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Tuesday August 20, 2013 18:34 by José Antonio Gutiérrez D.
Durante el primer día del paro agrario y popular, en la ruta de San Pedro a Tulua, Valle del Cauca, a la altura de Chambimbal, se registraron graves hechos de violencia que terminaron con un herido grave, Alejandro Vargas Niño (de 17 años), quien después de recibir un impacto de fusil en el abdomen, requirió una intervención quirúrgica de emergencia. Las jornadas de protesta dejaron también un saldo de más de 70 detenidos en el Valle del Cauca, pero en el transcurso del día algunos fueron siendo liberados. Entre los detenidos que aún se encuentran en poder de la policía en la localidad de Buga, se encuentran cuatro menores de edad y 23 adultos. 4 menores de edad, 23 adultos detenidos en el Valle del Cauca durante el Paro Agrario y Popular 19 de AgostoDurante el primer día del paro agrario y popular, en la ruta de San Pedro a Tuluá, Valle del Cauca, a la altura de Chambimbal, se registraron graves hechos de violencia que terminaron con un herido grave, Alejandro Vargas Niño (de 17 años), quien después de recibir un impacto de fusil en el abdomen, requirió una intervención quirúrgica de emergencia. Es de destacar que la comisión de derechos humanos que llevó al herido a una ambulancia, fue inmediatamente detenida por la fuerza pública, en un acto violatorio flagrante contra los derechos humanos. A la comisión de comunicaciones de la Marcha Patriótica, mientras cubría los eventos, les fueron requisadas computadoras, cámaras y grabadoras por parte de la policía. Hay que destacar que estos hechos de violencia suceden después de que el presidente Juan Manuel Santos ordenará a los gobiernos locales y a las fuerzas represivas el Estado, aplicar mano dura contra los manifestantes. Las jornadas de protesta dejaron un saldo de más de 70 detenidos en el Valle del Cauca, pero en el transcurso del día algunos fueron siendo liberados. Entre los detenidos que aún se encuentran en poder de la policía en la localidad de Buga, se encuentran cuatro menores de edad: También se encuentran 23 adultos que serán judicializados. Estos son: Manifestamos nuestro profundo repudio a la violencia con la cual el Estado enfrenta al descontento popular y el ambiente de terror y zozobra que siembra en el campo para controlar el desborde de un pueblo cansado y hambreado por las políticas de saqueo impulsadas desde las altas esferas del gobierno de Juan Manuel Santos. Ningún régimen puede sustentarse eternamente en la represión. Es urgente que las organizaciones populares y sociales materialicen su solidaridad hacia las víctimas de la violencia oficial. Nadie está solo en este paro, las balas no callarán la verdad. El pueblo, pese al terrorismo de Estado, sigue en paro. José Antonio Gutiérrez D.
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Jump To Comment: 1 2 3Seis periodistas de la red fueron detenidos por el Estado colombiano, algunos golpeados, y hostigados por cubrir el Paro Nacional Agrario y Popular en el Valle del Cauca que se desarrolla en el corregimiento de Presidente en la vía que comunica a los municipios de Buga y Tuluá.
Los atropellos fueron sistemáticos y en un número inconcebible si tenemos en cuenta que se ejecutaron contra un solo medio (seis periodistas), un mismo día, y en un espacio geográfico de no más de doscientos metros, y cuya denuncia se resume de la siguiente manera: Lorna Bierman y Milena Ricaurte arrastradas y golpeadas cuando buscaban refugio de los gases lacrimógenos; Camilo García Reyes esposado y detenido cuando entrevistaba a los manifestantes; Alexander Escobar acusado de ser parte de los “instigadores” del bloqueo de la vía, constantemente hostigado por grabar detenciones, y finalmente detenido junto a Fabián Passos y Steven Ospina cuando trataban de registrar un manifestante herido por la Fuerza Pública.
A la gravedad de los hechos se suma la detención de cuatro defensores de Derechos Humanos pertenecientes al Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC), así como el robo del setenta por ciento de nuestros equipos de trabajo por parte de la fuerza pública junto a los documentos de identidad de algunos de nuestros integrantes.
Y mientras esto ocurrió contra la Prensa Alternativa y los organismos de Derechos Humanos, el saldo de la Jornada del Paro Nacional Agrario y Popular, convocado por la MIA, Mesa de Interlocución Agraria y Popular, en el Valle del Cauca nos da una proporción de la crisis humanitaria que se está viviendo: una persona herida por la Fuerza Pública con arma de fuego, 73 personas detenidas de las cuales 26 aún continúan privadas de la libertad: 22 que están siendo procesadas por la Fiscalía, y 4 menores de edad. Pero a pesar de las cifras, los manifestantes aún permanecen en la zona y continúan apoyando el Paro.
Los hechos ocurridos contra la Prensa Alternativa y los organismos de Derechos Humanos en el Valle del Cauca, demandan de la comunidad internacional un pronunciamiento que exija al Gobierno colombiano el libre ejercicio del periodismo independiente y alternativo en Colombia, y que además garantice la protección de quienes luchan por la defensa de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional.
Del mismo modo también exigimos al Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se garantice la vida de todos los integrantes de la Red de Medios Alternativos y Populares, REMAP, y responsabilizamos a los organismos de seguridad del Estado colombiano de cualquier atentado a la vida que puedan sufrir los integrantes de la Red, los cuales incansablemente realizaron registros fotográficos y de video de nuestros compañeros retenidos, y porque además poseen los sus datos telefónicos y lugares de residencia.
Nos quitaron cámaras, celulares, computadores, grabadoras, pero no la dignidad. Somos REMAP, Red de Medios Alternativos y Populares, y seguimos en las calles junto a los demás medios alternativos del país.
Seis periodistas de Remap fueron detenidos por el Estado colombiano, algunos golpeados, y hostigados por cubrir el Paro Nacional Agrario y Popular en el Valle del Cauca que se desarrolla en el corregimiento de Presidente en la vía que comunica a los municipios de Buga y Tuluá.
Los atropellos fueron sistemáticos y en un número inconcebible si tenemos en cuenta que se ejecutaron contra un solo medio (seis periodistas), un mismo día, y en un espacio geográfico de no más de doscientos metros, y cuya denuncia se resume de la siguiente manera: Lorna Bierman y Milena Ricaurte arrastradas y golpeadas cuando buscaban refugio de los gases lacrimógenos; Camilo García Reyes esposado y detenido cuando entrevistaba a los manifestantes; Alexander Escobar acusado de ser parte de los “instigadores” del bloqueo de la vía, constantemente hostigado por grabar detenciones, y finalmente detenido junto a Fabián Passos y Steven Ospina cuando trataban de registrar un manifestante herido por la Fuerza Pública.
A la gravedad de los hechos se suma la detención de cuatro defensores de Derechos Humanos pertenecientes al Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC), así como el robo del setenta por ciento de nuestros equipos de trabajo por parte de la fuerza pública junto a los documentos de identidad de algunos de nuestros integrantes.
Y mientras esto ocurrió contra la prensa alternativa y los organismos de derechos humanos, el saldo de la jornada del Paro Nacional Agrario y Popular, convocado por la MIA, Mesa de Interlocución Agraria y Popular, en el Valle del Cauca nos da una proporción de la crisis humanitaria que se está viviendo: una persona herida por la Fuerza Pública con arma de fuego, 73 personas detenidas de las cuales 26 aún continúan privadas de la libertad: 22 que están siendo procesadas por la Fiscalía, y 4 menores de edad. Pero a pesar de las cifras, los manifestantes aún permanecen en la zona y continúan apoyando el Paro.
Los hechos ocurridos contra la Prensa Alternativa y los organismos de Derechos Humanos en el Valle del Cauca, demandan de la comunidad internacional un pronunciamiento que exija al Gobierno colombiano el libre ejercicio del periodismo independiente y alternativo en Colombia, y que además garantice la protección de quienes luchan por la defensa de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional.
Del mismo modo también exigimos al Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se garantice la vida de todos los integrantes de la Red de Medios Alternativos y Populares, REMAP, y responsabilizamos a los organismos de seguridad del Estado colombiano de cualquier atentado a la vida que puedan sufrir los integrantes de la Red, los cuales incansablemente realizaron registros fotográficos y de video de nuestros compañeros retenidos, y porque además poseen sus datos telefónicos y lugares de residencia.
Somos REMAP, somos la Red de Medios Alternativos y Populares para la Paz con Justicia Social.
En la vía que conduce de Buga a Tuluá, fue reprimido brutalmente el Paro programado por las comunidades campesinas y sectores populares en el marco de sus justas peticiones al gobierno local, departamental y nacional.
En la madrugada las principales arterias de la vía Panamericana estaban rodeadas por ejército, policía y esmad para impedir la expresión popular ante el descontento social y económico que vive este sector.
Fueron detenidos cerca de 80 personas entre campesinos, defensores de derechos humanos, y comunicadores sociales que cubrían el paro, traslados a Tuluá, Buga y Palmira, entre ellos Rodrigo Vargas Becerra subdirector del Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos del Valle dl Cauca, un herido en la mano con arma corta y Alejandro Vargas Niño herido con impacto de Bala en su abdomen por bala de fusil del Ejército Colombiano tras brutal arremetida de las fuerzas militares del estado y el ESMAD, se encuentra internado en el hospital de San José de Buga siendo a esta hora sometido a una laparotomía de emergencia con lo que se intenta salvar su vida.
Las siguientes personas fueron detenidas y trasladas en la estación de Policía de Buga a quienes les hurtaron cámaras, celulares y dinero en efectivo de las pertenencias de algunos: Luis Omar Angulo, Carlos Montilla, Hebert Rivera, Fabio Arango, Leonargo Agudelo, Ancizar Alejandro Parra, Jose Alexander Pava, Elder Antoni Angulo, David Valencia Cordoba, Edwin Angulo Valencia, Dario Silva, Jose Idaniel Chaguendo, Laercio Viveros, Emilio Angulo, Juan Bautista Zamora, Iza Concha, Carmen Caracas, Teófilo Campaz, Leydi Viviana Ortiz, Noe Cuadrado, Wilson Flor, Eduardo Claros, Harold Ordoñez, Juan Joaquin Rosero, Fabian Castaño, Jhon Alexander Sierra, Leonardo imbachi, Victor Hugo Grajales, Cristopher Alegría, Edwin Alberto Mosquera, Isisdro Mendoza,Edinson Pino de la cruz, Roberto ogari, Cindi Milena Ricaurte, Camilo García Reyes, Alexander Escobar, Lorna Bierman, Fabian Adolfo Paicha, Arman Marcial, Harlin Mosquera, Jhon Leider Mosquera, Wilmar Caicedo, Wison Alegría, Alexaner Valencia, Anibal Mora, Leiner Hernandez, Jairo Andres Gonzalez, Carmelo Riascos, Jalier Mondragon Angulo, Betania Naya, Rodrigo Vargas Becerra, Orestes Aangulo, Luis Omar, Marlon Arcos y 3 menores de edad.
Varias personas fueron trasladadas a la URI – Unidad de Reacción Inmediata quienes posiblemente va a ser judicializados en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana que criminaliza la protesta social.
El tratamiento de guerra ordenado por Juan Manuel Santos y su Ministro de “guerra” Juan Carlos Pinzón, a los conflictos sociales y populares contradice las intenciones de Paz en Colombia, máxime cuando nos encontramos en un proceso de diálogo. Santos no quiere la participación de los colombianos ni en la mesa de diálogos, ni tampoco en la Calles a través de las movilizaciones para exigir derechos.