RENE VILLEGAS
Reuters
México -- Preparativos de una demanda
penal contra un fallecido ex
presidente y nuevas presiones para la apertura
de archivos secretos se
anticipan a la conmemoración de
30 años de uno de los capítulos más
sangrientos en la historia de México.
El trigésimo aniversario de la denominada
Masacre de Tlatelolco será
recordado el 2 de octubre con tradicionales
protestas callejeras, actos
políticos y la difusión de
los resultados de una investigación legislativa
ordenada hace un año.
El 2 de octubre de 1968, tropas militares
con apoyo de agentes civiles de la
policía secreta abrieron fuego contra
una multitud congregada en la Plaza
de las Tres Culturas, de la céntrica
zona capitalina de Tlatelolco.
La masacre, cuyo saldo nunca quedó
fehacientemente establecido aunque
distintas versiones señalan que
los muertos superaron los 300, puso
dramático fin a protestas de una
efervescente izquierda juvenil que
movilizó a muchedumbres contra el
gobierno del entonces presidente
Gustavo Díaz Ordaz.
Díaz Ordaz, el séptimo presidente
que el gobernante Partido
Revolucionario Institucional (PRI) llevó
al poder desde 1929, asumió la
responsabilidad ``personal'' del cruento
episodio, pero su gobierno nunca
aceptó la muerte de más de
32 personas.
El ex mandatario falleció en 1979,
pero representantes de un llamado
Comité 68-98 anunciaron el lunes
que promoverán un juicio penal contra él
y varios de sus cercanos colaboradores
para sentar un ``precedente
histórico'' frente a la masacre.
Consultado sobre la probable demanda, el
secretario (ministro) de
Gobernación, Francisco Labastida,
respondió el lunes ante periodistas: ``el
licenciado Díaz Ordaz ya está
fallecido, no veo el caso... pero, en fin''.
Miembros del Comité 68-98, integrado
por más de 500 personalidades que
en julio exigieron en un documento la apertura
de los archivos secretos de
la matanza en poder del gobierno, dijeron
que la demanda involucrará
también, entre otros funcionarios,
al secretario de Gobernación de la época
y sucesor de Díaz Ordaz en la presidencia,
Luis Echeverría (1970-76).
Echeverría,citado en febrero por
la comisión que investiga la masacre, no
pudo ser interrogado en su domicilio durante
un tumultuoso encuentro con
los legisladores, por discrepancias sobre
la presencia de la prensa.
El ex presidente declaró entonces
a periodistas por primera vez, sin
embargo, que los militares involucrados
en la sangrienta represión
``cumplieron órdenes'' del entonces
comandante supremo de las Fuerzas
Armadas, el presidente Díaz Ordaz.
Echeverría negó que él
hubiera ordenado la matanza, por el simple hecho
de que ``la lealtad del ejército
lo obliga a no recibir órdenes de otros'' que
no fueran su comandante supremo.
El jefe de gobierno de la capital mexicana,
Cuauhtémoc Cárdenas, ex
candidato presidencial y considerado líder
moral de la izquierda mexicana,
declaró el lunes la necesidad de
aclarar, de una vez por todas, el papel de
los militares en la masacre.
``Ha sido injusto que el ejército
cargue, desde esa fecha, con las
responsabilidades de la masacre'', dijo
al reparar que, institucionalmente,
``las fuerzas armadas no tuvieron ninguna
responsabilidad'' en el episodio.
Miembros de la Comisión Investigadora
del Caso 68, creada en octubre de
1997 con participación de legisladores
de los cinco partidos políticos
representados en el Congreso, dijeron haber
tenido acceso a documentos
gubernamentales referidos a la masacre.
Pero agregaron que la comisión no
pudo conocer otros archivos
clasificados como ``secretos'' y que reposan
en poder del ministerio de la
Defensa, la secretaría de Gobernación
y la presidencia de la República.
La comisión divulgará el 2
de octubre las conclusiones de sus
investigaciones en un documento anticipado
como ``Informe de la Verdad''
sobre la masacre de 1968.
Copyright © 1998 El Nuevo Herald