En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el Bloque 23, que afecta un
60% del territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, ubicado
en la provincia de Pastaza, República del Ecuador, a favor de la
Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión
fue realizada sin que haya precedido por parte del Estado ecuatoriano
ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al
Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el
territorio de su propiedad. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, estipula claramente en
su artículo 6 sobre el derecho a la consulta a los pueblos indígenas
en todos los asuntos que les involucran.
La COICA, conoce que durante el último trimestre de 2002 y el primer
trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente al territorio de
Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del legítimo
propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente
destructivas. Para intentar detener la campaña de sísmica Sarayaku
debió declararse en emergencia por siete meses y movilizar a sus
pobladores, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños a resguardar su
territorio en los denominados Campos de Paz y Vida constituidos en
medio de la selva, donde se estaba produciendo la invasión armada de
CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para la vida,
integridad, salud, alimentación, educación, cultura y espiritualidad
de los miembros de Sarayaku.
Según información oficial del Ministerio de Energía, existen 476
puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en
donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, sin
haberlos consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre
3 y 5 kgs. de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo. En
total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a
12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza,
en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La
información que dio el Ministerio de Energía, es que ese explosivo es
muy peligroso y que las cargas pueden detonarse accidentalmente con
mucha facilidad.
A inicios de 2003, Sarayaku, acudió ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia
de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa
CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó Medidas Cautelares a favor
de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su
especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó
sistemáticamente dichas medidas.
Frente al incumplimiento de las Medidas Cautelares, la Comisión
Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar Medidas
Provisionales a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en
julio de 2004. Dichas Medidas buscan proteger la vida e integridad de
los miembros de Sarayaku, la investigación de los hechos de violencia
cometidos en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre
tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del Río Bobonaza
efectuado por aliados de la petrolera, como medida de presión para que
Sarayaku desista de las acciones legales emprendidas y entre a
negociar.
Ante el nuevo incumplimiento del Estado ecuatoriano, la Corte, en
junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la
disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por
la CGC en territorio de Sarayaku. Recién en la primera mitad del año
2007 el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Minas
aceptó la disposición de la Corte Interamericana. Y desde entonces el
Ministerio de Minas y Petróleo emprendió gestiones para el retiro de
los explosivos; proyecto que empezaría a cristalizarse a fines del
mismo año. A diciembre de 2009, con el concurso del Grupo de
Intervención y Rescate de la Policía Nacional, se había retirado
apenas catorce kilogramos de explosivos y el proceso se suspendió
hasta la presente fecha.
Todo este esfuerzo de parte del Gobierno por cumplir las disposiciones
de la Corte, destinadas a proteger los Derechos Humanos y los Derechos
de la Naturaleza, se diluyó. El 8 de mayo de 2009, el Ministro de
Minas y Petróleo autorizó sorpresivamente el reinicio de las
operaciones petroleras en los Bloque 23 y 24 a las que el Pueblo de
Sarayaku y las Nacionalidades Shuar y Achuar, viene oponiéndose desde
finales de los noventa. Esta autorización también va abiertamente en
contra de otras decisiones de organismos internacionales de derechos
humanos que amparan a los indígenas. Aún cuando el reinicio de
actividades dispuesto no fue acatado por la empresa CGC, este hecho
demuestra la frágil situación en la que se encuentra el caso Sarayaku.
El 26 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución respecto al caso.
El caso ha sido remitido a conocimiento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Los días 6 y 7 de julio de 2011, en San José de
Costa Rica, se llevará a cabo la audiencia del caso Sarayaku ante el
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta diligencia es crucial
porque en ella el pueblo Kichwa de Sarayaku, de la Amazonía
ecuatoriana, presentará ante los jueces de la Corte sus alegatos
orales así como las pruebas testimoniales y periciales con las que
demostrará las violaciones de derechos humanos que sufrió durante la
actividad petrolera del Bloque 23. Desde Sarayaku están presentes en
Costa Rica una delegación de líderes, sabios tradicionales, hombres y
mujeres de la comunidad.
Por todo lo expuesto y ante los legítimos derechos que reivindican en
el pueblo kichwa de Sarayaku, la COICA como organización indígena
internacional de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica,
respalda todas y cada una de las acciones de este pueblo indígena e
insta a los jueces y autoridades de la CIDH, velar por los legítimos
derechos indígenas hoy vulnerados por parte del Estado ecuatoriano,
tanto de instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas y la
propia Constitución de la República del Ecuador.
Dado en la ciudad de Quito, a 5 de julio de 2011
Atentamente,
Edwin Vásquez Campos
Coordinador General de COICA
Juan Carlos Jintiach Arcos
Coordinador del Área de Cooperación Internacional
Económica y Desarrollo Autónomo Con Identidad