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Perú: Conga nuevamente

Pedro Francke

Ollanta Humala anuncia medidas para favorecer a las empresas mineras. Menos de una semana después, Yanacocha anuncia que sacará agua de la laguna El Perol para trasvasarla a su reservorio, iniciando así la apropiación del agua cajamarquina para el proyecto Conga. No es coincidencia; tras el anuncio presidencial, Roque Benavides se siente seguro de que tendrá el respaldo de las botas y fusiles para enfrentar a los campesinos que defienden su agua y su ambiente.

Aún antes del anuncio de las medidas económicas recientes, ya Ollanta Humala había dado el primer paso, afirmando públicamente que la consulta previa no incluía a los quechuas, aymaras y demás pueblos indígenas de la costa y sierra, como los cañaris, y limitándola, en el colmo del absurdo, a lo que él llamó “pueblos no contactados”. Con el anuncio de Yanacocha está claro que no solamente se trata de no consultarlos, sino que se pretende imponerles los proyectos mineros a pesar del abierto y total rechazo a los mismos. Recuérdese que una encuesta de Ipsos-Apoyo mostró que más del 80 por ciento de los cajamarquinos rechazan Conga, y que en Cañaris ha habido una votación ciudadana donde la población ha rechazado el proyecto Cañariaco.

Las medidas ahora aprobadas incluyen plazos cortísimos para la aprobación de los estudios de impacto ambiental de los nuevos proyectos mineros saboteando así las posibilidades de una mejor regulación ambiental, y son permisivas frente a explotaciones mineras en zonas donde hay patrimonio arqueológico. El círculo se cierra.


Esto se da en un contexto en el cual, según cifras oficiales, la inversión minera aumentó 29 por ciento en el primer trimestre del año, mientras que lo que cayó fue la producción de la industria manufacturera. Pero para responder a este problema de la industria nacional, el gobierno da facilidades a la minería. No solo la respuesta no se condice con el problema, sino que no entiende el origen del problema. Una de las causas fundamentales de la caída en la producción industrial es la caída del tipo de cambio en 15% desde que comenzó ese gobierno, que resta competitividad a la industria nacional. Con el dólar barato, las importaciones de hilados, tejidos y demás productos industriales sacan de juego a productores peruanos que venden en el mercado interno. Por su parte, quienes exportan reciben menos soles por cada dólar que venden afuera, por lo que algunos pierden la posibilidad de competir con chinos, indios o bangladeshis. Esta caída del dólar se produce precisamente por la afluencia de dólar producida por las inversiones mineras.


Así, el remedio que pretende aplicar el gobierno lo que hace es agravar la enfermedad holandesa que afecta a nuestra industria. También avivará los conflictos sociales. Solo falta que Nadine acuse a los opositores de ser perros del hortelano.
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Caracas: "Extractivismo y luchas indígenas". Sancocho libertario este 02.06.13 en la ONG


Este próximo domingo 02 de junio en la Organización Nelson Garrido (ONG) de Caracas reivindicaremos nuestra apasionante cultura comunitaria alrededor de los alimentos recordando los tres meses de impunidad en el caso del asesinato del cacique Yukpa Sabino Romero; hablando del problema de fondo: La profundización del modelo minero-extractivo en beneficio del capitalismo globalizado y en contra del medio ambiente y las comunidades campesinas e indígenas venezolanas. 

Acompáñanos a la 01 de la tarde y comparte con nosotros y nosotras tus reflexiones sobre las actuales luchas indígenas en curso en el país. Asimismo, un plato de rica sopa (cooperación voluntaria). Introducción al tema a cargo de Rafael Uzcátegui (periódico El Libertario). 

Además, venta y distribución de material independiente. 
Fecha: Domingo 02 de junio de 2013 
Lugar: Organización Nelson Garrido (ONG): Avenida Maria Teresa Toro de Las Acacias, entre calles Cuba y Centroamérica, residencias Carmencita (casa amarilla). A 06 cuadras del Metro Los Símbolos. 
Mapa en: http://www.organizacionnelsongarrido.com/mapa.html 
Hora: 01 de la tarde 

 Gracias por redifundir esta invitación

Zulia: ¡No a la Carboeléctrica en Guasare!

La imagen de arriba nos llega desde la gente que en la región zuliana sigue en la lucha contra el capitalismo extractivista. Mas información sobre el tema en una nota que publicabamos en este blog a fines de julio de 2012
http://periodicoellibertario.blogspot.com/2012/07/carbon-chavez-y-arias-cardenas.html


...Y va también otra imagen de esa lucha.   

 

Pueblos indígenas en Venezuela hoy: Extractivismo, impunidad y desamparo


Salva
El 17 de mayo de 2013, en el Auditorio Naranja de FACES-UCV se realizó el Foro  “Pueblos Indígenas, Territorio, Derechos Humanos y Justicia”, donde participaron miembros de distintas comunidades indígenas del país, investigadores y activistas para difundir el problema de la tierra, el olvido de los procesos de autodemarcación de los pueblos indígenas, y diferentes denuncias de constantes atropellos y asesinatos

Amazonas. Ejercito, garimpeiros e indígenas atacados
Un miembro de la comunidad Yekuana, ubicada en el estado Amazonas, hizo énfasis en el tema de la minería ilegal ejercida por los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).Los mismos han aprovechado los puntos de control, en un principio solicitados para evitar la minería ilegal de los garimpeiros, para ejercer la minería ilegal. El ejercitó empezó a utilizar dichos puntos de control como “alcabalas de cobro”, para someter a las comunidades indígenas, mediante, por ejemplo, el decomiso de los productos que destinan los indígenas al comercio, acciones de chantaje y amenazas contra los indígenas, llegando incluso a solicitarles una especie de permiso de circulación por el territorio. Los mineros de Brasil no solo siguen actuando en la zona, sino que son “socios” de los militares, pues parte de los ingresos por la minería es destinado a pagar vacuna a la FANB para continuar la actividad.

Se sigue incentivando e incrementando la destrucción de los ríos y bosques contaminando el ambiente. La pesca como modo de subsistencia de las comunidades indígenas se ha visto afectada, ya que la contaminación de la flora y fauna afectan a quienes se alimentan de los recursos naturales allí presentes. Denuncian los Yekuana que producto de la contaminación sus comunidades se han enfermado, y varias de sus mujeres han padecido abortos.

También un indígena Piaroa manifestó su rechazo a la minería ilegal en su región con denuncias similares sobre los abusos militares sufridos por los Yekuana, añadiendo que han solicitado a las instituciones prevenir y solventar el grave problema de la minería, pero la característica predominante ha sido un silencio cómplice de las autoridades gubernamentales, y la impunidad ante los abusos de mineros y militares. Solo existe una larga espera por soluciones gubernamentales que quedan en promesas.



Yanomamis del Alto Orinoco, señalaron la necesidad de unificación indígena para hacer asambleas entre ellos e impulsar la lucha, y proponen una Gran Reunión Indígena para exigir reivindicaciones y defender sus derechos constitucionales, pues sienten que el Estado no se los respeta, y sólo los toman en cuenta los políticos a la hora de las elecciones, y les dan la espalda cuando reclaman sus problemas.

Ejemplo de la omisión del problema de Minería Ilegal en el Alto Orinoco es la actitud del Ministerio del Ambiente (MA). Denuncian los indígenas que en septiembre de 2012 el MA nombró una comisión regional para hacer un informe sobre la minería y actualmente dicha comisión no ha dado una respuesta. Ellos perciben que en dicha comisión los ven como “fastidiosos” por sus continuas denuncias y presiones, por lo que dichos funcionarios solo “atienden” a los indígenas “tarifados”, al respecto afirmó :“Al gobierno sólo le gusta hablar con indígenas que no aman a su pueblo, con indígenas que quieren dejar de serlo. A nosotros nos llaman fastidiosos y nos acusan de mentirosos, y como nosotros usamos sus medios: sus helicópteros, sus radios… no podemos investigar bien la denuncia.”. También le han solicitado a las instituciones del Estado los títulos de las tierras, pero han sido ignorados, o solo han escuchados promesas que siguen demorando la entrega de dichos títulos.

Ante la desidia del gobierno y sus comisiones regionales grupos como la organización Horonami si se han dedicado a indagar en el problema, resaltando el surgimiento de campamentos de mineros y la continua participación de los garimpeiros y militares en la minería, hechos que son de conocimiento del MA. Señalan que continúa el hostigamiento de los militares, y la difamación hacia sus comunidades mediante comunicados por parte del Estado donde se les ha denominado mentirosos. Inclusive señalaron que el gobierno hizo una campaña en Inglaterra donde propagaban que toda la problemática de la minería era una farsa, y los indígenas eran unos mentirosos.

Bosques de Perijá. Extractivismo gubernamental vs Resistencia Indígena
Carmen Fernández, Yukpa de la comunidad de Chaktapa, denunció la demora del gobierno en solucionar el problema de la tierra, aunado al encarcelamiento y la constante represión que sufren sus comunidades, con amenazas y sicariatos a sus compañeros indígenas. Incluso se denunció que dos de sus hijos fueron asesinados y otros han sido heridos y amenazados, y las instituciones gubernamentales como el CICPC han investigado los hechos, pero sus pesquisas han consistido en atacar victimas y no victimarios, ya que han amedrentado a organizaciones como Homoetnátura y a la misma Carmen, pues luego de los ataques que recibió su familia, fue interrogada por el CICPC, quienes le preguntaban por la localización del resto de sus hijos, para buscarlos y asesinarlos, omitiendo así el esclarecimiento de los hechos, atacando a las víctimas, y dejando impunes a los culpables. La actitud del CICPC ha llevado a la conclusión de que son cómplices de las atrocidades que sufren las comunidades indígenas. Junto al CICPC, en la represión y hostigamiento participan las FANB, los hacendados, y las instituciones gubernamentales, actuando en complicidad criminal para ir expulsando a los indígenas de sus tierras ancestrales.

Consideran los indígenas que la violencia ejercida en contra de sus derechos es culpa del dinero, pues consideran que las ansias del mismo, ya sea por parte de los ganaderos por ocupar las tierras y controlar el comercio, o los militares por controlar y establecer vacunas en la región, o el gobierno con sus deseos de ganancias por la explotación de carbón. Por ende se ha establecido el reinado de la impunidad, el racismo institucional y la indiferencia hacia los indígenas; los asesinatos siguen sin ser esclarecidos y los culpables no son apresados, mientras los indígenas son los que “visitan” constantemente las cárceles y los cementerios.

Posteriormente tomo la palabra Sabino Romero Martínez. Hijo del recientemente asesinado Sabino Romero, quien combatiendo en pro de los derechos indígenas se convirtió en un símbolo para la lucha y fue “asesinado por el extractivismo”[i]. Reafirmó Martínez que el gobierno no ha solucionado el conflicto territorial por lo que son los culpables de la situación que padecen los indígenas. Comentó el hecho de que el gobernador Arias Cárdenas se comprometió hace casi dos meses mediante una carta firmada, a pagar las bienhechurías a los ganaderos, comprado las haciendas para que así los indígenas recuperaran sus tierras y solventar el problema. Actualmente no cree que esto suceda porque aún no han visto acciones del gobierno para cumplir dicho compromiso, incluso han llegado a escuchar que se comprará un pequeño porcentaje de las haciendas exigidas por los Yukpa, pero lo cierto es que el gobierno aun no ha cumplido el compromiso. Nuevamente la solución al conflicto queda en un circulo vicioso de promesas.

Respecto a los asesinatos reafirmó que el CICPC, encargados de esclarecer los hechos de sicariato, se ha volcado a detener inocentes y amenazar indígenas, mientras que los asesinos policías y militares son detenidos para ser liberados al día siguiente. Los Yukpa han realizado acciones para recuperar sus tierras y han sido criminalizados por el SEBIN y CICPC. Todo ello les lleva a pensar que los entes policiales están implicado en los ataques a sus comunidades y en los sicariatos, siendo cómplices de la represión estatal, para-estatal y empresarial hacia las comunidades indígenas.

Ante esta situación manifestó la necesidad de continuar defendiendo sus territorios y defender a los “asesinados”, es decir pelear por el esclarecimiento de los hechos, por lo que pidió apoyo de los presentes a acompañarlos en esa lucha, pues incluso están dispuestos a detener vehículos y funcionarios para hacer presión en la lucha[ii]. Convoca a ir con ellos a Chaktapa para conversar sobre la situación e impulsar la creación del “Centro Originario Chaktapa”[iii]para estimular la lucha y defender los derechos indígenas.

Por su parte, un miembro de la comunidad Wayuu señalo que la presencia militar y paramilitar ha impuesto su ley, pues los mismos han entrado a sus comunidades con argumentos de protección. Han amedrentado mediante prohibiciones y cobro de vacunas a los indígenas para circular con sus productos, ejecutado sicariatos, y realizan transacciones con los narcotraficantes y los grandes negociantes de la zona. Los indígenas sufren constantes chantajes y no tienen ente gubernamental a quien acudir cuando son atacados, por lo que reina la impunidad. Denunció que el CICPC (por su actitud agresiva, y complicidad en los hechos de violencia)  no se dedicará a investigar los hechos de violencia por la alianza que existe entre los militares y los ganaderos, por lo que recomienda que sean los pueblos indígenas quienes se dediquen a indagar los asesinatos en sus respectivas regionales.

Homoetnatura. Lucha indígena ante violencia estatal y neoliberal
Lusbi Portillo, miembro de la organización Homoetnatura, amenazado de muerte[iv]luego de la finalización del juicio de PROVEA contra Homoetnatura[v],resumió en gran medida, parte de la problemática de las comunidades indígenas del país, que lleva aproximadamente 27 repitiéndose y acentuándose. Por años les han prometido las tierras, hace dos años Hugo Chávez prometió comprar una parte (aunque muy pírrica según lo exigido por los indígenas) de las haciendas, y dos años después no se dieron resultados; también cree que las promesas de Arias Cárdenas de hace dos meses seguramente irán por el mismo camino que las de Chávez, al olvido y la postergación.

Tantos años de promesas y aún no se resuelve el problema de la tierra, pues el gobierno solo ha dado títulos que Portillo llamó “títulos con 3ros.”, es decir que los indígenas deben “compartir” con las grandes trasnacionales, los ganaderos, madereros y mineros, quienes han sido los actores de los ataques, sicariatos y difamaciones hacia los indígenas, por lo que la situación de los derechos indígenas de la tierra está gravemente amenazada. Destacó el hecho de que las leyes venezolanas le otorgan preponderancia al Estado respecto a los recursos energéticos[vi]y las zonas indígenas cuentan con recursos minerales y energéticos como carbón o petróleo, cuya extracción costará destrucción de bosques y comunidades. Por ello el interés del Estado, y de los militares que están enchufados al negocio del carbón y la infraestructura para el extractivismo, y de las empresas energéticas de acabar con los indígenas y su lucha; los militares que “custodian” la región son espías para el gobierno y sus asociados trasnacionales. Denunció que el actual gobernador Arias Cárdenas es uno de los principales promotores de la destrucción de la Sierra de Perijá en pro de la minería y Nicia Maldonado es la ministra que el gobierno necesita para sus intereses, entre ellos el principal es el extractivismo, donde destaca el plan IIRSA[vii]al que se disfraza como ALBA para engañar a los indígenas.

Para él, nuestro país no vive ningún socialismo, pues continúan oprimidos por el gobierno y sus militares, los ganaderos y las trasnacionales, e incluso diversos indígenas “tarifados”, pues como Nicia Maldonado, “trabajan” para el gobierno. También el mismo Estado se reúne es con los grandes empresarios para tomar acciones, pero omite los reclamos de las comunidades indígenas, por ello el extractivismo y el neoliberalismo se disfrazan de “socialismo del siglo XXI.

Ante la situación señaló que no había que pedir permiso al Estado para recuperar sus tierras, sino que tenían que exigirlas ya que son su derecho, por lo que importante que los diversos miembros que apoyan la lucha busquen formas de presionar, una de ellas es pedir apoyo de organizaciones internacionales, de derechos humanos, entre otras, organizaciones las cuales el gobierno ha atacado y despotricado durante años[viii], y a su vez, diversos activistas han sido asesinados o amenazados de muerte, como el caso del fallecido Sabino Romero. Adicionalmente convocó a una manifestación el 23 de mayo por las reivindicaciones indígenas en la avenida México de Caracas, frente a la Fiscalía a partir de las 10am.[ix]

Neotribalización y socialismo del siglo XXI
También intervino el Rector de la Universidad Indígena Esteban Monsanyi, quien denunció el establecimiento en territorios indígenas de campamentos chinos para la explotación de minerales, entre ellos mencionó el uranio, que han surgido en los últimos años, lo que para él reflejaba la “sustitución” del imperialismo norteamericano, por el chino. También denunció que la empresa estatal PDVSA con sus negocios trasnacionales ha secuestrado el poder político a los indígenas. Para él deben establecerse metas a corto plazo como la protección de los indígenas amenazados, la autodemarcación de los territorios indígenas, la moratoria y revisión de los proyectos extractivistas y el fin de lo que llamó la “neotribulización” (en recuerdo a los funestos misioneros de las “Nuevas Tribus”[x]), pues la intervención estatal ha actuado como nueva evangelizadora promoviendo formas de organización ajenas a la cultura indígena, formas que en realidad son controladas por un Estado asistencialista, que terminan creando mayores burocracias y destruyendo la propia cultura y organización económica, política y social de los indígenas. Señaló que deben hacerse acciones inmediatas, y no caer en el absurdo de “entregar” los argumentos al enemigo, pues diversas personas le han señalado que “ se contenga” en los reclamos.


[i] Se presume la participación de militares interesados en la explotación del carbón, funcionarios que responden a los intereses de las empresas mixtas. http://periodicoellibertario.blogspot.com/2013/03/el-libertario-capitalismo-energetico.html
[ii]Acciones similares ya han sido llevado a cabo por varias comunidades indígenas. Por ejemplo ver http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130208/indigenas-de-uriman-en-bolivar-detienen-y-desarman-a-43-militares
[iv]http://www.derechos.org.ve/2013/05/15/lusbi-portillo-denuncia-amenazas-de-muerte-en-su-contra/
[v]http://www.conflictove.org.ve/derechos-humanos/finaliza-juicio-contra-provea-y-homo-et-natura-por-falta-de-argumentos-de-la-fiscalia.html
[vi]Al respecto ver artículo 113 y 112 de la constitución nacional
[vii]Al respecto ver http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/mer_bogota04_presentacion_eje_andino.pdf
[viii]ONG y activistas ambientales han sido descalificados mediante adjetivos como: mafias verdes, pagados por la CIA, traidores, miembros de la derecha, entre otros.
[ix]Al momento de escribir este artículo no se tiene noticia de dicha convocatoria
[x] Al respecto ver http://laclase.info/nacionales/denuncian-que-las-nuevas-tribus-no-han-salido-aun-del-territorio-venezolano?page=81

Caracas: "Extractivismo y luchas indígenas". Sancocho libertario este 02.06.13 en la ONG

Este próximo domingo 02 de junio en la Organización Nelson Garrido (ONG) de Caracas reivindicaremos nuestra apasionante cultura comunitaria alrededor de los alimentos recordando los tres meses de impunidad en el caso del asesinato del cacique Yukpa Sabino Romero; hablando del problema de fondo: La profundización del modelo minero-extractivo en beneficio del capitalismo globalizado y en contra del medio ambiente y las comunidades campesinas e indígenas venezolanas. Acompáñanos a la 01 de la tarde y comparte con nosotros y nosotras tus reflexiones sobre las actuales luchas indígenas en curso en el país. Asimismo, un plato de rica sopa (cooperación voluntaria). Introducción al tema a cargo de Rafael Uzcátegui (periódico El Libertario). Además, venta y distribución de material independiente.


Vzla: Lusbi Portillo, Homoetnatura, denuncia amenaza de sicariato en su contra

Industrias extractivas, especulación y conflictos


Rodolfo Bejarano

El póker financiero de las materias primas

América Latina ha experimentado un boom de precios de sus exportaciones desde los primeros años del siglo. Minerales, petróleo y otras materias primas han llenado las arcas fiscales y las reservas internacionales de casi todos los países de la región. Pero al mismo tiempo, los conflictos sociales derivados de las reglas de la inversión no se han hecho esperar.
El precio del petróleo y los minerales se han multiplicado en más de tres veces en los últimos diez años. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos piensan, no es el juego de la oferta y la demanda el que determina totalmente esta situación. Como señala la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD), son los factores financieros los que han venido empujando los precios hacia arriba.

De un lado, la débil regulación de los mercados de derivados financieros y las políticas que aplicaron los países desarrollados para mantener las tasas de interés bajas impulsaron enormes flujos de inversiones financieras hacia el ámbito más especulativo en los mercados de futuros de materias primas. De otro, la sostenida depreciación del dólar hizo que los agentes vendedores de estos productos busquen mayores precios para neutralizar la pérdida de ingresos debido al efecto del tipo de cambio.


Contratos a futuro

Es así que el número de contratos de futuros de materias primas negociados anualmente a nivel mundial ha aumentado de 418 millones de dólares en el 2001 a 2,6 billones de dólares en el 2011, con un incremento de más de catorce veces sobre su valor nominal. (UNCTAD, Commodities and Development Report 2012: Commodities in the twenty-first century.)
Este fuerte aumento del volumen de las transacciones por parte de los grandes agentes financieros –más del ochenta y cinco por ciento de los participantes en los mercados de futuros ligados a materias primas- viene siendo señalado como una de las causas de la desconexión que hay entre los vaivenes de los precios y los fundamentos del mercado.
La UNCTAD publicó recientemente un documento en el que indica que la especulación en los mercados financieros tiene una incidencia directa sobre los precios de las materias primas, señalando que el valor de los derivados vinculados a las materias primas representa hasta treinta veces la producción real. (UNCTAD, Policy Brief N° 25, setiembre de 2012. Don’t blame the physical markets: Financialization is the root cause of oil and commodity price volatility.) Esto crea serias distorsiones en los mercados reales, cuyo comportamiento está fuertemente correlacionado a las decisiones financieras de compra y venta de los agentes en los mercados financieros especulativos.

Las materias primas como negocio

Junto al proceso de financiarización de la economía, y en permanente interacción con el mismo, se ha producido la “commoditización” de los recursos naturales, los cuales ahora son negociados por los bancos, empresas transnacionales y otros actores financieros como si fueran valores abstractos, no asociados necesariamente con proyectos de inversión en el sector real.

Las inversiones financieras relacionadas a materias primas estaban enfocadas en un horizonte de corto plazo a través de fondos de cobertura (hedge funds) hasta la crisis de las empresas puntocom en el 2000, luego de la cual los inversionistas encontraron nuevas formas de diversificar su riesgo utilizando instrumentos con posiciones de más largo plazo bajo la forma de índices de materias primas (commodity index). Estos índices están compuestos por una canasta que combina y pondera los precios de varios productos, como energéticos, agrícolas y metales.

Dos de los índices más comunes son el Standard & Poor’s Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) y el Dow Jones-American International Group Commodity Index (DJ-AIGCI). Estos índices están compuestos por productos relacionados al petróleo, agrícolas (maíz, soya y trigo) y metales (aluminio, cobre y oro). El mayor peso en ambos recae en el sector energía.
La razón de estas inversiones en índices era lograr una mayor diversificación de las carteras de los inversionistas a través del uso de las materias primas como una clase de activo, usando contratos sobre el precio de intercambio de los productos a futuro. Es decir, todas las transacciones de índices se basan en posiciones que se compran hacia adelante, o “futuros”, los que son vendidos cuando el vencimiento se aproxima y nuevamente se compra un futuro. Las ganancias obtenidas de estos contratos de futuros se derivan únicamente de la diferencia de los precios entre el hoy y el mañana, por ello es que esta actividad se considera puramente especulativa.

Los grandes volúmenes involucrados en estas operaciones y sus expectativas de mayores precios han presionado los precios de las materias primas al alza durante varios años. Esto solo se detuvo durante la crisis del 2008, para luego retomar su carrera ascendente.
Impacto en América Latina

Todo este escenario de especulación mundial que ha elevado los precios de las materias primas ha contribuido a profundizar el proceso de primarización de la economía de los países en desarrollo, especialmente de aquellos ricos en recursos naturales como los de América del Sur. Podemos decir que la financiarización de los bienes y las materias primas ha significado la entrada de capitales en busca de inversiones en actividades extractivas, muchas de ellas relacionadas a la minería e hidrocarburos.

Muchos de estos países se han especializado en algunos pocos productos que son la base del modelo primario-exportador que sostiene sus economías, teniendo a la vez que afrontar el creciente ingreso de divisas provenientes de las exportaciones.

Las exportaciones de América Latina y el Caribe relacionadas al sector energía y al sector minerales y metales ocupan gran parte de las exportaciones totales de productos básicos, con 44.5 y 26.7 por ciento respectivamente. (CEPAL. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2011-2012.)

La forma en que estas iniciativas extractivas -sobre todo mineras y petroleras- se fueron instalando en las áreas de explotación de los recursos ha traído una serie de problemas que van más allá del ámbito puramente económico. En muchas ocasiones han impactado sobre la vida de las poblaciones aledañas a los yacimientos y degradado y contaminado los ecosistemas.

Esta situación no ha cambiado mucho en los últimos tiempos, a pesar de que el contexto político en la región es muy distinto debido a la existencia de una serie de gobiernos progresistas. Se mantiene la lógica del modelo extractivista dentro de un sistema económico primario-exportador que continua relegando los aspectos sociales y ambientales en aras de atraer la inversión extranjera y/o obtener las divisas necesarias para sostener las políticas sociales de lucha contra la pobreza con las que legitiman sus regímenes, convirtiéndolos en lo que Eduardo Gudynas define como “Estados compensadores”, con programas que van desde las transferencias monetarias condicionadas hasta las misiones venezolanas.

El boom de la actividad extractiva ha traído consigo una serie de problemas asociados a la degradación del ambiente y de las poblaciones aledañas, que han visto disminuida su calidad de vida. En América Latina, la riqueza de recursos existente y las políticas excesivamente permisivas han hecho que la inversión se expanda sin considerar las externalidades negativas y las opiniones de las comunidades. Es así que con el incremento de la ejecución de proyectos mineros se ha producido también una escalada de conflictos con las poblaciones locales, lo que ha provocado en muchos casos la paralización de los mismos.

Conflictos sociales

En América Latina, actualmente hay ciento setenta y dos conflictos mineros por la oposición a proyectos percibidos como una amenaza hacia la disponibilidad y calidad de recursos tan importantes como el agua. Esto se ve alimentado por las malas prácticas de las empresas y la débil institucionalidad estatal en materia ambiental.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), esta región es la que presenta la mayor conflictividad social en el mundo. Perú es el primer país en la lista, con treinta y un conflictos mineros, seguido de Chile con veintisiete, Argentina con veinticinco, Brasil y México con veinte cada uno y Colombia con once.

Dieciocho países latinoamericanos presentan al menos un conflicto relacionado a la minería, afectando a más de doscientas comunidades dedicadas en su mayoría a la agricultura, actividad defendida ante la afectación de suelos, aire y agua que provoca la incursión de la minería en sus territorios. Los levantamientos de las poblaciones se producen casi siempre en contextos en que las instancias gubernamentales no han dado solución a las controversias, cuando no se han puesto incluso de lado de las empresas. Un elemento común en los países de la región es la vulneración de los derechos de las personas que encabezan las protestas contra empresas en operación o nuevos proyectos que intentan instalarse sin el consentimiento de la comunidad. La criminalización de la protesta se ha convertido en una práctica común a través de hostigamientos, amenazas, militarización, represión policial, procesos judiciales e incluso asesinatos.

Sin duda, las evidencias del daño ambiental y social causado por la minería han ido generando en las poblaciones una conciencia mucho más crítica respecto a la idea de que esta actividad es sinónimo de riqueza. En las últimas décadas, los pasivos dejados por la industria extractiva no solo se refieren a la contaminación, degradación ambiental y disponibilidad de recursos -solo en Perú existen seis mil ochocientos cincuenta pasivos ambientales mineros-, sino también a los desplazamientos, la violación de derechos, la corrupción de autoridades, las prácticas mafiosas, etc.

Los conflictos son los síntomas de una enfermedad que nuestros países vienen sufriendo a causa de la actividad extractivista que se ha intensificado en los últimos años en el marco de la aplicación de políticas de liberalización económica nacidas del Consenso de Washington. Esto se ve agravado por el poder de los capitales y el protagonismo cada vez mayor de los inversionistas que buscan rentabilidad a través de estructurar productos financieros que tienen muy poco que ver con el mundo real.

Rodolfo Bejarano, ingeniero economista peruano, miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).

Duele el Asesinato del Cacique Yukpa Sabino Romero


Max Suárez

Venezuela esta nuevamente herida, aunque seguramente no sea una herida mortal para su institucionalidad, que cierra filas para defender su aparataje estadal, tampoco es una herida mortal ante el asombró por la muerte de un venezolano más ya que las estadísticas de este país aguantan grandes cifras, que los medios de comunicación apenas reseñan en honor de intereses políticos. Sin embargo los tres disparos que cegaron la vida del cacique Sabino Romero, representan una herida de muerte a la moralidad de toda una nación, cada proyectil lejos de quitarle la vida al cacique incrementaba su humanidad de guerrero, de luchador, de ambientalista, de Yukpa, de venezolano y el asombro que no llegó, que no se transformó en la exigencia de justicia, que se silenció, dio paso al verdadero crimen, dio paso a la legitimación de los intereses de un estado injusto, que antepone los criterios económicos a los exigidos por nuestros arrinconados originarios.

El pasado domingo 3 de marzo se asesinó al cacique Yukpa Sabino Romero Izarra y aun cuando cayó muerto de manos del sicariato, resta por determinar quién pagó por su muerte, quién fue el ejecutor de los intereses conjugados de terratenientes, transnacionales y del Estado venezolano, sin embargo quienes estamos indignados por este hecho, reconocemos en el Estado toda la responsabilidad por este crimen.


Toda la indignación no reposa sobre este último crimen, sino en la sumatoria de múltiples injusticias, que convierten en cómplices a cada uno de quienes las permitieron.

Indigna que a pesar de tener todos los argumentos de la razón y la justicia, los Yukpa nunca atacaron con armas de violencia, mas si con la palabra adecuada de respeto, justicia y honor, y sin embargo la sociedad “civilizada” respondió con cárcel, persecución, aislamiento, violencia e incluso la muerte.

Indigna saber la indiferencia de los medios de comunicación, tanto nacionales como privados que pretenden silenciar las luchas de nuestros pueblos indígenas y que, no tratan el motivo de la lucha de los Yukpa, por no representar un centímetraje económicamente rentable, por evitar ir en contra de los intereses de sus anunciantes o de las asociaciones a las que estos pertenecen (fedecamaras, fedenaga o fedeagro) o por mantener desinformada a una población con el intento de manipular la voz de los indígenas.

Indigna la indiferencia de un pueblo programado desde la manipulación de los intereses de gobernantes, empresas, medios y cuanta persona a intentado usurpar las tierras que hoy ocupamos pero que no nos pertenecen.

Indigna que los dos grandes polos políticos del País, estén abocados completamente a sus intereses, individuales, electorales o económicos, pero que ni siquiera se dignaran a enviar sus condolencias hipócrita a la familia Yukpa.

Indigna que la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, responsabilizará al cacique Sabino Romero por no aceptar protección del Estado, sin que siquiera se manifestará a los hijos de Sabino Romero, en torno a las denuncias de protección militar hacia los sicarios que asesinaron al cacique.

Indigna saber al Estado como instrumento opresor de los pueblos. Que antes del asesinato de Sabino Romero ya eran siete hermanos Yukpa muertos en poco más de un año, sin que obtuvieran justicia al respecto. Que el gobierno siempre se colocó del lado de los terratenientes Vargas y Chávez, desde 1995 cuando la Guardia Nacional asesinó a los Yukpa Felipe Romero, Carmen Romero y José Vicente Romero y a pesar de los múltiples intentos de asesinatos hacia Sabino Romero y su familia en 2008 el Ministerio Público imputa a los Yukpa María Teresa Yaspe, Ciro Landino y Noelia Romero por los presuntos delitos relacionados con la recuperación de las tierras y en 2009 sin orden de detención el CICPC trasladará a Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero incomunicándolos de sus familiares y abogados defensores, dentro de instalaciones militares, lo que obliga a los Yukpa a trasladarse a la sede del TSJ, donde se apostaron en pie de lucha.

Indigna que desde el 2004 el gobierno decidiera la explotación de carbón dentro de la Sierra de Perijá por parte de Corpozulia y empresas transnacionales: irlandesa Venezuelan Ventures Limited/Compañía Carbonífera Caño Seco, a la colombovenezolana SDM Suraméricana de Minas, C.A., Venezolana de Minas VEMINCA, a las norteamericanas Peabody, Minera MAICA, a la chilena Carbones del Perijá, entre otras.

Indigna saber que el gobierno venezolano, no reconoce la autodelimitación Yukpa sobre el territorio de la Sierra de Perijá y que en cambio presentan un plan para otorgarle títulos de propiedad en 150 años, lucha que le esta costando en tiempos recientes, vida, cárcel y persecuciones a los Yukpa que no se doblegan.

Si ante esta realidad, aun se mantiene la indiferencia y la desinformación, entonces indigna que el cacique Sabino Romero Izarra, tuviera el mismo destino de su padre, sin que pudiera descansar en vida y libertad, y que sus ejecutores pretendan salirse con las suyas mientras que los Yukpa deban levantarse de nuevo para continuar una lucha casi en solitario contra las injusticias de nuestra sociedad impuesta para ellos.

¡Sabino marca el camino!

Entrevista con Alexis Romero, pemón en resistencia: “Ahora se nacionaliza el oro para entregarlo a transnacionales”


Pepe el Toro
(Especial para El Libertario)

En dos ocasiones consecutivas, octubre 2011 y febrero 2013, indígenas pemones de la Gran Sabana han rodeado, desarmado y detenido a columnas de las Fuerzas Armadas venezolanas para protestar contra sus abusos y denunciar su participación en la minería ilegal. El Libertario conversó con el Alexis Romero, indígena pemón detenido por una de las acciones, acerca de las motivaciones de una de las acciones directas más estimulantes realizadas por movimientos sociales locales en los últimos años.

- Muchas personas conocieron la problemática de la minería en Bolívar a raíz de las dos acciones de desarme realizadas por el pueblo pemón contra el Ejército. Por otra parte algunos comunicados de grupos bolivarianos a nivel internacional han afirmado que una supuesta “quinta columna” dentro de las Fuerzas Armadas intenta desprestigiar a Chávez. ¿Puedes contarnos el contexto y los antecedentes de esta acción directa pemona contra los abusos militares en la zona?

- El movimiento indígena venezolano antes de la llegada de Chávez tenía cierta fuerza, cierta unión. Acuérdense del Tendido Eléctrico, en 1999, cuando nosotros estuvimos frente a esa acción. En aquel entonces el pueblo pemón, conjuntamente con Amazonas y Zulia, de cierta forma nos cohesionamos y llevamos adelante una lucha. Llega el presidente con un discurso bonito, favorable a los pueblos indígenas. Se logra impulsar que los derechos de los pueblos indígenas lleguen a entrar en la Constitución Nacional. Todo eso baja el ánimo, la lucha de nosotros. Creíamos que la demarcación y la titulación de los hábitats y territorios indígenas se iban a dar sin ninguna presión, porque ya lo contemplaba la Carta Magna. A partir de ahí el movimiento de lucha de los pueblos indígenas se apacigua, todo queda tranquilo. Nosotros, los que de una u otra forma hemos estado analizando la situación vimos el peligro que todo eso representaba. Eso lo manifestamos desde la Federación Indígena del estado Bolívar, yo estaba trabajando como asistente de Juvencio Gómez y había un estudio que se estaba haciendo. Un profesor, que estaba haciendo un estudio de doctorado, hizo una consulta. En ese estudio manifestamos que el gobierno del presidente Chávez era más peligroso que los otros gobiernos, porque nos ha hecho retroceder en la lucha que estábamos llevando por el discurso que tenía, confiados, porque él iba a cumplir. Eso es precisamente lo que ha venido sucediendo. Se crearon divisiones, el movimiento indígena del estado Bolívar y a nivel nacional tiene directivas paralelas. Con el ministerio indígena hemos tenido enfrentamientos. Y eso de alguna forma ha sido beneficioso para el Estado, que en la práctica no quiere concretar esos derechos reconocidos.


Para nosotros, que entendíamos lo que estaba pasando, era muy difícil llevar el mensaje al pueblo pemón que la demarcación y la titulación de nuestras tierras no se iba a dar, por muchas razones, entre otras los recursos auríferos que tenemos ahí, y los demás minerales que hay. El gobierno no va a ceder ese espacio fácilmente. La única forma era otra vez tener que unificar criterios y empezar una lucha, ya no pacífica, sino con diferentes protestas. No se no escuchaban los planteamientos que estábamos haciendo. La dirigencia nos tildaba de “oposición”, de “escuálidos”, entre los mismos indígenas. Y resulta que llega a suceder lo que pasó en La Paragua. Nuestros hermanos, frente a los abusos que había, empezaron a tomar acciones. Yo no estuve en la acción. Cuando llego veo que no había ninguna documentación que avalara la base de la acción. Así que sacamos una resolución, con algunos capitanes indígenas, y con esos documentos llegamos allá. Y empezó la defensa, más que todo verbal, con los militares que querían someter a los actuantes.

- ¿Qué argumentaban ante los militares?

-  Que eso era producto del abuso que se estaban cometiendo y la minería que estaban ejerciendo ellos mismos de manera ilegal, porque eran los militares los que hacían las explotaciones. Y abusando de las comunidades indígenas, atropellándolas, desnudando a las mujeres porque ellos suponían que llevaban en sus ropas íntimas el oro que estaban sacando. Esto era lo que argumentábamos y que ellos no eran para eso, sino para defender la soberanía venezolana. Sucedió eso. Pero esa acción, en el sector La Paragua, que era normalmente un sector que estaba muy sometido, ocasionó un despertar de los indígenas, que ya no se iban a seguir calando ser humillados por los militares, sino que iba a ver una respuesta. Cuando sucedió eso en la paragua el discurso oficialista ya se estaba cuestionando, “que si Chávez estaba bravo con nosotros”, “que si teníamos que confiar en él”. Ya eso se estaba cuestionando, había un cierto grupo que ya estaba cogiendo fuerza para decir que no había la concreción real de esos derechos. Ahora lo que sucede en Urimán es como la continuidad, otro sector que ya estaba con la acción y fortalece más la unidad. Ahora la dirigencia indígena chavista está más acorralada, ya no tiene la misma fuerza.

- Mucha gente que opina que las Fuerzas Armadas, con el apellido Bolivariana, son diferentes a las del pasado se sorprenderá con sus denuncias. ¿Cómo son los niveles de participación del ejército en la minería ilegal?

- En Alto Paragua si había esa participación directa de los militares. Pero ahora es a través del cobro de vacunas, las coimas. Eso lo hacen en Urimán que un capitán de la Armada le cobraba por cada vez que iba a las minas donde estaban los indígenas, ellos dicen que les quitaba 200, 300 gramos o medio kilo de oro. Mandaba a reunir cantidad de oro como pago. Las comunidades estaban bajo ese sometimiento, de pagar para trabajar. Después de lo de Alto Paragua hubo un cambio, pues ya no explotaban directamente sino que comenzaron a cobrar. El General Clíver Alcalá, más reaccionario, empieza a detener a las 21 aeronaves que llevaban comida y combustible, y de alguna manera ayudaban a los dirigentes es sus movilizaciones, pues el costo era más económico, como la mitad de lo que ahora se está cobrando. En algunas emergencias ellos apoyaban. Todo eso lo paralizó el General Clíver porque decía que todo eso era para ayudar a la explotación de minería ilegal. Aíslan a estas comunidades y dejan solamente la entrada de dos empresas que ahorita cobran 2.500 Bs. por cada persona, 5.000 bs por entrada y salida. Además ellos dicen que tienen los helicópteros llamados “pemones” para apoyar a las comunidades indígenas, pero ese apoyo lo dan cuando a ellos les conviene. Todo eso trajo que los capitanes se movilizaran con el General Clíver para ver como se solucionaba ese problema. Clíver no escuchó, dijo que a él no le importaba las necesidades de la gente que estaban allá, lo de él era acabar con la minería y para eso iba a hacer ese trabajo. Eso generó la acción. Además los militares ya empezaron a entrar en casas, no en las minas sino donde había equipos y empezaron a explotar eso dentro de las casas. Ellos pedían medio kilo de oro y si no les daban medio kilo les rompían las maquinas, equipos que no estaban trabajando sino que estaban en las casas.

- En la última acción consiguieron que se aprobara un petitorio de 8 puntos. ¿Cómo valoras este acuerdo?

- Los militares fueron a sacar a los detenidos. Por eso se plantearon muchas cosas, entre ellas la desmilitarización de la zona. También se declaró como persona no grata a Cliver Alcalá, eso se asumió en el acta, pero en un descuido vino el gobernador Francisco Rangel Gómez, y sacó eso del documento. La debilidad nuestra fue que algunos dirigentes nuestros, antes que la negociación fuera aceptada por el sector más afectado de Urimán, se adelantaron y aceptaron. La gente de Urimán decía que si no venía el ministro de la defensa o el vicepresidente Nicolás Maduro no iban a soltar a los militares. Pero resulta que la dirigencia de otras comunidades, como si ya Urimán hubiera aceptado, comenzó con las solicitudes y aceptaron una negociación. Ahora, sobre el cumplimiento de eso, pues no lo van a cumplir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reforzar ese documento, pues tiene muchas “conchitas de mango”, reforzar ese documento y darle seguimiento para que se cumpla.

- ¿En qué consiste su propuesta de desmilitarización del territorio indígena?

- Hay una propuesta frente a la desmilitarización, y es que el pueblo pemón creara su propia seguridad, las milicias indígenas propias de la comunidad para enfrentar las posibles inseguridades. Actualmente hay un problema con la población que no es indígena, pues en el acuerdo en que los indígenas iban a explotar la minería ellos no entran. Al principio pusieron artesanal pero después lo quitaron para poner solamente la minería, cosa que es muy dudoso el cumplimientos pues al mismo tiempo no van a permitir la minería dentro del parque nacional, pero las minas, allá en Urimán, están dentro del parque nacional. Y como esta gente se siente excluida y dicen que eso es culpa de los capitanes indígenas, tienen a una parte amenazada. Una cosa positiva de toda esta situación es que de alguna manera la dirigencia indígena esta más unida ahora y está dispuesta a tomar cualquier actuación si los militares continúan atropellando a la población.

- Los indígenas siempre se han opuesto a la contaminación generada por la minería. Ustedes están pidiendo, en cambio, ser quienes exploten las minas presentes en los territorios.

- Ustedes deben saber que la dirigencia indígena siempre nos declarábamos proambientalistas, que defendíamos a la madre naturaleza, la tierra, los ríos. Pero precisamente por ese discurso que llevábamos, creíamos en el Presidente Chávez cuando propuso que todo eso se iba a dar. Pero frente a la situación que se está presentando ahora, que se nacionaliza el oro para entregarlo a empresas transnacionales, las mismas que se califican de “capitalismo salvaje”, entonces ¿Cuál es la coherencia del discurso? ¿Qué hacemos nosotros, seguir custodiando nuestras tierras para que vengan otros a explotarlas? ¡Que sin embargo van a destruir! ¿Cómo quedamos nosotros? Hablan de las regalías de la minería, pero ¿desde cuándo las regalías han llegado a las comunidades? Viendo esa situación hemos planteado, y estamos planteando mejor, que nosotros mismos empecemos a explotar esos recursos, pero buscando la forma menos dañina para la explotación. Que podamos nosotros mismos y que lo reglamentemos. En ese proceso estamos ahora. A ver como lo hacemos, para qué lo hacemos, o si seguimos explotando solamente para llevarlo al bar, para lo que siempre ha sido la minería. Estamos hablando que las propias comunidades presenten un plan de trabajo, un plan de vida para las que quieren explotar la minería, que quieren lograr con eso. Ya varias comunidades han respondido. Una parte de las comunidades que no eran mineras ahora están en las minas. Creo que hay 100 comunidades pequeñas, en la Gran Sabana, que ahora están viviendo de la minería.

- ¿Y los Garimpeiros?

- Ahora hay menos que presencia que antes. Pero ¿Por dónde pasan ellos?, porque el control lo ejercen los militares. Los responsables que ellos estén son los propios militares. Hay menos presencia que antes pero sin embargo hay gente que utiliza a los mismos indígenas para explotar el oro. Uno de los reglamentos que estamos haciendo es ese, para que no siga sucediendo eso.



Cárcel e indulto

Romero nos explicó como toda la comunidad pemona, incluyendo ancianos, mujeres y niños, participó en la acción contra los militares. Tras ser detenido tres días en el Centro Penitenciario de La Pica, Alexis recibe un extraño “indulto presidencial”, algo que sólo puede otorgarse a prisioneros convictos, sin embargo el indígena aún no había comenzado el juicio. Para completar la irregularidad, a pesar del “indulto”, debe presentarse quincenalmente ante los tribunales, a la espera del juicio en su contra. El pemón es una víctima más de la criminalización de la protesta del gobierno bolivariano.El vocero permón reiteró que la dirigencia indígena está dispuesta a tomar cualquier acción si los militares continúan atropellando a las comunidades indígenas

Arias Cárdenas anuncia nuevos planes para la explotación de la mina del Socuy. Sierra del Perija.


"Si no me demuestran que existe un metodo de sacar el carbon sin contaminar el agua o destruir los bosques. Si no me lo demuestran; ese carbon se queda ahi. Se queda bajo la tierra". Hugo Chavez 2007, faltando solo 5 años para presentar en el Plan Patria las concesiones de explotación del Carbón en los estados Zulia y Bolivar.

En el día de ayer el gobernador del estado Zulia Arias Cárdenas, mientras se preparaba para recibir a Nicolás Maduro en ese conjuro de políticas adecas recicladas y ahora llamadas "gobierno de calle" se dirigía a los medios para anunciar algunas decisiones tomadas para solucionar los problemas eléctricos o de abastecimiento     energético del Estado Zulia.                                     

La noticia sería: Vamos a sacar el carbón de la mina del Socuy en la Sierra del Perija.

Se pone en marcha de nuevo un plan para obtener recursos mineros en tierras donde las comunidades no han sido consultadas mas allá de las recientes y ridículas campañas electorales.

Se pone en marcha un nuevo plan que obliga a las comunidades indígenas a enfrentarse a ese proyecto “eco-socialista y humano del siglo 21” que nos dejo Hugo Chavez como testamento a cumplir al pie de la letra por parte de sus elegidos a dedo. Y elegidas a dedo serán también las concesiones.


Queda pendiente la interesantísima formula a explicar por parte de del Ilustrísimo Doctor Jesse Chacon (quien intervino al día siguiente) y brillante cerebro de operaciones al frente de su nuevo puestico en la gestión eléctrica sobre como sacar el carbón del suelo sin deteriorar el ambiente.

Y nosotros nos adelantamos y le decimos; pendejo sera usted.

vientosinfronteras