Feliz año nuevo, Reutemann. La justicia santafesina sobreseyó a los responsables políticos de la brutal represión de diciembre de 2001, el ex gobernador y actual senador nacional Carlos Alberto Reutemann, el ex ministro de Gobierno Enrique Alvarez y el ex secretario de Seguridad Lorenzo Domínguez.
Hace sólo diez días atrás, al cumplirse tres años de la represión, miles de manifestantes marcharon en la ciudad de Rosario reclamando el fin de la impunidad. Ayer, 30 de diciembre, mientras la Corte Suprema de Justicia ordenaba a los efectivos policiales desalojar a los periodistas, familiares de las víctimas y miembros de la Comisión Investigadora de los tribunales y cerrar las puertas, la jueza Doldán resolvió darle lugar a la presentación del fiscal Ricardo Favaretto, donde solicitaba el sobreseimiento de los imputados en la causa en la que se investiga las responsabilidades penales de los funcionarios políticos en la brutal represión y masacre de diciembre del 2001.
La Comisión Investigadora No Gubernamental de los Hechos de Diciembre de 2001 había viajado ayer a la ciudad de Santa Fe para ofrecer pruebas y detalles de todas las irregularidades de la investigación judicial en esta causa.
Familiares de las víctimas de la represión policial junto a organismos de derechos humanos, sindicales, políticos y estudiantiles, entre otros, volvieron a reclamar por justicia y castigo para la totalidad de los responsables materiales e ideológicos de los ocho asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Rosario. Desde el ex gobernador y actual senador nacional, Carlos Reutemann, hacia abajo.
Las jornadas de protesta comenzaron el domingo 19 de diciembre a las 18 horas con una marcha en el barrio Las Flores, que recorrió el trayecto que va de la Escuela 1257 a la Escuela 756. En estos lugares fueron asesinados Rubén Pereyra y Claudio ‘Pocho’ Lepratti.
Por su parte, ayer por la mañana tuvo lugar una convocatoria frente a los Tribunales de la Provincia de Santa Fe, ese gran bloque de cemento, el gran ladrillo gris del tamaño de una cuadra desde donde se cierran ojos y oídos al dolor del pueblo. El acto comenzó alrededor de las 11 horas y hablaron integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental, familiares de las víctimas y se leyeron numerosas adhesiones. Para finalizar se marchó rodeando los Tribunales.
A la tarde, en cambio, hubo dos concentraciones en la plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Los sectores alineados con el gobierno de Néstor Kirchner realizaron un acto a las 15 hs. Más tarde, alrededor de tres mil personas de organizaciones críticas u opositoras a la actual gestión presidencial llegaron provenientes desde la plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal, y realizaron su propio acto.
En el documento que consensuaron las organizaciones más combativas, declararon que “nuestra ciudad tuvo la dolorosa realidad de contar con el número más alto de compañeros asesinados. Rubén Pereyra, Yanina García, Juan Delgado, Pocho Lepratti, Graciela Acosta, Ricardo Villalba, Gaciela Machado, Walter Campos y Marcelo Pasini cayeron muertos por la represión de la policía de Reutemann y Alvarez. Pese a las responsabilidades demostradas por la Comisión Investigadora Independiente y la denuncia consecuente de muchas organizaciones sociales, aún siguen impunes los ejecutores y los responsables políticos de la masacre”.
Para terminar de dejar en claro que no consideran a la actual gestión un ‘recambio’, expresaron: ”Lamentablente ‘volvieron todos’ y desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales continúa la misma política. Mas aún, el pago puntual a los organismos financieros internacionales, el envío de tropas a Haití y el encarcelamiento y la persecusión de miles de compañeros acentúan los rasgos más brutales de una orientación política que millones de argentinos rechazamos”.
El documento también reclamó la liberación de todos los presos políticos y llamó a la ”coordinación y el apoyo a las huelgas, ocupaciones y piquetes de los trabajadores ocupados y desocupados, fábricas bajo gestión obrera, estudiantes, víctimas del gatillo fácil y demás sectores populares en lucha”.
Rosario, la impune
Muy poco ha avanzado la justicia desde el 20 de diciembre del 2003, cuando se realizó una manifestación muy similar a la de ayer frente a Tribunales. Se condenó a 14 años de prisión al agente Esteban Ernesto Velázquez, por su responsabilidad en el asesinato del militante social Claudio Pocho Lepratti. Pero las responsabilidades materiales en las otras seis ejecuciones sumarias siguen sin castigo, y desde las instancias del poder ejecutivo y legislativo de la provincia y la nación se ha hecho nada por develar las responsabilidades políticas y mucho por ocultarlas.
En diálogo con Aire Libre Radio Comunitaria días atrás, Antonio Tesolini, perteneciente a la Coordinadora de Trabajos Carcelarios e integrante de la Comisión Investigadora No Gubernamental, anunció que en febrero próximo radicarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Antonio Tesolini afirmó que la alianza entre el reutemismo y el kirchenerismo cierra la ultima puerta en la búsqueda de justicia y que “garantiza la impunidad de los autores de estos hechos que no tenemos ninguna duda de que el máximo responsable es el ex Gobernador Carlos Alberto Reutemann y actual Senador Nacional y el ex Sub Secretario de Seguridad Enrique Álvarez, con la complicidad de grandes sectores políticos en la provincia, como también del poder judicial y legislativo que en aquel momento se negó a constituir una comisión bicameral para investigar los hechos”.
Por toda esta situación, “la última novedad es que como ya lo habíamos anunciado entre la CING Y CELS de Buenos Aires (Comisión Investigadora No Gubernamental y el Centro de Estudios Legales y Sociales) estamos trabajando en elevar todas las causas desde Diciembre de 2001 a la Comisión de Derechos Humanos, que calculamos que en el mes de Febrero vendrán a la Argentina, como hace del año 2002, que están viniendo y que están monitoreando centralmente en lo que hace a respuestas por parte del Estado a los reclamos sociales”.
Vecinos del barrio toba se reunieron el martes con funcionarios de la municipalidad, expectantes de escuchar propuestas de resolución a la demanda de tierras que vienen realizando. Las autoridades permanecieron menos de veinte minutos, trasladaron toda la responsabilidad al Estado Nacional y se negaron a responder las preguntas de los pocos medios de comunicación presentes. De forma simultánea, continúan los hostigamientos por parte de la policía.
Eran las 5 de la tarde cuando llegaron, en una camioneta del Servicio Público de la Vivienda (SPV), funcionarios de esa dependencia con el objetivo de explicar las diferentes alternativas que están evaluando para resolver los reclamos de la comunidad toba. La reunión había sido acordada la semana pasada con Juan Carlos Zalbalza – Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario – luego de que un centenar de familias, cansadas de años de promesas incumplidas, se decidieran a ocupar un terreno lindero a la comunidad.
Fueron cinco minutos de exposición y un ‘muchas gracias por su atención’, que intentó dar por finalizado el encuentro. Pero algunos vecinos pidieron más precisiones y la reunión se extendió durante quince minutos más. En síntesis, los funcionarios explicaron que la resolución del conflicto depende del Plan Arraigo de la Comisión de Tierras Fiscales del Ministerio de Desarrollo Social, que aún no pudieron involucrar al gobierno provincial y que la reunión ‘definitoria’ será el 9 de diciembre a las 18:00 horas en un lugar que resta confirmar, a la que asistiría un técnico de la dependencia nacional.
Después de la reunión, que se realizó en el terreno reclamado, dos periodistas de Indymedia Argentina y de Aire Libre Radio Comunitaria comenzaron a entrevistar a uno de los enviados de la municipalidad. La primera interrogación hacía referencia a declaraciones vertidas por su superiora, María Isabel Garzía, titular del SPV. Antes que la pregunta finalizara, el funcionario solicitó que se interrumpiera la grabación mientras que un colega suyo, que no quiso identificarse pero que los tobas reconocieron como Daniel Gálvez – coordinador de la zona norte –, le ordenó que se retirara.
Inquietudes sin respuesta
María Isabel Garzía, titular del Servicio Público de la Vivienda, declaró el jueves 25 de noviembre a Rosario/12 que estaban evaluando distintas alternativas para resolver la demanda de tierras y que, incluso, habían comenzado a discutirlas con un representante de Nestor Rozín, el propietario legal del terreno.
Sin embargo, ninguna de estas alternativas fueron mencionadas durante la breve reunión mantenida con los vecinos del barrio. Mientras tanto, según reconoció la funcionaria, incrementaron la seguridad del predio con el objetivo de impedir que sea tomado nuevamente. ¿Porqué temen que esto suceda si aseguran que habrá una rápida solución al reclamo? ¿Existe realmente un plan para los tobas?
Quienes no tuvieron problemas en conversar con la prensa fueron algunas vecinas del barrio. Aunque lo hicieron para denunciar la histórica postergación de sus demandas: “hace quince años atrás que estamos reclamando todo esto. Primero nos prometieron viviendas, marcaron terrenos, hicieron censos, de aquí, de allá, y nunca nos dieron nada. Siempre con promesas. Ahora vinieron de vuelta, dicen que dentro de diez días nos van a dar respuestas, no creemos tampoco en eso, porque las palabras se las lleva el viento. No hicieron reportajes delante de ustedes, eso es obvio que no, que ellos se lavan las manos en todo”, concluyeron.
La policía se tomó revancha
El domingo pasado por la mañana, tras un ataque con armas de fuego realizado por foráneos de la comunidad, la policía intervino en un gran operativo que incluyó la movilización de seis patrulleros. Sin embargo, golpearon al toba que estaba herido de bala y dejaron escapar a los agresores, que luego pudieron ser apresados por la intervención de los vecinos del barrio. Más tarde, un efectivo provocó a otro integrante de la comunidad con un empujón, y cuando éste respondió, fue pateado por tres policías incluso después de ser esposado.
Una vez trasladado a la Subcomisaría n°24, el policía que lo había empujado solicitó a su superior que le permitiera torturar al detenido: “dejame diez minutos con este indio y le rompo el lomo". Mientras tanto, afuera de la dependencia se congregaban decenas de personas para pedir la liberación del toba. En respuesta, un efectivo que fue descripto como alto y rubio se abrió la bragueta, mostró su pene a las mujeres y gritó: "porqué no se conforman con esto".
Un vecino del barrio entrevistado por Aire Libre Radio Comunitaria consideró estos hechos como una revancha policial, ya que los efectivos no tuvieron oportunidad de reprimir en la reciente ocupación de tierras. Y además, porque se animaron a denunciar ante la prensa y ante distintos organismos las declaraciones discriminatorias del titular de la Sub-24, quien les había dicho que deberían irse a vivir en la selva "porque acá en la ciudad los indios no tienen derechos”.
Derechos en la selva de cemento
Según un informe de la Consultoría Jurídica Barrial, que monitoreó el accionar de la policía con especial atención a la Subcomisaría nº24, es habitual que hayan pedidos de coimas, citaciones irregulares o inexistes, privaciones ilegítimas de la libertad, represión sistemática sobre jóvenes y tratos inhumanos con personas detenidas.
Las conclusiones de este informe fueron presentadas en la sesión del Concejo Municipal que tuvo lugar el 15 de octubre de 2004 en la Vecinal de Empalme Graneros, con el asesoramiento de la Sección de Crimonología del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos (CEIDH).
En la madrugada del pasado martes alrededor de un centenar de familias del barrio toba de Travesía y Almafuerte ocuparon un terreno lindero a la comunidad. Luego de dos días de hostigamiento policial y de negociaciones con el municipio, decidieron dejar la toma en suspenso tras lograr el compromiso de involucrar a los estados provincial y nacional para llegar a una pronta solución. Este martes realizarán una nueva reunión con funcionarios rosarinos.
“En mi casa tengo seis chicos míos, después uno mayor de mi mujer, serían siete, más yo y mi mujer, nueve. En una sola familia. Y estamos viviendo en una casa de prestado. Yo estoy sin laburo, laburando con un carrito a mano, de ciruja. Y bueno, salió esto de poder tener un pedacito de terreno y nos fuimos”. Esas pocas palabras, relatadas por un vecino a Aire Libre Radio Comunitaria, sintetiza la situación por la que atraviesan las más de 100 familias que tomaron el terreno de 280 x 200 metros ubicado sobre la calle Juan José Paso y la avenida Travesía. A sólo unos pasos del asentamiento de similares proporciones que ocupan, desde hace treinta años, por lo menos 400 familias tobas.
Tras llevar a cabo una serie de negociaciones con Juan Carlos Zabalza, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, los tobas aceptaron suspender la toma y ahora esperan que se cumpla la promesa de un plan de urbanización y de vivienda que se emprendería con la participación de distintas instancias de los estados municipal, provincial y nacional. Entre ellas, el Plan Arraigo de la Comisión de Tierras Fiscales del Ministerio de Desarrollo Social.
La reunión que logró descomprimir el conflicto se llevó a cabo el jueves al mediodía en el Palacio Municipal, y contó además con la presencia de funcionarios del Servicio Público de la Vivienda (SPV) y Control Urbano de la municipalidad, y de Promoción Comunitaria del gobierno provincial. Los detalles de la propuesta oficial se establecerían en dos sucesivas reuniones a realizarse el próximo martes en el barrio toba, y el 9 de diciembre, con funcionarios del Estado Nacional.
Distintos vecinos del barrio anunciaron que esperarán el cumplimiento de esta nueva promesa pero que, de no concretarse, están dispuestos a volver a ocupar las tierras. Por su parte, la Directora del SPV, Marisa Isabel Garzia, declaró a Rosario/12 que planean reforzar la seguridad para impedir que el predio sea tomado nuevamente, aunque se justificó argumentando que una medida de ese tipo “invalidaría todo el plan que estamos diseñando”.
Racismo sin fin
Los vecinos de la comunidad toba denunciaron que el titular de la Subcomisaría 24º les dijo que deberían vivir en la selva “porque los indios acá en la ciudad no tienen derechos”. Los dichos sucedieron minutos después que efectivos bajo su mando amenazaran con “que iba a haber muertes” si permanecían en el terreno. Mientras tanto, el ex concejal justicialista Osvaldo Ortolani encabezaba una protesta de vecinos de un barrio - no tan cercano al terreno en conflicto - para pedir que sean inmediatamente desalojados.
Otra provocación de la policía tuvo lugar el miércoles por la noche, cuando efectivos de la misma comisaría secuestraron los elementos que los tobas habían dejado en el terreno tomado. El hecho sucedió cuando aún reinaba una tregua por 48 horas acordada entre voceros de los ocupantes y funcionarios de la municipalidad, mediante la cual se habían retirado de las tierras a la espera de una nueva reunión.
Durante la última semana tuvo lugar en la ciudad de Rosario el I Congreso de laS LenguaS, que abogó por el reconocimiento de una Iberoamérica pluricultural y multilingüe. Nacido como respuesta a una concepción elitista y regulada de la cultura, que la Real Academia Española bajó para la realización del III Congreso Internacional de la Lengua Española, se convirtió en un espacio de encuentro y debate que desbordó todas las expectativas de los organizadores.
A lo largo de las seis jornadas del Congreso paralelo se sucedieron paneles y ponencias sobre ejes tales como educación, identidad, autodeterminación, comunicación, salud y género. También talleres de lenguas y culturas, proyección de documentales de todos los rincones del mundo y números artísticos.
Además el miércoles una multitudinaria marcha repudió la presencia del Rey de España y el despilfarro económico que
demandó la realización del III Congreso. La movilización fue convocada por una multisectorial integrada por numerosas organizaciones sindicales, políticas, de derechos humanos, sociales, culturales y de los pueblos originarios.
Un buen número de asistentes del Congreso oficial y dos expositores, Ernesto Cardenal y José Saramago, optaron por estar también en este I Congreso de laS LenguaS.
Ayer los participantes se dieron una jornada de cierre con música y baile por las calles de Rosario, en una manifestación cultural que culminó en la plaza Guernica. Así finalizó esta apuesta colectiva por la diversidad cultural y la autodeterminación de los pueblos.
Convocada por una gran cantidad de organizaciones sindicales, políticas, de derechos humanos, sociales, culturales y de los pueblos originarios, se realizó hoy una masiva marcha contra el III Congreso de la Lengua en Rosario, que contó con más de cuatro mil participantes.
Un impresionante operativo policial transformó al centro de la ciudad de Rosario, estableciendo algo similar a la implementación de un pequeño estado de sitio. En ese marco se concentró para la marcha en la plaza Pringles. Allí los primeros manifestantes sufrieron una provocación policial, cuando los efectivos empezaron a cercarlos con vallas alrededor de la plaza. Para poder marchar por la calle Paraguay, la gente tuvo que saltar por sobre el vallado.
La manifestación recorrió el centro de la ciudad hasta la plaza Montenegro, donde se desarrolló un acto en el cual se leyó el texto de la convocatoria y hablaron, entre otros, representantes de los pueblos originarios y de organizaciones de derechos humanos.
Luego, la marcha se dirigió hacia el Teatro El Círculo, lugar donde se estaba realizando la apertura oficial del III Congreso de la Lengua Española. Una gran cantidad de efectivos policiales, en un operativo que incluyó la presencia de helicópteros, detuvo a la marcha a una cuadra del teatro. Allí los manifestantes le tiraron los espejitos al rey.
Mientras tanto, en las antípodas ideológicas del evento oficial, el I Congreso de laS LenguaS continúa a toda marcha con gran asistencia. El día lunes la apertura del Congreso desbordó al Centro Vasco Zazpirak Bat con más de 1600 personas que presenciaron la charla brindada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Diversidad de lenguas y actividades plurales
El martes, entre otros paneles, se realizó una mesa dedicada a los comunicadores de los Pueblos Originarios, mientras que por su parte representantes de las autonomías históricas del estado español hablaron sobre sus reivindicaciones. Hoy el eje de la jornada giró alrededor de la educación y las lenguas.
Para mañana jueves las actividades tratarán sobre la identidad y el derecho a la autodeterminación lingüística, y, al igual que todos los días, se proyectarán documentales de todo el mundo. El viernes se centrarán en la problemática de lenguas y medios de comunicación, con ponencias y mesas sobre experiencias de medios alternativos y comunitarios.
Del 17 al 20 de noviembre se realizará en Rosario el III Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por la Real Academia Española y el Instituto Cervantes con el apoyo de los gobiernos nacional, provincial y municipal. La senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner fue nombrada presidenta honoraria de este evento, que costará 500.000 euros por día y dispondrá de 1.100 efectivos policiales en el operativo de seguridad. Bajo el lema "Identidad lingüística y globalización", no es casual que entre los principales auspiciantes del Congreso se encuentren multinacionales españolas como Repsol YPF y Telefónica, algunas de las empresas que más se enriquecieron durante los últimos años en la Argentina. El presidente Néstor Kirchner y Su Majestad el Rey de España, Juan Carlos I, estarán a cargo de los discursos de inauguración el próximo miércoles.
De forma paralela e ideológicamente opuesta, entre el 15 y el 20 de noviembre tendrá lugar en distintos espacios independientes de Rosario el I Congreso de laS LenguaS. Este encuentro, de participación abierta y gratuita, aglutinará a instituciones académicas, agrupaciones culturales y comunidades indígenas para discutir, entre otros temas, las razones y consecuencias de la imposición de políticas lingüísticas y para afirmar que las lenguas no son productos comercializables: sus únicos propietarios son los hablantes. Según detallan los impulsores de este evento, "nosotros no vamos a hablar 'de' los aborígenes, los pobres, los marginales, la gente de las comunidades autónomas históricas del estado español sino que vamos a hablar 'con'. Somos agentes sociales todos, de una realidad absolutamente compleja como es la realidad iberoamericana que declaramos pluricultural y multilingüe".
Por su parte la coordinadora Pueblos Originarios en Lucha, donde confluyen sectores de la población indígena de Rosario, realizará el próximo lunes una protesta en el Consulado de España situado frente a la Plaza 25 de Mayo. Mientras que un amplísimo abanico de organizaciones se movilizará el miércoles hacia un lugar que resta definir, debido a las limitaciones que impondrá el operativo de seguridad. Esta última actividad surgida de una convocatoria inicial del espacio Mesa Debate Rosario y de la filial local del sindicato de los docentes (AMSAFE).
El Mundial de La Lengua
La Municipalidad de Rosario gastó 4 millones de pesos para 'embellecer’ la ciudad. En los últimos meses se restauraron grandes fachadas, se arreglaron calles y veredas y se instalaron garitas de colectivo en las avenidas. Sólo en la refacción del teatro El Círculo, principal sede del Congreso, se utilizó casi 3 millones de pesos que se recaudaron apelando a la conciencia del empresariado local y nacional. De la limpieza no se salvaron ni los perros de la calle, que desaparecieron del centro de la ciudad según denuncian entidades defensoras de los animales. En tanto, el Concejo Municipal penalizó las pintadas callejeras y limitó la distribución de volantes en la zona urbana, al exigir que se solicite autorización.
Si bien las actividades contrarias al III Congreso de La Lengua Española son convocadas desde diferentes espacios, todos coinciden en señalar que las distintas autoridades de gobierno pretenden utilizar la repercusión mundial del evento para instalar, al igual que sucedió con el Mundial del 78, una nueva imagen de la Argentina en el exterior.
Mucho ha pasado desde nuestra última editorial. El gremio docente se movilizó en toda la provincia y le dobló el brazo al estado. Los trabajadores estatales enfrentan múltiples conflictos. Las luchas por la justicia que muchas veces son luchas contra ese pedazo particularmente autista del estado que se denomina Justicia. Carpas, movilizaciones, convocatorias, reclamos. La trama de un pueblo que actúa por ser protagonista de su propia historia. Hacemos un somero repaso a los principales conflictos que hemos cubierto en este informe.
El jueves pasado se dió a conocer la condena a 14 años de prisión al agente Esteban Ernesto Velázquez, por su responsabilidad en el asesinato del militante social Claudio Pocho Lepratti.
Luego de tres años de zigzagueos de la causa, tiene lugar este acto de justicia en sincronía con la llegada a Rosario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, gestionada por la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001.
Pero el agente Velázquez, quien apretó el gatillo del arma que mató a Pocho, no es el único integrante del aparato estatal santafesino que fue acusado por sus responsabilidades en los hechos de la masacre de diciembre de 2001.
El pasado jueves 29 de julio se anunció el llamado judicial a licitación para la venta de las instalaciones en las que los trabajadores del Tigre realizan su emprendimiento de resistencia, y que se ha convertido en uno de los centros de las luchas sociales de la región. Con ello, la siempre latente amenaza de desalojo se vuelve concreta.
El viernes 30 de julio, lo que iba a ser el festejo por el tercer aniversario del Centro Cultural de La Toma se transformó en un acto de repudio al desalojo y por la expropiación. Los trabajadores convocan ahora a una movilización el próximo jueves 5 de agosto a las 11 horas por la Ley de Expropiación definitiva.
El día antes de la realización del plenario de delegados del cordón industrial, se llegaron a acuerdos en los dos grandes conflictos de Sulfacid y Fábrica Militar, fábricas localizadas en la ciudad de Fray Luis Beltrán, al reincorporarse los despedidos. "Asustó el plenario" de delegados y la posibilidad de un paro en todo el cordón, concluyen los dirigentes sindicales. Nota Completa / Denuncia de Daniel Santillán sobre el destino del ácido sulfúrico producido en Sulfacid
En lo que queda del cordón industrial que rodea a la ciudad de Rosario, se realizó una movilización por los conflictos que enfrentan los trabajadores de Sulfacid y Fábrica Militar, ambas de la ciudad de Fray Luis Beltrán. En la marcha, que recorrió siete kilómetros a pie y que fue convocada por la CTA Santa Fe y CGT San Lorenzo, participaron más de 500 trabajadores de los gremios más movilizados de la región.
Luego de dos semanas de lucha, desde que el 9 de julio pasado la patronal de la empresa Sulfacid cerrara las puertas y avanzara con una serie de durísimas medidas violatorias de los convenios de la empresa, que incluían el descuento salarial, despido de 56 trabajadores, suspensión de otros trescientos y desafueros sindicales, la disputa con la patronal ha tenido avances y retrocesos.
El martes 20 de julio y el propio jueves 22, día de la marcha, se discutió en el marco del Ministerio de Trabajo entre representantes de la empresa y dirigentes sindicales sobre el conflicto. A pesar de los avances logrados por los trabajadores, la empresa aún insiste con despidos y desafueros sindicales. Los trabajadores, en la asamblea realizada la tarde de este viernes 23 de julio, han reafirmado su voluntad de reincorporación total de los operarios despedidos.
Otro conflicto que pesó en la convocatoria del jueves es el de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán. Varios son los puntos reivindicados por los trabajadores, de los cuales el más conflictivo en este momento es el del pase a planta permanente de 110 contratados que representan un tercio de los trabajadores.
Cobertura de la marcha del jueves 22 de Julio:
Fotos e Informe: Parte 1 / Parte 2 / Audios: Sulfacid: La Cámara de Comercio de San Lorenzo desmintió haber pedido represión para los trabajadores / Convocatoria
Notas del lunes 19 de Julio:
Gran Rosario: El conflicto de Sulfacid puede llevar a un paro general / Audios: Sulfacid: de no haber solución habrá paro en el Cordón Industrial
Hoy, 27 de junio, se cumplen tres años de aquel día en que los empleados hartos de ser basureados por la patronal, con sueldos varios meses atrasados y frente al vaciamiento de la empresa, deciden tomar la sucursal de Tucumán 1349 de Supermercados Tigre.
Mucho ha pasado en estos tres años. Pero a pesar del peligro de desalojo, los laberintos judiciales de rigor, las dificultades económicas, a pesar de tanto funcionario que no funciona y no da respuesta. Este 27 de junio de 2004 encuentra a los laburantes, hoy agrupados en la Cooperativa de Trabajadores en Lucha, con el supermercado con sus puertas abiertas, el Comedor Universitario, el Centro Cultural de la Toma y una biblioteca.
Nada fue sencillo en estos años. Todo lo que se consiguió, se logró con la lucha y con el apoyo amplio de multitud de activistas y organizaciones y la comunidad en su conjunto.
Y la lucha sigue. Hoy en día, los trabajadores luchan por arrancarle al sistema político provincial la Ley de Expropiación.
Presentación del libro "Supermercado Tigre, crónica de un conflicto en curso" / Galería fotográfica de los tres años de la toma del Tigre.
Lunes 24 de Mayo Desembarcó la justicia después de esperarla más de 20 años.
El lunes 17 de mayo, el Juez en lo penal Omar Di Gerónimo, comenzó la jornada ordenando la detención de siete represores de la dictadura militar. Durante esa misma semana, el juez dispuso otras diez detenciones más. Todas ellas se dieron en el marco de las llamadas causas de "la Quinta de Funes" y "la Fábrica Militar Domingo Mattheu", centros clandestinos que funcionaron bajo las órdenes del Comando del 2do. Cuerpo de Ejército, con sede en la ciudad de Rosario. La mayoría de las acusaciones que pesan sobre estos nombres, hablan de torturas, secuestros y desaparición forzada de personas.
Dos gravísimos hechos contra la libertad de expresión
tuvieron lugar en los últimos días en la provincia de Santa Fe.
En la capital de la provincia, tres periodistas
de la revista Tercer Mundo, Pablo Benito, Luis Moro y Claudia Moreno, fueron
detenidos el 31 de diciembre en una inusual maniobra combinada entre Daniel
Vidal, empresario de transporte de la ciudad de Santa Fe, el Juez de instrucción
de la ciudad capital Rubén Saurín, el secretario de seguridad provincial Alejandro
Rossi y las tropas de operaciones especiales de la policía provincial. El secretario
de seguridad Rossi y el empresario Vidal habían sido denunciados en una investigación
sobre la mafia del transporte publicada en la última edición de la revista Tercer
Mundo. Bajo la acusación de una supuesta extorsión al empresario Vidal, los
periodistas Benito y Moro estuvieron seis días detenidos.
En Rosario, por segunda vez en un mes el grupo Manzano-Vila
utilizó al periódico La Capital para difamar públicamente al dirigente gremial
de prensa Edgardo Carmona. Además, le iniciaron acciones judiciales y lo amenazaron
con desafuero y despido con causa. El texto publicado a página completa en La
Capital y firmado por Daniel Vila, ataca a Carmona a raíz de las declaraciones
de éste con relación al conflicto de los trabajadores de prensa del otro periódico
rosarino, El Ciudadano, que recientemente entró en quiebra. El Sindicato de
Prensa de Rosario denuncia que estos agravios responden a una estrategia patronal
que apunta contra todos los trabajadores de prensa.
Numerosas organizaciones sociales, gremiales, de derechos
humanos, medios alternativos y otras, suscriben una declaración de solidaridad
con los compañeros que están sufriendo la agresión, persecución y difamación.
Como allí se afirma "bien se sabe que con teléfonos intervenidos, persecuciones,
filmaciones y operaciones de inteligencia, no habrá informantes ni investigación,
ni verdad para los ciudadanos, y ciertamente habrá impunidad para el poder sea
oficial, empresarial o sindical."
Reconstrucción
del asesinato de Claudio Pocho Lepratti. destacadas ::: actualización
20·09·03
Este es el policía Esteban Velazco. El 19 de diciembre de 2001, disparó
sobre Claudio Pocho Lepratti luego que este gritara "dejen de tirar hijos
de puta que están los pibes comiendo". La escuela donde trabajaba y es
asesinado Pocho está ubicada en el barrio Las Flores, a su alrededor se
vivió una terrible represión. Oficialmente se ha reconocido hasta el momento
que siete fueron las víctimas de la represión en la ciudad de Rosario
en aquellos días de diciembre. (Cobertura por La Conjura TV y FM Comunitaria
Aire Libre)
Durante la última semana tuvo lugar en la ciudad de Rosario el I Congreso de laS LenguaS, que abogó por el reconocimiento de una Iberoamérica pluricultural y multilingüe. Nacido como respuesta a una concepción elitista y regulada de la cultura, que la Real Academia Española bajó para la realización del III Congreso Internacional de la Lengua Española, se convirtió en un espacio de encuentro y debate que desbordó todas las expectativas de los organizadores.
Mucho ha pasado desde nuestra última editorial. El gremio docente se movilizó en toda la provincia y le dobló el brazo al estado. Los trabajadores estatales enfrentan múltiples conflictos. Las luchas por la justicia que muchas veces son luchas contra ese pedazo particularmente autista del estado que se denomina Justicia. Carpas, movilizaciones, convocatorias, reclamos. La trama de un pueblo que actúa por ser protagonista de su propia historia. Hacemos un somero repaso a los principales conflictos que hemos cubierto en 
El jueves pasado se dió a conocer la condena a 14 años de prisión al agente Esteban Ernesto Velázquez, por su responsabilidad en el asesinato del militante social Claudio Pocho Lepratti.
Miércoles 28 de Julio
Viernes 23 de Julio
Domingo 27 de Junio
En Santa Fe no hay libertad de prensa
Este es el policía Esteban Velazco. El 19 de diciembre de 2001, disparó
sobre Claudio Pocho Lepratti luego que este gritara "dejen de tirar hijos
de puta que están los pibes comiendo". La escuela donde trabajaba y es
asesinado Pocho está ubicada en el barrio Las Flores, a su alrededor se
vivió una terrible represión. Oficialmente se ha reconocido hasta el momento
que siete fueron las víctimas de la represión en la ciudad de Rosario
en aquellos días de diciembre. (Cobertura por La Conjura TV y FM Comunitaria
Aire Libre) 
