[Colombia] Documento de Formación: Análisis de Coyuntura 2015-2016

venezuela / colombia | miscellaneous | portada Friday April 08, 2016 23:09 by Acción Libertaria Estudiantil (ALE) - Acción Libertaria Estudiantil (ALE) accionlibertariaestudiantil at gmail dot com

I Congreso Nacional de Acción Libertaria Estudiantil

En el marco del Primer Congreso Nacional de Acción Libertaria Estudiantil (ALE), desarrollamos un ejercicio de análisis de coyuntura que nos permitió caracterizar el actual periodo, sus transformaciones y los posibles escenarios que se advierten, para así poder definir proyecciones generales que supieran atender y desplegarse en el contexto actual. No sólo se trató de compilar hechos sino de delimitar procesos y tendencias a nivel internacional, nacional y en el escenario educativo-estudiantil que es el espacio concreto de intervención de nuestra joven organización.

En el marco del Primer Congreso Nacional de Acción Libertaria Estudiantil (ALE), desarrollamos un ejercicio de análisis de coyuntura que nos permitió caracterizar el actual periodo, sus transformaciones y los posibles escenarios que se advierten, para así poder definir proyecciones generales que supieran atender y desplegarse en el contexto actual. No sólo se trató de compilar hechos sino de delimitar procesos y tendencias a nivel internacional, nacional y en el escenario educativo-estudiantil que es el espacio concreto de intervención de nuestra joven organización.

1. Internacional:

El periodo actual lo caracterizamos como parte del ciclo de inestabilidad abierto después de la crisis económica del 2007-2008 que hoy desemboca en lo que parece un estancamiento generalizado de la economía mundial, incluyendo incluso a aquellos países que en los últimos años habían mantenido tasas de crecimiento sostenido como es el caso de China que hoy, sin parar de crecer, tiene los registros más bajos en los últimos años de avance de su economía y se enfrenta a una de las caída más importante de su bolsa financiera. Países como Grecia aparecen como las principales víctimas de este generalizado estancamiento que responde a un modelo de crecimiento sustentado en la deuda y promotora de la financiarización de la economía, cristalizando las consecuencias más duras de la crisis que se descarga sobre el grueso de la población y sus posibilidades de vida.

Este generalizado estancamiento de la economía mundial se completa hoy con una situación particular en el mercado mundial: por un lado las dificultades económicas de países importadores de petróleo, como China, y la incursión norteamericana en yacimientos de petróleo nacionales en busca de un autoabastecimiento petrolífero, ha producido una significativa reducción de la demanda internacional del crudo, que se ha acompañado por una creciente oferta, pese a los intentos de Venezuela en la OPEP para limitar la extracción y venta petrolera, que hoy se complejiza con el reingreso de países como Irán en el mercado petrolífero. La traducción obvia ha sido la estrepitosa caída de los precios del crudo como consecuencia de una situación de sobre-producción que ha resultado ser un fuerte golpe para los países económicamente dependientes a la producción y exportación del mismo. En paralelo, la acelerada y sostenida revaluación del dólar, ante la inestabilidad de los comodities, ha encarecido el comercio de las economías nacionales con fuerte énfasis importador, presionando por doble vía a las economías dependientes al mercado exterior y a su sector primario, como ocurre en América Latina.

La situación económica mundial aunque parece extenderse en múltiples regiones del mundo, se ha presentado como una posibilidad para la reconfiguración del mapa político internacional que surgió de la posguerra y colocó a EE.UU como la gran potencia mundial. Esta tendencia re-configuradora no ha cambiado aun con la revaluación del dólar y la relativa y -nos atrevemos a decir- coyuntural estabilidad del país del norte, y más bien se hace cada vez más evidente la competencia que significa en capacidad económica, política y militar, de nuevas potencias con vocación de disputa de la hegemonía internacional. Esto no significa empero una lectura del vaciamiento de poder y la pérdida de influencia de los EE.UU, que hoy por lo menos sigue siendo merecedor del título de potencia militar, pero si es claro que la favorabilidad de la segunda mitad de siglo XX se ha deteriorado.

Como parte de este nuevo escenario, en Latinoamérica se ha venido configurando una situación particular que marca el agotamiento de lo que significó por más de una década la alternativa más clara al neoliberalismo en la región, a saber, el progresismo. Los resultados en las elecciones legislativas en Venezuela el pasado 6 de diciembre junto a la derrota presidencial del kischnerismo en Argentina frente a una derecha fortalecida, vienen a destapar un proceso lento de pérdida de influencia de los gobiernos progresistas: las tensiones entre las bases sociales y el PT en Brasil, la poca contundencia del gobierno de Tabaré Vásquez en Uruguay, sucesor de Mujica, en medio de rupturas internas del Frente Amplio, y las tensiones sociales y la dificultad para gobernar por parte de gobiernos como los de Correa en Ecuador o Evo en Bolivia, son sintomáticos de un mismo proceso.

Las razones que pueden explicar el agotamiento son variadas, pero pasan inevitablemente por el contexto mundial: por un lado el progresismo pese a ser un fuerte crítico del neoliberalismo no pudo, o no quiso, transformar el modelo de producción nacional, se contentó con implementar políticas de distribución –presionadas desde sectores en lucha-, que fueron importantes para alivianar el sufrimiento de grandes capas sociales, pero mantuvo un modelo re-primarizador y exportador que poco abonó a la consolidación de una economía nacional sólida e industrializada, haciendo que la dependencia de antaño lejos de transformarse, se patentizará a través de gobiernos y discursos críticos al neoliberalismo.

A esto se suma la incapacidad de dar respuesta a problemas medulares en la región, como la desigualdad social o la crisis ambiental, generando en ocasiones tendencia contradictorias al discurso progresista como se cristaliza en la profundización de la brecha social, esta vez con la emergencia de la nueva burocracia de gobierno que se constituye como parte de los “nuevos ricos” de la región. Esto y más ha llevado a la generalización del descontento social empujando procesos de movilización liderados incluso por los mismos sectores que años atrás posibilitaron el ascenso electoral de estos gobiernos.

En el resto del mundo parece que los resultados de la crisis han catapultado la emergencia de nuevas fuerzas políticas que entran con fuerza al mapa político. En el caso Europeo resaltan, desde la izquierda, los éxitos relativos como el caso de Syriza en Grecia, que continúa hoy siendo gobierno pese a las rupturas internas del partido y la base social, y el de Podemos que se posiciona como la tercera fuerza electoral en España como lo develan las elecciones generales de diciembre. Desde la derecha vemos el posicionamiento del racista Frente Nacional de Francia, principal fuerza política, o el fascista partido griego Amanecer Dorado, hoy tercera fuerza electoral.

Otra de las regiones de mayor importancia, y que sin duda se ha convertido en los últimos años en el centro de atención del mundo, es el Medio Oriente que ha vivido una inestabilidad política y social que inició tras las protestas en el 2010 y que tomaron el nombre de la Primavera Árabe, en una intención de cuestionar los regímenes dictatoriales pero también la inestabilidad económica que producía la penetración del modelo neoliberal. De estas protestas se abrieron posibilidades de refundar las bases políticas de los países involucrados, pero aunque la movilización popular era fuerte, prontamente fue capitalizada por sectores fundamentalistas y dictatoriales que se harían con el poder (en el caso de Túnez y Egipto) o desencadenarían guerras civiles que como la de todos los conflictos internos en la zona, vinculando los interés de viejas potencias europeas como Francia e Inglaterra, EE.UU y Rusia.

Esta situación hoy presenta al Medio Oriente en un escenario de conflictividad profunda, con una guerra civil en Siria que ha dejado miles de muertos y ha generado un flujo migratorio por temor a la guerra. Además de la consolidación de proyectos fundamentalistas extremos, como el caso del yihadismo suní, que hoy controla vastas zonas de Siria en su pretensión de construir un gran Estado Islámico. Esto se suma a la tensión que durante años ha generado la presencia israelí en la región que ha mantenido una política de agresión y guerra contra el pueblo palestino, bombardeando con armas químicas sus ciudades, desplazando y tomando tierras por vía de la violencia.

En medio de tanto caos reaparece el pueblo kurdo, una nación sin Estado conformada por alrededor de 40millones de personas, que actualmente se encuentra fragmentada entre los países de Siria, Turquía, Irak, Irán y algunos países de Europa, que lucha por no desaparecer en medio de políticas y acciones militares que pretenden llevar a cabo un genocidio étnico. No más es ver el papel del Estado Turco encabezado por Recep Tayyip Erdogan, que ha declarado la guerra insaciable contra el pueblo kurdo: por un lado, en Turquía donde en los últimos meses ha declarado estado de sitio en el Kurdistán turco, adelantando operaciones militares en diversos barrios al sudeste de Turquía con mayoría kurda, asesinando a cientos de civiles kurdos y dejando grandes pérdidas en infraestructura; y por otro lado en Siria, que representando a la OTAN, ha buscado intervenir en el conflicto en esta región, impulsando en los últimos meses intensos bombardeos contra las milicias kurdas que avanzan al norte de Alepo, en búsqueda de la recuperación de ciudades como A’zaz y Tal Rifaat, que podrían poner freno al avance del fundamentalismo islámico, y que hoy se presenta como una situación parecida a la de Kobanî hace un año. A pesar de lo complejo del panorama político-militar, la propuesta del Confederalismo Democrático ha tenido grandes victorias políticas y avances militares en los últimos años, que hacen de este proceso no solo una lucha contra el Estado Islámico o limitada al plano de la guerra, sino también una autentica revolución social, que hoy más que nunca necesita de la solidaridad efectiva por parte de sectores izquierda y populares a nivel mundial.

2. Nacional:

El panorama nacional coincide en elementos generales con el internacional: Pese a las expectativas del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, le economía colombiana termina con uno de los peores resultados en años. La mentada estabilidad que habría evitado que el país sufriera fuertes consecuencias tras la crisis internacional parece fragmentarse de a poco, en parte por la profundización de la dependencia al mercado internacional, que va de la mano con el estímulo al sector primario, del agro y combustibles, junto a la venta de servicios varios. Ambos sectores siendo hoy los que jalonan la economía nacional.

Como sea, esto no le ha restado a Colombia la posibilidad de seguir siendo una de las economías más estables de la región y la 4ta con mayores niveles de crecimiento, pero si ha empujado a la implementación, o más bien aceleración, de una serie de acciones desde el gobierno central que vendrían a estimular la economía según los criterios del Banco Mundial: lo primero ha sido el retorno al debate sobre reforma tributaria, que desde el 2013 ha venido impulsando el ministro Mauricio Cárdenas; esta vez el énfasis está en el aumento de la base gravable y la profundización del recaudo por vía de impuestos regresivos como el IVA, que se anuncia aumentará en un 3%, pasando del 16 al 19% de gravamen. Se avanza además en la política de privatización que hasta hoy culmina con la venta de la principal productora y proveedora de energía eléctrica a nivel nacional, ISAGEN, siendo uno de los pocos sectores estratégicos que aun permanecían como patrimonio nacional. Las amenazas con empresas como Ecopetrol, o las capitalinas ETB o la empresa de basuras de la ciudad se patentizan con más fuerza.

El 2016 empieza además con la comúnmente fallida negociación entre sindicatos y patrones para definir el aumento del salario mínimo, que finalmente incrementa nominalmente en un 7%, equivalente a 1500 pesos diarios, en un contexto en que se presenta una de las inflaciones más altas en los últimos años que alcanza, según datos oficiales, el 6.77%, recrudeciendo las posibilidades de vida de los sectores con menores ingresos: más de quince millones de personas que ganan el mínimo o menos.

El panorama político nacional, develado después de las elecciones locales de noviembre, muestra una avanzada de posición de los sectores de la Unidad Nacional, siendo el Partido Liberal y Cambio Radical, los partidos más beneficiados. Posición que se gana en detrimento de las pocas victorias del progresismo que puntualmente pierden el gobierno de la Capital frente a una derecha renovada que supo capitalizar las limitaciones de la Bogotá Humana, cerrando un periodo de 12 años en los que la izquierda fue gobierno en la ciudad y complicando las posibilidades electorales de la izquierda que en medio de errores, sectarismo e incapacidad de ganar mayoría social, se aleja cada vez más de la proyección de ser gobierno.

Uno de los elementos centrales de estos últimos años ha sido el avance significativo en el proceso de diálogos entre las FARC-EP y el gobierno, que a finales de 2015 anunció una fecha para finiquitar la negociación, y aunque esta tuvo que ser aplazada porque aún faltan por acordar un par de temas clave, este gesto ratifica que el proceso no tiene vuelta atrás. Del mismo modo, el anuncio del fin de la etapa exploratoria de diálogos con el ELN y las expectativas de instalación de una negociación formal, abren la posibilidad de un nuevo escenario de lucha en que las insurgencias pasarían a disputar en el plano político legal y no desde las armas. Esto no significa, y ha sido claro en los últimos años, que la política de guerra contrainsurgente pierda vigencia en el país, y por el contrario se convierte en una amenaza y posibilidad para que la doctrina militar de uno de los ejércitos más cualificados del mundo canalice sus fuerzas para lo que se conoce como la “prevención del enemigo interno”, es decir, la profundización de una política de inteligencia, persecución, contención y criminalización del movimiento social. Ejemplos de ellos son las diversas capturas hechas a líderes y activistas sociales como la de Feliciano Valencia a finales del año pasado, las 13 activistas sociales del Congreso de los Pueblos en julio pasado o de varios líderes que aún continúan detenidos tras el Paro Agrario y Popular del 2013, a esto se suma cientos de asesinatos a líderes rurales y urbanos y defensoras de Derechos Humanos a lo largo y ancho del país, como Carlos Alberto Pedraza a principios del 2015 o las 120 militantes pertenecientes a Marcha Patriótica que han sido asesinadas desde su constitución en 2012. Así como las firmas de los acuerdos pueden presentarse como posibilidades para avanzar en la lucha social abierta, también plantea inquietudes sobre la política militarista del Estado colombiano, sumando la fuerte preocupación alrededor del fortalecimiento del paramilitarismo en varios departamentos del país.

En medio de este panorama, es preciso señalar, las últimas movilizaciones sociales de carácter nacional que han acontecido en lo que lleva el año: la primera, el 24 de Enero, que juntó algunos sectores de izquierda y personas indignadas, que salieron a las calles en diferentes zonas del país y que desembocaría en un movimiento –pequeño pero interesante- como el 24E; la segunda, el 17 de Marzo, convocada como un gran paro nacional por parte de las Centrales Obreras, sectores rurales y de izquierda, que a fin de cuentas no resultó ser un paro, pero sí una masiva e importante movilización nacional que logró juntar varios sectores en lucha del campo y la ciudad, estudiantiles, de mujeres, etc., y que deja sobre la mesa la importancia de construir rutas comunes de acción desde el movimiento social y el reto de construir un verdadero paro nacional que marqué un hito importante como el gran Paro Cívico Nacional de 1977.

3. Educativo/Estudiantil: “Desarticulación organizativa y pérdida de influencia”

El ciclo abierto después de la parcial victoria del movimiento estudiantil contra el Proyecto de Ley 112 del gobierno Santos, el cual pretendía reformar la Ley 30 de Educación Superior, se caracteriza por la flexibilidad táctica del gobierno nacional en su proyecto por profundizar un modelo desregulado y privatizado de educación superior, a la vez que el movimiento estudiantil se demuestra incapaz de sostener una fuerza estable que sea capaz de disputar como lo hizo entonces.

Después del 2011 se evidencia un lastre de derrotas que además de desanimar al grueso del estudiantado, lo ha dejado sin posibilidad de generar o liderar coyunturas de movilización a la vez que los referentes organizativos de unidad que para entonces tuvieron tanta resonancia, en particular la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y sus derivaciones locales, se desarticularon y murieron en medio de un mar de críticas y pérdida de legitimidad.

Esto ha derivado en la fragmentación y dispersión de las luchas al no existir un espacio de encuentro y articulación real, lo que en últimas ha contribuido a las derrotas en que han terminado las jornadas de movilización en la mayoría de universidades, como los casos de la Universidad Nacional (sede Bogotá y Medellín) que impulsó un paro hace ya unos semestres sin ganar nada, más allá del fortalecimiento de algunos procesos gremiales de base, hecho que no produce una victoria para el movimiento sino devela una tarea que debe ser constante en la construcción de la fuerza social estudiantil; o el de la Universidad de Antioquia en Medellín que finalizó el paro del semestre pasado, perdiendo el primer pulso con la rectoría, vislumbrando una pérdida en la lucha por el cambio de examen de admisión, que en últimas sería derogado en segundo debate en el Consejo Académico, dejando a la asamblea en un estado de ilegitimidad e incapacidad para afrontar los posteriores cambios anunciados por la rectoría en el reglamento estudiantil, Estatuto Profesoral y demás transformaciones que dictamina el Acuerdo por lo Superior 2034. Incluso aquellas universidades que lograron victorias significativas, como la Universidad Distrital en Bogotá, que logró detener la reforma estructural impulsada desde el CSU, hoy se hallan en la imposibilidad de concretar sus propuestas de construcción como lo fueron las consignas de Constituyente o Congreso Universitario que hoy parecen una bandera lejana ante la imposibilidad de la fuerza estudiantil de proponer un debate abierto para reconstruir el ordenamiento político administrativo de sus instituciones de estudio.

Las consecuencias se hacen evidentes en múltiples niveles: decepción generalizada del estudiantado, incapacidad de convocar al resto de la sociedad para afrontar luchas particulares, despolitización y des-radicalización de espacios organizativos, conjugada con la represión creciente que el año pasado se materializó con la captura y criminalización de estudiantes en ciudades como Bogotá y Tunja, y de profesores como el mentado caso del profesor de Sociología Miguel Ángel Beltrán.

En contraste, el gobierno nacional ha sabido dar la pelea y hoy presenta el grueso de sus iniciativas blindándose mediáticamente de legitimidad, ejemplos claros han sido la presentación del “Acuerdo por lo Superior 2034” que se exhibe como fruto de un procesos de construcción abierto, amplio, democrático y participativo, sintetizado en la idea de construir un gran acuerdo político entre los múltiples sectores educativos. Más recientemente son los casos del MEN quien presenta al proyecto “Ser Pilo Paga” como un éxito rotundo en el momento de brindar posibilidades de estudio a una población que antes no las vislumbraba, o presentando posturas en defensa de la población en los casos de corrupción de universidades, que empujarían el proyecto de Ley de Inspección y Vigilancia, o ante los precios abusivos que a inicio de este año presentaron los útiles escolares.

El escenario en general es desfavorable para el movimiento estudiantil, aunque se vislumbran posibilidades de ganar terreno a través de espacios de unidad que se han venido promoviendo pese a las múltiples limitaciones que contienen: por un lado está el Frente Amplio por la Educación que intenta aglutinar a sectores profesorales, sindicales de la educación, estudiantes secundarias y universitarias, y trabajadoras populares (siendo este último el gran ausente aún) a nivel nacional, pese a que su actividad se ha concentra en la ciudad de Bogotá. También aparecen iniciativas de re-encuentro a nivel nacional como el ENEES (Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior) o el ENEL (Encuentro Nacional de Estudiantes de Licenciaturas) convocado en el marco de la reforma de las licenciaturas que se promueve desde el gobierno nacional. Del mismo modo, se han generado coyunturas importantes en torno a la salud que han logrado ciertos niveles de encuentro entre el sector salud y estudiantil, que particularmente han llevado la pelea en torno a los hospitales universitarios como el caso de la Universidad del Valle o de la Universidad Nacional sede Bogotá.

El movimiento estudiantil debe saber capitalizar estas iniciativas y las coyunturas que se avecinan si desea salir del reflujo organizativo, para ello consideramos necesario apuntar a construir una fuerza estudiantil permanente que se exprese en espacios amplios y abiertos de construcción colectiva; el vacío que dejó la MANE ha venido superándose con iniciativas en lo local que se ha expresado ya sea en consejos estudiantiles o en mesas de facultad que tienen aún el reto de posicionarse y articular al movimiento estudiantil en un referente organizativo que se traduzca en un lugar de lucha para ganar posibilidades de victoria, convocando no sólo a la unidad estudiantil de forma radicalmente democrática, sino al resto de la sociedad.

Conclusiones:

Finalmente, todo el análisis anterior nos conlleva a enfocar nuestro accionar para el actual periodo hacia la acumulación y construcción de una fuerza social en el plano estudiantil y popular que pueda responder a la complejidad de la situación política, económica y social que hoy vivimos tanto a nivel local, nacional, regional e internacional; así como a avanzar hacia un proyecto político libertario multisectorial a nivel nacional que pueda impulsar las apuestas y formas de acción política desde una perspectiva clasista, feminista y libertaria que apunten a forjar un pueblo fuerte con vocación unitaria y autónoma, que levante banderas y luchas por una vida digna y una sociedad justa.

Es preciso, continuar profundizando nuestras lecturas, caracterizando continuamente el periodo en el que vivimos, diferenciando los hechos coyunturales de los estructurales, y los tránsitos que se puedan presentar, para delimitar adecuadamente nuestras tácticas y estrategias, en el marco de un programa que busque edificar una nueva sociedad comunista libertaria.

Acción Libertaria Estudiantil (ALE)
Proceso Nacional, 2016