Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
En estos momentos los sindicatos y sus abogados analizan el contenido de la columna, especialmente lo concerniente a los términos y condiciones de la llamada retractación y si la misma se ajusta a los estandares legales que se refieren a las condiciones de equidad que debe reunir la retractación.
Hace 15 años, un 13 de octubre, paramilitares en operación conjunta con militares de la Brigada 7 del Ejército Nacional, ejecutaron al Defensor de Derechos Humanos Josué Giraldo Cardona. El crimen se cometió frente a su casa en la presencia de sus dos hijas Sara y Natalia.
Organizaciones de víctimas y amigos, llevaron a cabo un sencillo homenaje en la Iglesia La Catedral de Villavicencio.
El Estado Colombiano y/o el Ministerio de la Defensa No pueden argumentar a su favor, su propia torpeza, es decir de No haber colaborado eficazmente con sus homólogos del poder judicial, la Fiscalía, la misma Policía, etc... y mas bien todo apunta a que la sra Contreras fuera infiltrada reconociéndosele falsamente una calidad de víctima a la que No merecía haber sido reconocida. Recordemos el testigo falso en la Masacre de San Carlos de Guaroa del General Uscátegui apodado “La Perla” quien pretendió a punta de mentiras previamente acartilladas, el ser reconocido como testigo clave en favor del mencionado militar.
El informe de la Contraloria, encontró irregulariades graves en los temas relacionados con el tema alimentario y de nutición de los niños indígenas "No se realizan estudios nutricionales para implementar el programa alimenticio en las comunidades indígenas; hecho que genera rechazo por parte de esas comunidades a los alimentos que se les proporciona"
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del Teniente Coronel ® Julián Villate Leal, y los Mayores ® Marco Fidel Rivera, Hugo Abondano Mikan (dueño de la empresa de vigilancia Seracis) y Huber de Jesús Botello (Gerente de la empresa Consultoría Integral Latinoamericana). A todos les imputó el delito de concierto para delinquir agravado por lo que se conoció como la Operación Dragón que consistía en la realización de acciones clandestinas contra la vida e integridad personal de Directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali – SINTRAEMCALI, la defensora de Derechos Humanos y Representante de Nomadesc BERENICE CELEYTA ALAYON y el Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, ALEXANDER LOPEZ MAYA, entre otras.
Los hechos narrados nos remiten a enero del 2009 cuando fue radicado ante la secretaría del Juzgado Tercero Especializado, un oficio firmado por el Juez Primero de División del Ejército Nacional, mayor retirado Mauricio Cujar mediante el cual presenta solicitud de colisión de competencia teniendo como argumento de que es la Justicia Penal Militar la autoridad competente para juzgar las conductas que en ejercicio de actividades del servicio militar desempeño Plazas Vega en la recuperación del Palacio de Justicia, según él “la retoma del Palacio de Justicia fue una operación militar, con personal y órdenes militares”.
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