Lo que faltaba: macartismo indigenista
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Tuesday May 28, 2013 17:20
by José Antonio Gutiérrez D.
La dirigencia indigenista y la oligarquía colombiana comparten tribuna
Hay líneas que no deberían cruzarse ni diez centímetros. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), acaban de cruzar una de ellas diez kilómetros.
Una cosa es que personeros de gobierno, generales y ganaderos señalen a organizaciones populares de ser áulicos de la “guerrilla”. Otra cosa muy diferente es que lo hagan dos organizaciones que vienen del mundo popular, que han participado de diversos espacios de convergencia política de diversos sectores sociales, que participan de plataformas político-sociales más amplias, que han recibido la solidaridad de todo el campo popular en sus movilizaciones del pasado. Resulta que, cuando creíamos haberlo visto todo, ahora tenemos lo que hacía falta: que la ACIN y el CRIC, de la mano de la ONIC (Organización Nacional de Indígenas de Colombia) se sumen desvergonzadamente a la campaña de señalamiento contra las zonas de reserva campesina y de otras expresiones organizativas indígenas y agrarias.
Lo que faltaba: macartismo indigenista
“Las organizaciones populares, los grupos armados, son nuestros hermanos, y hombro a hombro combatiremos con ellos para vencer a nuestros enemigos (…) ¡Vivan las luchas indígenas y las luchas de todo el pueblo colombiano!”
(Manifiesto de Santander de Quilichao, Comando Quintín Lame, 1984)
Hay líneas que no deberían cruzarse ni diez centímetros. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), acaban de cruzar una de ellas diez kilómetros. Una cosa es que personeros de gobierno, generales y ganaderos señalen a organizaciones populares de ser áulicos de la “guerrilla”. Otra cosa muy diferente es que lo hagan dos organizaciones que vienen del mundo popular, que han participado de diversos espacios de convergencia política de diversos sectores sociales, que participan de plataformas político-sociales más amplias, que han recibido la solidaridad de todo el campo popular en sus movilizaciones del pasado. Resulta que, cuando creíamos haberlo visto todo, ahora tenemos lo que hacía falta: que la ACIN y el CRIC, de la mano de la ONIC (Organización Nacional de Indígenas de Colombia) se sumen desvergonzadamente a la campaña de señalamiento contra las zonas de reserva campesina y de otras expresiones organizativas indígenas y agrarias.
Señalamientos
Cuando la ACIN o el CRIC han sido señalados de “fachada de la guerrilla” en el pasado (por ejemplo durante la Minga del 2008 o la expulsión de las tropas del Cerro Berlín el 2012), todo el movimiento popular se ha solidarizado con ellos; sus caciques se han rasgado sus vestidos denunciando esta satanización del gobierno, porque entienden lo delicado de estas acusaciones. Pero ahora estas mismas organizaciones creen perfectamente natural el estigmatizar y señalar a organizaciones que osan discrepar con sus caciques de la misma manera en que ellas han sido denunciadas en el pasado.
Un comunicado del ACIN, fechado 29 de Abril, condena a los “ideólogos de las FARC” por supuestamente auspiciar “
al interior de las comunidades, grupos organizados denominados AVELINOS, RESERVAS CAMPESINAS, entre otros. Los cuales tiene (sic)
como único fin el dominio territorial, ideológico, político y hegemónico para obstruir el desarrollo de nuestras organizaciones propias. Otra de las estrategias de estas organizaciones PARA GUERRILLERAS ha sido la económica, aprovechándose de la necesidad de las comunidades y comprando conciencia a los comuneros, ofreciendo préstamos e impulsando proyectos productivos que buscan romper la estructura de los cabidos indígenas” [1]. Todo un retorno al pensamiento maniqueo que divide a los indios en buenos y malos (obedientes vs. guerrilleros), enmarcado en la ideología contrainsurgente de “quitar el agua al pez” cueste lo que cueste.
Hasta el lenguaje que han utilizado es vergonzosamente semejante al que utilizan los uribistas. El 2007, Uribe vociferaba que “
cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es la denuncia de violación de derechos humanos". Hoy en día, en el marco del “juicio” indígena a seis comuneros por su supuesta pertenencia a las FARC-EP, Alcibiades Escué, dirigente del CRIC que el 2004 estuviera detenido por el presunto desvío de fondos del sistema de salud indígena para financiar al paramilitarismo, en términos no muy diferentes a los de Uribe, ataca a una organización defensora de derechos humanos: "
el juicio que hoy se va a dar es para castigar comuneros (…) pero no demoran en sacar un comunicado diciendo que el cabildo viola los derechos humanos (...) y hasta esta ONG defensora de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, diciendo eso es violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario".
Esto no es nuevo. El año pasado, en medio del conflicto por el desalojo del Cerro Berlín en el Cauca y de múltiples tensiones entre campesinos, indígenas y afros, apareció un artículo llamado “El Cauca y el resarcimiento de la memoria” firmado por Efraín Jaramillo, un antropólogo que afirma haber sido asesor del CRIC. En ese artículo, junto a una serie de imprecisiones, acusaciones temerarias y ataques gratuitos a sectores del movimiento popular, acusa a organizaciones como el “Movimiento Sin Tierra Nietos de Quintín Lame” y la “Asociación Indígena Avelino Ul” de ser fachadas del movimiento guerrillero. Las acusaciones infundadas e imprecisiones de ese artículo ya han sido refutadas en otra ocasión y no me detendré en ellas [2]. Contribuyendo con este ambiente de desconfianza y criminalización de la protesta popular, Feliciano Valencia, líder del CRIC afirmó, en una entrevista con Semana, que la pelea con los campesinos era por el control de la economía del narcotráfico (sic) y que los “indios” habían decidido “
tomar cartas en el asunto” [3].
Persecución
Y en verdad que han tomado “cartas en el asunto”. En un frenesí macartista, el CRIC y el ACIN han movilizado a sus guardias indígenas para adelantar una verdadera ofensiva contrainsurgente, delatando a muchachos que tienen simpatías reales o imaginarias con la insurgencia y hostigando a los campamentos guerrilleros. Dicho sea de paso, la ONIC, en boca de Luis Evelis Andrade condenó que las guardias indígenas “tomaran cartas en el asunto” contra la presencia militar en los territorios, llamando a sanciones contra ellos [4] y el propio Feliciano Valencia, en la citada entrevista, reconoce como un “error” sacar a los soldados del Cerro Berlín, más no así enfrentarse a la guerrilla. ¿Es exagerado, entonces, afirmar, como la hace un comunicado de las FARC-EP, que el movimiento indígena se ha plegado al Estado y sus organismos de seguridad, así como de constituir una eficaz avanzada contrainsurgente? [5]
Al parecer, la retórica oposición a todos los “violentos”, se traduce sencillamente en oposición activa a la insurgencia, oposición que encaja firmemente en el modelo de cooperación cívico-militar del actual gobierno. No en vano, León Valencia recomendaba al gobierno de Santos, después del incidente del Cerro Berlín, utilizar al movimiento indígena articulado alrededor del ACIN y del CRIC precisamente como una avanzada contrainsurgente. Decía en su columna en Semana, que Santos tiene en estas organizaciones “
a la mano un auténtico movimiento pacifista con el cual puede pactar unas reglas de juego para contener a las fuerzas irregulares sin dañar para nada el orden constitucional y la soberanía nacional” [6]. Al parecer, el gobierno escuchó sus consejos y el movimiento indigenista siguió obedientemente esa línea de conducta.
El incidente que ha desatado esta serie de recriminaciones epistolares entre las dirigencias indigenistas y organizaciones campesinas e indígenas, así como con la insurgencia fariana, fue la captura y “juzgamiento” de seis presuntos milicianos por parte de la guardia indígena el día 29 de Abril. Evento ampliamente publicitado por toda la prensa del régimen, el cual fue aplaudido entusiastamente por la comandancia de la III División del Ejército. El juicio en cuestión estuvo lleno de irregularidades, incluyendo que no hubo garantías para la debida defensa, que se limitó el uso de la palabra a los acusados, que la asamblea fue manipulada y no se permitió el ingreso de la comunidad local de Toribío, siendo llenado el salón con unas 800 personas traídas de 19 cabildos y que la parte acusadora jamás dio pruebas contra los acusados. Esta parodia de justicia, terminó su “linchamiento” seudo-jurídico con la entrega de dos de los acusados al Estado para encerrarlos en una de las cárceles del INPEC. Así de “autónoma” opera esta “justicia”. Las penas impartidas a estos dos desafortunados fueron de 40 años, pena que no está pre-establecida, habiendo sido sacada de debajo de la manga por un dirigente del CRIC quien consultó a los que gritaban más fuerte en la primera fila si querían 10, 20, 30 ó 40 años para los acusados, tal cual Pilatos consultaba a la turba si querían que se crucificara a Jesucristo o a Barrabás [7]. Lo mismo podrían haber sido víctimas de flagelos medievales que nada tienen que ver con los “usos y costumbres” indígenas sino más bien con tradiciones coloniales, tales como el uso del cepo, el látigo, privación de agua o enterrar a los condenados hasta el cuello. Estas “bellezas” se disfrazan como justicia indígena: no sabemos por qué deberíamos aceptar que derechos humanos básicos como el derecho a la debida defensa o la protección de la tortura se suspendan entrando apenas a una comunidad indígena.
Contención
Más allá del debate en torno a los usos y costumbres así como las credenciales democráticas de las propias autoridades indígenas, este juicio fue revelador de un grave problema: como sectores del movimiento popular son cooptados por el Estado para la lucha contrainsurgente y para la contención de la rebeldía popular. Esto se viene haciendo desde la época de los “limpios”, los guerrilleros liberales convertidos en feroces anti-comunistas después de ser “pacificados” por Rojas Pinilla en 1953. A veces, los sectores de punta de la contrainsurgencia son sectores que alguna vez fueron guerrilleros o revolucionarios y que tras pactar con el Estado, se vuelven “más papistas que el Papa” como se dice en criollo, pues tienen su prestigio político y sus privilegios hipotecados en el mantenimiento del
status quo. Si no, mírese algunos de los asesores que tuvo Álvaro Uribe y que hoy tiene Juan Manuel Santos. Aunque ni el CRIC ni el ACIN puedan todavía ser comparados con un Carlos Franco ni con un Obdulio Gaviria, el lenguaje que utilizan se asemeja cada día más al de ellos, como ya hemos señalado, salvo por salpicar sus comunicados con algo de fraseología progresista.
El ejercicio de la “autonomía” tan cacareado por los movimientos indigenistas es, en el mejor de los casos, relativo. Mientras se muestra impotente ante el Estado, es inflexible con sectores de la resistencia popular (tanto de la resistencia sin armas como de la armada) que muestran diferencias con las autoridades y métodos del CRIC o de la ACIN. Hasta colaboran abiertamente con el Estado (INPEC, Ejército) cuando se trata de contener a estos sectores y se dejan instrumentalizar plenamente por los planes contrainsurgentes del establecimiento, lo que les vale el reconocimiento de los medios, de los mandos militares y políticos. Es más, podemos decir que, en última instancia, el ejercicio de esta autonomía está garantizado por un Estado corrupto, mafioso y paramilitarizado. Lo que revela una patología más profunda que afecta a parte de la izquierda colombiana desde el “contrato social” firmado en 1991 a través de la nueva Constitución –importantes sectores del movimiento popular, por lo menos a nivel de dirigencias, fueron cooptados dentro del sistema y hoy tienen un interés objetivo en su mantención. Quienes más vehemente atacan hoy a los sectores sociales en resistencia y a la insurgencia son, a veces, quienes desde la izquierda “progresista” se creen guardianes del sacrosanto estado de derecho. El movimiento indigenista, desde que el “Movimiento Armado Quintín Lame” depusiera las armas a cambio de la institucionalización de ciertos beneficios en el marco de la nueva Constitución, cada día se enrumba en este camino de manera más decidida.
En el marco de esa institucionalización, los caciques indígenas hablan con el Estado de “autoridad a autoridad”, en una situación de ficticia equivalencia y lisonjas mutuas, que crea una distancia entre esa dirigencia privilegiada (que puede pensar hasta en candidatearse a la presidencia de esta república decadente) y las bases de las comunidades, las cuales frecuentemente les resienten y a las que utilizan como grupo de presión cuando toca re-negociar los términos del “contrato” de 1991. Así es que hemos visto situaciones como el ritual indígena de inauguración de Santos en la Sierra Nevada, el Congreso Embera en el cual la dirigencia de la ONIC aplaudió frenéticamente a Santos mientras éste llamaba a una “
minga por la prosperidad democrática” [8] y ahora la denuncia y entrega de supuestos insurgentes.
La cooptación del movimiento indigenista va de la mano de esta institucionalización a través de una ficticia “autonomía” así como de la oenegización del movimiento indigenista, del influjo de capitales de la cooperación internacional, los cuales (sobre todo en los casos de la cooperación europea y de USAID, que financian al movimiento indigenista -CRIC, ACIN, ONIC) tienen condicionantes políticos. Uno de esos condicionantes es el asumir una posición activamente contrainsurgente mediante discursos falaces como la “neutralidad” y la “simetría” en la condena a todos los “violentos” por igual –obviando que “todos” no son iguales, ni en su origen, ni en sus fines, ni en sus métodos. Esa simetría falaz, por la misma dinámica del poder, termina siempre criticando y cuestionando a los “actores” subalternos más que al mismo Estado, al cual finalmente se le termina aceptando como garante del sacrosanto estado de derecho [9]. En esa inercia de complacer a la “cooperación internacional” (la cual está dominada por gobiernos que comparten intereses estratégicos y objetivos con el Estado colombiano y que promueven esa agenda común mediante sus programas de financiación) hemos visto al movimiento indígena oenegizado terminar acusando a la insurgencia de “crímenes de lesa humanidad” y de un delirante “plan de exterminio” de los pueblos indígenas. Toda esta estridencia se da cuando, curiosamente, el propio Fiscal Montealegre ha dicho que no hay sentencias por crímenes de lesa humanidad contra los dirigentes guerrilleros, ante lo cual los uribistas más recalcitrantes han redoblado la estridencia de sus denuncias. ¿Cuáles son los elementos para culpar a la insurgencia de un plan de exterminio? La existencia de un conflicto social y armado que tiene repercusiones en el seno de las comunidades indígenas como de todas las comunidades rurales en Colombia –conflicto que no inició la insurgencia y conflicto en el cual muchos indígenas toman parte activa. Bien decía el abatido comandante de las FARC-EP, Carlos Patiño “Caliche”, en una entrevista con Hollman Morris el 2005, que eso de la neutralidad de las autoridades indígenas era ignorar la realidad del país –ahora vemos que tras esa supuesta “neutralidad” hay una toma de partido consciente.
Que haya muchachos que opten por entrar a la insurgencia porque buscan liderazgos alternativos en su rebeldía contra el sistema, sobre todo las muchachas, cansadas muchas veces de prácticas patriarcales, clientelistas y burocráticas, no constituye un plan por destruir a los pueblos indígenas. Estas simpatías que despierta la insurgencia entre los indígenas de a pie, como lo describe el comandante de las FARC-EP Timoleón Jiménez, “
por alguna razón que podríamos definir y aclarar, parece producir algún grado de irritación en cierto sector de sus autoridades” [10]. Que haya críticas a las dirigencias del CRIC y del ACIN, organizaciones con apenas unas cuantas décadas de existencia, no significa cuestionar el valor de las culturas milenarias de nuestra tierra. Que en ocasiones se den golpes aislados a personas acusadas de colaborar con el ejército o el paramilitarismo, en el marco de este conflicto (golpes que uno puede no compartir y que los movimientos sociales no comparten, pero que hay que demostrar con evidencia y no con señalamientos temerarios), no es lo mismo que un “etnocidio”. Decir que la orden de las FARC-EP de que sus efectivos no se dejen capturar por las guardias indígenas está muy lejos de la acusación delirante de que se ha convertido al movimiento indígena en “objetivo militar” [11]. De la misma manera, que haya indígenas que muchas veces decidan estrechar sus manos con afros y con campesinos en otras organizaciones, hastiados de sus organizaciones tradicionales o de visiones etnocéntricas estrechas (muchas veces azuzadas desde la academia), o que decidan formar organizaciones indígenas diferentes al CRIC y al ACIN porque no ven en ellas instrumentos efectivos de lucha, no las convierten en “organizaciones para-guerrilleras”. Tampoco eso las convierte en enemigos de las comunidades indígenas, comunidades que existen desde mucho antes que el CRIC, el ACIN o la ONIC. Sin embargo, según denuncia la Coordinadora de Asociaciones Indígenas del Cauca (CAIC), muchos de sus miembros y dirigentes han sido calumniados y amenazados por estas dirigencias [12], hecho que no dudo dado el grueso calibre de los señalamientos que hemos escuchados estas semanas.
Los dirigentes indigenistas oenegizados terminan, como lo denuncia un comunicado de las organizaciones campesinas del Cauca, representando al Estado ante las comunidades, afirmación compartida por muchos comuneros de a pie [13]. Son los guardianes de la comunidad ante el establecimiento, hecho que es exacerbado en el actual régimen autoritario y contrainsurgente. Decía Gramsci, al analizar el fascismo italiano, que en él se buscaba forzar a que todas las organizaciones de la “sociedad civil” cumplieran roles de policía política:
“[Debe entenderse a] la policía en sentido amplio, es decir, no simplemente la del servicio del Estado destinada a la represión de la delincuencia, sino el conjunto de las fuerzas organizadas por el Estado y los particulares (…) para proteger la dominación política y económica de las clases dirigentes. En este sentido es en el que lo mismo algunos partidos políticos que algunas organizaciones económicas o de otro género deben ser por entero consideradas como organizaciones de policía política, por tener un carácter de investigación y de prevención.” [14]
Esto es exactamente lo que vemos que está ocurriendo en el Cauca. En este marco, lo que nos preocupa, es que hasta donde sabemos existe temor de que las guardias indígenas puedan movilizarse nuevamente para atacar a sectores de izquierda en las comunidades, particularmente a sectores vinculados a la CAIC, a iniciativas como las zonas de reserva campesina, a la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y a la Marcha Patriótica. Esperamos que estos temores no se materialicen en nuevas agresiones, señalamientos y entregas, pero estamos atentos.
Unidad
Siempre hemos planteado la importancia de la unidad para el avance del movimiento popular. Tenemos un enemigo formidable, que pese a ser una minoría ínfima de la sociedad, está bien organizado y detenta el monopolio del poder económico y político. Los sectores populares, pese a ser la mayoría, están divididos, enfrentados a veces entre sí por conflictos secundarios, desorganizados y bajo el influjo de la ideología de los grupos dominantes. Sin embargo, asistimos a un momento en que la conciencia, la organización y las luchas populares avanzan en Colombia. La unidad es una tarea política que está a la orden del día, y si bien la izquierda colombiana así como muchos movimientos populares continúan en una dinámica antropófaga y sectaria, se han dado pasos importantes como la Ruta Social Común por la Paz, Comosocol y las plataformas político-sociales como el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica y Comosoc, entre otras. Sin embargo, estas iniciativas hacia la unidad, pese a que buscan renovar los métodos de la política, terminan muchas veces reproduciendo los mismos vicios de los partidos tradicionales. Sigue siendo un error el que muchas de estas iniciativas, a pesar de las intenciones y los esfuerzos de muchos militantes de base, se siguen concibiendo desde una perspectiva superestructural. La pauta de muchas de estas valiosas iniciativas sigue siendo la unidad desde arriba hacia abajo, donde a veces se reparten los cargos y las pre-candidaturas antes de que se solidifiquen las bases de los movimientos.
Se necesita repensar la política y repensar la unidad como horizonte para el movimiento popular. Muchas veces hemos callado las críticas a las dirigencias en aras de la unidad. Así se terminó aceptando como un mal menor la corrupción de la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, por ejemplo. Así también hemos callado las críticas al movimiento indigenista en aras de esa misma unidad, solamente para terminar recibiendo señalamientos y malos tratos. En ambos casos, el resultado de este silencio ha sido desastroso. Sabemos que la unidad de las resistencias de los afros, de los campesinos y de los indígenas es hoy una cuestión de primordial importancia en el Cauca. Mi pregunta es si acaso esta unidad deba seguirse pensando en función de las autoridades tradicionales que denuncian, persiguen, señalan y amenazan a otras expresiones del movimiento popular que les disputen su hegemonía.
Con el argumento de la unidad no se puede dar cabida a prácticas perniciosas que dañan los objetivos de las luchas populares a mediano y largo plazo. La amplitud de un movimiento puede incluir a una amplia gama de opiniones políticas, pero no puede incluir ni la traición, ni la corrupción, ni el clientelismo. No se puede tampoco caer en equívocas alianzas con quienes tienen un pie en el movimiento popular y otro firmemente clavado en las instituciones putrefactas, con quienes dicen hablar desde el pueblo pero cuya agenda política está comprometida con intereses ajenos y muchas veces no especificados. No puede haber unidad con quienes hablan en código progresista pero tienen intereses objetivos en mantener el status quo: la unidad que concebimos es para que la marea humana de los de abajo, de los desposeídos, de los marginados, de los explotados, de los discriminados arrase con las estructuras económicas, políticas y sociales que les oprimen, para que haya una transformación radical del presente de miseria, caiga quien caiga, aunque ni siquiera la sacrosanta constitución del ’91 quede en pie si hace falta.
Tampoco podemos creer que la unidad sea un tinto que se tomen las dirigencias para decidir a espaldas de sus bases. La unidad, ante todo, debe ser realizada
desde abajo y en la lucha, desde las resistencias de las mismas comunidades de a pie. La unidad es un deber con esas bases indígenas abandonadas a su propia suerte; unidad que será necesariamente de todas las sangres y culturas, en el marco del mutuo respeto y entendimiento, sin hegemonías ni posiciones autoritarias. Ejemplo de esta unidad lo han dado las mesas interculturales para solucionar problemas de territorio, como ha ocurrido recientemente en Itaibe, municipio de Paez, Cauca –referente de cómo los afros, indígenas y campesinos mestizos pueden dialogar con argumentos y no con garrotes, como tristemente ha ocurrido en el pasado, confrontaciones que claramente son funcionales a los que mantienen su poder gracias a la división del campo popular [15]. Es por ello, que elevamos una acalorada protesta ante el macartismo de sectores supuestamente populares, que mella a las mismas comunidades que estas organizaciones dicen defender, que siembra desconfianza y desunión en el movimiento popular, que exacerba tensiones étnicas (política que siempre han buscado los colonialistas para dividir y reinar), que va a contravía de los esfuerzos del actual momento de conformar un bloque popular que pueda disputar un proyecto alternativo para la sociedad colombiana, a riesgo de ser arrollados por las locomotoras santistas.
José Antonio Gutiérrez D.
24 de Mayo, 2013
[1]
http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/...rc356
[2]
http://www.anarkismo.net/article/23667
[3]
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-pelea-fondo-na...521-3
[4]
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-...-ffmm
[5]
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article51724
[6]
http://www.semana.com/opinion/articulo/el-desafio-indig...595-3
[7] Un relato sobre este juicio hecho en base a grabaciones y testimonios fue hecho por la Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view;=a...d=229
[8]
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Octubre/Pagin....aspx
[9] Estas teorías de la simetría y la neutralidad han sido suficientemente cuestionadas por las obras del padre Javier Giraldo (ver Guerra o Democracia, por ejemplo), así como por el Proyecto Colombia Nunca Más (ver sobre todo el Capítulo V del Tomo I). El efecto perverso de esta supuesta simetría y cómo termina necesariamente siendo un instrumento contrainsurgente, se desprende de una carta enviada recientemente por la ONIC y el CRIC al gobierno y a las FARC-EP en el marco de las negociaciones de paz. Mientras al gobierno piden apenas respetar el DIH, con la insurgencia no se limitan a ello, sino que detallan una larga lista de prácticas que supuestamente realizarían (lo que es cuestionable en muchos casos). Sin especificar, claro, que el Estado hace lo mismo y diez veces peor.
http://www.cric-colombia.org/portal/carta-al-gobierno-n...cuba/
[10]
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168224&titular;=n...auca-
[11]
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/57611-ca....html
[12]
http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view;=a...d=227
[13]
http://www.cric-colombia.org/portal/carta-al-gobierno-n...cuba/
[14] Poulantzas, Nicos “Fascismo y Dictadura”, Ed. Siglo XXI, 2005, p.393
[15]
http://prensarural.org/spip/spip.php?article10916
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Señores:
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA
CRIC
ASUNTO: Pronunciamiento frente a la convocatoria hecha por el CRIC al evento de posicionamiento territorial en el Páramo de Guanacas”.
Hoy, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – Coordinación Agraria Cauca (PUPSOC CAC), en momentos donde la construcción de confianzas y unidad entre los sectores populares organizados del Cauca se diluye fruto de posiciones incendiarias e irresponsables que pretenden no solo deslegitimar nuestras propuestas organizativas y territoriales, y a la vez señalarnos tendenciosa y equivocadamente como parte de la estructura insurgente, nos vemos avocados a pronunciarnos enérgicamente a raíz de la convocatoria realizada por ustedes a las Asociaciones de cabildos indígenas del Cauca, ONGs e instituciones públicas para el día 30 y 31 de mayo de 2013, en el Páramo de Guanacas.
Conocida la convocatoria con fecha del 30 de abril que le hacen ustedes a las Asociaciones de cabildos indígenas del Cauca para el evento de “posicionamiento territorial…” en el Páramo de Guanacas entre el municipio de Inzá y Totoró, consideramos que dicha convocatoria demuestra nuevamente el doble discurso que ustedes vienen manejando frente a las pretensiones territoriales, ya que frente a la clarificación de la propiedad de los presuntos títulos de origen colonial y republicano de las comunidades indígenas en el Cauca, en reuniones departamentales y municipales con nosotros, ustedes unilateralmente decidieron que la discusión no era política si no administrativa y judicial, tal como está regulada en la ley 160 de 1994 y sus decretos.
Con cordura histórica insistimos en la necesidad de conversar y buscar soluciones políticas concertadas a las tensiones y pretensiones territoriales entre campesinos, indígenas y afros. Incluso a nivel de algunos municipios como Inzá, la Asociación campesina de Inzá Tierradentro “ACIT” que coordina con nosotros, en un acto de sabiduría y convivencia en la unidad respetando la diferencia, propuso la construcción colectiva y horizontal de territorios Interculturales, ya que en ese territorio cohabitan campesinos e indígenas; con un ¡No¡ tajante ustedes negaron la posibilidad de construir unidad de lucha, gobierno y defensa del territorio entre ustedes y nosotros: Pudieron más los argumentos equivocados de “preexistencia”, tal como lo demostraremos en otro espacio.
Ustedes saben muy bien que el Páramo de Guanacas hace parte del Territorio que está en el mencionado proceso de clarificación de la propiedad, en el caso de Inzá y en la parte de Totoró, como pretensión para la ampliación del Resguardo de Totoró. También saben que los campesinos y campesinas de Inzá y Totoró, pretenden legalizar la Zona de Reserva Campesina de Tierradentro.
Por qué precisamente en estos momentos que se inicia el proceso de clarificación de la propiedad sobre ese territorio, quieren mostrar ante las instituciones (incluido Incoder que es el Juez) un posicionamiento territorial sobre ese paramo (y otros) que son la vida no solo de ustedes, sino de los campesinos y afros?
Consejeros: convocando al evento de “Posicionamiento territorial… del Páramo de Guanacas”, que no es otra cosa que un Acto Político provocador, faltan a la palabra empeñada (que vehementemente dicen respetar) cuando en las reuniones desecharon el debate político, dejando en manos del Proceso administrativo en Incoder y la instancia judicial en el Consejo de Estado, la decisión en firme sobre la titularidad de esos territorios.
Por lo tanto el PUPSOC – CAC como espacio de coordinación de más de 47 organizaciones del sector agrario responsabilizamos a la Consejería del CRIC, por los hechos que ocasione este acto político provocador que se pretende desarrollar en el Páramo de Guanacas.
PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROOCCIDENTE COLOMBIANO COORDINACION AGRARIA CAUCA (PUPSOC –CAC)
Copia: Gobernación del Cauca, Ministerios del Interior, Minas y agricultura, PNN, Incoder, ONGs, CRC, Alcaldías, Defensoría del Pueblo y Procuraduría Agraria.
En este país se ha pretendido hacer desde hace 200 y tantos años un Estado en el cual no cabemos todos los pueblos, provocando múltiples y permanentes conflictos en diferentes ámbitos de la sociedad, varios de ellos llevados a la confrontación armada. La amplia diversidad que somos ha sido desconocida por quienes han pensado construir la nación a imagen y semejanza de sus ambiciones capitalistas, imponiendo ese estrecho Estado mono-cultural y autoritario con el que sostienen sus privilegios.
El año pasado los indígenas Nasa del norte del Cauca agrupados en la ACIN, respondieron una vez más a los impactos del conflicto armado sobre sus comunidades y sus territorios, que ya dejaban una docena de civiles muertos y una alta destrucción de su infraestructura. El país y el mundo conocieron entonces esta realidad cuando la guardia indígena retiró el puesto militar ubicado en Cerro Berlín; independientemente de la tergiversación que hicieran los medios comerciales.
Entonces el Estado racista, centralista y guerrerista se pronunció en contra del pueblo Nasa, calificándolo como separatista y señalándolo como instrumento de la subversión, con lo que evadió el cuestionamiento a su responsabilidad constitucional, en tanto garante supremo de la vida y la convivencia de los colombianos. Pero sobretodo, se encubrió el repudiable hecho de que estos gobiernos por el contrario si despedazan el país para entregarlo en títulos mineros a las Empresas Transnacionales. En realidad ésta es la razón fundamental por la que no aceptan que las comunidades en las regiones decidan sobre el ordenamiento de sus territorios.
No era la primera vez que la ACIN le tocaba responder de esta manera. Desde los años 80 el pueblo Nasa ha asumido consecuentemente los mandatos de los Congresos de la ONIC sobre unidad, cultura y autonomía. En el Cauca, la realización de los mandatos de los Congresos del CRIC de liberación de la madre tierra,ha tenido a la ACIN como uno de sus protagonistas. Y desde que el conflicto armado se ha acrecentado en sus territorios, hace ya cuatro años, la ACIN ha sido persistente en la necesidad de establecer los diálogos regionales con todos los actores, con el fin de posibilitar acuerdos humanitarios; diálogos que los gobiernos nacionales han prohibido una y otra vez.
Lo que en el fondo se evidencia en esta situación es que el reconocimiento formal de que este es un país pluricultural, debe traducirse en el reconocimiento de autonomías y de institucionalidades propias. Implica que en los actuales debates sobre los caminos de la paz y los cambios que la superación de los conflictos reclama, hablemos acerca de lo plurinacional y de las identidades territoriales en la visión de nuevo Estado. En el caso de los pueblos ancestrales, se trata de reivindicar en sus raíces culturales las potencialidades para superar la homogenizante e indignante civilización occidental, la que sustenta las lógicas de explotación de la naturaleza y los seres humanos para que unos cuántos acumulen riquezas.
Precisamente la irrupción de los pueblos indígenas en los procesos sociales y políticos de América Latina, ha permitido nuevas lecturas, nuevos sujetos y nuevas formas de poder para las históricas luchas libertarias y socialistas de este continente. Quienes andamos en Congreso de los Pueblos, reconocemos esa presencia en los orígenes y desarrollos de nuestro proceso, particularmente de las comunidades indígenas del Cauca.
Con esta mirada sobre el carácter del conflicto, su expresión en el Cauca y sus actores fundamentales, hoy vemos con profunda preocupación el rumbo que empieza a tomar la radicalización de las diferencias en el Norte de ese departamento. No hay un momento de nuestra historia reciente en el que más precisemos de la unidad como el de ahora, cuando estamos disputando un camino hacia la paz con quienes han mancillado sistemáticamente la dignidad de los pueblos y del país. Ahora es cuando menos podemos perder la perspectiva de nuestras luchas, que con todos los costos, nos han posibilitado llegar a estos escenarios en los que hay una aceptación de la necesidad de replantear los modelos que tienen al país en crisis.
La división es la estrategia principal que ha mantenido este régimen que nos amarga la vida. No podemos ser su instrumento legitimador en esta hora crucial. Las diferencias llevadas al extremo de la violencia facilitarán la imposición de una paz que no es la nuestra, no la Colombia que queremos los pueblos. El nuevo país que estamos haciendo no es autoritario, es un proceso consciente y emancipatorio. Coloquemos los reconocimientos como procesos políticos por encima de la descalificación y el señalamiento; y en especial, reconozcamos a las organizaciones sociales como actores civiles.
Los pueblos no podemos seguir dirimiendo nuestras diferencias a través de comunicados, los cuales son tergiversados y manipulados por los monopolios de la información. Se hace urgente el debate directo, en el cual desde el respeto y la fraternidad que nos merecemos, abordemos con trasparencia y con el mejor ánimo, los problemas y sus soluciones. En lo nacional e internacional, las mismas organizaciones sociales compartimos espacios de articulación. Llamamos a las organizaciones populares de la tierra caucana, a establecer un espacio de conversaciones para superar nuestras dificultades y contradicciones, desde los intereses históricos que han empujado las luchas sociales y políticas. En ese propósito, que echemos a andar el Encuentro interétnico e intercultural donde acordemos instrumentos propios para la resolución de los conflictos. Cuenten con el Congreso de los Pueblos en ese propósito
Independientemente de las diferencias en los métodos, hoy al pueblo colombiano nos arropa una sola bandera: ¡la paz con justicia social y vida digna! Los conflictos del suroccidente colombiano son expresión del estado de cosas que necesitamos trasformar. En consecuencia, el Congreso de los Pueblos recoge los mandatos del reciente Congreso para la Paz para proponerle a los caucanos y caucanas, a las fuerzas sociales y políticas, a los gremios económicos, a las iglesias, a los gobiernos y a las insurgencias, a que convoquemos una gran Mesa Regional de Diálogo. ¡¡La paz es con todos y todas!!
Fraternalmente,
Equipo Dinamizador Nacional
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Bogotá, mayo 27 de 2013
“Nos resistimos a desaparecer, perviviremos por siempre oponiendo nuestra resistencia de siglos, heredada de los bravos que prefirieron morir antes de ceder un ápice al invasor extranjero, hasta alcanzar junto a los pobres de Colombia el poder para las mayorías”.
Las etnias indígenas del Caribe Colombiano, reunidas en la Coordinadora Indígena Caribe, de manera autónoma, en pleno uso de nuestro legítimo derecho a organizarnos, siendo consecuentes con la memoria de nuestros ancestros, luchadores heroicos y legendarios, en resistencia y defensa de nuestros derechos, territorios, memoria, cultura, usos y costumbres, declaramos:
1. La Coordinadora Indígena Caribe (CIC) surge como espacio de confluencia político y organizativo de las etnias indígenas de la región, reivindicando la lucha secular de nuestros pueblos por el territorio, la paz, la justicia social, la defensa de nuestras culturas y la posibilidad de vivir dignamente desde nuestra perspectiva propia; el rechazo al arrasamiento de la naturaleza y el medio ambiente auspiciado por las políticas estatales y la depredación de los recursos naturales del pueblo colombiano en beneficio del extranjero ambicioso, cómplice de los gobiernos de turno en Bogotá.
2. Propugnamos por la unidad de las etnias indígenas de la región y el país, y de estas con los demás sectores del pueblo humilde y explotado, que potencie la movilización del conjunto del pueblo colombiano por la soberanía, el desmonte del sistema neoliberal, la reforma agraria integral, hacia un país incluyente, pluriétnico y multicultural. Concebimos la unidad de los sectores sociales sobre la base del respeto mutuo, el reconocimiento de la diversidad étnica y la solidaridad entre los excluidos.
Rechazamos la pretensión del Estado que busca dividir a los pueblos indígenas y evitar su unidad empleando una política de cooptación de ciertos dirigentes y autoridades indígenas que desafortunadamente se dejan enredar en la maraña de la politiquería y las prebendas, entregando su conciencia en detrimento de los intereses de sus pueblos y hermanos.
3. Nuestra lucha no es solo por la raza humana, es también por la flora y la fauna que también son indígenas. Ante la amenaza del calentamiento global, propiciado por la insensatez del blanco u occidental, oponemos nuestra sabiduría ancestral y cosmovisión milenaria como alternativa de salvación del planeta.
4. Señalamos como único responsable de la postración de nuestras comunidades al Estado Colombiano, incapaz de resolver las necesidades de las mayorías, favoreciendo desde siempre a una minoría elitista que sojuzga y oprime inmensas capas de la sociedad y entre ellas, en grado superlativo, a los pueblos indígenas. Este Estado le roba todo al pobre para darle todo al rico.
5. Como responsable, causante y perpetuador del conflicto político, social y armado que padecemos, señalamos a este mismo Estado que generó las causas que provocaron la confrontación. Por lo tanto, consideramos que para acabar el conflicto se deben superar las causas que dieron origen al mismo, esto es: la exclusión, la falta de oportunidades, la guerra sucia de la oligarquía, el despojo de las tierras y del territorio, la carencia de servicios como educación, salud, trabajo digno, vivienda digna, recreación, etc. La paz es posible con justicia social, de lo contrario no dejará de ser simple quimera de pañuelos blancos y despojo perpetuo.
6. Al estado oligarca, sus fuerzas represivas y de guerra los declaramos elementos no gratos en nuestros territorios: son ellos los que llegan a matar y acabar nuestras culturas para entregar nuestra dignidad, territorios ancestrales y tranquilidad al “amo transnacional” que explota y se roba las riquezas dejando desolación, sangre y desplazamiento de nuestra gente. Con la honestidad que exige nuestra espiritualidad y la fidelidad a los intereses de nuestros pueblos y hermanos, no nos equivocamos al señalar a la fuerza pública y sus apéndices paramilitares como los únicos responsables de la violación de nuestra autonomía y territorios.
7. Para que cese tanta crueldad e injustica es necesario el diálogo. Saludamos el proceso de diálogo de La Habana entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos y extendemos a la mesa los mejores deseos de entendimiento. Consideramos este escenario como un punto de partida necesario para la reconciliación de los colombianos que requiere como condición inaplazable la participación del torrente popular en la mesa, que abra los causes a la construcción conjunta de la paz con justicia social, por ser ésta competencia de toda la sociedad y no solo de los actores armados.En este sentido, los pueblos indígenas tenemos mucho que decir y la autoridad moral para hacerlo, por eso, notando la atención que han merecido por parte de las FARC-EP las propuestas del pueblo colombiano, las invitamos a intercambiar con nosotros para aportar en la construcción de la paz con justicia social.
Así mismo, reconocemos el esfuerzo e interés de las FARC-EP por la paz, así como su reiterada propuesta de cese bilateral respaldada por un amplio espectro de la sociedad que con sensatez considera que el diálogo es inviable e impracticable en medio del fuego cruzado y de la agresión permanente de las partes en el campo de batalla.
8. En procura de escenarios de participación del pueblo en la mesa de diálogos, nos sumamos al proceso de Constituyentes por la Paz impulsado por el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Las Constituyentes por la Paz, además de aportar en la construcción de la paz con justicia social, son escenarios que promueven la edificación del poder popular como centro de gravedad de una democracia real y profunda.
En este mismo sentido, respaldamos la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente que abra las compuertas de la participación social y popular y reconstruya el pacto social hacia la reconciliación nacional sobre las bases de la justicia social.
Para los pueblos indígenas recaba mucho interés la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que establezca una nueva institucionalidad para un estado incluyente, dado que no nos sentidos identificados en las leyes de este estado oligárquico por no representar nuestros intereses ni ser consultadas con nuestros pueblos, porque a lo sumo son aprobadas solo por algunos “dirigentes” indígenas que reciben prerrogativas por traicionar su propia causa.
9. La CIC se ratifica fiel al legado de La Gaitana, Tupac Amarú, Tupac Katary, Cacique Morotuava, Bocha, Manuel Quintín Lame, Hugues Chaparro, Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres, Fredy Antonio Arias, y todos aquellos que con su sangre dignificaron nuestra raza y aportaron en la identidad, resistencia y lucha de la Patria Grande y Nuestra América, contra el imperialismo feroz enemigo de nuestros pueblos y de la madre naturaleza.
Invitamos a las demás etnias de la región a vincularse a esta expresión organizativa del sector indígena; en la CIC esperamos a todos los hermanos con los brazos abiertos para continuar la defensa de nuestros intereses y los del pueblo en general. Seguimos el proceso de organización regional como aporte al gran proceso de construcción de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, hacia lo cual dirigimos también nuestros esfuerzos, dedicación y vocación luchadora adquirida a lo largo de 500 años.
10. Nos resistimos a desaparecer, perviviremos por siempre oponiendo nuestra resistencia de siglos, heredada de los bravos que prefirieron morir antes de ceder un ápice al invasor extranjero, hasta alcanzar junto a los pobres de Colombia el poder para las mayorías.
Suscriben delegados de las etnias Wayuu (Maicao – Carreipía), Zenú (Chinchelejo), Arhuaco (La Guajira), Kankuama, Wiwa (La Guajira) y Mocaná (Atlántico).
La Comisión de Impulso del Movimiento Político País Común, frente a los conflictos presentados entre las organizaciones indígenas ACIN, el CRIC y la ONIC, con las FARC y otras organizaciones populares del Cauca, manifestamos:
El fundamento de una propuesta política que exprese las expectativas populares es, hoy más que nunca, la defensa de la autonomía y el control territorial por parte de las comunidades; los pueblos indígenas del Cauca son una de las expresiones más genuinas de este proceso alternativo. La defensa de la autonomía de los pueblos indígenas es un principio del movimiento popular; por esa razón, estamos en el deber de entender el dolor histórico de un pueblo que está cansado de centenarias agresiones y de manifestar nuestro duelo por las recientes muertes de más de 60 autoridades espirituales, líderes y comuneros del pueblo nasa.
Consideramos contrario a los intereses populares y a los procesos de emancipación social, el uso del asesinato, el atentado personal y la amenaza como formas de resolver contradicciones en el seno del movimiento popular. Saludamos el pronunciamiento del comandante Timoleón Jiménez donde afirma que no hay tal orden a sus tropas y que por el contrario existe un código de conducta revolucionaria que lo impide. Por ello, nos declaramos partidarios de conformar, a la mayor brevedad, un mecanismo de verificación confiable, con presencia de las autoridades indígenas y la guerrilla.
No compartimos el lenguaje utilizado por las organizaciones indígenas en su comunicado del día 29 de abril para caracterizar la situación y el comportamiento de varias organizaciones populares de la región con las que tienen conflictos de larga duración; la sindicación sin pruebas, la falta de precisión y las palabras ofensivas -como “paraguerrilleras”-, incluso con contradictores y en momentos de fuerte agitación política, no contribuyen a detener lo que se considera una agresión. Entendemos la fuerte reacción de las organizaciones que se han sentido agraviadas por dicho comunicado. Valoramos positivamente que la ACIN haya aclarado el sentido de sus afirmaciones en el documento “Abril de paz y guerra”, que circuló la semana siguiente a los hechos, y en particular donde reiteran su apoyo a las zonas de reserva campesina, su respeto a las organizaciones sociales y políticas que pudieron verse atacadas y su disposición al diálogo y los pactos por la liberación de la Madre Tierra. Llamamos a todos los actores involucrados a tomar atenta nota de esa declaración, para hacer una valoración equilibrada de la situación.
Lamentamos y consideramos inapropiado que varias organizaciones sociales que legítimamente consideran los términos del comunicado indígena como un señalamiento injusto, así como analistas cercanos a ellas, acudan a responder con señalamientos y provocaciones igualmente injustos. La sindicación reiterada de estos días a los líderes de ACIN y CRIC como paramilitares y contrainsurgentes, términos que ya se usaban previamente y que en buena medida provocaron la declaración de las organizaciones indígenas, solo contribuyen a exacerbar el clima de agresión y confrontación.
Es imprescindible que las partes involucradas en este conflicto entiendan que una guerra de descalificaciones solo favorece los intereses de los verdaderos enemigos del movimiento popular.
Respaldamos incondicionalmente los ejercicios de justicia propia realizados por las autoridades indígenas del Cauca. Cuestionar las formas de aplicación de justicia de los indígenas nasa –asamblearia, con base en la investigación colectiva— con argumentos del derecho occidental, constituye una lamentable concesión al pensamiento colonialista. Solicitar al Estado colonial que intervenga como supervisor de estos procedimientos, es inaceptable, y niega desde ya la posibilidad a futuro de conformar una sociedad plural e igualitaria lejana a la opresión de los pueblos.
Llamamos a las organizaciones sociales a detener cualquier acción que pueda ser entendida como una agresión a cualquiera otra de las organizaciones de la región, que en este momento tan sensible sería muy perjudicial para todos. En particular llamamos respetuosamente al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y a las organizaciones zonales indígenas que tienen previsto un acto de posicionamiento territorial en la comunidad de Guanacas (Inzá) el próximo 31 de mayo, para que actúen bajo un sentido profundamente dialogante con las comunidades campesinas de la región y eviten procedimientos de fuerza.
Los acuerdos iniciales entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana sobre los asuntos de tierra y territorio abren un camino propicio para solucionar los conflictos por la tierra en el campo popular, todos los cuales han sido provocados por el Estado y la mercantilización del territorio. Estamos en el momento adecuado para relanzar los diálogos interétnicos en dirección a resolverlos. Entre los temas fundamentales de esos diálogos está darle vía a la construcción de territorios comunes de las comunidades rurales y establecer pactos para la liberación de la Madre Tierra. Resulta pertinente realizar el Congreso de las resistencias territoriales, por un nuevo ordenamiento y armonización territoriales.
Saludamos y acompañamos los esfuerzos de diferentes organizaciones y convergencias sociales y políticas que se han ofrecido para facilitar el diálogo directo y respetuoso entre las organizaciones indígenas, campesinas y políticas populares del departamento del Cauca.
Es fundamental ampliar y fortalecer la necesaria Ruta Social Común para la Paz. La gran marcha del 9 de abril y el Congreso para la Paz han señalado el carácter y la agenda de dicha ruta: amplia, masiva, dirigida a profundizar la democracia y la justicia social. Tenemos el deber de respaldar los diálogos del gobierno y las FARC en La Habana, exigir la apertura del diálogo con el ELN y movilizarnos para imponer nuestra agenda de paz. El movimiento popular tiene que ser el principal beneficiario de la terminación del conflicto armado.
Autoridades Indígenas Acin, Cric, Onic:
En su Comunicación Pública a la opinión nacional e internacional del 29 de Abril/2013: “Comunidades indígenas condenan a los
ideólogos de las FARC”, se hacen planteamientos producto de lo que entendemos son conclusiones definidas en la Asamblea de las Comunidades Indígenas del Norte del Cauca ante la realidad que se vive y, que van dirigidas a las FARC, y que suscriben como autoridades indígenas.
Hemos sido solidarios y nos hemos movilizado conjuntamente ante hechos que han generado afectación a las comunidades, crisis humanitaria e infracciones al DIH y en especial al principio de distinción de la población civil en actos de guerra, tanto por parte del estado como de la insurgencia, asumiendo una opinión crítica.
Si bien respetamos sus puntos de vista, en planteamientos donde se señala a organizaciones y estrategias como “Paraguerrilleras” definidas por la insurgencia, no podemos compartirlas. Pues no se puede asumir los señalamientos como parte de los argumentos,-
esto lleva a un craso error y pone en riesgo a líderes y organizaciones sociales, que promovemos autónomamente iniciativas con las que pueda coincidir la insurgencia sin que seamos parte de su estructura, o que eso nos convierta en actores ilegales, y mucho menos instrumentos de la guerra contra el movimiento y comunidades indígenas.
Debemos diferenciarnos de los métodos que usan los actores de la guerra, en especial los que desde el gobierno y sectores retardatarios se han dado, al acusar todo proceso diferente y alternativo como infiltrado por el terrorismo; y por el contrario comprender las diferencias y propuestas que hacen otras organizaciones sociales, sin señalarlas ni ponerlas en escarnio público.
En ese sentido, se nos hace daño estigmatizando los procesos que desde la Mesa Campesina del Cauca y desde muchos otros espacios del país impulsamos los derechos de los excluidos, en particular el reconocimiento de los Derechos de Campesinos y Campesinas,-
y en especial a una Territorialidad para lo cual venimos impulsando los “Territorios y Reservas Campesinas”, mediante figuras jurídicas como las Zonas de Reserva Campesina-ZRC (Ley 160/1994), o Reservas Ambientales (Ley 99/1993),-
o Territorios Asociativos y Comunitarios (Ley 135/1961), o Colonias Campesinas (Ley 200/1936), todas normas vigentes, distintas a las que la insurgencia ha planteado para integrar a sus combatientes en un eventual acuerdo de paz como lo son las “Zonas de Producción Campesinas”, que podrían asimilarse e incluso confundirse con nuestras iniciativas.
Consideramos que los términos de su comunicación en el aparte donde señalan a las organizaciones son desafortunados y peligrosos ante el delicado momento que vivimos en la región y el país.
No se contribuye así a los procesos de solución de conflictos intersectoriales, interétnicos e interculturales que estamos tratando de abordar y encontrarles soluciones dialogadas, justas y sabias. Y afectan la construcción de confianzas y unidad en la diversidad a la que queremos no ser inferiores, y en que venimos empeñados con la Mesa Interétnica e Intercultural junto a otros procesos indígenas, afros y campesinos, independientemente de la institucionalidad.
Los invitamos a rectificar en sus señalamientos y a corregir dando discusiones en escenarios donde tengamos manejo, y capacidad de gobierno de las consecuencias que puedan acarrearse a los procesos comunitarios alternativos, autónomos y constructores de paz por parte de los enemigos de la dignidad y justicia social.
Coordinadora Nacional Afraria Cauca, Cima, MCC, Acader, Ordeurca Asociación Campesina de Popayán, Asocampo, Red de Reservas Naturales de la sociedad civil.
cc. Coordinación Agraria del Cauca-Proceso de Unidad Popular del Suroccidente CAC-Pupsoc, Fensuagro Cauca.
Excelente artículo de José Antonio Gutiérrez.
Ya es hora de no dejar pasar más por alto prácticas de delación y colaboracionismo con un régimen como el colombiano.
Entregar seres humanos a la tortura, a las cárceles del INPEC -como lo está haciendo la ACIN al entregar a los hombres y mujeres indígenas que no comulgan con su autoritarismo y políticas- haciéndolos padecer juicios sin derecho a defensa para enterralos vivos en las cárceles de Estado colombiano, es inadmisible.
La izquierda colombiana tampoco puede avalar los señalamientos proferidos por ACIN contra las Zonas de Reserva Campesina, el Quintín Lame y otras organizaciones indígenas (en la CAIC) que no comulgan con las prácticas de la ACIN y el CRIC. Los señalamientos proferidos por ACIN-CRIC son de suma gravedad, ya que acusan a otras organizaciones civiles, de ser: "organizaciones paraguerrilleras".
Ahora llaman a la Unidad: y claro que es la Unidad la que conviene al campo popular, pero no una Unidad sin revisar antes esos comportamientos de señalamientos y delación. Lo que hace falta, ante todo es que cese la labor de ACIN de trabajar contra las demás organizaciones populares de la región, acusándolas de "organizaciones paraguerrilleras", a sabiendas de que esa acusación en Colombia significa la tortura o la muerte.
El pasado 26 de abril la guardia indígena del norte del Cauca, retuvo a siete indígenas sindicándolos de pertenecer a la insurgencia de las FARC-EP y de darle muerte a uno de sus mayores, Benancio Taquines, así como a otros indígenas de la zona. Al día siguiente, y ante un gran despliegue mediático, la Asamblea de las Comunidades Indígenas del Norte del Cauca condenó, según sus leyes, a dos indígenas capturados a 40 años de "patio prestado" es decir cárcel, que se cumplirá en jurisdicción ordinaria: en un centro de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
De acuerdo con la jurisdicción especial indígena este tipo de juicios y condenas hacen parte de sus derechos constitucionales. Lo que resalta en este caso, no es el juicio en si mismo ni la manipulación mediática que condenó a los capturados como miembros del sexto frente de las FARC-EP sin tener prueba alguna, sino el duro pronunciamiento firmado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) donde se señala a diversas organizaciones sociales de hacer parte de “un plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento indígena colombiano” orquestada por las FARC-EP. Link
El hecho genero diversas reacciones. Entre otras la del máximo jefe de esa insurgencia, Timoleón Jiménez , quien señaló que tales actos no se corresponde para nada con la realidad y más parece el producto del envenenamiento por parte de terceros interesados a los indígenas que acusan a las FARC de tales planes. En el pronunciamiento fechado el 12 de mayo este grupo insurgente señala "los interés que intentan minar el movimiento indígena en la región del Cauca". Link
Por su parte las asociaciones pro-constitución de zonas de reserva campesina de los municipios de Corinto, Miranda y Caloto intercedieron en la discusión e hicieron pública su posición en comunicado del 22 de mayo, en el que dicen que este tipo de aseveraciones asombran e indignan lo que piensan y hacen unos pocos consejeros indígenas que utilizan el buen nombre de mucha gente de sus comunidades para aprovecharse de ella. La comunidades plantean que este tipo de pronunciamientos "tienen que ver directamente con la gran cercanía que por décadas el CRIC y la ACIN han tenido con agencias como la del gobierno norteamericano USAID y programas de inversión del capital europeo". Link
Por su parte la Convergencia de Asociaciones Indígenas del Cauca (CAIC) que agrupa a ocho asociaciones indígenas del Cauca denuncian amenazas, calumnias y montajes contra algunos de sus dirigentes comunitarios, ponen en tela de juicio la legitimidad algunas de las autoridades indígenas que firmaron el comunicado y responsabilizan a las dirigencias del CRIC y ACIN por cualquier cosa que le pase a las asociaciones, líderes, indígenas y comunidades de la zona. Link
A la situación de tensión, permanente militarización y violación de derechos fundamentales, que viven las comunidades campesinas e indígenas del suroccidente del país se suman ahora estos señalamientos.
La Red de Derechos Humanos "Francisco Isaías Cifuentes" ha venido realizando una serie de denuncias que han venido recolectando al interior de las comunidades indígenas y que muestra un panorama enrarecido gracias a la intermediación en esas comunidades de programas internacionales de desarrollo. Aquí reproducimos la denuncia y las solicitudes del colectivo de derechos humanos:
1. Que se cumpla realmente con la función de inspección, vigilancia y control en la aplicación de la jurisdicción especial indígena de manera tal que se garanticen los derechos fundamentales de nacionales que independiente de su pertenencia étnica son ciudadanos colombianos y están viendo afectados sus derechos.
2. Que se adelante un proceso de reglamentación normativa que ponga al centro la garantía de pilares fundamentales tales como el de legalidad, debido proceso, libertad, dignidad, igualdad y presunción de inocencia. Los cuales están siendo afectados en aplicación de la jurisdicción especial indígena. y de paso que se ponga límites y controle el ejercicio del poder jurisdiccional sobre las autoridades indígenas.
3. Que se adelante un proceso exhaustivo de revisión de las sentencias dictadas por los tribunales indígenas en el Departamento del Cauca.
4. Que se la jurisdicción ordinaria asuma la investigación de la muerte del señor ALFREDO RIOS, dirigente campesino asesinado el día 23 de julio de 2011, cuando era candidato al Consejo Municipal de Toribio. Y que en dicho proceso investigativo se llame a rendir testimonio al señor CIVILINO UL.
5. Que se reglamente todo lo relacionado con los recursos de las transferencias que, de los impuestos de todos los colombianos, se hacen a entidades indígenas de derecho público especial.
El presidente Juan Manuel Santos, saludó y agradeció este viernes a los pueblos indígenas del país y del mundo en la conmemoración de su día internacional, por los aportes que han hecho al desarrollo y a la construcción de una mejor sociedad.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1994, recordó Santos y comentó que "este año su lema es "Pueblos indígenas construyendo alianzas: En honor a los tratados, acuerdos, y otros arreglos constructivos", dijo.
Y al referirse específicamente a los comunidades autóctonas de Colombia, hizo un reconocimiento público a sus principales organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), entre otras.
El jefe de Estado dijo que durante su Gobierno se ha trabajado conjuntamente en el fortalecimiento de espacios de interlocución y concertación, "siguiendo el espíritu de construir alianzas y hacerle honor a los acuerdos y arreglos constructivos", enfatizó.
Santos dijo además que en su último año de Gobierno "seguiremos firmes en nuestro propósito de mejorar las capacidades de gestión de los recursos y de adecuar la institucionalidad pública a nuevas realidades para avanzar hacia el país más justo, moderno, seguro e intercultural que queremos dejar a las nuevas generaciones", señaló.
Finalmente, recordó algunos eventos importantes que realizará la población indígena del país el próximo año, como la celebración de la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en la ciudad de Nueva York.
De igual manera, destacó que por primera vez se realizará la Copa América de Fútbol Indígena en Brasil, como antesala al Campeonato Mundial de la FIFA de 2014.
"Desde ya, todo nuestro respaldo y entusiasmo a los compatriotas indígenas que nos representarán en la cancha", manifestó.