“Es un enorme apoyo tener la solidaridad de otros países”, me comentó Arturo Campos mientras nos encontrábamos dentro de la cárcel donde está detenido ilegalmente en Ayutla de los Libres, Guerrero, México. El co-prisionero Ángel García añadió: “Enviamos un saludo a nuestros seguidores internacionales.”
Campos y García son dirigentes encarcelados de la fuerza de policía comunitaria de El Paraíso, cerca de Ayutla. Visité a estos hombres heroicos el 3 de enero, con Aideé Tassinari del Comité Nestora Libre de México y con Cuauhtémoc Ruiz del Partido Obrero Socialista (POS).
En representación de la Campaña por la Libertad de Nestora de los Estados Unidos y del Partido de Libertad Socialista (Freedom Socialist Party, o FSP), viajé a México para apoyar a estos y a otros activistas de la comunidad encarcelados injustamente por el gobierno mexicano. La presión desde el exterior es clave para detener la represión estatal y para que sean liberados cientos de presos políticos.
Las cárceles mexicanas son sombrías y tienen tan pocos fondos que las familias deben ayudar a proporcionar el sustento. Nos sentamos con Arturo y su esposa, Agustina, durante un almuerzo de sopa casera que llevó para las horas de visita del domingo.
Con su esposo tras las rejas, Agustina mantiene a sus seis hijos trabajando en dos empleos. Aun así viven en la miseria.
Yo llevé ayuda material: dos maletas grandes con estambre recolectado por la Campaña por la Libertad de Nestora. Los presos usan hilo para hacer y vender artesanías para proporcionar apoyo adicional a sus familias. Además, compañeros mexicanos llevaron juguetes y útiles escolares para los hijos de los presos.
Siete hombres de la policía de la comunidad están tras las rejas en Ayutla, los cuales tienen desde alrededor de 20 hasta alrededor de 45 años. Todos fueron detenidos en una redada del ejército mexicano el 21 de agosto de 2013, el mismo día que Nestora Salgado fue capturada en represalia por su liderazgo en la policía comunitaria de Olinalá.
Al igual que Salgado, los hombres eran miembros de las fuerzas de policía de la comunidad indígena, unidas a través de una red estatal, la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias). Dichas fuerzas están autorizadas por la ley 701 del estado de Guerrero.
La CRAC se fundó para poner fin a la violencia perpetrada por los carteles de las drogas en las comunidades rurales. La policía de la comunidad tuvo tanto éxito en la detención de los narcos y la exposición de la colaboración de los funcionarios elegidos que el estado fabricó cargos de secuestro y robo en contra de los presos.
El gobierno y los carteles tienen como objetivo mermar la auto-organización comunitaria con el fin de ayudar a las multinacionales en la explotación de recursos minerales e hídricos en las tierras comunales indígenas.
Compañeros tras las rejas. Durante nuestra visita a la cárcel de Ayutla, asistimos a una reunión de los presos políticos y muchos de sus cónyuges. En nombre de la Campaña por la Libertad de Nestora, expresé nuestra solidaridad con estos hombres y con todas las víctimas de la represión en México. Les dije lo impresionados que estamos sus partidarios estadounidenses por sus esfuerzos de defensa propia.
Fue inspirador ver la resolución de los compañeros por conseguir la exoneración y por liberar a todas las personas de la intimidación y la opresión.
Dos días más tarde, acompañado por el miembro del POS Ismael Ortega, me encontré con miembros de la policía de la comunidad Gonzalo Molina y Samuel Ramírez en la cárcel de Chilpancingo, también en Guerrero. Gonzalo había trabajado para atraer a más comunidades indígenas a la CRAC. Fue detenido a finales de 2013, pocos meses después de dirigir una manifestación en Tixtla de Guerrero, sede de la Escuela Normal de Ayotzinapa. La protesta denunció la connivencia del alcalde con los carteles de la droga y pidió la liberación de Nestora Salgado y de los miembros de la CRAC que están detenidos.
En la discusión de cómo lograr la libertad para él y otros presos de la policía comunitaria, Gonzalo hizo hincapié en la importancia del apoyo internacional. También señaló que “el gobierno tiene que seguir sus propias leyes.”
Basándose en el trabajo anterior. Mis visitas a las prisiones fueron una continuación de los esfuerzos realizados durante los últimos dos años y medio por el Comité por la Reagrupación Internacional Revolucionaria (CRIR), fundado por el FSP, el POS y otros grupos socialistas de América Latina. Unos meses después de la detención de Nestora Salgado, el FSP y el POS ayudaron a poner en marcha las comisiones en ambos lados de la frontera para liberar a la comandanta y a otros presos políticos de México.
Los afiliados y aliados de la CRIC en la República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Australia y Brasil se han manifestado frente a consulados y embajadas mexicanos para dar a conocer este asunto. Las protestas también han exigido la liberación de las fuerzas de autodefensa paramilitares encarceladas (autodefensas) del estado de Michoacán, dirigidas por el Dr. José Mireles.
En junio pasado, una delegación de la Campaña para la Liberación de Nestora de los Estados Unidos fue a la Ciudad de México para atraer la atención internacional a la situación de Salgado y la CRAC. La delegación habló en una conferencia de prensa con las familias de los presos, comunicó la difícil situación de los prisioneros en una manifestación masiva de profesores, y exigió que la embajada de los EE.UU. haga un llamado por la liberación de Nestora, ciudadana naturalizada de los EE.UU.
Los delegados tuvieron la suerte de reunirse con Salgado poco después de que puso fin a una huelga de hambre con la que obtuvo la transferencia para ella y otros presos de la CRAC de prisiones de máxima seguridad distantes a cárceles de nivel inferior de seguridad cerca de sus lugares de origen.
Por desgracia, mis intentos de visitar a Nestora fueron bloqueados por el obstruccionismo burocrático de las autoridades penitenciarias.
Deniegan el juicio justo, pero el movimiento crece. En el momento de mi viaje, los miembros de la CRAC presos habían estado encarcelados durante dos años y medio en un limbo legal. Sus acusadores no se presentan a las audiencias que se posponen en repetidas ocasiones. Los fiscales emplean tácticas dilatorias porque no tienen las pruebas o testigos necesarios para que los cargos procedan. Se ignoran las leyes que autorizan el autocontrol a las comunidades indígenas. Reveses similares agobian al Dr. Mireles y a las autodefensas. Está claro que los gobiernos estatales y federales están decididos a destruir a cualquier líder que defienda a su comunidad.
Pero es posible que la marea haya empezado a cambiar de dirección a medida que cobran fuerza los movimientos de los oprimidos. La policía comunitaria, las autodefensas, los amedrentados maestros de escuelas públicas, y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se están apoyando mutuamente contra su enemigo común: las acciones del gobierno mexicano a favor de los intereses del capitalismo internacional.
Otro punto positivo es la reciente decisión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, la cual declaró que Nestora Salgado fue detenida ilegalmente. Esta decisión pone en cuestión la detención de cientos de prisioneros.
Liberar a Nestora, a los miembros de la CRAC y a los presos políticos requerirá de la continua e intensa presión internacional. Una demanda importante es hacer un llamado al gobierno de EE.UU. para que suspenda la Iniciativa Mérida, un programa que arma y enseña a la policía y a los militares mexicanos tácticas utilizadas para encerrar y matar a activistas de la comunidad.
Al vincular la lucha en los Estados Unidos con la lucha de los activistas en México y en otros países, podemos construir un movimiento para acabar con toda la represión. Viajes como el mío y alianzas como la CRIR son pasos firmes en esa dirección.
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