La Comisión Negociadora del Movimiento de Trabajadores de la industria de la Caña de Azúcar, 14 DE JUNIO, inició a partir de hoy, Lunes 15 de septiembre, desde las 03:00 de la mañana, una Asamblea Permanente con cese de actividades en siembra, campo, cosecha y fábrica en todas las empresas azucareras del Valle geográfico del Rio Cauca (Valle del Cauca, Cauca y Risaralda), dada la negativa de la Asociación de cultivadores de Caña de Azúcar, ASOCAÑA para negociar con los trabajadores, el Pliego Único de Exigencias presentado el día 14 de julio de 2008. Esta asamblea permanente con cese de axctividades ha sido propiciado por la actitud agresiva de ASOCAÑA, al desconocer los derechos humanos y laborales e intimidarnos con la militarización de los ingenios y las permanentes amenazas de suspensión y despido.
Los trabajadores de siembra, campo, cosecha y fábrica al servicio de la industria azucarera exigigen condiciones de trabajo dignas, porque no pueden seguir esclavizados bajo el sistema de contratistas y cooperativas con más de 14 horas de trabajo diarias para recibir un salario miserable que no alcanza los 400 mil pesos mensuales; exigen un contrato formal de trabajo, plenos derechos laborales sindicales en la industria azucarera, un medio ambiente sano, salud, vivienda y educación para nuestras familias, derechos consagrados en la Constitución Nacional y la Ley.
Más de 30 personas habrían sido asesinadas en la localidad pandina de Porvenir el 11 de septiembre de 2008, el fascismo no se rinde. El imperialismo y las oligarquías quieren derrocar al gobierno del Presidente Evo Morales para truncar el proceso de cambios que desarrolla a favor de las grandes mayorías que habían estado excluidas durante siglos y hoy ven abrirse un camino de esperanza, como el de las grandes alamedas anunciadas por Salvador Allende.
Así, la arremetida golpista del imperialismo norteamericano y las oligarquías criollas dirigen su puntería principalmente contra los pueblos indígenas, sus organizaciones, sus líderes y las instituciones que trabajan con ellos. Prueba de lo anterior son los ataques contra las sedes del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) por hordas racistas al peor estilo de las SS de la Alemania de Hitler.
Ante esta grave amenaza contra el derecho soberano de un pueblo a decidir su destino, la defensa de Bolivia constituye un imperativo de los pueblos indígenas, sus organizaciones y los movimientos sociales latinoamericanos en su conjunto, porque representa la defensa de una opción de justicia y liberación para todos y todas. Solo nuestra movilización unitaria salvará el proceso boliviano. Con nuestra solidaridad activa, el fascismo no pasará.
Reyes remplaza a google
CRIMINALIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN, CRIMINALIZACIÓN DE LA PALABRA
La postura del presidente de la República es censurable e inadmisible, queriendo involucrar a toda la oposición con el grupo guerrillero de las FARC, ya no solamente hablamos de los comunistas, el Polo y sus parlamentarios, también hablamos de reconocidos periodistas, académicos, defensores de derechos humanos, investigadores, congresistas de otros partidos que divergen de él, sumando a todo aquel ciudadano que reclame sus derechos.
Cada vez que se encuentran más argumentos que demuestran la ilegitimidad de su gobierno, de manera furiosa y recurriendo maniáticamente al "computador de reyes" -que resulto mejor que google, pues allí se encuentra cada uno de los colombianos que no comparten su política-, sale de inmediato en todos los medios, a grito dictatorial propio de un régimen mafioso, con agravios, acusaciones y señalamientos a intentar desvirtuar su opositor. A partir de sus aparatos de "inteligencia" Uribe afirma complots contra su gobierno y niega complots contra instancias judiciales, preparadas desde "casa de nari".
Resulta evidente este intento afanoso por ocultar los desmanes e infortunios que con más fuerza arroja este proceso de la parapolítica o parauribismo. Como un juego de naipes que va cayendo, uno a uno de sus condiscípulos desde funcionarios hasta miembros de su propia familia van siendo vinculados por sus nexos con paramilitarismo, algunos ya tras las rejas, otros con artimañas políticas y jurídicas soterradas y no por su inocencia, vienen quedando en libertad.
Un terrorista con “inmunidad paramilitar”
Detenido Rito Alejo del Río, el pacificador genocida de Uribe
Mancuso dijo -Era como uno de los "jinetes" de un proyecto que convirtió el paramilitarismo en una política de Estado-, Ever Veloza alias 'Hh', reclamó -¿Dónde está ese "pacificador" que nos permitía movernos libremente por su jurisdicción?, ¿Dónde está el "pacificador" que nos pasaba información a nosotros para que hiciéramos el trabajo sucio?, ¿Dónde está el "pacificador" que enviaba a sus tropas a patrullar con nosotros y que nos abría las puertas de sus cuarteles?".
Oswaldo de Jesús Yepes, soldado colombiano, en su testimonio manifestó “El General Rito Alejo del Río conoce de varias masacres perpetradas en el Urabá chocoano en 1997, pues la orden venía de él”, este fue asesinado días después de quedar en libertad. La
CIDH en el 99 dice “Aunque fuese negado, la Comisión debe presumir que el comandante de la base militar, batallón o brigada tiene conocimiento de la existencia de operaciones conjuntas entre sus hombres y los paramilitares. Así, por ejemplo, el General Rito Alejo del Río, quien al tiempo de la visita de la Comisión se desempeñaba como Comandante de la XVIIcon jurisdicción en el área de San José de Apartadó, negó conexión alguna entre los soldados bajo su mando y los paramilitares en el área. Sin embargo, la Comisión recibió información que deja en duda esta negación.”. El presidente Uribe le rindió honores al "pacificador" por todo el genocidio cometido en su transitar por Urabá y el Atrato.
A pesar de que el exfiscal Luis Camilo Ozorio, le concedió la libertad, nuevamente se reabre la investigación y se le da orden de captura. Esperamos que esto no sea una maniobra típica del presidente Uribe, que cuando quiere conseguir réditos políticos sobre todo en EEUU, hace acciones para demostrar que su fracasada política de seguridad es un éxito, que luego dilata o entorpece y retrocede para que no se conozca la verdad.
El Grupo Paramilitar de Terratenientes "Embejucados" envió amenaza de 7 páginas con un contenido racista, pleno de odio y falsedades, que anuncia la decisión de difamar el proceso indígena y da inicio al terror y a la muerte. Esta amenaza contra el pueblo Nasa y contra el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, estuvo precedida de graves declaraciones contra los indígenas, provenientes del Presidente de la República y otros integrantes del Gobierno y ocurren tras las recientes confesiones del paramilitar Orlando Villa Zapata involucrado en la masacre de El Nilo en aseveró que dicho crimen masivo fue planeado en la Hacienda La Emperatriz en presencia de sus propietarios y otros grandes propietarios.
Aun hay dignidad: El magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araujo salvó su voto cuando esa Corte se negó a revisar y anular la Sentencia que validó la reelección de Alvaro Uribe, a pesar de haberse demostrado que la reelección fue aprobada mediante cohecho. Dice el magistrado:
"No sólo el presidente y el Vicepresidente sino todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno ilegitimo, y en consecuencia todos los actos de gobierno que realicen tanto el presidente, como sus ministros y su equipo de gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista iusfilosófico la desobediencia civil."
Coronel Plazas, el que reza y peca… no empata!
DOCE TORTURADOS Y DESAPARECIDOS
DURANTE EL HOLOCAUSTO AL PALACIO DE JUSTICIA
"…investigar los crímenes de lesa humanidad, es una perdedera de tiempo y un desgaste para la administración de justicia…", con esta frase por demás desobligante para con las víctimas, el ex - coronel Alfonso Plazas Vega, calificó la audiencia en la que se inicia su proceso de juzgamiento por la tortura y desaparición de 12 personas en el Palacio de Justicia, 23 años de tortura psicológica a las familias de las víctimas, entre otros cargos a su nombre.
Este "funcionario público", nombrado el 15 de agosto de 2002 por Uribe Vélez como Director Nacional de Estupefacientes, que además, ha sido asesor Presidencial en la Consejería de Defensa y Seguridad Nacional, asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Oficina de Soberanía Territorial, entre otras asignaciones; el mismo que hace unas decadas dejaba que sus fuerzas de caballería estuvieran en las fincas de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mejicano, en ese entonces uno de los hombres más sanguinarios del Cartel de Medellín, quiso desviar la investigación ante los medios de comunicación asegurando que existían irregularidades en la aplicación de justicia, quedando hoy desmentidas por el ente acusador.
En este proceso también están vinculados otros miembros de la fuerza pública como el Coronel Sánchez Rubiano, el General Ramírez Quintero comandante del Batallón Charry Solano, así mismo, llamados a indagatoria a los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Samudio Molina y el ex-presidente Belisario Betancourt. Esta primera audiencia deja entrever que hubo otros niveles de mando que la justicia debe investigar.
El Tribunal y todos los que han promovido esta larga sesión colombiana son conscientes que es una condena moral que no puede producir directamente consecuencias sobre las trágicas condiciones que las audiencias han ilustrado y documentado. Sin embargo es importante brindar al conocimiento de la comunidad internacional y a la opinión pública mundial lo que pasa verdaderamente en esto país, ya que la imagen de la situación colombiana que trasmiten prevalentemente los medios de comunicación internacionales está manipulada y distorsionada por los intereses económicos y políticos.
El Tribunal hace un llamamiento a todos quienes esperan y luchan por un mundo más justo y toman en serio las Constituciones, las Cartas y los Convenios sobre los derechos humanos a recoger las expresiones de sufrimiento y la voluntad de cambiar esta insoportable situación que viven los pueblos.
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El problema más grave no es la mala información ni el Calvario de las interminables colas para liquidar la planilla, el problema más grave se vive cuando al fin se logra saber cómo y cuánto hay que pagar: entonces el trabajador "independiente" lee una suma impagable.
La llamada planilla única es en realidad una maniobra burocrática en gran escala para favorecer a los Fondos de Pensiones. La gente de bajos ingresos sólo cotiza salud porque no le alcanza para más; las empresas aprovechando las reformas laborales, contratos de servicios, "cooperativas de trabajo" y otros artificios para disfrazar la relación laboral, dejan que miles de trabajadores tengan la total responsabilidad por la cotización; los jóvenes no cotizan pensiones porque deben esperar demasiados años y perderían muchos meses cotizados; los mayores ya han cotizado el suficiente tiempo para pensionarse pero deben esperar la edad para pensionarse y mientras, pues para qué cotizan. Así las cosas los Fondos perdieron la mitad de su clientela, 5 millones de personas, a pesar de lo cual son pulpos poderosos del capital financiero que copnstituyen el segundo propietario de acciones de empresas en Colombia. Con este poder controlan el Gobierno, especialmente el Ministerio de Protección, y el Congreso y así impusieron la Ley para duplicar sus clientes mediante la Planilla Integrada de Liquididación de Aportes (PILA).
Un trabajador supuestamente "independiente" que gana el mínimo y más frecuentemente menos del mínimo, cotizaba solamente los 57.700 mil pesos de salud, si es que lograba reunir el dinero. Ahora deberá conseguir otros 73.840 pesos para pensión, para sumar 131.540 pesos, si quiere tener servicio de salud. Es un chantaje aprovechando el poder político: los Fondos no logran vender su producto y lo imponen por ley a costa del hambre. La Corte Suprema de Justicia falló una tutela el 19 de junio a favor del derecho a la salud de un ciudadano de 53 años, "independiente", y definió que debe ser atendido por el seguro médico aunque no pague la cotización de pensiones. El Gobierno y el derecho saben que violan un derecho fundamental, pero colocarán a la gente a poner tutelas, persona por persona.
Los tecnócratas neoliberales que inventaron la planilla obligatoria posan de técnicos que facilitan con tecnología un servicio. La crisis de estos días, las colas enormes en todas las ciudades del país, los teléfonos que no contestan, las páginas de internet bloqueadas por exceso de usuarios, demuestran que ni dominan la tecnología ni se han preocupado por adecuar la infraestructura. Solamente les preocupa recoger más billetico para que los Fondos del capital financiero compren más empresas. Ya costa de amenazarnos conque no nos atenderá en los servicios de salud.
El conocimiento y la libertad,
o la fuerza y la represión!
UNIVERSIDAD PÚBLICA, CRÍTICA, LIBRE
Y AL SERVICIO DE LOS Y LAS COLOMBIANAS!
Las protestas estudiantiles en las universidades fuertemente reprimidas por la Fuerza Pública, tienen una razón de ser, no sólo por las reiteradas motivaciones del Estado en cuanto al mínimo presupuesto destinado a la educación superior, las pocas condiciones para el ingreso y sostenibilidad, la decadente calidad académica, administrativa, física y pedagógica, la baja remuneración y deuda a docentes, la asfixia presupuestaria y las reformas educativas que poco a poco cercenan la Universidad pública. Si no también, porque fue permeada por la lógica asesina del paramilitarismo, desde infiltrar "tiras", para que delaten a todo aquel que piense diferente o cuestione, agiten agresiones, amenacen y desaparezcan estudiantes, profesores y sindicalistas, pasando por la persecución por parte de los "desmovilizados" aguilas negras, hasta nombramientos de directivos como cuotas al servicio de los paramilitares. La última ocurrencia del presidente fue legalizar la presencia de la fuerza pública al interior de la Universidad, estigmatizando al que discrepe de su política, intentando dejar las ideas, la memoria y la confrontación académica en una fosa común.
El panorama de la Universidades públicas no es nada alentador y el de la Universidad privada no menos triste, pues a ellas sólo llegan los estratos 5 y 6. La Universidad no se debe convertir en una procesadora de estudiantes para las maquilas estatales, tampoco la pueden convertir en campos de guerra, donde los salones se transformen en trincheras y los libros se vuelvan vendas. Por eso recordamos la consigna que hoy más que nunca tiene vigencia "Los estudiantes no son terroristas. Terroristas el gobierno que asesina y desaparece"
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Todo el apoyo y la solidaridad!
GRAN MARCHA POR LA VIDA, LA PAZ Y LA LIBERTAD SINDICAL
...Hasta mayo han sido asesinados en Colombia 26 trabajadores sindicalizados. Se ha registrado 225 atentados contra dirigentes y 193 casos de desaparición forzada.
Aumentan despidos masivos por persecución sindical...
En lo que va corrido del año han aumentado sustancialmente los asesinatos de dirigentes sindicales y sociales, se han producido atentados, amenazas y desapariciones forzosas, que sin lugar a dudas hacen parte de un plan de exterminio y aniquilamiento de las organizaciones de los trabajadores. A la fecha para infortunio del movimiento obrero y vergüenza de una sociedad que se precia de ser democrática, los líderes sindicales asesinaos ya superan los veinticinco (25), igual situación acontece con los dirigentes políticos y sociales, cuyo único delito ha sido pensar diferente y oponerse al régimen políticos imperante en Colombia.
Estas razones motivan a la CUT y la UNEB, a hacer amplia convocatoria a todas las organizaciones e instituciones comprometidas con estas causas para que nos acompañen y nos apoyen, en la MARCHA POR LA VIDA, LA PAZ Y LA LIBERTAD SINDICAL, la cual partió el martes 10 de junio desde la ciudad de Cali, cuyo recorrido va por Palmira, Buga, Bugalagrande, Armenia, Ibagué, Girardot, Fusagasuga en donde se desarrollaron concentraciones y su meta final fue Bogotá, a donde llegó el miércoles 18 de junio.
Uribe se cree juez y ordena detener a los indígenas y a sus amigos
¡No más tratamiento de guerra contra los pueblos indígenas!
El gobierno ha tardado 17 años en cumplirle al pueblo Nasa con la reparación integral por la masacre de Nilo. Ya en reiteradas ocasiones se ha hecho denuncia pública por el incumplimiento a los Acuerdos establecidos entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas del departamento del Cauca y de las sistemáticas violaciones por parte del gobierno, incluso asesinatos.
Lorenzo Largo Dagua, alguacil del Cabildo de Tacueyó fue abaleado en la Hacienda La Emperatriz el 29 de noviembre de 2007, cuando participaba en los Rituales de Liberación de la Madre Tierra para reclamar el cumplimiento gubernamental y murió como consecuencia de las heridas, mártir por su pueblo, el 14 de diciembre siguiente.
La respuesta de Uribe en consejo con los latifundistas en Popayán, el 15 de abril de 2008, fue ofrecer recompensas por los dirigentes indígenas y llamarlos delincuentes. Pero antes ir alguien a declarar contra los líderes indígenas y fue en cambio Yidis Medina a denunciar a los delincuentes que compraron la reelección de Alvaro Uribe.
El 21 de mayo de 2008, en la hacienda La Emperatriz, cerca de 500 personas, que reclamaban su derecho a la tierra y la reparación integral por la masacre del Nilo, fueron atacados por el ESMAD de la policía Nacional con bombas explosivas y armas de fuego, ocasionado heridas de gravedad en 8 indígenas Nasa, entre ellos Eulogio Dagua Cuetia, Luís Enrique Ramos, Alex Méndez y Luís Eduardo Ramos, comuneros de los resguardos indígenas de Jambaló, San Francisco, Huellas y Toribío.
En el consejo comunitario realizado en el municipio de Florida, Valle, el Presidente de la República en un acto inadmisible e impropio de la investidura del Jefe del Estado, ordenó a un general de la República detener a “esos congresistas que estimulan, tras bambalinas, la violencia de los invasores”. Pretende el señor Uribe Vélez, amedrentar a quienes se atrevan a solidarizarse con los pueblos indígenas en la lucha por sus derechos. Hay que decirlo con claridad: lo que hizo Uribe es característico de una dictadura: el Presidente juzga, condena y ordena la judicialización y arresto de dos senadores en un Consejo Comunitario. Los senadores Alexander López y Jesús Piñacué han respondido enérgicamente la orden inconstitucional de Uribe:
El Silencio de los asesinos
El capitán Gordillo del Ejercito Colombiano admitió que hombres adscritos a la Brigada XVII estuvieron en la masacre de San José de Apartadó junto con hombres al mando de “don Berna”
La extradición fulminante de los jefes paramilitares a EEUU, la perdida de computadores y de expedientes relacionados con paramilitarismos y el repentino mutismo de algunos de ellos, deja claro que Uribe está silenciando con cortinas de humo algo a lo que poco a poco se estaban acercando las indagatorias e investigaciones realizadas por la Corte. Desde luego en todo esta crisis de Estado nos falta plenamente un sector, la “Fuerza Pública”, que son precisamente los autores o coautores materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Hasta ahora y por fortuna uno de los pocos implicados directos ha sido el Gral Rito Alejo del Río, pero con él hay un resto de militares.
Para el caso de San José de Apartadó estamos hablando de más de 80 militares implicados, un grupo de 50 paramilitares y una cúpula de de autores “intelectuales” en donde hay capitanes, generales, jefes paramilitares, tenientes, que coordinaron esta masacre, conocieron de ella, estuvieron y callaron. (21 de febrero del 2005 – asesinaron a cuatro menores de edad y 4 adultos - Luis Eduardo, Bellanira, Deiner, Santiago, Sandra, Alfonso, Alejandro y Natalia)
Muere ley de Justicia y Paz!
ESTADO UNIDOS EL CAMINO A LA IMPUNIDAD
La extradición primero de 'Macaco' o 'Javier Montañez', y posteriormente de un grupo de 14 en donde esta Mancuso, Gordolindo, Don Berna, Jorge 40, Cuco, Pablo Sevillano, el Tuso, el Mello, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea, Martín Peñaranda, y Eduardo Enrique Goynechea, que se encontraban incluidos en el proceso de Justicia y Paz, bajo el argumento de que no estaban entregando la verdad, tampoco sus bienes para la reparación y, además seguían promoviendo grupos armados ilegales y acciones ilegales,- nada nuevo-, demuestra una vez más, que el proceso de paz con los paramilitares fue un montaje de grandes dimensiones que se le salió de las manos a este gobierno.
Las declaraciones del alto comisionado advertían esta decisión, la crisis política de este país no sólo enloda al gabinete presidencial, al ejercito nacional, dirigentes del sector privado, al congreso y es la muerte certera a varios de los partidos uribistas, sino que ya evidenciaba los nexos directos del paramilitarismo con el presidente. La extradición de la cúpula paramilitar era un salvoconducto del presidente a corto plazo para que esta pueda continuar con este proyecto uribista, bien con la idea de la reelección o bien con la proyección de alguno de sus "incondicionales" -limpios-; pero también, es un golpe a la Justicia colombiana, a las Cortes y la justicia ordinaria. Como era de esperarse Uribe no da puntada sin dedal, tiene claro su aliado, el gobierno de EEUU en su precipitada carrera de desprestigio de los últimos tiempos y su fracaso en su gestión con el TLC, tiene que demostrar sus grandes avances en estos temas, si es preciso desestabilizando la región y desde luego primando el tema que los vincula ellos "narcotráfico", por encima de los crímenes de lesa humanidad.
El gobierno nacional y el uribismo han anunciado un proyecto de reforma constitucional para arrebatarle a la Corte Suprema de Justicia la facultad de investigar y juzgar a los congresistas, en pleno proceso de la parapolítica. Propone el uribismo un supertribunal que juzgue tanto a los senadores y representantes como a los magistrados de la Corte. Se trata de un burdo intento de abortar los juicios porparapolítica que tienen en crisis al uribismo. Este intento de golpe de estado institucional, va ligado al golpe real que significa la nueva ola de asesinatos de sindicalistas y otros líderes sociales, las amenazas como las del Magdalena Medio y los señalamientos de José Obdulio Gaviria movimiento social. Es necesario estar alertas, para rechazar el golpe uribista, así como se rechazó el 22 de abril el intento de exilio de Mario Uribe.
¡El TLC del las Transnacionales NO está por encima de las Víctimas!
La votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue de 224 votos a favor del congelamiento del TLC con Colombia y 195 en oposición. El gobierno de Uribe, fiel a su método mafiosos, consideró que entregando millones de dólares a diestra y siniestra compraría conciencias. Uribe piensa que todo mundo tiene un precio y procedió a comprar al asesor de la señora Clinton, Mark Penn y su empresa Burson Masteller. Creían los uribistas que los Teodolindos y Yidis se multiplicarían y el TLC sería aprobado sin problemas allá, de la misma forma que fue aprobada la reelección aquí. Los derechos de las víctimas colombianas se olvidarían, los asesinatos de sindicalistas y la impunidad de los mismos podría seguir sin problemas, pero la Operación Teodolindo salió a la luz cuando el Wall Street Journal publicó una foto de Teodolindo Penn desayunando con la embajadora Barco en la embajada colombiana. La ira de los demócratas se manifestó y solamente diez de ellos se comportaron a lo Yidis, pero en contraprestación, cinco republicanos compartieron el rechazo a la indignidad, al soborno y a las violaciones de los derechos humanos en Colombia.
Si Obama y la señora Clinton han ratificado su rechazo al TLC con Colombia, no ha sido pues por obra de la politiquería demócrata, sino de la parapolitiquería uribista.
El 6 de marzo pasado cientos de miles de personas se movilizaron en 24 lugares del país en la jornada solidaria convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE. El mismo día se realizaron actos de solidaridad en 74 ciudades del mundo. Desde el momento en que se hizo pública la propuesta de la jornada, la estigmatización y los señalamientos, provenientes fundamentalmente del alto Gobierno y de otros sectores de extrema derecha, han generado un clima de polarización cuyas consecuencias no se han hecho esperar. Desde el 10 de febrero y por varios medios de comunicación el asesor presidencial José Obdulio Gaviria señaló la marcha del 6 de marzo de ser "convocada por las Farc". El 12 de febrero se difundieron por correo electrónico panfletos amenazantes contra los organizadores de la marcha. Luego se ha desatado una ola de asesinatos.
Entre los asesinados están los sindicalistas Leonidas Gómez, dirigente de los trabajadores del Citibank, Carlos Burbano, trabajador de la salud, la maestra carmen Cecilia Carvajal y el también educador Gildardo Gómez; además de otros tres líderes sociales. El 29 de febrero dispararon contra el apartamento de Luz Adriana González, secretaria general del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos -CPDH- de Risaralda. Esta organización hace parte del MOVICE y Luz Adriana era promotora de la marcha. El 7 de marzo, el Presidente de la UNEB, Seccional Bucaramanga, Rafael Boada, fue víctima de un atentado del que afortunadamente salió ileso. Iván Cepeda, del Comité de Impulso del MOVICE, recibió en su correo electrónico varias amenazas. Entre otros 27 dirigentes y activistas amenazados, están Antonio Pedrozo, integrante de la organización Tejiendo Esperanza y Coordinador de la Marcha Nacional de Desplazados; Mauricio Cubides y Guillermo Castaño, dirigentes de Fensuagro; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité de Impulso del MOVICE y Marina Gallego de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a varias organizaciones sociales y de derechos humanos, una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar “Águilas Negras”. Entre los destinatarios de la amenaza están Minga, Fundip, Asopron, Andas, Asdego, Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión Colombiana de Juristas, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asomujer y Reiniciar y otros organizadores y participantes en la marcha. El 15 de marzo la amenaza fue subida a indymedia.
Estos hechos, además de demostrar que el paramilitarismo sigue actuando, constituyen una un intento por evitar que la causa de las víctimas de crímenes de estado sigan ganando masivo respaldo y que logre verdad, justicia y reparación. Es hora de parar los asesinatos y amenazas contra los organizadores del 6 de marzo.
El 6 de Marzo se realizó una Marcha por la Paz, por la Vida, por Todas y cada una
de las Víctimas de Crímenes de Estado
Miles de personas por más 5 horas marcharon de manera conciente por las calles del mundo, con consignas que clamaban verdad y justicia ante todo. De manera organizada las víctimas, sindicatos, organizaciones, sectores en general le mostraron al mundo que existe un país que vive la violencia de Estado a diario, cada familiar llevaba la foto de una de una de las víctimas que fue asesinada a manos del ejercito, de los paras, de la policía.
Es indudable que esta marcha fue una marcha de la conciencia, de la realidad, no de la mentira, desde luego que no fue cubierta por los medios masivos de manera amplia y respetuosa, pues es lamentable ver un RCN, donde destaca lo que menos del 1% los marchantes hizo cuando la marcha ya había terminado, antes que el sacrificio y el dolor que lleva cada familiar que tiene una historia de violencia silenciada por los medios y cometida por el Estado.
Diferentes expresiones de solidaridad tuvimos en el mundo. Aunque el presidente siga buscando respaldos en diferentes países, muchos de ellos ya saben que el primer responsable de cientos de crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra es Uribe.
Con el proceso de privatización del 20% de las acciones de ECOPETROL, estamos ante la mayor operación de defraudación del patrimonio público en toda la historia de Colombia.
En la primera fase, donde se ferió el 10% en 5,7 billones de pesos en acciones subvaluadas, los fondos privados de pensiones se quedaron con 2,1 billones , mientras los restantes 3,6 quedaron en manos de particulares con indicios de operaciones de testaferrato a gran escala.
En los últimos días con la entrada en la bolsa de valores del resto de las acciones en venta, se dispararon los precios, incrementándose en dos días en 46% el precio de las acciones.
Esto se debe a que las acciones se vendieron a menos precio, como en todos los infames procesos de privatización, y no a una supuesta valorización. Se defraudo el patrimonio público en beneficio de unos.
Y ahora la inescrupulosa tecnocracia neoliberal y a la gran prensa corporativa felicitan al país por el supuesto negocio. ¡De cuándo acá robarle a la nación es lo que define el éxito de un negocio!
Contra el mundo, Uribe se unió a Bush para enfrentar los derechos de los pueblos indígenas. El 13 de septiembre, cumpliendo una demanda histórica de los pueblos indígenas de todo el mundo, la Asamblea General de la ONU, en su sesión 61, adoptó la Declaración que reconoce sus derechos fundamentales. La Declaración precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico.
En la votación, se pronunciaron 143 países a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos) y hubo 11 abstenciones (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania). La posición negativa de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no sólo es una afrenta a los indígenas de esos países, sino que es una decisión planificada para imponer mediante los tratados de "libre comercio" TLC, los derechos de las transnacionales por sobre los derechos humanos colectivos e individuales y en particular para aplastar los derechos indígenas.
Como lo declaró el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama, “queda demostrado la verdad sobre lo que el gobierno de Uribe piensa sobre los pueblos indígenas, que somos un estorbo para sus apuestas de vender a cualquier precio, incluso a costo de nuestra pervivencia, las riquezas que hoy poseemos en nuestros territorios ancestrales, por ello la implementación de las diferentes leyes que siguen desmontando la misma Constitución Nacional”. La dramática situación de violaciones crecientes de los derechos humanos que viven los pueblos indígenas y el desmonte de sus derechos mediante leyes como el Estatuto Rural, encuentran su cohesión en el cinismo del gobierno colombiano en la ONU, cuando se abstuvo e votar a favor de los derechos indígenas, a pesar de que la Declaración fue limitada para lograr el consenso de los estados.
La campaña de boicot contra la Coca Cola es una iniciativa de diversas organizaciones preocupadas por encontrar alternativas ante los abusos y crímenes de la empresa Coca Cola en el mundo. Desde Colombia hasta la India y alrededor de todo el mundo son incontables los casos de injusticia perpetrados por esta empresa..
¡Compañeros Asesinados, dirigentes sindicales de los trabajadores de Coca Cola: Avelino Achicanoy Erazo, José Eleazar Manco David, Luis Enrique Giraldo Arango, Luis Enrique Gómez Granados, José Libardo Herrera Osorio, Guillermo Gómez Maigual, Oscar Darío Soto Polo, Adolfo de Jesús Múnera López e Isidro Segundo Gil Gil y Alcira del Carmen Herrera Pérez (esposa de Isidro); ¡Presentes, Hasta Siempre!
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