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Juez chileno acusa a ex oficial de EE.UU. por homicidio de
periodistas estadounidenses
Por Bill Van Auken
15 Diciembre 2011
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La semana pasada en Chile, un juez formuló cargos contra
un oficial retirado de la Armada de los Estados Unidos en relación
al arresto, tortura y homicidio de los periodistas estadounidenses
Charles Horman y Frank Terrugi, en los días posteriores
al golpe militar respaldado por la CIA y liderado por el general
chileno Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno del presidente
Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
El juez Jorge Zepeda ha acusado al capitán (r) Ray Davis
de facilitar a la policía secreta chilena con información
que condujo al secuestro y homicidio de Horman y Terrugi, y de
no haber impedido los crímenes. Al momento del golpe, Davis
era el comandante de la misión militar en la embajada de
EE.UU. en Santiago. El juez pidió a la Corte Suprema la
extradición de Ray Davis de los Estados Unidos.
El homicidio de Horman y Terrugi, ambos partidarios del gobierno
de Allende, formó parte de una feroz ola de represión
en que decenas de miles fueron torturados y ejecutados, y otros
cientos de miles fueron exiliados a la fuerza por una dictadura
respaldada por los Estados Unidos que gobernaría el país
por 17 años.
Este crimen se dio a conocer al público en general en
los Estados Unidos y en el extranjero gracias al estreno en 1982
de la película Missing de Costa Gavras, en que se
dramatizaba la búsqueda del padre de Horman por su hijo
y su comprensión final de que el gobierno de los Estados
Unidos había tomado parte en su homicidio.
Horman y Terrugi trabajaron como periodistas independientes
para la Fuente de Información Norteamericana (FIN), que
era favorable al gobierno de Allende. Horman también trabajó
como guionista para la empresa cinematográfica estatal
de Chile. Se informa que al momento de su muerte se encontraba
investigando la participación de los Estados Unidos en
el golpe que derrocó al gobierno Allende y llevó
a su muerte.
En su acusación, Zepeda afirma que agentes estadounidenses
habían tildado de “subversivo” el trabajo de
Horman para la cinematográfica chilena, un cargo reiterado
por los agentes de la policía secreta chilena que lo secuestraron,
torturaron y asesinaron. También afirma que “hay presunciones
que luego de las operaciones encubiertas que (Davis) cumplía
en Chile, diseñadas en contra de Charles Edmund Horman
Lazar, decide no anular la voluntad de los autores materiales
de la muerte de éste, no obstante tener la posibilidad
de hacerlo.”
La acusación indica que debido a su “coordinación
con los agentes del Estado de Chile,” Davis estaba en “posición...[de]
prevenir el homicidio.”
Esta acusación se corroboró previamente con los
documentos liberados el Departamento de Estado de los EE.UU. en
1999. Uno de ellos, un memorándum de 1976 redactado por
funcionarios del departamento, tildaba de “molesto”
el caso Horman por la atención mediática y las investigaciones
del congreso. El memorándum afirmaba que la junta chilena
tenía razones para pensar que “este estadounidense
podría ser asesinado sin repercusiones negativas por parte
del GEU [Gobierno de los Estados Unidos].”
A esto sumaba: “El servicio de inteligencia de los EE.UU.
puede haber jugado un rol lamentable en la muerte de Horman. En
el mejor de los casos se limitó a facilitar o confirmar
información que ayudó a motivar su muerte por parte
del GDC [Gobierno de Chile]. En el peor de los casos, el servicio
de inteligencia de los EE.UU. conocía las sospechas del
GDC sobre Horman y los oficiales estadounidenses no hicieron nada
por poner freno a la conclusión lógica de la paranoia
del GDC.”
Esto minimiza deliberadamente la verdadera participación
de los Estados Unidos, que incluyó la entrega a la agencia
de policía secreta chilena DINA de la información
que avivaría la “paranoia” de la junta y coincidió
con esta agencia en que las actividades de Harman eran “subversivas”,
bajo condiciones en que se estaba deteniendo, torturando y fusilando
a decenas de miles de supuestos subversivos.
A los 38 años del homicidio de Harman, sólo se
ha liberado un pequeño número de documentos de la
CIA y de las fuerzas armadas de EE.UU., los que además
están fuertemente censurados. Sin embargo, hay evidencia
sustancial de que agentes de la CIA y las FF.AA. de los Estados
Unidos tenían sus propias razones para respaldar la ejecución
de Horman.
Horman conoció a Davis en Viña del Mar, una ciudad
turística próxima a la ciudad portuaria de Valparaíso,
durante el golpe. Davis condujo al estadounidense de 31 años
de vuelta a Santiago el 15 de septiembre. Posteriormente se le
arrestó en su hogar. En apariencia, este encuentro no fue
casualidad, ya que los servicios de inteligencia estadounidenses
habían estado observando las actividades de Horman y Terrugi
en el período anterior al golpe.
Valparaíso sirvió de base a los conspiradores
chilenos del golpe militar y también a los oficiales militares
y de inteligencia estadounidenses que los apoyaban. En su estadía
en Viña, Horman se contactó con varios agentes estadounidenses
y tomó detallados apuntes que documentaban el rol -vigorosamente
negado por Washington- de los Estados Unidos en el derrocamiento
del gobierno de Allende.
Zepeda, quién se hizo cargo de la investigación
hace ocho años, también presentó acusaciones
contra un general chileno en retiro, Pedro Espinoza Bravo, por
los homicidios. El brigadier Espinoza era el segundo a cargo en
la infame policía secreta DINA de la junta. Se le acusa
de participar directamente en la interrogación de Charles
Horman en las oficinas del Ministerio de Defensa, previo a su
homicidio.
Espinoza ya fue declarado culpable y sentenciado a una condena
en prisión de sólo cinco años por su papel
en la organización del asesinato en 1976 de Orlando Letelier,
quién sirvió como ministro de Relaciones Exteriores,
ministro de Defensa y embajador ante los Estados Unidos bajo el
gobierno de Allende. Letelier y su ayudante estadounidense Ronni
Moffit fueron muertos por una bomba puesta en su automóvil
por agentes chilenos. El General Manuel Contreras, el director
de la DINA, testificó el 2005 que la CIA apoyó directamente
el asesinato de Letelier.
Otro ex oficial de inteligencia chileno, Rafael Agustín
González Verdugo, fue condenado en conexión al caso.
González testificó que se interrogó y torturó
a Horman en el Ministerio de Defensa antes de su ejecución.
Posteriormente, se trasladó su cadáver en numerosas
ocasiones impedir su descubrimiento.
Frank Terrugi habría sido llevado de su hogar en Santiago
al Estadio Nacional, el que se utilizó como campo de concentración
para más de 10.000 prisioneros políticos en los
primeros días del golpe. Terrugi murió fusilado
entre el 21 y 22 de septiembre, como muchos otros de los detenidos
en el Estadio.
Es poco probable que el gobierno de Obama extradite a Davis
o a ningún otro oficial implicado en el homicidio de Horman
y Terrugi, ni los otros crímenes masivos cometidos en Chile.
Gobierno tras gobierno ha defendido al ex secretario de Estado
Henry Kissinger de las peticiones de extradición que han
formulado los fiscales chilenos por su participación en
el golpe y su apoyo a la represión subsiguiente.
El mismo Obama nombró a Jeffrey Davidow como su consejero
en jefe en la Cumbre de las Américas el 2009 en Trinidad.
Durante el golpe de 1973, Davidow operaba como oficial político
de la embajada en Santiago -un cargo que comúnmente sirve
de pantalla para agentes de la CIA- y estuvo él mismo involucrado
en el caso Horman.
En Chile, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
emitió un comunicado en apoyo a la acusación de
Jorge Zepeda en contra del ex oficial estadounidense. “Esto
es importante si en el mundo se empieza a establecer jurídicamente
lo criminal que han sido los gobiernos de Estados Unidos, lo responsable
que han sido de los genocidios en distintos países del
continente”, expresó la presidenta de la agrupación,
Lorena Pizarro.
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