la discusión, es igualmente grave el formato con el que hoy comenzaron las discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas".

"La inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial. Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad", señalaron las organizaciones civiles.

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