En septiembre de este año se renuevan las cámaras, se ratifica al presidente electo y comienza formalmente el largo periodo de transición del Poder Ejecutivo. Con ellos, llegan nuevas agendas y discursos; sin embargo, aun cuando los actores políticos se renuevan o se reciclan, los problemas públicos continúan. Lo que es probable que cambie es la forma de problematizarlos, de plantearlos y de intentar solucionarlos.
Este período de interregno y una nueva composición en las cámaras dan un poco de aliento a los discursos públicos, a la interlocución entre actores políticos y sobre todo, parece renovar el diálogo entre gobierno y sociedad.
Desde hace varios años se mantiene un debate en todos los niveles en torno a una reforma que apunta a integrar el Sistema de Salud Pública, hoy conformado por la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y las instituciones de seguridad social de PEMEX, las Fuerzas Armadas y Marina. Las propuestas para lograrlo han sido diversas pero hoy, con el inminente cambio de administración, sin duda será la que Enrique Peña ofreció en su plataforma electoral la que eventualmente será retomada por nuestros legisladores.
En la recién concluida legislatura, el diputado priista Antonio Benítez Lucho presentó en mayo de este año una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, así como las que rigen a las instituciones de seguridad social. Esta iniciativa es la semilla depositada en el congreso del planteamiento que Peña Nieto presentó como candidato a la presidencia, cuyo ideólogo es Santiago Levy, ex-director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Hoy la lucha por la justicia que emprenden los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, hombre nahua asesinado en un retén militar en de junio 2009, encontró una respuesta histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con siete votos a favor y tres en contra, los ministros reconocieron que los familiares de la víctima están legitimados para impugnar mediante un juicio de amparo la intervención de la autoridad competente; lo que en este caso se refiere al sistema civil, en contraposición al militar. En esencia, la decisión tiene implicaciones de suma relevancia para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, particularmente las cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, ya que otorga el reconocimiento mismo de carácter de víctimas a los familiares del individuo directamente afectado por los agravios.
Desde el martes de la semana pasada, iniciaron las discusiones sobre el caso de Bonfilio, el tercer caso en una lista de 30 que los ministros actualmente analizan para delimitar el alcance de la jurisdicción militar y determinar la competencia del sistema ordinario en un proceso penal en contra de algún integrante de las Fuerzas Armadas. Este caso concentra un tema central adicional por ser el primero que se trata de una revisión de un juicio de amparo promulgado por los familiares de la víctima. En ese sentido, obliga a los ministros a revisar discusiones que en otros momentos ya se han dado, particularmente la decisión de la SCJN en 2009 de negar el derecho de Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Medina, asesinado por militares en Sinaloa en 2008, de apelar a un juicio de amparo por no ser considerada víctima.
El lunes de esta semana, al entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presenciar las deliberaciones en el pleno, Don José Rubio, hombre indígena nahua de la región de la Montaña, Guerrero y hermano de la víctima de uno de los 30 casos relacionados al sistema de jurisdicción militar que llegaron hasta este máximo tribunal, reiteró un comentario que ha hecho en varias ocasiones. Al referirse a la lucha por la justicia en el caso de Bonfilio Rubio, asesinado extrajudicialmente por miembros del Ejército en un retén militar en 2009, dijo que para el Estado mexicano, los militares son ciudadanos de primera, mientras que nosotros, como pueblos indígenas, somos ciudadanos de tercera.
Don José Rubio se refiere a los actos diferenciados de discriminación y de privilegios que hasta la fecha se ven reflejados en los casos de civiles, víctimas de actos de violaciones a los derechos humanos por parte de la institución castrense. Don José explica que si el presunto culpable fuera un campesino indígena, seguramente ya estaría en la cárcel, pero como los asesinos de su hermano son miembros de las fuerzas armadas, el caso tuvo que llegar hasta la SCJN porque los militares ni siquiera permiten que se juzgue en el sistema ordinario.
Hace un par de semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una serie de casos relevantes para el avance o retroceso del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Dos de estos casos, el Caso Campeche y el Caso SAT, como han sido llamados coloquialmente, pueden servir para demostrar la urgencia de resolver fallas estructurales que subsisten en el proceso de acceso a la información y que tienen como consecuencia la violación del derecho a la información de las y los mexicanos.
En pocas palabras, el Caso SAT trata de la pugna entre quienes aseguramos que las y los mexicanos tenemos derecho a conocer la información relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007 por esta dependencia, mismos que ascienden a casi $74 mil millones de pesos, y entre aquellos que piensan que esta información debe ocultarse a razón del llamado secreto fiscal. Una explicación detallada del caso y las consideraciones de Fundar sobre el mismo se pueden consultar aquí.
La Ley de Víctimas, aprobada por unanimidad en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril de 2012, puede abordarse desde al menos dos ángulos. Desde el punto de vista técnico, la Ley de Víctimas pone de manifiesto la complejidad que implica coordinar a distintas instancias en los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad, a la justicia y a la participación como sujetos de su propio proceso, así como articular medidas de reparación integral. Para el Estado mexicano, responder a esta complejidad requiere definitivamente hacer acopio de la pericia de diferentes sectores de la sociedad civil, con énfasis en las diferentes organizaciones de víctimas y sus familias, en un proceso conjunto de construcción.
Desde el punto de vista ético y político, la aprobación de la Ley de Víctimas fue entendida como una expresión del compromiso del Legislativo por responder a la situación de miles de víctimas de la delincuencia organizada que sufren un proceso de revictimización cuando se acercan a las autoridades en busca de justicia. La Ley en cuestión cumple de este modo una función simbólica: la de reconocer los costos humanos de la guerra contra la delincuencia organizada y el sufrimiento de las víctimas. Asimismo, dicha Ley reconoce que las víctimas no solamente sufren por la acción de la delincuencia organizada, sino también por las acciones u omisiones de las autoridades.
En ese año, el monto de las cancelaciones fiscales representó casi 74 mil millones de pesos. Tan solo quince de los créditos fiscales que se cancelaron van de los 100 a los 500 millones de pesos.
El pasado 6 de junio se llevó a cabo una conferencia de prensa para presentar el nuevo Plan de Acción de México en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. En este Plan, el Gobierno federal asume 36 compromisos concretos con la sociedad mexicana y la comunidad internacional para avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas que deberá cumplir a más tardar en septiembre de este año.
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral que tiene como objetivo promover la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción mediante la estrecha colaboración entre las autoridades y la sociedad civil, y el uso de nuevas tecnologías de la información. Esta Alianza fue oficialmente establecida el 20 de septiembre del 2011, cuando los ocho países fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) aprobaron una Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus planes de acción nacionales. A solo unos meses de su instalación, la Alianza ha logrado sumar a gobiernos, organizaciones y desarrolladores de más de 55 países de todo el mundo.
En este espacio plural encontrarás la opinión de algunos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre temas imprescindibles de la agenda nacional (participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, Estado de derecho, igualdad sustantiva y derechos humanos) con la intención de avanzar hacia una democracia sustantiva.
Cécile Lachenal es doctora en Derecho Público por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona Nueva (París). Actualmente se desempeña como coordinadora académica y colabora como investigadora en el proyecto de acceso a la justicia de pueblos indígenas.
Daniela Ramírez
estudió la maestría en Ciencia Política en El Colegio de México. Actualmente colabora en el área de Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas.
Mariana Pérez es
investigadora en el Área de Presupuestos y Políticas Públicas donde ha desarrollado proyectos relacionados con la transparencia y rendición de cuentas presupuestaria, el derecho a la salud, VIH-SIDA y monitoreo al Seguro Popular.
Miguel Moguel es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es actualmente coordinador e investigador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana.
Haydeé Pérez es coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas y forma parte del Proyecto de Monitoreo y Vínculo con el Poder Legislativo.
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