La trasnacional Doe Run se comprometió en 1997, cuando compró al Estado peruano el complejo metalúrgico de La Oroya, a cumplir un programa de adecuación ambiental (PAMA) de 10 años, que debía servir para atenuar los graves efectos medioambientales de la actividad industrial. Sin embargo, faltando solo un año para que caduque el plazo inicial, Doe Run solo ha cumplido con un 40% de lo acordado, dejando para el final los proyectos prioritarios. Este retrazo está afectando seriamente la salud de los pobladores. Diversos estudios concluyen que casi el 100% de niños de La Oroya tiene en su sangre niveles de plomo, arsénico y cadmio muy superiores a los permitidos internacionalmente. Legalmente, Doe Run debiera recibir una multa por su irresponsabilidad, y tendría plazos de hasta 3 años para corregir esa situación. Sin embargo, el 23 de diciembre del 2004 el Gobierno de Toledo le dio su regalo de Navidad a la Doe Run: el Decreto 046, que permitió de manera extraordinaria que las empresas pidan una prórroga del PAMA. Únicamente Doe Run se acogió a ese decreto con nombre propio. Hoy en día estamos en pleno tira y afloja entre la trasnacional, el ministerio de energía y minas y las organizaciones populares y medioambientales que rechazan la prórroga. En los próximos 30 días el Estado debe dar una respuesta. Por lo pronto, podemos preguntarnos si el Ministro o los ejecutivos de la Doe Run beben las contaminadas aguas del Mantaro.