Era la mañana del pasado 28 de junio, tractores del ingenio cañero del terrateniente Álvaro Saa se preparaban para efectuar un desalojo violento contra las comunidades liberadoras de la madre tierra asentadas en la finca García Abajo en Corinto, Cauca. Como no podía ser de otra manera, la escolta de dicha maquinaria estaba compuesta de forma mixta entre la vigilancia privada (que actúa básicamente como grupos paramilitares, que entre otras cosas, asesinaron en abril pasado a Javier Oteca a escasos cientos de metros de donde se efectuaba el actual desalojo) y la fuerza pública, acostumbrada a actuar junto a civiles encapuchados y con la mayor sevicia del mundo. Esta violenta alianza entre los elementos legales y civiles recuerdan las peores épocas de las llamadas convivir, no solo porque civiles armados con escopetas y pistolas disparan a la población civil frente a los ojos de la policía y el ejército como si nada, sino porque la fuerza militar ha encontrado un nuevo nido de odio dentro del conflicto de tierras que vive actualmente el norte del cauca, creando nuevos enemigos públicos que mantengan el orden del miedo del que no solo se alimenta el uribismo, sino también el peor del neoliberalismo de la pax romana santista. Seguir leyendo
