Por: Sebastiana Barráez Pérez
EXTRAÑO. De aquel 12 de agosto 2011, hay más preguntas que respuestas. Acaban de sentenciar a 5 policías y a 3 civiles. Nunca se supo cuál es la avioneta incautada con mil 147 kilos de cocaína de alta pureza, en Puerto Escondido, vía perimetral al Cabo San Román, estado Falcón. Se dijo que era una King Air 300 siglas YV2531, pero esa nave está en Belice desde el 2010 por un caso de drogas (Antes tuvo matrícula estadounidense N467JB). Un día después del operativo, la avioneta fue sacada del aeropuerto Josefa Camejo de Punto Fijo por un hombre que se identificó como el capitán Morales, presunto funcionario del Cicpc. No se reveló quién es el dueño de la aeronave. Néstor Luis Reverol Torres, vice ministro y titular de la ONA dijo que era una “operación de droga controlada”. Pero el entonces ministro Tareck El Aissami habló de “una operación de inteligencia muy compleja, que se venía realizando desde hacía varias semanas”. Los hechos demuestran que no fue ninguna de las dos. La gobernadora Stella Lugo de Montilla destituyó al entonces jefe de Polifalcón, Jesús Marcano, que aún sigue en la policía. Ni uno solo de los jefes policiales está detenido ni fue procesado. Y lo más extraño es que los abogados defensores de los 5 policías sentenciados son pagados por la gobernadora de Falcón. A pesar de la inteligencia y los 40 funcionarios de la comisión del Cicpc Caracas, el piloto de la avioneta se fugó y ni siquiera se determinó quién es. No hay un solo detenido por la salida de la aeronave con la droga desde el aeropuerto La Carlota; sin plan de vuelo, sin lista de tripulantes. Solo 5 policías, 3 civiles y un militar están presos. Días después se conoció la destitución del jefe del CICPC en Falcón, Valmore Velásquez, quien apenas tenía 5 meses en el cargo
MUJERES. Son las esposas de los policías Wender Javier Ramírez Sivira, José Luis Pimentel Gamero, Alexánder Cauro Jiménez, Alberto Sánchez y Juan Mendoza. Por respeto a mis lectores, no voy a argumentar aquello de que son gente humilde, de los hijos que tienen y de las penurias que pasan, aunque todo eso es verdad. Ellas están convencidas de la inocencia de sus parejas, más allá de los sentimientos. La copia del libro de novedades detalla que ese 12 de agosto el jefe de los servicios, Enri Mosqueda, ordena la salida de la comisión. Los 5 policías salen para el Cabo San Román, a constatar si es cierto un mensaje telefónico enviado a Mosqueda en el que alguien llamado Fidel informa la caída de la avioneta. El documento del orden del día demuestra que los 5 policías estaban de servicio. Y nadie responde por la patrulla 294 que habría sido impactada con las balas de los cicpc. Esas 5 esposas no aceptan lo que el tribunal decidió. La pobreza en la que viven les grita que jamás han tenido nada que ver con el narcotráfico y no dejarán que sus hijos crezcan creyendo que sus padres son unos delincuentes.
PRUEBA. En el Libro de Novedades de la policía de Mene Mauroa se lee que el 5 de agosto 2011, 4 efectivos del Cicpc de los que participaron en el caso (Jorge Sangronis, Oswaldo Díaz, Danilo Fuenmayor y Pedro González) fueron detenidos por la GN y Polifalcón, con armas largas, bidones de combustibles y camionetas. Esos cicpc fueron retenidos por la policía y la Guardia Nacional. He ahí el documento. ¿Cómo es que el Cicpc dice que se trasladaron a Falcón el 9 de agosto? Nunca se hizo la reconstrucción de los hechos.
CICPC. Es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El cuento del Cicpc es que el 8-8-2011 a las 10 AM, al funcionario Ilich Estevez lo llamó un tal Alberto Contreras, diciéndole de la que en la vía del Cabo San Román es, desde hace meses, usada como pista de narcoaeronaves, con apoyo d epolicías con cuyas patrullas cierran la vía, que los narcos usan armas potentes. Ordenan trasladar una comisión hacia el lugar el 9-8-2011. La preside el comisario Venancio Amaya (quien nunca se presentó a declarar ante el tribunal), sub-comisario Héctor Toro, los inspectores Luis Gil, José León, Manuel González, Alirio Castellanos, José Cadiz, Oswaldo Díaz, Orlando Mudalel, Nelson Carrero, Rafael Gutiérrez, Pedro González; sub-Inspectores Miguel Aponte, Juan Colmenares, Ingrid García, Pedro Guarapo, José Rodríguez; detectives Danilo Fuenmayor, José Arnedo, Irvin De La Rosa, Marianela Fariñas, José Sánchez, Anderson Coronado; los agentes Rafael Godoy, Wendy Padilla, Joxim Mundarain, comisión de la División Contra Legitimación de Capitales al mando del inspector Jefe Gregorio Castro. Tienen conocimiento que el 12-8-2011, entre 7 y 8 PM aterrizaría la aeronave con droga. El comisario Amaya pide apoyo al Jefe de la Brigada de Acciones Especiales de Caracas (BAE), comisario Julio Rivero. El 11-8-2011 llegó el grupo de funcionarios al mando de los inspectores José Hernández, Owerman Hermoso; detectives Jesús Álvarez, José Lucas; agentes Ernesto Álvarez, Kerwin Armas, Marcelino Aguilar, designados para que el 12 de agosto se internaran en la zona boscosa, adyacente al lugar. Llamaron al general de la Fuerza Aérea Eslainis Longa, a fin de resguardar el espacio aéreo donde se llevaría a cabo la operación.
OPERACIÓN. Un grupo del Cicpc y BAE estaba oculto en la maleza cerca de la pista de aterrizaje. “Ellos dicen que oyeron a varios hombres cerca de la avioneta que hablaban con acento colombiano, pero lo extraño es que no oyeron llegar la avioneta ni los vehículo”, dice la esposa de uno de los policías presos. El Cicpc dice que “observaron cuando llegó un vehículo blanco, tipo pick up marca Chevrolet de color blanco, con bidones presumiblemente de combustible. De la parte trasera de un camión gris, Marca Ford, un grupo de sujetos bajaban gran cantidad de sacos blancos, que introducían en el interior del avión, mientras una patrulla de PoliFalcón, con su coctelera encendida, un Spark blanco, una Avalancha negra y una Pick Up, marca Ford, de color azul oscura, recorrían el lugar, resguardando la zona”. Hablan de un intercambio de disparos donde resultó muerto Luis Alberto Fuentes Pernía, quien tenía un carnet como cabo segundo activo de la GN y Edilberto Rosales Escalante. Seguidamente llegó el helicóptero de la Fuerza Aérea maniobrado por el GD Eslainis Longa, en compañía de su tripulación y los funcionarios Comisario Julio Rivero, Cristoferson Ulloa, Detective Geilor Ramírez, Ricardo Rojas, Agente José Natera, Eduardo Maza, y José Horace, para prestar apoyo al procedimiento.
ORDEN. Al sitio de los hechos en el Cabo San Román llegó el supervisor jefe, Sergio Madrid, con cuatro auxiliares en las patrullas 250 y 299. Fueron apuntados por la comisión del Cicpc y BAE, quienes los obligaron a entregar sus armas. Madrid se identificó como oficial de Polifalcón. De inmediato Venancio Amaya de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), le dijo que “se encontraban en un procedimiento de droga y que tenían cinco funcionarios policiales detenidos, ya que se había suscitado un intercambio de disparos entre ambas fuerzas”. El director del Cicpc Punto Fijo, Valmore Velásquez, le dijo a Madrid que por orden de la ciudadana gobernadora Stella Lugo de Montilla, se retirara del sitio con la comisión policial, señala el expediente.
CIVILES. Están presos: Betty Goitía, Eduardo Colina y Juan Carlos Estrela. A Betty y Eduardo los habrían agarrado por mirones, pero el tribunal no creyó que en su inocencia. Estrela Ferrere, residenciado en Judibana, es el dueño del Spark. Lo detienen con una pistola, prieto Beretta, calibre 9mm. A los días determina el Cicpc que Lois Giovanny Camargo Niño, funcionario activo de la Guardia Nacional, sería el encargado de ubicar, contratar, coordinar y pagar la logística necesaria para llevar a cabo el tráfico de la sustancia a nivel internacional. Allanan su vivienda y además de varios teléfonos encuentran cajas de otros teléfonos recién comprados. Encontraron periódicos y un trozo de papel con varios alias y números telefónicos. Lo más comprometedor fue una hoja de papel con las coordenadas correspondientes al lugar donde aterrizó la avioneta. La esposa y el cuñado del militar confirmaron que usaba un número movistar; de ese teléfono hubo llamadas antes y durante el procedimiento de la avioneta con Estrela Ferrere y Fuentes. Los policías dicen que cuando van hacia el Cabo San Román se les pega el Spark haciendo cambio de luces. Estrela le dijo que lo habían atracado en la playa. Alexánder Cuaro decide dividir la comisión y envía a Wender Ramírez y Alberto Sánchez con Estrela en el Spark. Por cierto, Cuaro no estaba armado ni siquiera con su arma de reglamento, que dijo habérsele quedado en su vehículo particular en la sede policial.
MUERTOS. En el caso de la narcoavioneta hubo dos muertos. El ex guardia nacional Luis Alberto Fuentes Pernía, oriundo de San Cristóbal; se dijo que él fue el copiloto. Y Edilberto Rosales Escalante, conductor del camión Ford. Sus familiares dicen que se dedicaba a transportar plátanos, pero no hay una explicación clara de qué hacía en el Cabo. El forense habría dicho en el Tribunal que los dos hombres muertos recibieron disparos certeros, pero lo negó ante los medios de comunicación.
INCAUTADO. Y aunque el Cicpc y el BAE tenían 6 vehículos y 40 hombres armados, no lograron capturar al piloto de la avioneta, ni a los choferes de los vehículos, ni a quienes bajaban la droga del camión ni a quienes la metían en la aeronave. Tampoco aparecieron las armas de guerra; solo un fusil R15 y 6 pistolas de distinto calibre. Además de la cocaína y la avioneta, 7 bidones, equipos de balizaje nocturno, de transmisión y teléfonos móviles. Camión F350, camioneta Cheyenne 70VPAE, una moto Vensun, vehículo spark placa AC280EA.
POLICÍAS. El comisionado Alfredo Piña, jefe de la Zona Policial Nro. 7 dijo que recibió un mensaje de texto de alguien llamado Fidel avisándole del sobrevuelo de la avioneta. Por cierto que la fiscalía no se molestó en averiguar ese teléfono. Otro msj: “Ya aterrizó la avioneta, la Guardia anda por allí, mande comisión usted también”. Es por ello que ordena al jefe de Operaciones, Alexánder Cuauro conformar la comisión. El supervisor jefe de la policía Sergio Madrid pasadas las 8pm recibió llamada del supervisor agregado Enry Mosquera informando que el oficial Pimentel solicitó ayuda vía radio porque estaban siendo víctimas de disparos con armas largas. Las oficiales Yasmaris Díaz y Marbelys Abreu, ambas del 171, confirmaron la solicitud de apoyo vía radio por parte de Pimentel. El supervisor agregado Adelso García, auxiliar jefe de los servicios del Centro de Coordinación Policial Nro 7; el oficial agregado Yoangel López, encargado del parque de armas del comando emplazado en Pueblo Nuevo y José Antonio González, coordinador del 171. Todos confirman que hubo la llamada de los policiías pidiendo refuerzos. Dos de los policías (Cuaro y Mendoza) dicen que los cicpc los llevaron detenidos hasta una casa a orilla de la playa, donde habían mujeres en bikinis, bebidas y armadas.
ABOGADOS. Los primeros abogados buscados por las familias de los policías eran: Salvador Guarecuco, Euro Colina, Samuel Medina, Lolimar Gutiérrez. Ellos estuvieron hasta la audiencia preliminar. Los familiares estaban en una de las vigilias frente a la policía cuando llegaron los abogados Pablo Castellanos, Eric Petit y Miguel González de parte de la gobernadora. Ellos han llevado algunos casos emblemáticos del Psuv en Falcón. Las esposas no los aceptaron, pero cuando los policías fueron enviados a la Ciudad Penitenciaria hasta allá llegaron los abogados de la gobernadora y los convencieron de aceptar su defensa. Las mujeres se resignaron porque tampoco tenían dinero para seguir pagando abogados.
