Correpi
Esta incompleta y muy breve serie de situaciones represivas recientes ilustra lo que es una constante a lo largo y ancho del país: la represión, con balas de goma, de plomo o a través del aparato judicial, de todos los trabajadores que se organizan para pelear por la vivienda, la tierra, el medio ambiente y sus derechos laborales. Estos pocos ejemplos demuestran que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y los municipales, recurren, cada uno con su estilo pero de similar modo, a su aparato represivo y a su aparato judicial cuando necesitan frenar el crecimiento de las luchas populares.
En la provincia de Catamarca, vecinos y ambientalistas que se manifestaban contra la megaminería fueron reprimidos en Belén, Aldalgalá y Tinogasta con el concurso del cuerpo de infantería de la policía provincial y patotas de las empresas. Hubo heridos por disparos de armas con postas de goma y gases lacrimógenos y varios detenidos.
- En La Plata, provincia de Buenos Aires, el juez de garantías Melazo ordenó la detención de cuatro delegados de la Dirección General de Cultura y Educación en una causa originada en las luchas gremiales del año pasado. Los trabajadores fueron acusados por el delito de “coacción agravada”, típica figura penal empleada para criminalizar la protesta, y arrestados por policías de civil que los emboscaron en su lugar de trabajo y a la salida de una reunión a la que habían sido citados por el director provincial de Negociaciones Colectivas con motivo de la ayuda oficial para damnificados por la inundación del 2 de abril. Ante la presión de la movilización, los delegados fueron excarcelados, sin desvincularlos de la causa, que continúa su curso.
- En Empalme Granero, Rosario, provincia de Santa Fe, la policía provincial reprimió a familias Qom que se habían instalado en un predio abandonado. Se utilizaron armas cargadas con balas de plomo, y hubo al menos dos heridos de consideración.
- En la provincia de Formosa, una patota de unas 30 personas se presentó en la comunidad La Primavera y apaleó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, y a su amigo Carlos Sosa. Unos días antes, un juez de Clorinda procesó a Félix Díaz por el delito de usurpación de los territorios ancestrales de su comunidad.
- En las afueras de la ciudad de Córdoba, centenares de familias sin techo que ocuparon tierras abandonadas para construir viviendas y desarrollar proyectos productivos en Piedras Blancas y Cuesta Blanca fueron reprimidos por la policía provincial, con decenas de detenidos, entre ellos uno de los abogados y militantes del Encuentro de Organizaciones que vienen ejerciendo la defensa de los represaliados. Unos días después, por orden del ministro de Desarrollo Social, un funcionario formuló una denuncia penal contra el Encuentro de Organizaciones, y, en particular, sus tres militantes abogados, acusándolos de ser los “cabecillas” de una asociación ilícita destinada a instigar tomas de tierras mediante engaños y fraudes a las familias.
- En Famatina, La Rioja, la policía provincial reprimió a manifestantes antimegaminería para impedir un escrache al gobernador. Hubo 15 heridos hospitalizados y cinco detenidos.
- En la provincia de Chaco, una movilización multisectorial en apoyo de los docentes fue reprimida. Luego, trece docentes y militantes sociales fueron acusados por los delitos de incitación a la violencia y daños a la propiedad pública, entre ellos el compañero Amilcar Soto de la FOB Chaco. Días después, en el marco de la lucha docente, se ordenó la detención de cuatro referentes sociales que participaron de una protesta en la localidad de J. J. Castelli.
- En la ciudad de Buenos Aires, mientras avanzan con lentitud impuesta por jueces y fiscales nacionales las causas contra la policía metropolitana por la represión en la Sala Alberdi, con tres heridos de bala de plomo, dos de ellos periodistas de la RNMA, y por la represión en el Hospital Borda, donde además de trabajadores, profesionales del hospital y pacientes también fueron heridos y detenidos periodistas, el jefe de gobierno dictó un decreto de necesidad y urgencia “para defender la libertad de prensa”, que provee herramientas a las patronales de los medios para limitar el derecho de huelga de los trabajadores.
- En el barrio porteño de Pompeya, los trabajadores de Lanci Impresores SRL, que tomaron la empresa en defensa de su fuente laboral, fueron desalojados con gases lacrimógenos por la policía metropolitana, siguiendo órdenes de una jueza contravencional.
- En Pacheco, en el conurbano bonaerense, la gendarmería nacional impidió por la fuerza una protesta de los trabajadores de la empresa multinacional autopartista LEAR que protestaban en Panamericana y Ruta 197 por despidos y reclamaban mejoras en las condiciones laborales.
- También en la ciudad de Buenos Aires, la Agencia Walsh descubrió que, por más de 12 años, tuvieron a un policía federal de la sección Reunión de Datos, división Análisis infiltrado como periodista. El oficial de inteligencia fue “preparado” para cumplir esa función por una década y media. Estudió periodismo, fue movilero de FM La Tribu y, en 2002, aprovechó su relación de vecindad y conocimiento de la infancia con uno de los fundadores de la Agencia Walsh para recalar allí, donde se convirtió en uno de sus miembros más activos, presente en todas las manifestaciones y movilizaciones, familiarizado con los referentes de todas las organizaciones populares y responsable de llevar la agenda de actividades de la agencia. Mientras tanto, y a pesar de las pruebas reunidas en la causa federal por el funcionamiento del Proyecto X de gendarmería, siguen en trámite y acercándose al juicio oral varias causas contra delegados del Frigorífico Rioplatense que se fundan en la labor de los gendarmes infiltrados y los informes de su base de datos.
Como responsables políticos de los hechos represivos listados, que ocurrieron en las últimas semanas, se agolpan Fernández de Kirchner, De La Sota, Scioli, Macri, Bonfatti, Corpacci, Beder Herrera, Capitanich, Insfran, etc.
Peronistas kirchneristas, peronistas no kirchneristas, macristas, “socialistas amplios y progresistas”, etc., más allá de sus matices, diferencias, contradicciones y enfrentamientos por el poder, todos actúan de la misma manera cuando deben enfrentar a los trabajadores y el pueblo. Con la represión directa a través de sus uniformados y sus patotas; con la persecución de la mano de sus jueces y fiscales; con la coerción del consenso impuesto desde los medios de (des)información, al servicio, como ellos, de los explotadores.
Así, reafirmamos que la represión es una política de estado, que, gobierne quien gobierne, se dirige a ejercer el control social y disciplinar a las mayorías populares para que perdure la sociedad dividida en clases.
Y reafirmamos la vigencia de nuestra consigna histórica:
Contra la represión, organización y lucha. Organización independiente, y lucha consecuente.
